Resumen: el presente artículo se propone analizar la conflictividad obrera desarrollada desde los sitios de trabajo en el marco de la última dictadura cívico-militar acaecida en la Argentina. El recorte temporal elegido entre marzo de 1976 y diciembre de 1977 conlleva el objetivo de reflexionar sobre aquellos modos de resistencia y organización en los espacios laborales en los momentos de mayor represión del gobierno castrense. El análisis se apoya en una muestra de 345 conflictos laborales correspondientes a una porción del territorio actualmente inserto en la denominada Área Metropolitana de Buenos Aires.
Palabras clave: dictadura militar; conflictividad laboral; sitios de trabajo
THE WORKING CLASS IN THE DICTATORSHIP. THE FIRST RESISTANCES IN THE WORKPLACES IN THE METROPOLITAN AREA OF BUENOS AIRES (MARCH 1976 – DECEMBER 1977)
Abstract: This article aims to analyze the labor conflict developed in the workplace during the last civil-military dictatorship that occurred in Argentina. The moment chosen between March 1976 and December 1977 aims to analyze the modes of resistance and organization in the workplace during the moments of greatest repression by the military government. The analysis is based on 345 labor conflicts corresponding to a portion of the territory currently inserted in the Metropolitan Area of Buenos Aires.
Keywords: Military dictatorship; Labor conflict; Workplaces
Los repertorios son creaciones culturales aprendidas, pero no descienden de la filosofía abstracta ni toman forma como resultado de la propaganda política, sino que surgen de la lucha. Es en la protesta donde la gente aprende a romper ventanas, atacar presos sujetos al cepo, derribar casas deshonradas, escenificar marchas públicas, hacer peticiones, mantener reuniones formales u organizar asociaciones de intereses especiales. (Charles Tilly)
I. Introducción
El campo de indagación historiográfica sobre las derivas de la última dictadura cívico-militar acaecida en la Argentina entre 1976 y 1983 es amplio y en ascendente desarrollo desde hace cuatro décadas. Los últimos años dieron cuenta de avances en el estudio de sus oscilaciones políticas (Águila 2023), de la dinámica y pujas internas en el seno de las Fuerzas Armadas (Canelo 2016), la experiencia concentracionaria (Franco y Feld 2022; González Tizón 2023), el bagaje psicológico y emocional de la represión (Garaño 2023), o los aspectos represivos en la esfera cultural (Burkart 2017), entre otros múltiples tópicos abordados. La presente pesquisa se adentra en el análisis de uno de sus ejes posibles al detenerse en el devenir de la clase obrera atendiendo específicamente a la conflictividad por ella desarrollada desde y en los sitios de trabajo en los primeros dos años de gobierno castrense, entre marzo de 1976 y el último trimestre de 1977, es decir, durante un período en el que la represión estatal e ilegal alcanzó uno de sus máximos índices de intensidad.
Si bien la conflictividad obrera desde los espacios de labor fue una temática ponderada en las indagaciones sobre el período (Falcón 1996; Munck 1987; Pozzi 2008; Pinedo 2022)[1], el presente artículo tiene por objeto profundizar el análisis sobre el tópico a partir de una delimitación del área temporal y espacial más específica y de la incorporación de una serie de variables que posibilitan una nueva perspectiva sobre el fenómeno a partir del entrecruzamiento de disímiles fuentes. En simultáneo, la propuesta focaliza en las particularidades desprendidas de una mirada de la conflictividad supeditada al nivel de la base a partir de una reducción de la escala de análisis que excede la dinámica de las conducciones sindicales para adentrarse en el devenir de los sitios de trabajo.
II. Sobre la delimitación espacio-temporal y el desafío de la cuantificación
En primer lugar, resulta necesario clarificar el recorte temporal elegido. Una característica inherente al abordaje de la última dictadura recae en examinar su periodización a partir de una perspectiva que entiende la necesidad de complejizar su descripción atendiendo a un derrotero no monolítico. En lo pertinente a la dinámica de la clase trabajadora (tanto en cuanto a la represión experimentada como en relación con la movilización por ella sostenida) es válido también repensar las fronteras temporales. Si bien marzo de 1976 se convierte en un lógico quiebre para cualquier tipo de periodización, este se encuentra en cierta revisión en determinados estudios de caso a partir de la premisa de trasladar el inicio de los estudios hacia el año 1974 cuando la represión (tanto estatal como paraestatal) sobre el activismo provocó redefiniciones en las prácticas y modos de ejecución de la protesta (Crenzel y Robertini 2022). Sin embargo, esta propuesta es menos factible de viabilizar si el acento se encuentra puesto en la conflictividad más que en el aspecto represivo.
En simultáneo, se halla también en un momento de reflexión no solo el punto de partida sino también la sub-periodización del ciclo 1976-1983. Si determinadas obras pioneras de los años ochenta y noventa (Falcón 1996) no se detuvieron en la identificación de momentos heterogéneos, paulatinamente se establecieron matices que permiten, a su vez, proponer disímiles sub-periodizaciones. Por ejemplo, una posibilidad es visualizar en la movilización por “pan, paz y trabajo” de noviembre de 1981 un quiebre en cuanto a la masividad adquirida por las manifestaciones antidictatoriales. Otra variante, relativamente instalada, recayó en la identificación de la huelga de abril de 1979 como un parteaguas en la conflictividad. Si bien convocada solo por una de las dos coordinaciones sindicales de mayor peso en ese momento (la denominada “Comisión de los 25”, antecedente de la CGT – Brasil) y con un acatamiento parcial a nivel nacional, ella puede ser vista como un hiato al tratarse, con limitaciones, del primer esbozo de huelga general desde el comienzo del régimen.
No obstante, existen nuevas miradas que señalaron otros quiebres. El trabajo de Carminatti (2021) visualizó un momento clave durante el último trimestre de 1977 a partir del desarrollo de una oleada de conflictos (semi-orgánicos y con conducciones sindicales ausentes) que incluyó rubros como el ferroviario o el gremio de Luz y Fuerza y a los cuales el autor calificó, siguiendo a Falcón, como “una huelga general no declarada” (Falcón 1996). En parte, esta mirada retomó también la obra de Pozzi (2008), quien distinguió las luchas del bienio 1976-1977 con respecto a un ascenso del conflicto identificado durante el primer semestre de 1978.
