Resumen: En el presente trabajo reponemos brevemente la herencia indígena en la historia económica y social de Chiapas. Lo cual nos es útil para abordar la lucha por la tierra de las organizaciones sociales de la zona como elemento constitutivo de sus identidades. Asimismo, reparamos en el accionar del Estado y sus múltiples estrategias de control y disciplinamiento a nivel militar, político, y social; y el uso de la violencia como dispositivo para los distintos actores en la escena, preguntándonos por la existencia de una guerra de baja intensidad o de un Estado de Excepción encubierto. En este sentido, también buscamos plantear cuáles son los distintos intereses implicados, considerando los recursos existentes en Chiapas. Y en última instancia nos proponemos entender la estrategia a nivel político y militar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional dentro de ese escenario, como ejemplo de organización social en resistencia. *

Palabras clave: Lucha por la tierra; guerra de baja intensidad; estado de excepción; Sociedad del Poder; estrategia de resistencia del EZLN

POLITICAL GEOGRAPHY OF CHIAPAS, THE MEXICAN ZAPATISM AND THE SOCIETY OF POWER

Abstract: In the current work, we present the Indian heritage in the social and economic history of Chiapas which help us to address the social organizations fight for the land as a constitutive element of their identities. In addition, we get close to the federal and local government acting and its multiple control and discipline strategies, in its military political and social dimensions as well. We wonder about the violence usage for the different actors in the zone and question about the existence of a covert state of exception and low-intensity conflict in the Chiapas scene. In this regard, we seek to pose which are the different economic implied actors in the zone considering its natural resources. Finally, we propose to understand the Ejército Zapatista de Liberación Nacional strategy in its military and political dimensions as an example of a social organization resistance in a scenario like this.

Keywords: Fight for Land; Low Intensity Warfare; State of Exception; Society of Power; EZLN Resistance Strategy

I. Chiapas

Según Le Bot (1997), los indígenas representan entre el 10 y el 15 por ciento de la población mexicana, un porcentaje mucho menor que en Bolivia, Ecuador, Perú, y sobre todo Guatemala, pero suficiente para hacer de México el país americano con mayor población absoluta de indígenas: entre 8 y 12 millones de personas, las cuales están repartidas en, al menos, trece grupos étnicos; akatecos, ch’oles, chujes, jakaltecos, k’iches, lacandones, mames, mochós, tekos, tojolabales, tseltales, tsotsiles y zoques (Cajal 2017). A su vez, Chiapas es uno de los estados con mayor población indígena de México. Un millón de ellos, alrededor del 32 % de los habitantes del estado, se concentran fundamentalmente en dos regiones en las que son mayoría: Los Altos, formados por las sierras que se ubican alrededor y al norte del centro colonial de San Cristóbal de las Casas, y la Selva Lacandona, formada por las tierras bajas del este de Chiapas, así como en los valles que entre ellas se forman, Las Cañadas.

Esta zona es estratégica por sus recursos petroleros, hidroeléctricos (la mitad de la capacidad instalada del país), forestales, y agrícolas (café, maíz, ganadería). Sin embargo, según señala Le Bot, las inversiones en infraestructura para extraer de Chiapas aquellos recursos, no llegan a los sectores mayoritarios. Lo mismo ocurre con la multiplicación y reparto de créditos para programas socioeconómicos y culturales.

De todos los estados de México, Chiapas es el que presenta los índices de pobreza más elevados y las desigualdades más extremas. En este sentido, la problemática relacionada a la tierra es central. Cerca de 2.000 ejidos y comunidades se reparten poco más de la mitad de la superficie agrícola, pero las mejores tierras son acaparadas por las fincas y haciendas ganaderas que son propiedad de una oligarquía heredera del pasado colonial y del siglo XIX, que lejos de ser desmantelada por la Revolución, se mantuvo y consolidó. Estos terratenientes se apoyan en las fuerzas del orden y recurren, en muchos casos, a las guardias blancas (pistoleros a sueldo de los grandes propietarios) para sostener su posición. Decenas de miles de pequeños propietarios o campesinos sin tierra han sobrevivido tradicionalmente gracias al trabajo temporal en las plantaciones de café, cacao, plátano, etc. Pero la explosión demográfica a partir de la década de 1980, el aumento de la cría de ganado, la prohibición de talar árboles, el deterioro ecológico y, después de 1989 la caída de los precios del café y la carne, tornaron aún más precaria la subsistencia de los sectores subalternos.

Le Bot (1997) marca que hasta las primeras décadas de este siglo la Selva Lacandona, llamada también Desierto de la Soledad, estaba poblada sólo por unos cientos de indígenas lacandones, algunos migrantes de origen diverso y peones de las compañías madereras (de cedro y caoba, esencialmente). La implantación de colonos provenientes de las tierras altas cobró importancia en los años cincuenta, y se volvió masiva en las décadas siguientes; nueve de cada diez eran indígenas. Para Alejandro Cerda García (2011) en Chiapas la revolución mexicana de 1910 generó finqueros armados contra el gobierno federal, apoyados por el gobierno local. Según señala Neil Harvey (2000), entre 1930 y 1970 fue la Selva Lacandona el lugar central de migración para quienes no poseían tierras o habían sufrido usurpación de ellas por parte de los terratenientes, debido a que en esta zona la presencia estatal, y específicamente policial, era menor. A esto debe sumársele la presencia de la Diócesis de San Cristóbal a partir de 1960, liderada por Samuel Ruiz y la Teología de la Liberación, que dio lugar a la formación de organizaciones campesinas con demandas agrarias para la legalización de las tierras comunales y ejidales, y denuncias respecto de las invasiones de los rancheros. Para Harvey, dicha migración y su organización en cooperativas a nivel comunitario a través de la iglesia católica se puede interpretar como la reconstitución de la comunidad y de la identidad étnica. Estos grupos trascendieron sus diferencias lingüísticas y étnicas en pos de una militancia organizada y compartida que, sin embargo, no logró evitar fragmentaciones ante la presencia del Estado. A principios de los noventa, la Selva Lacandona, incluyendo Las Cañadas, contaba con alrededor de 200 mil personas, repartidas en más de 200 comunidades.