Sin obturar las perspectivas mencionadas, el presente artículo se propone retrotraer el análisis sobre la conflictividad de base atendiendo a sus características desde los momentos iniciales del golpe en una etapa signada por una extrema represión y un consecuente clima de vigilancia en los ámbitos de producción. El objetivo del mismo recae en dar cuenta de la permanencia de una conflictividad relativamente sostenida desde los orígenes del proceso militar acorde a las limitaciones que el contexto político imponía, en sintonía a un accionar simultáneo de núcleos empresariales que acompañaron las lógicas estatales con despidos de personal, descabezamiento de dirigentes de los organismos de representación gremial y ajustes en los ritmos y modos de trabajo.
Al analizar tanto el tipo de rubros movilizados como las características de sus demandas, es posible esgrimir que, de conjunto, el cúmulo de disputas obedeció a una doble lógica. Por un lado, se identifican determinadas reivindicaciones posibles de definir como la continuidad retaceada de una conflictividad preexistente al inicio del desembarco dictatorial. Pero, en otro orden, es factible vislumbrar un conjunto de acciones y demandas identificables como el comienzo de un tipo de contiendas laborales específicas del período castrense, acorde a los cambios económicos y productivos que el gobierno desarrolló.
En segundo orden, resulta necesaria una clarificación en torno al recorte espacial elegido. El conjunto de casos relevados para el análisis se circunscribió a un espacio geográfico amplio tomado como muestra. Los conflictos hallados y presentados corresponden a un porcentaje del territorio actualmente inserto en la denominada Área Metropolitana de Buenos Aires (en adelante, AMBA). Sin embargo, no se abordará la totalidad del espacio geográfico que abarca dicha nomenclatura en el presente. Tomando como base de datos el Censo Nacional de Población y Vivienda más cercano al período trabajado, realizado en 1980[2], el análisis se adentrará en el espacio integrado por la Ciudad de Buenos Aires más los 19 partidos de la Provincia de Buenos Aires circundantes a ella, es decir, Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Florencio Varela, General San Martín, General Sarmiento, La Matanza (San Justo y González Catán), Lanús, Lomas de Zamora, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.[3] Ello supone un núcleo urbano de relieve en el que habitaban prácticamente 10 millones de personas, lo que implicaba una concentración de prácticamente el 35% de la población sobre el total nacional.[4] Pero, a su vez, en este espacio se hallaban zonas específicas con un notorio componente productivo industrial. Como dio cuenta Schneider (2005, 36), en los años previos al golpe de Estado, se contabilizaban en esta área alrededor de 54 mil establecimientos industriales que ocuparon a más de 800 mil operarios. Si se resignifican las categorías utilizadas por Donaire y Lascano (2002) para un período posterior, es posible definir el área abordada como un territorio con una población con participación predominante activa de la actividad productiva en el marco de un capitalismo mayoritariamente de economía privada de gran industria y pequeña producción.
La necesidad de abordar un espacio geográfico más bien amplio se vincula también con una perspectiva metodológica. En los últimos años, la conflictividad obrera del período se analizó mayoritariamente desde una mirada anclada a los estudios de caso. El conocimiento del período se nutrió de un amplio cúmulo de indagaciones que versaron sobre la conflictividad en rubros, plantas y empresas específicas como, así también, acerca de zonas y localidades de una provincia determinada como Bahía Blanca (Zapata 2021), la zona sur del Gran Buenos Aires (Pinedo 2022 y 2021) o la municipalidad de Rosario (Ponisio 2022). Son más escasos los estudios que tomaron como objeto un espacio geográfico de mayor amplitud como, por ejemplo, una escala provincial (Ortíz 2021, para la provincia de Córdoba; Rodríguez Agüero 2021, para Mendoza).
Reflexionar sobre el impacto que tuvo la dictadura en el mundo del trabajo más allá del ámbito porteño-bonaerense, conllevó el interés de identificar singularidades que no cuajaban en un análisis de perspectiva global. Lejos de impugnar el interés por el estudio de una empresa o localidad, un desafío presente consiste en una mayor reflexión en clave comparada que busque vislumbrar la existencia de particularidades o la inclusión de estos casos en un conjunto de características que, quizás, no les sean necesariamente propias sino también identificables en otros ejemplos. En este sentido, el artículo atiende al espacio con mayor concentración tanto urbana como industrial a los efectos de dar cuenta de un análisis de su conflictividad que atiende a dos elementos. Por un lado, analizar los rasgos desde una perspectiva que no identifica un mismo devenir monolítico a escala nacional y, por otro, vislumbrar la existencia de matices o características distinguibles en el interior de un mismo espacio, en extremo amplio y desarrollado en términos poblacionales y productivos.
En tercer lugar, vale esbozar una reflexión alrededor del desafío de la cuantificación de la conflictividad. La presente pesquisa se construyó sobre la base de un relevo de hechos que se produjeron en disímiles establecimientos laborales entre marzo de 1976 y diciembre de 1977. Ello habilita a dos interrogantes que subyacen al reflexionar sobre los resultados de esta indagación. En primer orden, la validez de preguntarse si es posible conocer con relativa claridad y de un modo medianamente acabado cuántos pleitos laborales se desarrollaron durante la última dictadura cívico-militar (o bien, en una etapa de ella). El interrogante se vincula, a su vez, con la viabilidad de incorporar herramientas tendientes la búsqueda de un enfoque cuantitativo. Ghigliani (2009) alertó sobre la posibilidad de explicitar fehacientemente la totalidad de los conflictos laborales de un período advirtiendo, con certeza, sobre los riesgos de la cuantificación. Por ejemplo, los límites para la obtención de información que supone la utilización de diarios nacionales como fuentes (con la tendencia a omitir conflictos pequeños o de determinadas regiones ajenas al espacio porteño-bonaerense). A su vez, también resulta posible reflexionar sobre similares riesgos o advertencias al adentrarse en otro tipo de insumos. Por ejemplo, los periódicos de organizaciones partidarias suelen reflejar, por lo general, aquellos conflictos en los que ellas mismas poseían algún tipo de involucramiento más o menos directo. O bien, la información desprendida de la inteligencia policial conlleva sus ausencias al no haberse conservado ciertos legajos y archivos de diversos sitios de trabajo (probablemente por destrucción de los mismos organismos que los realizaron).
En definitiva, quizás el desafío no recaiga en la posibilidad de dar cuenta de un modo acabado y objetivo de una sistematización de la totalidad de las acciones de protesta que se desarrollaron en los sitios de trabajo dada una improbable posibilidad de alcanzar un resultado definitivo. En todo caso, el planteo recae en preguntarse sí, aún a sabiendas de los límites y los vacíos empíricos, resulta valioso el intento por sistematizar y cuantificar los datos obtenidos. Aglutinar conflictos y segmentarlos por rubros, por tipo de empresas, por reivindicaciones, por conquistas, por las respuestas patronales o estatales, por el papel desempeñado por su respectiva dirigencia gremial u sus organismos de base, etc., independientemente de lo inacabado de sus resultados, es un modo de acercamiento al tópico y permite reflexionar sobre la conflictividad desde una perspectiva amplia y en clave comparada entre disímiles casos.
En simultáneo, surge otro interrogante: ¿qué tipo de acciones son factibles de contabilizar para que ellas puedan ser reconocidas como conflictos? En este trabajo, se optó por un criterio de identificación amplio en razón del contexto en el que las iniciativas se insertaron. Al desarrollarse en el marco de uno de los momentos de mayor despliegue del aparato represivo, se consideraron como acciones de lucha no exclusivamente a aquellas medidas de fuerza por parte de los trabajadores que implicaron el cese de sus tareas y paralizaron (total o parcialmente) la producción, sino también a diversos modos de reclamo tales como el incumplimiento de horas extras; la lentificación de los ritmos de trabajo; las movilizaciones dentro de los establecimientos (por ejemplo, a las oficinas de la gerencia o de recursos humanos de las plantas, o bien, las concentraciones en sus patios internos o comedores); la elaboración de petitorios con reivindicaciones; o las diversas formas de obstaculización de la productividad regular (como la ruptura de maquinaría o las fallas en el producto final), entre otras variantes.
Sobre esa base, y a los efectos de pugnar por dar cuenta del mayor caudal posible de información, la muestra se recogió a partir del entrecruzamiento de tres insumos diferenciados. Por un lado, la información escindida de la prensa comercial nacional, específicamente los periódicos Crónica, Diario Popular, La Razón, La Prensa, La Nación y Clarín. Ella, como se advirtió, posee la característica de reflejar centralmente la conflictividad ocurrida en grandes entidades fabriles, en los rubros dependientes del Estado, o bien, en aquellos pleitos que contaron con el sostén de sus conducciones gremiales, pero por lo general, omitieron las medidas de menor duración o las acciones de escaso impacto público.
Por otro lado, un insumo de valor son las publicaciones editadas por diversas organizaciones políticas del campo de las izquierdas (mayoritariamente, bajo lógicas de edición y distribución clandestinas). En ocasiones, estas dieron cuenta de determinados conflictos de menor impacto sucedidos en una planta particular o en secciones de ellas. Con este objetivo, se relevaron las publicaciones Cambio, La Yesca, Unidad Socialista, Adelante, Tribuna, Nueva Hora, Nueva Juventud, No transar, Tribuna popular, Movimiento obrero, El Combatiente y El Comunista. También, se incorporaron proyectos editados desde el exterior como Denuncia (EE. UU.), Páginas sindicales argentinas (Suecia) y el Boletín de informaciones obreras (Francia).
En tercer lugar, la muestra se robusteció con información escindida de la documentación perteneciente a la Dirección de la Inteligencia Policial de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) y, en menor medida, con insumos que brindaron otro tipo de datos tales como boletines sindicales editados en la clandestinidad en determinadas empresas, documentación interna de diversas organizaciones partidarias e informes sobre diversos pleitos elaborados con fines estadísticos al momento de producirse (tales como aquellos sistematizados por Santiago Senén González y Leonardo Dimase). La triangulación de estos materiales permitió acceder a 345 conflictos laborales de disímiles características que se convirtieron en la muestra a analizar a los efectos de presentar las descripciones y resultados.[5]
La producción que atendió a la cuantificación de la conflictividad durante el período analizado presentó resultados divergentes acorde a los objetivos e insumos utilizados. Por ejemplo, Falcón (1996) identificó 291 conflictos laborales entre marzo y de 1976 y octubre de 1981 a partir de un relevo que no incluyó solamente a la Capital Federal y el Conurbano sino también a las ciudades de Córdoba y Rosario y que no distinguió el número de hechos en cada año. Como aclaró el autor, la muestra no tuvo una pretensión de totalidad sino de presentación de los pleitos encontrados en las fuentes disponibles. Otro abordaje que aspiró a dar cuenta de una mirada cuantitativa fue el de Munck (1987). Aún más amplio que Falcón en cuanto a la elección espacial al tratarse de una mirada nacional de la conflictividad, el autor distinguió 189 casos en todo el país entre 1976 y 1977 (89 y 100, respectivamente en cada año).
En la pesquisa aquí presentada, y a partir de la documentación trabajada, se sostiene que, entre marzo de 1976 y diciembre de 1977, es posible identificar por lo menos 345 conflictos laborales, tomando como escenario aquellas regiones de la denominada Área Metropolitana de Buenos Aires que, en la actualidad, comprenden a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, respectivamente, el primer y segundo cordón del Gran Buenos Aires. La totalidad de los hechos fueron incorporados teniendo en cuenta dos variables: por un lado, contabilizando como un único pleito aquellas acciones de diversa índole desarrolladas a lo largo de diversas semanas o, incluso, meses, con momentos de mayor visibilidad y otros de reflujo, pero manteniendo un mismo reclamo sin resolución. Por otro lado, identificando más de una medida en aquellos casos en los que, más allá de tratarse de un mismo sitio de trabajo y de momentos temporalmente cercanos, las respectivas iniciativas se hubieran sostenido por reivindicaciones diversas entre sí.
III. Las zonas de la conflictividad
Una mirada del espacio geográfico estudiado posibilita desglosar la distribución y los rasgos diferenciados de la conflictividad laboral sobre la base de las características productivas y laborales de las diversas áreas que lo integran. De acuerdo a las nomenclaturas más difundidas, es posible fragmentar el territorio estudiado en cuatro grandes áreas divergentes: la Capital Federal y las respectivas zonas norte, oeste y sur del conurbano bonaerense.
Del total de 345 conflictos laborales analizados, y a los efectos de dar cuenta de las singularidades espaciales, para este apartado se utilizó solamente una submuestra de 304 casos. La reducción obedece a la no inclusión de aquellas demandas iniciadas por trabajadores de empresas estatales (tales como Gas del Estado, SEGBA, ENTEL, ENCOTEL, Aerolíneas Argentinas, YPF, ferroviarios, portuarios o personal administrativo del Estado). Si bien se trataba de entidades o agencias públicas cuyos organismos u oficinas centrales se concentraban en la Capital Federal, el impacto no solo provincial sino también nacional de sus acciones, no permitió definir a estos conflictos como específicos de un espacio geográfico sino como iniciativas con alcance en todo el país. También se excluyó a una escasa cantidad de hechos en pequeñas plantas que el entrecruzamiento de fuentes no posibilitó dilucidar con absoluta claridad su exacta ubicación geográfica. Por el contrario, se optó por un criterio de inclusión de aquellas entidades bancarias (como es el caso del Banco Nación) que, teniendo sedes en todo el territorio nacional, los conflictos referidos hayan tenido como espacio sus casas matrices o el área porteño-bonaerense.