Durante la década de 1990, alrededor de 20.000 personas -neocatólicas y también evangélicas- fueron expulsadas de sus tierras, particularmente de San Juan Chamula, por las autoridades conservadoras ligadas al poder político. Estos expulsados pasaron a engrosar el flujo de migración económica hacia los barrios marginales de las ciudades y las zonas colonizadas de la Selva Lacandona y Las Cañadas (Le Bot 1997).

Aún hoy, Chiapas es el estado más pobre y uno de los más atravesados por las culturas originarias de México. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval 2018), la población en la línea de la pobreza alcanza el 76.4%, en situación de pobreza extrema el 29.7%, la población no pobre y no vulnerable representaba el 6.0%, y el drama principal continúa siendo el acceso a la tierra.

II. La tierra

Podría decirse, a modo general, que la problemática relativa a la propiedad de la tierra en la región de Chiapas atraviesa transversalmente al resto de los conflictos, actores, y a la configuración de las distintas identidades sociales de la zona. Según Van der Haar (2005) desde la década de 1930 al lado de los ejidos comunales existían propiedades privadas más grandes, dedicadas a la producción comercial, de más de cien hectáreas cada una, cuando los ejidos no podían sobrepasar las veinte. Con lo cual, a medida que fue avanzando el tiempo comenzó a darse la tendencia de que existiera una mayor cantidad de población con una cantidad cada vez menor de tierra para repartirse. Para Mondragón Ríos (2007), desde la década de 1970 en Chiapas el problema es de origen agrario, y el autor fecha en aquella época el inicio de las tomas por parte de las organizaciones sociales. La problemática de la tierra, así como el uso de la violencia armada no eran, aún antes de 1994, elementos inusuales del panorama chiapaneco, y no exceden a ninguno de los actores intervinientes en la zona. Los zapatistas tomaron tierras de grandes propietarios, y de medianos también, quizás como saldo de cuentas pendientes anteriores a 1994. Luego de esta fecha, en el período de 1994-95 se abrieron tomas de tierras no zapatistas como parte del mismo proceso, sumando entre las zapatistas y no zapatistas alrededor de 1700 tomas, totalizando alrededor de 148.000 hectáreas, no solo en la zona del conflicto.

Cassio Brancaleone (2015) marca que en 1994 hubo casi mil procesos de ocupación de tierras, totalizando las 103 mil hectáreas, concentrándose las acciones en Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano, áreas de influencia zapatista. Existía una demanda desatendida de 588 mil hectáreas a la fecha; el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ocupó 60 mil y con su surgimiento aceleró la regularización y reparto de tierras por parte del Estado. Así, 443 mil hectáreas fueron reconocidas fortaleciendo a distintas organizaciones como la CIOAC, OCEZ, CNPA, y CNC -históricamente aliada al gobierno y más favorecida-. El EZLN cambió el territorio de manera profunda a partir de 1994, pero su origen es anterior.

III. El Zapatismo territorial

Según Jan de Vos (2002) el zapatismo tiene su antecedente en la organización militar conocida como Fuerzas de Liberación Nacional (FLN) surgida en 1968, conocida como Ejército Insurgente Mexicano hasta 1974. En 1983 se restablecieron en Chiapas luego de un intento fallido en años previos. A partir de allí, el trabajo de las FLN consistió en ganarse la confianza de los colonos más politizados. En la visión del autor, la recuperación de la idea de la lucha armada había subsistido en la población como elemento de defensa desde la década anterior, y esa es una de las razones que explican el éxito zapatista de los años siguientes. Para el año 1986 los jóvenes indígenas entrenados militarmente, comenzaron a bajar a los poblados que habían sostenido a la organización en la clandestinidad. Los dirigentes indígenas, quienes lograron mantener la movilización social en secreto, luego se transformarían en el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, y heredarían el movimiento siendo su comandancia civil, y poder máximo. Según Harvey (1998), entre 1989 y 1992 el EZLN duplicó su tamaño motorizado por la radicalización de jóvenes sin tierras, y rodeado por un contexto de epidemia de cólera, aumento de la pobreza, y caída de las condiciones de salubridad en la región. En 1991 el presidente Salinas propuso una serie de reformas que incluían la modificación del artículo 27 de la Constitución, y fueron promulgadas en 1992. Se les permitió a los ejidatarios comprar y vender tierras, o ponerlas en garantía para la toma de préstamos, y se dio por terminado el derecho al pedido de reparto de tierras. Además, se abrió la importación, y la gran mayoría de las organizaciones campesinas quedaron en ruinas. Este nuevo escenario de enfrentamiento entre terratenientes y uniones ejidales también explica por qué el zapatismo incrementó su poder de reclutamiento.

En 1992 el EZLN ya había alcanzado un gran dominio en grandes porciones del Estado de Chiapas; la zona lindera a la Selva Lacandona y los Altos centrales, municipios oficiales de Tuxla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas, distribuyendo tierras según el criterio previo a la reforma de 1992, entre 20 y 50 hectáreas por familia. La dirigencia indígena demandaba ir a la guerra, y se inició una consulta a las comunidades al respecto. Según Jan de Vos (2002), en 1993 se rompió el EZLN, gran parte del ala mestiza abandonó la organización, y el sector que no lo hizo se sometió a Marcos, quien tenía el apoyo de las comunidades. La discusión estaba relacionada con el tiempo necesario de preparación para el ataque. Finalmente, los comandantes indígenas se quedaron con el mando supremo de la organización. En mayo de 1993 el EZLN tuvo su primer enfrentamiento armado contra las fuerzas del Estado, y el primero de enero de 1994 lograron tomar siete cabeceras: San Cristóbal, Oxchuc, Ocosingo, Altamirano, Margaritas, Chanal y Huixtán, y fallaron en el intento de toma de un cuartel militar. Resistieron militarmente por doce días hasta que el Estado pidió el cese del fuego.

A propósito de esto último, existen diversos posicionamientos teóricos sobre el uso de la violencia y la forma que se desarrolla en Chiapas. A continuación, nos detendremos en esta discusión.

IV. La Guerra de Baja Intensidad

Mondragón Ríos (2007), discute el uso de la violencia ligado al poder y a la legitimidad, señalando críticamente la existencia de dos visiones respecto al tema. En primera instancia la visión funcionalista, donde la violencia cumple funciones sociales, por lo cual esta sería necesaria; y por otro lado, la visión positivista biologicista, según la cual la violencia debe ser considerada como algo patológico. Sin embargo, rescata un tercer análisis del tema, el de Benjamin, según el cual la violencia debe ser analizada en su carácter procesual, y no solo inmediato en tanto esta sea fundadora o conservadora de Derecho.

Para el autor, la violencia gubernamental como factor de construcción del estado capitalista se ve a lo largo de la historia de Chiapas:

El proyecto fundacional de la nueva nación mexicana desde su independencia de España pasando por la Revolución de 1910, no consideraba a los indígenas más que como folklore, así que posteriormente definió su estrategia de relación con los pueblos indígenas, mediante la puesta en marcha de políticas integradoras a la llamada ‘sociedad nacional’ o ‘cultura dominante’ instrumentadas vía el Instituto Nacional Indigenista y demás instancias que atendían los “asuntos indígenas” permeando diferentes campos como la salud y la educación. (Mondragón Ríos 2007, 146)

Para Ríos decir “políticas integradoras es una forma suave de nombrar lo que otras voces han llamado como políticas etnocidas” (2007). La Reforma Agraria, a partir de la alianza entre finqueros y el poder político -que garantizó la protección de los latifundios por parte de los gobiernos chiapanecos-, generó mayores problemas que beneficios para los campesinos respecto de la repartición de tierras:

El control político en manos de caciques y terratenientes locales facilitó la entrega de unos 4.112 certificados de inafectabilidad, con unas 224.619 hectáreas a ganaderos y finqueros entre los años de 1934 y 1988. (Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos, citado en Mondragón Ríos 2007, 146).

En este escenario, a partir de 1994, el zapatismo se convirtió en el principal movimiento social en disputar el espacio hegemónico en Chiapas, utilizando a partir de allí la violencia de forma defensiva para proteger la organización política de base, y rompiendo por medio de la comunicación el límite territorial, transformándose así en un actor político nacional. Para Pérez Ruiz (2006), el Estado mexicano se propuso construir un cerco múltiple alrededor del zapatismo con el fin de conducirlo o anularlo. En primera instancia un cerco militar para rodear la zona de influencia; en segundo término buscó minar las bases zapatistas a través de la distribución de apoyos selectivos por medio de programas sociales; apoyó la formación de grupos paramilitares en la zona de influencia del movimiento así como la instauración de grupos políticos opuestos al EZLN, como priístas, panistas, y protestantes, con el objetivo de minar su influencia política; construyó carreteras alrededor y dentro de la zona zapatista; creó y apoyó organizaciones indígenas para evitar el contagio de los zapatistas; y políticamente buscó quitarle legitimidad mediante reformas que intentaron abrir espacios para la participación social en la vía pública, intentando encausar el descontento social por la vía legal.

En la Zona Norte de Chiapas operan hoy grupos paramilitares respondiendo al PRI, al PAN, y a los gobiernos nacionales y provinciales, en segundo término, se encuentran las guardias blancas. En tercer término, M. Ríos (2007) destaca el papel del Estado como represor en nombre del estado de derecho; y por último a las organizaciones sociales, como el EZLN, que se encuentra armado para enfrentar y protegerse de los otros actores. En este contexto, el surgimiento de este nuevo zapatismo a partir de 1994 significó un reforzamiento de las alianzas y cacicazgos indígenas con los ganaderos y fracciones radicales del PRI.

En lo referente al proceso posterior a la aparición del zapatismo, M. Ríos describe un proceso de Guerra y Terror Planificados, específicamente en el período que va desde 1995 a 1998, donde se incluye un intento fallido de captura de la Comandancia General del EZLN^{^[1]}. El objetivo fue lograr la desmovilización de las organizaciones sociales a través de grupos paramilitares, con una sistemática violación de los derechos humanos. En este marco, los indígenas se incorporaron a la guerra como única manera de escapar a las formas serviles tradicionales.

En suma, de forma análoga a lo planteado por Maya Lorena Pérez Ruiz (2006), M. Ríos conceptualiza esta mecánica como Guerra de Baja Intensidad, caracterizándola como un proceso complejo de paramilitarización, administración gubernamental que no intenta la resolución estructural de las problemáticas sociales, represión violenta a los movimientos organizados, implementación de programas con el objetivo de agudizar las desigualdades; y la descomposición social, a través de la búsqueda de propagación de la prostitución, el alcoholismo, el narcotráfico, las enfermedades, y la muerte por pobreza extrema. Vale aclarar que, si bien Ríos distingue entre los diferentes actores intervinientes en el panorama chiapaneco, señala que este tipo de violencia no camina en una sola dirección, y que no es únicamente propiedad de los grupos hegemónicos, aunque quienes más la hayan sufrido sean los movimientos sociales, dentro de los cuales encontramos al zapatismo. Las identidades no son estáticas ni predeterminadas, afirma el autor, y la violencia termina legitimándose. Existiría así un uso del terror legitimado culturalmente por todos los actores implicados y por el contexto. El punto es entonces no juzgar a la violencia en sí misma, sino entender el trasfondo político e histórico dentro del cual esta sucede, y allí distinguir a cada uno de los actores. La violencia es un dispositivo, el hecho de que muchos actores la utilicen no los iguala.