Entre marzo de 1976 y diciembre de 1977, se identificaron 104 conflictos en la Capital Federal y 200 en el conurbano bonaerense. En lo pertinente a la Ciudad de Buenos Aires, núcleo urbano que reunía prácticamente tres millones de habitantes, en el barrio de Barracas se encontró uno de los principales centros de agitación. Allí se destacaron dos espacios: una de las plantas de la textil Alpargatas (que, en este breve período, experimentó ocho conflictos) y el recinto porteño de la automotriz General Motors, protagonista de seis acciones. En este barrio se contabilizaron también pleitos en la automotriz Citroën, la metalúrgica Tamet, los talleres gráficos de Fabril Financiera, la alimenticia Canale y una sede de Coca-Cola.
En cuanto a las ramas de producción, se destacó la conflictividad en tres rubros. En primer lugar, el metalúrgico mediante acciones en el barrio de Pompeya en Intercalor, Decker y Uspallata; en Yelmo y Volcán (de los barrios de Flores y el Bajo Flores, respectivamente) como, así también, en Febo (en Villa Pueyrredón), Camea (en Lugano), Atma (en Belgrano), entre otros. Se destaca, en otro orden, la actividad del rubro gráfico con conflictos en el diario Crónica y en Codex (donde se contabilizaron respectivamente cuatro hechos). También en los diarios La Prensa y Clarín y en las gráficas Della Pena, Boldt, Justo Rodero y la Editorial Atlántida. Por último, existió un polo de medidas del rubro textil, sobre todo en la Algodonera Devoto (del barrio homónimo) como, así también, en Sudamtex (Villa Ortúzar), Perle (Flores), Grafa (Villa Pueyrredón) y Selsa (Parque Patricios). En menor medida, se contabilizaron acciones en las industrias del tabaco, del plástico y del caucho (centralmente en la empresa Pirelli).
Por fuera de la producción fabril, se vislumbró un importante conjunto de protestas protagonizadas por los empleados bancarios en las entidades del Banco Nación, Alemán, Mercantil, Galicia, Shaw, Di Nápoli, de Italia, de Mendoza, de Londres, City, de Crédito Argentino, de Intercambio Regional como, así también, de las empresas de seguros La Franco y Levy Hermanos. Se destacaron también reclamos de los trabajadores de la sanidad en los hospitales Piñero, Británico, Francés e Israelita y en los sanatorios Antártida y Güemes. Por último, se encontraron acciones particulares de los empleados municipales, los trabajadores del subterráneo, los empleados del Hipódromo de Palermo y las integrantes de la cooperativa El Hogar Obrero.
Al desglosar la conflictividad en la Provincia de Buenos Aires, el mayor número de hechos se identificó en la zona norte del conurbano bonaerense con 81 pleitos. Ello no resulta extraño teniendo en cuenta la concentración industrial y urbana de determinadas localidades y, en simultáneo, el clima de agitación que caracterizó a este espacio en los momentos previos al golpe. En este escenario, se destacaron dos espacios. Por un lado, el partido de San Martín, ubicado al noroeste de la limítrofe Capital Federal, espacio populoso que superaba los 350 mil habitantes y poseía una relevante actividad industrial. El sitio de trabajo con mayor movimiento fue la planta de la automotriz General Motors, cuyos trabajadores protagonizaron cinco medidas de fuerza. A la vez, se identificaron una importante cantidad de acciones en plantas textiles (como Ivasa, Wells, INTA y, sobre todo, Lanas San Andrés) y en industrias metalúrgicas como Wobron, Osvegui Kiss, Vainer, Eslabón de Lujo, Argelite, CEMA o Flamini.
Por otro lado, se destacó la actividad fabril en el partido de Vicente López, con prácticamente 300 mil habitantes y una destacada concentración fabril. Específicamente, se identificó el accionar de la Editorial Abril que, en estos meses, desarrolló seis medidas de fuerza, pero a su vez, existió una importante movilización en los ámbitos metalúrgicos con conflictos habituales en las plantas de EMA y Squibb y, en menor medida, Del Carlo o Cornasa. Se destaca también en este espacio el subnúcleo fabril del barrio de Munro, en donde firmas como Porcelanas Atlántida y Suavestar experimentaron diversas demandas y la colindante Villa Adelina, con una particular agitación de los trabajadores de la cerámica (específicamente, en la planta de Lozadur).
El otro conglomerado de la zona norte digno de mención es el partido de Tigre y su contigua localidad de San Fernando (conjuntamente reunían más de 300 mil habitantes). Independientemente de una más reducida actividad en sitios que tuvieron importancia en los años previos al golpe como el astillero Astarsa o la alimenticia Terrabusi, se destacaron dos espacios con intensa agitación: la planta automotriz de Ford, en General Pacheco, dentro del partido de Tigre, que protagonizó trece conflictos y la fábrica de neumáticos FATE, con seis acciones.
El tercer gran conglomerado era la zona sur del conurbano. Si se contempla el nutrido índice poblacional de determinados partidos de esta región (con más de dos millones de habitantes), el número de conflictos es proporcionalmente menor, con 49 hechos entre 1976 y 1977. Berazategui se destacó particularmente a partir de una profusa agitación en dos ámbitos de trabajo, la automotriz Peugeot (con diez medidas de fuerza) y la fábrica de vidrio Rigolleau, con cuatro pleitos. Con relación a este último rubro, existieron también focos de agitación en empresas como Cristalux y Cattorini. En lo relativo a las automotrices, es destacable la actividad en la planta de Chrysler en Monte Chingolo, dentro del partido de Lanús, con cuatro medidas de fuerza. Por su parte, la tradicional textil Alpargatas, con sede en Florencio Varela, desarrolló tres acciones. Por último, el históricamente activo partido de Avellaneda tuvo una conflictividad más bien atomizada, sobre todo en espacios pertenecientes al rubro metalúrgico como Ferrum, Siam Molinedo, Galileo, Tamet y Gurmendi.
Por último, un cuarto espacio lo compone la zona oeste de la Provincia de Buenos Aires con 70 conflictos contabilizados. El rubro más dinámico fue el automotriz con tres escenarios destacados: la planta de Mercedes Benz en la localidad de González Catán con ocho acciones; la de Chrysler, ubicada en San Justo, con cinco; y la de Fiat, en el Palomar, con siete. También se identificaron dos diferendos en Borgward (de Isidro Casanova) y cuatro en la industria de motores y repuestos Deca-Deutz, ubicada en Morón. Subsidiario a este rubro, un espacio con frecuente accionar fue la fábrica de neumáticos Good Year, en Hurlingham.