Para Calveiro (2008), en Sudamérica a partir de la década de 1970, lo concentracionario devino en regla a partir de espacios al margen del derecho y a mano de la violencia del Estado. Así, la guerra contra el narcotráfico –caso que observamos en el Sur de México- o antiterrorista, permite a los nuevos factores del poder global (estatal-corporativos) intervenir en cualquier región que no se acople a la organización hegemónica. De esta forma, toda violencia antiestatal puede ser tildada de terrorista y justificar entonces espacios concentracionarios. Este nuevo universo es la figura y el espacio de la violencia estatal por fuera del derecho, protegida por figuras de excepción. Sin embargo, en el caso que estudiamos no se ha logrado construir una figura del EZLN como terrorista, y tampoco se reconoce en el discurso estatal una figura de excepción. Por esto mismo consideramos detenernos en el accionar estatal y militar en la zona zapatista. En este sentido decidimos rescatar la entrevista desarrollada por el Colectivo Situaciones (2005) a Julio Espinosa, en la cual él contextualiza la militarización del Sur de México. En segunda instancia, tomamos una entrevista realizada por Contralínea (Radio Zapatista, 2014) a Víctor Hugo López, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

Según lo recogido por el investigador Julio Espinosa -representante del Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE)-, el Estado mexicano viene desarrollando una estrategia en contra del movimiento zapatista que consta de cuatro puntos fundamentales, los cuales son: la estrategia militar; la estrategia discursiva del gobierno; el hostigamiento militar para lograr la dispersión de las comunidades y la cooptación estatal de las que no lo son; y finalmente el accionar de la policía estatal de vigilancia y control territorial.

En primer término, existe una estrategia militar en la zona del sur de México, en la cual se encuentran las comunidades zapatistas, donde el ejército se estructura como si estuviera en estado de guerra. Esta estrategia, según lo expresado por Espinosa (Colectivo Situaciones 2005), está organizada por la Secretaría de Defensa Nacional y habría dividido al territorio del estado de Chiapas y linderos en regiones militares, de igual manera que se suele hacer con divisiones municipales. Aquí el entrevistado describe la existencia de batallones de Infantería en tierra, de la Armada en los ríos, y de la Fuerza Aérea patrullando la zona por aire. Estas fuerzas están divididas en instalaciones, que son cuarteles generales –mandos de zona-; Guarniciones –que son puestos de control y vigilancia-, Centros de Adiestramiento regional, Campos aéreos, y bases de operaciones. Para Espinosa, el ejército busca crear desplazamientos para que la población de las comunidades zapatistas termine entrando en áreas forestales protegidas, y así legitimar una sanción militar. Para esto también cerró el paso a Guatemala.

El CAPISE desarrolló diversas investigaciones respecto de la presencia militar en el estado de Chiapas, y sus datos son esclarecedores: de “79 campamentos militares permanentes en el estado de Chiapas, 56 de ellos -están- en el territorio indígena” (Velazco Yañez 1998). A su vez, en el mismo informe se alerta que hoy día, para el Estado mexicano, el enemigo sigue siendo interno: los pueblos indígenas de Chiapas, los pueblos indígenas y campesinos de México, los movimientos sociales del país. Confirmándose, por otra parte, un cambio del personal militar a partir del ingreso de cuerpos de élite; es decir, la presencia de Cuerpos Especiales del Ejército en la zona de conflicto en Chiapas. (Velazco Yañez 1998)

Consecuentemente, el ejército también ha comenzado a ocupar, en el último tiempo, zonas ejidales que pertenecen a comunidades. Años después de estar allí, pide la expropiación en su favor, como si México estuviera en estado de guerra. A pesar de esto, el gobierno nacional tiene un discurso según el cual, en Chiapas reina la paz. Y legalmente las garantías individuales no están suspendidas ni se puede declarar al país en estado de guerra. Este accionar se explica en la búsqueda de evitar pagar el costo político que conllevaría un reconocimiento de la verdadera estrategia del Estado.

El estado militarizado representa para las comunidades el vivir bajo una presión y hostigamiento constantes, al mismo tiempo que conlleva la incorporación, traída por las propias fuerzas del Estado, de la prostitución, el alcoholismo –prohibido dentro del movimiento zapatista-, etc. Espinosa (Colectivo Situaciones 2005) califica como parte de una operación contrainsurgente a las organizaciones paramilitares que mantienen relaciones clientelares con comunidades auspiciadas por el PRI, el cual además intenta generar enfrentamientos armados entre comunidades con la anuencia del ejército.

En consonancia con lo expresado por Espinosa, si tomamos la descripción del estado de situación de Chiapas que realiza Víctor Hugo López (Radio Zapatista 2014), en la actualidad encontraremos grandes similitudes. Para el autor “la estrategia antidrogas” tuvo graves repercusiones en Chiapas, advierte que se están creando las condiciones para mantener el estado de inseguridad. El blindaje de la frontera, el refuerzo de la seguridad, y el combate al narcotráfico, terminan siendo, antes que ninguna otra cosa, un discurso tras el cual se imprime un mayor control social y represión contra la población en su conjunto. Esto se manifiesta en un aumento exponencial de las denuncias de criminalización, acceso a la justicia, detención arbitraria, tortura y judicialización. Pero, tal como señalaba Calveiro (2008) para el escenario sudamericano de la década de 1970, esta estrategia no es únicamente nacional.

La complejidad del entramado político económico en la zona nos lleva necesariamente a tener que pensar en Estados Unidos (EEUU) como una fuente de emanación de poder. Es, quizás, el actor más grande y más opaco de todos los que allí operan, pero no por esto menos relevante.

Según Neil Harvey (1998), luego del levantamiento zapatista de 1994, EEUU respaldó la estrategia del gobierno de no aumentar la escala del conflicto, apuntando a contener la rebelión, y llevándola hacia la mencionada guerra de baja intensidad para destruir las fuentes de apoyo del EZLN. El intento tenía como objetivos el impedimento de la comunicación entre regiones, buscando generar un desgaste en el largo plazo. Para el autor, EE. UU. también es responsable de las violaciones a los derechos humanos en la zona de influencia zapatista, ya que administró ayuda militar y entrenamiento a militares mexicanos. En línea con esta postura, son rescatables las visiones de Bellinghausen (2013), de Franciso Pineda (1996), y de Marco Von Brostel (2013), donde se complejiza la problemática.

Bellinghausen trabaja con un informe de Pedro Faro, del Frayba, donde se exponen archivos desclasificados en Washington, que corroboran lo denunciado por víctimas de los grupos paramilitares. Allí se destaca la alianza del ejército mexicano con los grupos paramilitares de Chiapas. Además, confirman los reportes sobre el apoyo militar a los grupos indígenas armados que llevaron a cabo ataques contra comunidades simpatizantes del EZLN.

Por otra parte, Pineda (1996) busca aproximarse a la planificación de guerra de baja intensidad elaborada por los altos mandos de Estados Unidos. Según detalla el autor, esta estrategia para combatir las revoluciones, movimientos de liberación o cualquier conflicto que amenace los intereses estadounidenses, está compuesta por la construcción de una contrainsurgencia, para derrotar movimientos de rebelión popular; reversión, para derrocar gobiernos revolucionarios o los que no se ajustan plenamente a los intereses estadounidenses; y prevención, para ayudar a gobiernos aliados a evitar su desestabilización. Los objetivos de la misma son, no solo una victoria militar, sino el aniquilamiento de la fuerza moral y política de la insurgencia. El principal teatro de operaciones de la guerra de baja intensidad son los llamados países en desarrollo, y esto significa la intervención estadounidense en los asuntos internos de otros países, aludiendo al uso limitado de la fuerza, el cual puede tomar muchas formas, entre las cuales podemos encontrar situaciones de inestabilidad, contención agresiva, paz armada, conflictos militares cortos, antiterrorismo, anti-subversión, guerra de guerrillas, guerra psicológica, etc.

Pineda, a su vez, estudia cómo EE. UU. ha planificado y reformado su ejército enfocándolo hacia la lucha en los países en desarrollo luego de la derrota en Vietnam en 1975, y especialmente a partir del contexto del fin de la Guerra Fría, donde el aspecto fundamental pasa a ser el de servicio de inteligencia para operaciones especiales. Es fundamental, para la estrategia creada por el ejército estadounidense, tomar la ofensiva mediante iniciativas que obliguen al enemigo a reaccionar más que a actuar según sus propios planes. Por otra parte, destaca la importancia del desarrollo de una Guerra Psicológica, tratando de convencer a la tropa rebelde de que ha perdido la guerra y que es mejor rendirse que morir, así como convencer a la población enemiga que está insegura. Esta guerra incluye acciones de sabotaje, como ataques contra hospitales y escuelas, golpeando al adversario en su moral y asesinando a líderes políticos y militares claves. Además, esta estrategia incluye políticas respecto de los medios de comunicación, a los cuales se les debe restringir el acceso a la información, buscando así unificar las versiones sobre los episodios a cubrir. Finalmente, el autor analiza el impacto de la alta tecnología para el desarrollo de los conflictos de baja intensidad, sosteniendo que la tecnología estadounidense no siempre puede aplicarse con efectividad a fuerzas tácticas y patrones de conducta militar desconocidos, a menos que se cuente con un fuerte trabajo de los servicios de inteligencia. En este sentido, la hegemonía mundial de Estados Unidos precisa de la transferencia de tecnología de avanzada a las fuerzas locales aliadas, las cuales pueden brindar ayuda proporcionando sus agentes de inteligencia. Se busca garantizar una efectiva cooperación y seguridad regional, y facilitar su subordinación al Comando Central de Estados Unidos, que facilite la rápida fusión entre las fuerzas a nivel mando, control, e inteligencia.

Llegado este punto, el trabajo se encuentra en la obligación de volver –aunque de otra manera- sobre el inicio del desarrollo; la tierra y sus recursos. El aspecto económico es un elemento importante para comprender las razones del escenario abordado, así como para llegar a distinguir actores, hasta aquí no observados.

Marco Van Borstel (2013) coincide con Pineda (1996) en que la Doctrina de Baja Intensidad fue planeada en Estados Unidos con el objetivo de la protección de los capitales estadounidenses –aunque no exclusivamente- en México; dentro de la cual incluye al asistencialismo; la manipulación mediática donde la excusa para la eliminación de los movimientos sociales es la lucha contra el narcotráfico; el saqueo de bienes comunes; la criminalización de movimientos sociales; y la militarización de las zonas de conflicto con paramilitares. El autor detalla un marcado aumento de efectivos estadounidenses en la zona de conflicto zapatista. Y caracteriza la estrategia a partir de la utilización de métodos relativamente benevolentes, donde se intenta generar una afinidad de las poblaciones locales con el ejército foráneo. En línea con lo planteado más arriba, destaca la Iniciativa Mérida, que Estados Unidos financió por un valor de mil seiscientos millones de dólares para modernizar el ejército mexicano siguiendo estas prerrogativas.

Definitivamente la presencia militar, con ese control territorial que tienen, están tras la vigilancia de los recursos naturales, de los recursos estratégicos. La presencia militar evita las manifestaciones en contra del desarrollo del Plan Puebla-Panamá. La cantidad de agua que hay, el tamaño de la selva, los ríos sobre los que se pretenden crear represas hidroeléctricas, etc. (…) los militares están ubicados también de una manera estratégica para un control de las riquezas del estado. Esta presencia militar genera desplazamientos. El desplazamiento genera grandes extensiones libres, y para que una represa hidroeléctrica se construya necesita inundar grandes cantidades de terreno. Por eso se requiere presencia militar: para que se generen desplazamientos y las tierras queden libres. (…) Entonces aquí aparecen los compradores de grandes extensiones de tierra para los monocultivos. (Colectivo Situaciones 2005, 99)

Para Velasco Yáñez (2008) los sucesos que se dan en Chiapas son parte de una estrategia del Estado para correr a los indígenas y distribuir los recursos entre las corporaciones. Lo que se busca es la eliminación de este actor. El autor, para estructurar a los actores intervinientes, los divide en dos grandes grupos: los dominantes, definidos como La Sociedad del Poder, donde encontramos al campo burocrático y al económico; y los dominados, donde encontramos a las comunidades indígenas, zapatistas y no zapatistas.