En esta área, el populoso partido de La Matanza contaba con prácticamente un millón de habitantes. Más allá de la mencionada actividad automotriz, se produjeron acciones en disímiles empresas metalúrgicas, en algunos casos en más de una ocasión, como Yelmo, Siam, Olivetti, Santa Rosa, Martín Amato (Indiel), Hierro Standard, entre otras. Por su parte, un polo particular fue el partido de Morón (donde habitaban alrededor de medio millón de personas), que contó con espacios de febril activismo como la gráfica Scholnik o la metalúrgica La Cantábrica.
Gráfico 1. Porcentaje de la conflictividad por región
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Fuente: elaboración propia.
IV. Los rubros del conflicto y su oscilante dinámica
Un abordaje posible de la conflictividad del período consiste en su relevo mediante un enfoque que coloque el acento en el rubro o el tipo de producción realizada. De conjunto, se destacan dos ramas diversas como aquellas protagonistas de un mayor caudal de acciones. Tanto en 1976 como en 1977, las industrias metalúrgicas encabezaron la conflictividad, seguidas por las plantas automotrices. No obstante, existe un matiz más allá de los datos estadísticos. La cantidad de pleitos metalúrgicos corresponden a un número de empresas que supera la treintena mientras que, como se explicitó en la descripción del espacio geográfico, la industria automotriz concentró un notorio repertorio de acciones en un núcleo más reducido de plantas y firmas. A su vez, es proporcionalmente destacable el activismo del gremio automotriz al comparar la mano de obra ocupada en cada rama. En los momentos previos al golpe, el empleo metalúrgico nucleaba alrededor de 400 mil operarios mientras que el automotriz superaba escasamente los 100 mil (Pozzi 2008, 216-218).
En cuanto a las oscilaciones de los restantes rubros, se percibió a lo largo de estos dos años un incremento de la conflictividad textil, de la industria del vidrio, de la cerámica, de la alimentación y de los trabajadores de la sanidad y, en contraposición, una brusca caída de los pleitos en el rubro gráfico. Sin embargo, es posible entrecruzar los niveles de conflictividad con la cantidad de personal empleado en cada rubro para agudizar el análisis. Por ejemplo, la industria textil reclutaba alrededor de 200 mil personas, mientras que otros rubros que tuvieron índices de pleitos similares empleaban un porcentaje notoriamente menor de mano de obra. Por ejemplo, los trabajadores de sanidad oscilaban los 65 mil, 50 mil los gráficos, los ceramistas rondaban las 30 mil personas, 25 mil los trabajadores del vidrio y 12 mil los obreros del neumático.
Por su parte, las demandas provenientes del mundo del trabajo estatal (ya sea de agencias, servicios o transportes) se mantuvieron medianamente homogéneas a lo largo del período al igual que el rubro bancario. No obstante, en este último caso es cuantitativamente más numeroso el número de reclamos procedentes de entidades financieras privadas que públicas. Todos estos fueron ejemplos de actividades que reclutaban una amplia mano de obra en los momentos previos al golpe y que, en estos años, se reduciría gradualmente ante las políticas de racionalización estatal.
Gráfico 2. Conflictividad por rubro durante 1976
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Fuente: elaboración propia
Gráfico 3. Conflictividad por rubro durante 1977
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Fuente: elaboración propia
Si se escinden los hechos relevados de acuerdo a una diferenciación entre la industria de bienes o de servicios, se identifica una amplia superioridad por parte de la primera con un 77% del total en contraposición a un 23% de pleitos subsidiarios de las áreas de servicios incluyendo no solo a las agencias estatales sino también a la actividad bancaria (pública y privada) y a los medios de transportes de capital privado.
El conjunto de prácticas represivas sumadas a las leyes y medidas particulares que tuvieron como objeto desarticular la organización del movimiento obrero desde marzo de 1976 permite dilucidar que se trató de un momento de quiebre y retroceso del accionar de protesta. La suspensión del derecho a huelga, la eliminación del fuero sindical, la intervención de la CGT y de diversos sindicatos y la declaración de prescindibilidad de los empleados públicos fueron herramientas intimidatorias y disciplinadoras. En efecto, comparativamente con el ciclo de confrontación previo al golpe (Jelin 1977, 46), se experimentó una radical merma de la conflictividad.[6] Hasta entrado el mes de mayo de 1976, son escasas las acciones planteadas por los trabajadores, con la excepción de la planta de General Motors en la Capital, convertida en un ejemplo pionero de la oposición a los despidos del activismo de sus sedes y, gradualmente, la emergencia de las primeras resistencias en organismos y servicios públicos ante el comienzo de las cesantías en Aerolíneas Argentinas e YPF. Se trató de un conjunto de acciones moleculares desarrolladas con un marcado aislamiento entre sí.
Si bien durante el mes de abril el conjunto de medidas refractarias a los intereses de los trabajadores se amplió con la anulación de la prueba de juicio o la imposibilidad de negativa a tareas consideradas insalubres, a lo largo del siguiente mes se identificó una cierta recuperación de la protesta, sobre todo en el ámbito privado tanto automotriz como metalúrgico. Más allá de la continuidad de medidas tendientes a revertir cesantías, fue en este momento cuando el reclamo salarial se colocó como la principal preocupación y motivación de las demandas.
Tras un breve reflujo de la actividad agitativa, desde julio se experimentó un ascenso de las acciones, aún en un contexto cada vez más restrictivo para su desarrollo ante normativas tales como la prohibición de realización de asambleas y elecciones sindicales. Sin embargo, tanto los reclamos salariales como la oposición a las modificaciones en las condiciones de trabajo, marcaron la tónica del inicio del semestre.
Desde agosto de 1976, la conflictividad vivenció un pico en su recuperación en un contexto cada vez más adverso para la organización dado que, en septiembre, se prohibió todo tipo de huelga y acción directa bajo la advertencia de penas de prisión de 1 a 6 años de quienes participaran y de 3 a 10 años de aquellos que instigasen públicamente las medidas. Sin embargo, una de las características visibles de esta etapa fue una paulatina, pero cada vez más determinante, incorporación de los trabajadores de empresas, servicios o transportes estatales, particularmente por parte de los trabajadores de SEGBA y de su gremio Luz y Fuerza.
Más allá de los intentos de revertir las cesantías y los cambios en las condiciones de trabajo, existió un elemento que agudizó la problemática. El decreto 1848, notificado en septiembre, dictaminó que los trabajadores que hubieran obtenido un aumento salarial superior al 12% antes del día primero de ese mes, no tendrían ningún otro incremento, amenazando incluso con sanciones a los empleadores que no cumplimentaran con la resolución. Así, el mes de septiembre supuso un quiebre al combinar la profundización de una política represiva con otra de ajuste salarial.
En este escenario, este mes se halló marcado por un clima de agitación en las firmas automotrices. Si bien no novedoso, tuvo su extensión en cuanto a la cantidad de plantas afectadas convirtiéndose, de hecho, en un conflicto de la industria en general. Al mismo tiempo, fue importante el accionar por demandas salariales a nivel metalúrgico y bancario. Como resultado de las medidas mencionadas, en los meses de octubre y noviembre los trabajadores estatales tuvieron una relevante incorporación a las medidas de fuerza. El relativo descenso de pleitos durante el mes de diciembre tuvo su continuidad en los primeros meses de 1977 experimentándose, de conjunto, un visible reflujo. Es posible interrogarse si, en esta etapa, la conflictividad dejó sus características moleculares iniciales para transformarse en una resistencia de carácter parcial con una ambigua dinámica. Por ejemplo, se identifica un accionar prácticamente general en las plantas automotrices, aunque, no obstante, no existieron lazos ni instancias de coordinación entre ellas.
En el contexto de repliegue y menor conflictividad durante el primer trimestre, se destacó la conflictividad estatal como uno de los rasgos más llamativos de los comienzos del nuevo año. Con la excepción del mes de abril, la tendencia se caracterizó por cierto repliegue hasta que, desde julio de ese año, se identificó un cierto ascenso. No obstante, un rasgo colateral fue que, en este escenario, emergieron con mayor visibilidad determinadas dirigencias sindicales que modificaron la característica de un repertorio exclusivamente motorizado por el activismo de base.
El gradual crecimiento de las acciones acabó por materializarse durante el último trimestre de 1977 cuando, nuevamente, el rasgo fundamental fueron las iniciativas llevadas a cabo por diversos rubros estatales. Como se mencionó, fue este proceso el que llevó a identificar en determinados trabajos la posibilidad de un primer quiebre en la dinámica de la conflictividad obrera en dictadura (Carminatti 2021), o bien, la existencia de una “virtual huelga general no declarada” (Falcón 1996, 136). Sin impugnar esta perspectiva, también es posible argumentar que los rasgos principales que tuvieron los repertorios de protesta y organización de los trabajadores como, así también, sus resultados, no conllevaron significativas diferencias en esta etapa con relación al proceso experimentado un año antes. Una hipótesis posible consiste entonces en analizar la conflictividad existente entre 1976 y 1977 como un bloque temporal de cierta homogeneidad, con momentos de ascenso y otros de cierto reflujo dando cuenta, a su vez, de un bienio de luchas moleculares, relativamente inorgánicas, pero cuantitativamente no despreciables en razón del nocivo contexto en el que se insertaron.
De conjunto, la conflictividad del período se encontró determinada por dos grandes rasgos. Por un lado, la identificación de un conjunto de acciones posibles de comprender como una continuidad retaceada del accionar preexistente al gobierno dictatorial. La constante agitación en las plantas automotrices, uno de los rubros con mayor protagonismo en el ciclo de radicalización y protesta de la etapa anterior, fue el ejemplo más fehaciente. Pero, en otro orden, es factible vislumbrar un cúmulo de iniciativas y reivindicaciones identificables como el comienzo de un tipo de conflictividad laboral específica del período castrense acorde a las transformaciones económicas y productivas impulsadas por el nuevo régimen. Como principal expresión de ello, se vislumbró en esta etapa el ascendente papel de los trabajadores estatales en sus diversas áreas junto a las acciones tendientes a revertir cesantías, racionalización y modificaciones en sus tareas. Paulatinamente también, es posible mencionar la creciente incorporación del sector bancario, acorde a las lógicas económicas del proceso vinculadas al mundo de las finanzas. En la esfera privada, fue notorio en el ámbito industrial, tanto en la actividad metalúrgica como la textil, una conflictividad defensiva que sirvió como respuesta a las políticas de racionalización y reducción del personal emprendida desde 1976.
Gráfico 4. Evolución de la conflictividad (marzo 1976–diciembre 1977)
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Fuente: elaboración propia
V. Las demandas de la conflictividad
Otro camino posible para abordar la conflictividad del período recae en la indagación alrededor de las demandas que motivaron dichas acciones y reclamos. A los efectos de comprender cuáles fueron las razones que dieron origen a las disímiles medidas, es factible agrupar el amplio abanico de reivindicaciones en seis grandes conjuntos: los reclamos salariales; las acciones generadas por cesantías o suspensiones; las demandas originadas en razón de la política represiva gubernamental (por ejemplo, ante la desaparición o detención de empleados en un sitio de trabajo); las acciones motivadas ante el malestar con el régimen de facto independientemente de la dinámica interna de una empresa en particular y, por último, un conjunto de conflictos divergentes por razones de variada índole. En ocasiones, las medidas de protesta no se produjeron por uno de estos tópicos en exclusividad por lo que es posible hallar conflictos que conjugaron reivindicaciones diversas como, así también, que en su transcurrir incorporaran un tipo de reclamo diferente a aquel que generó la medida.
Al analizar los 22 meses estudiados y la muestra de 345 conflictos, el reclamo salarial se identificó como el más frecuente. Ello respondió al acelerado descenso del salario real experimentado en la primera etapa de la dictadura como producto de una combinación del congelamiento del salario nominal, en complemento con la finalización de toda lógica de control de precios y una devaluación de la moneda (Rapoport 2000, 789). El salario real experimentó un descenso de prácticamente un 50% en 1976 y un 4% más al año siguiente (Pozzi 2008, 44). Más allá de los debates alrededor de su impacto, originalidad o momento de comienzo (Grigera 2012), se trató del puntal de un proceso de transformación del capital en el que la fracción manufacturera perdió un peso relativo en la economía ante un incremento de los sectores de servicios y financieros (Venero 2015, 144).
No obstante, los reclamos salariales no se produjeron como una respuesta inmediata a las pioneras medidas económicas, sino que comenzaron a vislumbrarse con sistematicidad hacia mediados de 1976 manteniéndose de un modo relativamente sostenido hasta diciembre. En ese segundo semestre se contabilizaron más de un centenar de acciones cuyo eje central fue el ingreso. En el primer trimestre de 1977, este tipo de demanda mermó notoriamente para recuperarse esporádicamente en abril y, con mayor claridad, durante el último trimestre del año cuando las consignas salariales alcanzaron los 65 casos.