La Sociedad del Poder busca, fundamentalmente, el control de los recursos naturales - agua potable y zonas ecoturísticas, energía –petróleo, termoeléctricas e hidroeléctricas-, biodiversidad, en especial el conocimiento indígena de la medicina tradicional-; y el exterminio de las autonomías indígenas y del zapatismo. Para esto, el autor expone que el campo burocrático ha planteado una estrategia de cercamiento militar, con un reagrupamiento que incluye la incorporación de cuerpos de elite militares; que estimula el hostigamiento a través de las bandas paramilitares - SRA, TUA, Semarnap y Sagarpa -, con la complicidad de los ayuntamientos prístas y perredistas; la detención y encarcelamiento de los líderes de bases de apoyo zapatistas y no zapatistas, buscando la desafiliación de las bases de apoyo; así como la generación de inversiones de la CNDPI en proyectos productivos.

Para Gustavo Castro Soto,

…la presión para la privatización del petróleo, de los monumentos históricos, la energía eléctrica; el uso, manejo y distribución del agua, y la privatización de las reservas naturales hacen de Chiapas un potencial para la voracidad del gran capital. (cit. en Velazco Yañez 2008, 5)

De igual manera, el potencial hidroeléctrico proyectado

…por el sector empresarial, llegan hasta la posibilidad de 75 presas hidroeléctricas en la entidad, de las cuales 40 estarían ubicadas en la zona tradicionalmente denominada de conflicto (Zona Selva), donde la mayoría de la población es indígena y se encuentran las principales tierras zapatistas.” (cit. en Velazco Yañez 2008, 6)

Siendo la minería la otra rama productiva con presencia de empresas trasnacionales en Chiapas. Castro Soto afirma que:

Desde 2003 hasta 2006 el gobierno federal ha otorgado 72 concesiones mineras en Chiapas que abarcan 727,435 hectáreas. Más de la mitad de estas tierras (419,337 hectáreas) está en manos de dos empresas canadienses, la Linear Gold y la Frontier Development Group, pero para las comunidades locales no hubo ni información ni consultas. (cit. en Velazco Yañez 2008, 6)

Velazco Yañez señala en este sentido que:

…se coordina y articula toda una estrategia contrainsurgente que pretende el despojo, pero, sobre todo, el control del territorio. Va de una aparentemente sencilla “compra” de conciencias indígenas, con el compromiso de que enfrenten a los zapatistas y, cuando viene la resistencia o posible enfrentamiento, entra el ejército a poner paz. Todo, en coordinación con diversas dependencias de las burocracias estatales (…). Así se aseguran los intereses de las grandes, medianas y pequeñas empresas trasnacionales, las nacionales ligadas a ellas… (Velazco Yañez 2008, 17)

Sin embargo, y más allá del accionar de La Sociedad de Poder marcada por V. Yáñez, no queda lo suficientemente claro si existe una coordinación o un objetivo común por parte de las fuerzas que operan en la zona de conflicto en Chiapas, y se enfrentan a organizaciones como el zapatismo. Es decir, hasta qué punto la diversidad de influencias intervinientes, sea el Estado y sus dependencias, las corporaciones, o las distintas fuerzas civiles militarizadas, operan en relación a una planificación, y hasta donde lo hacen sobre una situación caótica. Y sobre ese escenario, a su vez, resta ver cómo funciona la estrategia zapatista.

V. El Estado de Excepción en Chiapas

En 2008 Marcos afirma su punto de vista respecto de la estrategia del Estado, así como sus límites y los problemas que conlleva para el movimiento zapatista. Allí señala que el Estado es quien busca la existencia de un vacío mediático para alentar un conflicto social artificial que permita la habilitación posterior de una intervención militar, disfrazada de necesidad de pacificación. Describe al territorio como altamente militarizado, pero señala que esa presencia no se condice con una presencia política, subrayando que el gobierno federal en realidad no gobierna allí. Es decir, no logran inhibir la presencia zapatista. Por esto mismo es que entonces el gobierno debe alimentar ese conflicto social (Castellanos 2008).

Para Mondragón Ríos (2007) no existe un terror planificado en un sentido absoluto y la violencia es la única condición de supervivencia para un variado número de actores intervinientes en el territorio, es decir, el Estado no actúa de manera unívoca y determinante. A este respecto Marcos señala:

Supongo que el gobierno siente un profundo desprecio por nosotros y por eso no hace las cosas bien. Tal vez la pirámide de la corrupción es tan densa que realmente no llega ninguna iniciativa de peso hasta abajo. Por ejemplo, no creo que los choques armados con las guardias paramilitares en el norte de Chiapas formen parte de una campaña de contrainsurgencia. Me parece más verosímil la hipótesis de la incapacidad de control del gobierno, del caos que tiene dentro, más que algo perfectamente planificado. (…) El ejército federal tiene posiciones y actitudes de un ejército de ocupación, es un ejército que se está enfrentando a una población y a una fuerza armada enemiga. Pero no sólo una fuerza armada enemiga, también una población. No digo que no haya intentado dividir por un lado u otro, pero o ha sido efectiva la defensa de las comunidades, o ha sido débil el esfuerzo del gobierno, o simplemente no les interesa. (Le Bot 1997, 115)