Un segundo conjunto de pleitos fue sostenido como respuesta a despidos o suspensiones acaecidas tanto desde el ámbito privado como en el plano estatal. En cuanto a la primera de estas esferas, diversos trabajos dieron cuenta de la complicidad empresarial con la represión hacia la clase trabajadora (Basualdo 2017). Al margen de las delaciones o la colaboración con la militarización del espacio fabril, un modo de disciplinamiento fue también el de las cesantías (por ejemplo, como un modo de depuración del activismo preexistente al golpe, o bien, en el marco y como respuesta a los conflictos sucedidos en su transcurrir). Este tipo de reclamo se identificó también con fortaleza en el ámbito estatal, sobre todo a raíz de la aplicación de la Ley de prescindibilidad que redundó en masivos despidos sin causa en el sector público (Etchichury 2016).
En la muestra trabajada, este tipo de reclamos se identificó con mayor sistematicidad durante el primer año del proceso reduciéndose en 1977. Uno de los primeros conflictos de relevancia se produjo entre marzo y abril de 1976 en General Motors de Barracas ante el despido de quince operarios (medida que acabó retrotrayéndose). En dicha empresa, pero en su planta de San Martín, motivó también una medida de fuerza el despido de 300 trabajadores. Ese año, se sucedieron acciones como respuesta a hechos de similar índole, como el despido de cien trabajadores en Lanas San Andrés de San Martín; más de treinta cesantías en la metalúrgica La Cantábrica de Morón; el desplazamiento de 60 psicólogos concurrentes del Hospital Piñero de la ciudad de Buenos Aires; más de veinte cesanteados en Hierro Standard de La Matanza; cinco trabajadores expulsados del diario Crónica y tres operarios acusados de sabotaje en la editorial Abril de Vicente López, entre otros ejemplos en espacios como Siam de La Matanza, Chrysler de Monte Chingolo, Fiat de El Palomar, CEMA de San Martín, Perle de la Capital Federal y los empleados del Automóvil Club Argentino.
En el ámbito estatal, durante 1976, las acciones más notorias fueron motivadas como respuesta a las 700 cesantías en el rubro ferroviario; una veintena de trabajadores de Aerolíneas Argentinas expulsados bajo acusación de subversión; 70 despidos en Gas del Estado; 250 cesantías en YPF y 264 trabajadores (delegados y dirigentes en su mayoría) despedidos en SEGBA, convirtiéndose este en uno de los reclamos con mayor repercusión. Desde 1977, las medidas obreras ante las cesantías fueron más esporádicas.
Un tercer grupo de acciones se desenvolvió como respuesta a las modificaciones en los procesos de trabajo impulsadas desde el sector empresarial o estatal. En parte, ello obedeció a la aplicación de la Ley 21.297 que imposibilitó al trabajador a negarse a realizar una tarea, aunque ella fuera en detrimento de su salud o seguridad. Este tipo de conflictos se desató como consecuencia de exigencias de aumento en los ritmos de trabajo o de los resultados de la producción como, por ejemplo, durante 1976 en Yelmo, Peugeot, Fabril Financiera, en la plástica Carpentier, o bien, en 1977, en Siam Molinedo de Avellaneda, General Motors de San Martín y en la fábrica de vidrio Rigolleau.
También motivó la respuesta obrera la oposición a realizar tareas de riesgo (en la metalúrgica Santa Rosa se produjo un cese de actividades que derivó en la intervención militar de la planta ante la negativa al uso de un horno en particular) como, así también, la eliminación de determinados beneficios anteriores. Por ejemplo, en Ford se reclamó por el fin del derecho a un tiempo de higiene previo al horario de salida; en Alpargatas de Florencio Varela se rechazó el control de las idas diarias a los sanitarios; en la editorial Abril se impugnó la obligatoriedad de concurrir al trabajo durante el feriado del 9 de julio; en Codex se realizó un quite de colaboración ante la amenaza de supresión de los francos compensatorios; los canillitas de la Capital Federal se manifestaron en contra de la reducción de los días de descanso anuales; los trabajadores de Olivetti se negaron a la incorporación del cobro por visita médica a aquellos operarios que se ausentaran por enfermedad; y en el diario Crónica, se desató un pleito por el aumento de las ediciones del periódico sobre la base del cumplimiento de horas extras durante las madrugadas (lo que derivó en una represión de consideración con el despido de empleados y delegados).
Es posible mencionar en este conjunto de iniciativas el rechazo a la política de nuevas categorizaciones en las empresas como fue el caso de la General Motors en junio de 1977 y de los empleados municipales de la Capital Federal en abril de ese año ante la modificación de su escalafón. Otro de los conflictos más relevantes sucedió en el puerto de Buenos Aires, en noviembre de 1976, ante la modificación del régimen laboral que encontró como respuesta el trabajo a desgano durante prácticamente un mes.
En cuarto lugar, se identifican los conflictos originados como respuesta a la represión experimentada por los trabajadores como, por ejemplo, ante la desaparición o detención policial de un operario. En 1976, la metalúrgica Del Carlo, de Vicente López, paralizó la producción por tres días ante la desaparición de tres miembros de la Comisión Interna y la editorial Atlántida se movilizó por el secuestro de un representante de ese organismo de base. También se realizaron petitorios por la desaparición de un obrero de Peugeot; acciones por la detención de un operario dentro de la planta de Mercedes Benz; iniciativas disímiles por secuestros o desapariciones en las metalúrgicas Squibb, Tamet y Febo como, así también, en el Banco de Mendoza y en la textil Selsa.
Dentro del rubro automotriz fue destacado el accionar en la planta de Ford como respuesta a la detención de 90 operarios en julio de 1976 y, sobre todo, en Mercedes Benz tanto en agosto de 1977 (ante el secuestro de un trabajador) como en octubre de ese año con la desaparición de seis obreros. Existieron también iniciativas desarrolladas por diversas plantas metalúrgicas de la zona oeste en reclamo por la detención del interventor de la UOM, Fernández Vargas, al momento de producirse el golpe. Más difundido fue el accionar del gremio Luz y Fuerza ante el secuestro de su exsecretario, Oscar Smith, en el marco del conflicto de la empresa a inicios de 1977.