Podemos pensar que los discursos contra el narcotráfico han servido para legitimar el tratamiento por fuera del derecho de diversas poblaciones, dentro de las cuales se encuentran las bases zapatistas. Estas poblaciones, como vimos en el abordaje del trabajo, son la vida desnuda de la que hablaba Agamben (1998), justamente por encontrarse sin ningún tipo de defensa ante el Estado, ya que en la práctica no están dentro del estado de derecho. Esta operatoria aquí estudiada, en la mayoría de los casos definida como guerra de baja intensidad, debe pensarse no solamente dentro del ámbito militar o paramilitar. Como bien marcan M. Ríos (2007), Pérez Ruiz (2006), Calveiro (2008), y Velasco Yáñez (2008), su búsqueda es mucho más compleja, apunta al debilitamiento del lazo social y de cualquier tipo de construcción colectiva; de ahí que la estrategia de imponer la prostitución y el narcotráfico haya sido más útil que las armas. Dicho esto; es menos importante preguntarse si existe una coordinación entre las corporaciones del capital, el Estado, y las fuerzas paramilitares para la eliminación de los rebeldes que se encuentran en la zona para la posterior distribución y explotación de los recursos; si en lugar de esto se intenta quitar del medio a los rebeldes mientras se avanza en esta empresa incorporando a un sistema productivo a los dóciles; o si lo que en realidad sucede es mucho menos planificado y desordenado. El punto es, en última instancia, que la suspensión del estado de derecho y la guerra de baja intensidad operan a favor de los intereses del capital que busca explotar la tierra en tanto recurso natural y sus habitantes en tanto fuerza de trabajo.

Sin embargo, la tendencia a favor de los intereses del capital que busca explotar recursos en la zona no alcanza para definir la complejidad del escenario planteado. Y a pesar de que sí pueda pensarse la existencia de un poder hegemónico que funciona en una dirección; es necesario observar también a las organizaciones que enfrentan al poder para entender la problemática de escenarios como estos. Es decir, pensar -en este caso- si la estrategia política y militar zapatista no le está dando resultados al movimiento, en contra de lo esperado por el poder estatal, corporativo, y de las organizaciones sociales rivales.

VI. Ubicación estratégica

Consideramos, llegado este punto, que se impone el análisis de la estrategia del EZLN ante las fuerzas que buscan imponerse en la zona. Para esto es fundamental pensar al movimiento desde sus actores; esto es, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena- Comandancia General (CCRI-CG) -y al Ejército Zapatista-, por un lado, y a las bases organizadas en comunidades autónomas, por otro. Y desde allí llevar adelante la lectura del accionar de la Comandancia, que permite la construcción territorial hacia adentro, y la legitimación del movimiento hacia afuera de Chiapas.

Para esto recuperamos la entrevista del Colectivo Situaciones a Julio Espinosa, donde sostiene que

El Ejército Zapatista (EZ), por su parte, se ha movido de una manera muy estratégica y efectiva: al hacer la división de las comunidades autónomas con sus puntos de buen gobierno, queda como EZ apartado, de modo que si el ejército atacara, no atacaría a ninguna de las poblaciones civiles. Atacaría a la Comandancia General, a menos que quieran masacrar a toda la comunidad civil, que está desarmada.

[…]

Las Juntas de Buen Gobierno -que son los gobiernos autónomos regionales del movimiento en los territorios tomados-, quedan consideradas dentro de la constitución política de México. Para que puedan funcionar deben estar formadas por civiles, por eso el EZ se corre y pone a gobernar a puros civiles. Ahora, los municipios no se contemplan dentro de la Constitución; entonces, para el Estado los municipios autónomos son ilegales. Pero el trabajo y desarrollo de los proyectos dentro de estos municipios autónomos ha obligado al Estado, sino a reconocerlos, por lo menos a respetarlos.

La lucha no es militar, es política. La estrategia del EZ es no estar ahí como el corazón que da todas las órdenes, sino crear los cinco caracoles primero (regiones organizativas de las comunidades autónomas zapatistas) y ahora, con la Sexta Declaración ya piensa distribuir sus fuerzas a nivel nacional. (Colectivo Situaciones 2005, 93)

El EZ dio de baja los retenes y los puestos de control. Se retiró militarmente de las zonas donde viven las comunidades, en un proceso de cesión de facultades políticas a los pueblos. Así, quedó únicamente como un elemento defensivo apartado (Van der Haar 2005). La forma de proteger a las comunidades es, entonces, obligar al Estado, apostando a quitarle así la legitimidad, a atacar de forma abierta y violenta a comunidades desarmadas.

Ahora bien, al mismo tiempo esta estrategia tiene un trasfondo político, y es darle legitimidad a la construcción nacional de la organización. Pérez Ruiz (2006) afirma que el zapatismo siempre tuvo un proyecto radical de tumbar al gobierno nacional y llamar a un Congreso Constituyente buscando un cambio total del sistema, más allá del período que va desde 1994 hasta 2001, en el que existió una negociación con el Estado y un apoyo circunstancial al PRD. La idea del zapatismo, según la autora, es la de una construcción de un gran movimiento opositor en México. Montero (2013) destaca tres ejes en el zapatismo a partir de 2013: la ratificación a la pertenencia al Congreso Nacional Indígena, que le permite afirmar una identidad indígena, la idea de retomar contacto con los adherentes, y la búsqueda de construir puentes hacia otros movimientos sociales. En este sentido, el plan de político del CCRI-CG estaría delineado en función de no ser una vanguardia –en sentido marxista-, eludir la vía electoral, evitar la subordinación, y seleccionar a quien sumar al movimiento, remarcando la importancia del trabajo de base por fuera de lo institucional y a través del desarrollo autónomo. El autor llama a no ignorar las decisiones políticas estratégicas del EZLN para edificar una organización a nivel nacional. El desafío, entonces, será superar el sectarismo y el aislamiento. Para Diez (2009), en este punto parece volverse de suma importancia para la legitimidad del zapatismo la organización democrática de las Juntas de Buen Gobierno, así como el corrimiento del mando militar del centro de la política de la organización.

VII. Palabras finales

El movimiento más inteligente que el Ejército Zapatista encuentra para la utilización de las armas es el propio encapsulamiento defensivo. Esto le permite, mostrarse ante la opinión pública y el Estado como el guardián obediente del poder autónomo de las comunidades, y así derribar la imagen del poder piramidal por sobre aquellas. Lo que a su vez habilita un triple triunfo ya que, por un lado, neutraliza cierto tipo de accionar estatal, obtiene un sustento material que fundamenta el discurso de la autonomía, y se erige como variable distinta de la política nacional oficial, a la que quiere oponerse.

Pensándolo desde Agamben (1998), el movimiento es la vida desnuda que se ha organizado para construirse en un actor político en sí mismo. Lo cual lo ubicaría en una posición diferente al resto de las organizaciones civiles de la zona, dado que, si bien legalmente no está reconocido como fuerza beligerante, y tampoco se encuentran legalmente reconocidas las Juntas de Buen Gobierno, su nivel de organización política, militar, y su capacidad comunicativa para conseguir apoyos de la sociedad civil -y sobre todo de sus bases territoriales-, indudablemente lo consagran como un actor político indiscutible en la práctica. Los zapatistas no han podido ser eliminados ni subsumidos a las estructuras burocráticas del poder político, su accionar no ha podido ser reorientado en los términos de las lógicas del capital, y continúan siendo un actor que no se corresponde con los ideales del Estado nacional mexicano, y de hecho lo disputan. Para el Estado mexicano sería mucho más fácil la eliminación del movimiento rebelde si este generara una escalada de violencia o intentara la toma del poder del Estado. Pero el zapatismo no lo hace.

Queda flotando la pregunta respecto de si esta experiencia tan particular, rural, armada, que no es completamente indígena ni tampoco completamente moderna, con un proyecto político nacional, puede salir de su propio cerco político. Y aún más, si la reflexión respecto de su trayectoria puede llevarnos a conclusiones que la excedan.

Referencias

Agamben, Giorgio. 1998. Homo Sacer I. El poder soberano y la nuda vida. Valencia: Editorial Pretextos.

Bellinghausen, Hermann. 2013. “Documenta el TPP la guerra de baja intensidad en Chiapas”. La Jornada, 9 de diciembre de 2013. http://www.jornada.unam.mx/2013/12/09/politica/020n1pol

Brancaleone, Cassio. 2015. Teoría Social, democracia e autonomía. Río de Janeiro: Azougue editorial.

Calveiro, Pilar. 2008. “Acerca de la difícil relación entre violencia y resistencia”. En Luchas contrahegemónicas y cambios políticos recientes de América Latina, págs. 23-46. Buenos Aires: CLACSO.

Cajal, Alberto. 2017. “Los 13 Grupos Étnicos de Chiapas Principales”. Lifeder. https://www.lifeder.com/grupos-etnicos-chiapas/.

Castellanos, Laura. 2008. Corte de Caja. México: Grupo Editorial Endira.

Cerda García, Alejandro. 2011. Imaginando zapatismo. México DF: Universidad Autónoma Metropolitana.

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 2018. https://www.coneval.org.mx/Paginas/busqueda.aspx?k=chiapas

Colectivo Situaciones. 2005. Bienvenidos a la Selva. Diálogos a partir de la Sexta Declaración del EZLN. Buenos Aires: Colectivo Situaciones, Tinta y Limón.

Diez, Juan. 2009. “Dilemas y desafíos de la nueva fase del movimiento zapatista”. Intersticios, Revista Sociológica de Pensamiento Crítico 3 (1): 123-136

Harvey, Neil. 2000. La rebelión de Chiapas la lucha por la tierra y la democracia. México DF: Ediciones ERA.

Le Bot, Yvon. 1997. El Sueño Zapatista. Barcelona: Plaza & Janés.

Montero, Hugo. 2005. “La rebelión del erizo”. Sudestada (45).

Radio Zapatista. 2014. “Chiapas: militarización y saqueo amenazan a indígenas”. https://radiozapatista.org/?p=10051

Ríos Mondragón, Rodolfo. 2007. “La producción social del miedo: Violencia política y terror en la Zona Norte de Chiapas”. Intersticios: Revista sociológica de pensamiento crítico 1 (2): 139-157.

Pérez Ruiz, Maya Lorena. 2006. “El EZLN y su retorno a su propuesta radical”. Cultura y representaciones sociales 1 (1): 33-65.

Pineda, Francisco. 1996. “La guerra de baja intensidad”. Revista Chiapas 2. http://www.revistachiapas.org/No2/ch2pineda.html

Von Borstel, Marco. 2013. “La guerra de baja intensidad contra las comunidades en resistencia contra la represa el zapotillo”. El Escaramujo 7 (43).

Van der Haar, Gemma. 2005. “El movimiento zapatista de Chiapas: dimensiones de su lucha”. Labour Again Publications

Velazco Yáñez, David. 2008. “Reinicio de la guerra. 3a Parte: las actuaciones del ‘movimiento zapatista’”. Xipe Totek. link.gale.com/apps/doc/A241181216/IFME?u=anon~9c16fe6a&sid=googleScholar&xid=d033ddd9

* Licenciado en Ciencia Política (UBA), maestrando en Sociología de la Cultura (IDAES, UNSAM) (tesis en proceso de presentación y defensa), investigador en el Centro Cultural de la Cooperación, Profesorado en Enseñanza Media y Superior en Ciencias Sociales (UBA) concluido.

El presente trabajo es parte de una Tesis de Maestría, “Zapatismo. Un análisis de los posibles usos de la violencia para la construcción política de los movimientos sociales”, pronta a ser defendida en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (IDAES), UNSAM.

^{^[1]} En el mismo periodo pueden incluirse el desalojo del primer Aguascalientes zapatista en Guadalupe Tepeyac el 9 de febrero de 1995 (https://enlacezapatista.ezln. org.mx/1996/02/09/a-un-ano-de-la-traicion-del-supremo-gobierno-en-contra-de-la-voluntad-de-paz-justa-y-digna-del-ezln/), la Masacre de Acteal el 22 de diciembre de 1997 (https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1997/12/23/la-responsabilidad-directa-de-la-matanza-de-acteal-recae-en-ernesto-zedillo-ponce-de-leon-y-la-secretaria-de-gobernacion-quienes-desde-hace-dos-anos-dieron-luz-verde-al-proyecto-de-contrainsurgencia/) y el violento desalojo del municipio autónomo zapatista en Taniperlas en 1998, en Flores Magón (http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1998/07/17/ mexico-1998-arriba-y-abajo-mascaras-y-silencios/).