Es factible reconocer un quinto agrupamiento de acciones que, si bien se desarrollaron en los sitios de trabajo, no encontraban como motivación central una reivindicación laboral específica ni se explican como respuesta a medidas de las empresas. Muchas veces su materialización se vinculó con el sabotaje a la producción y una posibilidad recae en su identificación como un tipo de acción antidictatorial. Ello, en realidad, formó parte del repertorio sostenido por la clase obrera desde 1955 en procesos autoritarios previos. Existieron variados ejemplos de ello en Ford; en la textil porteña Sudamtex; en Terrabusi e, incluso, en el servicio de energía en el marco del reclamo de los empleados de SEGBA a finales de 1976.
Por último, es posible identificar a un conjunto de acciones que respondieron a dispares y variadas problemáticas específicas o eventuales. Motivaron medidas de lucha hechos como la muerte de trabajadores en funciones laborales (en plantas como Chrysler y Tamet); el costo del comedor en Ford; la exigencia de ropa de trabajo adecuada en la papelera Cartonex; la negativa patronal a otorgar asueto por el fallecimiento de un operario en EMA; el reclamo de un vale mensual para alimentos en Mercedes Benz; el rechazo a la acusación a distintos operarios de hurtar herramientas en Santa Rosa; el malestar por el adelanto de las vacaciones en la gráfica Scholnik; y el cese de actividades arguyendo el cumplimiento del “día del metalúrgico” en las plantas de Siam Molinedo, Tamet, Wobron e Intercalor.
En este último conjunto, se destacaron algunas experiencias en las que es posible identificar la articulación entre el espacio laboral y el área de reproducción social. Ello no incluyó exclusivamente a aquellos trabajadores que vendían su fuerza de trabajo directamente al mercado, sino a la clase obrera de conjunto incorporando a quienes no trabajaban (como es el caso de los hijos) y a sus espacios de reproducción biológica y social como, por ejemplo, el hogar (Vogel 2013; Arruzza y Bhattacharya 2020). En relación con ello, existieron reclamos que excedieron la conflictividad en los sitios de trabajo porque planteaban una problemática simultánea y preexistente como era la relación entre ese espacio y el ámbito doméstico del trabajador.
En la planta textil de Alpargatas de Florencio Varela, en el Automóvil Club Argentino de la Ciudad de Buenos Aires y en la cooperativa El Hogar Obrero se identificaron sendos reclamos que incluyeron entre sus consignas la problemática del cuidado de los hijos de las madres trabajadoras durante la jornada laboral. En Alpargatas se reclamó por la escasez de cupos para la guardería y el jardín de infantes de la planta en proporción a la cantidad de empleadas; en el Automóvil Club, cuarenta empleadas con sus hijos ocuparon la guardería infantil para evitar su eliminación; y las empleadas de El Hogar Obrero se movilizaron para revertir la medida que reducía el servicio de guardería hasta los dos años de edad de los menores en lugar de cuatro. Los tres casos daban cuenta de una confluencia entre el espacio productivo y el de reproducción social dada la imposibilidad de sostener la tarea laboral si no era también resuelta la problemática familiar de la trabajadora.
En un sentido similar, en el marco del conflicto de SEGBA a finales de 1976, una particularidad fue la conformación de una comisión de mujeres (esposas, hijas y madres de los trabajadores detenidos durante el pleito), que sostuvo una serie de reuniones en la búsqueda de la liberación de sus familiares. La incapacidad laboral de los varones a raíz del encarcelamiento, redundaba también en problemáticas familiares, mayoritariamente dependientes del ingreso salarial masculino. La intervención política de las mujeres anudó entonces el espacio de producción con el no asalariado de reproducción.
Gráfico 5. Motivos de la conflictividad
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Fuente: elaboración propia
VI. El repertorio de la conflictividad
El accionar represivo desplegado desde la esfera gubernamental, sumado a las flamantes medidas orientadas a revertir el clima de agitación obrera preexistente al golpe, habilita a preguntarse por los métodos mediante los cuales la clase trabajadora motorizó sus reclamos. La suspensión de toda medida de acción directa como el derecho a la huelga, la eliminación del fuero sindical y la amenaza de reclusión o pena de muerte para quien atentare contra medios de comunicación, transportes y otros servicios públicos, fueron parte de la normativa que la dictadura desplegó desde sus momentos tempranos. Como contraparte, los repertorios de acción colectiva que hicieron las veces de respuesta, carecieron de la posibilidad de reproducir mecánicamente aquellas iniciativas que se aplicaron en los años previos al golpe con sistematicidad.
Sobre la base de la muestra de 345 conflictos en la porción del AMBA relevada, fue posible identificar 407 acciones de protesta entre marzo de 1976 y diciembre de 1977. El total responde a dos elementos. Por un lado, se utilizó un criterio de contabilización amplio al momento de determinar que tipo de medidas son posibles de ser consideradas como acciones de protesta. Ello obedece a una consideración del contexto que habilita a identificar como parte de la conflictividad a aquellas iniciativas que no incluyeron la paralización de la producción como metodología central. Por otro lado, la más abultada cifra de iniciativas en proporción a los propios conflictos obedece a una dinámica en la que no fue extraño el desarrollo de medidas simultáneas durante un mismo reclamo, o bien, la mutación de los métodos de protesta en el transcurrir de un diferendo.
Es posible aglutinar a las acciones desarrolladas desde los sitios de trabajo en seis grandes conjuntos. Más allá de las normativas restrictivas y de los riesgos que ello conllevaba, uno de los tres métodos más utilizados para la obtención de determinadas demandas (o bien, como respuesta a ciertas medidas tomadas por las empresas) fue el cese de las tareas laborales. En los hechos relevados, se contabilizó un centenar de interrupciones en la producción (ello equivale al 24,57% del total de las acciones).
En la práctica, el análisis posee mayor complejidad dado que esta cifra engloba disímiles formas de poner en práctica un cese de labores. Por ejemplo, la interrupción de actividades de una planta en su totalidad o de algunas de sus secciones como, así también, medidas de fuerza que se extendieron durante más de un día, reclamos que implicaron la suspensión de actividades por algunas horas o solamente en uno de los turnos. Incluso, se produjeron ceses por un tiempo reducido y con un carácter más bien simbólico (como, por ejemplo, paros de quince minutos por turno). En ocasiones, la interrupción de tareas fue la consecuencia de una respuesta negativa a una medida anterior de menor impacto (como un petitorio o un quite de colaboración). En variados ejemplos, fue también el resultado de un proceso de deliberación (en el marco de asambleas de fábrica o de sección). En un porcentaje mayoritario, los paros se cumplimentaron con la permanencia de los operarios en los sitios de trabajo, pero en otros casos el cese de tareas se produjo ante la decisión de los trabajadores de no ingresar a la planta tras deliberar en el horario de inicio de la jornada.
Una de las primeras medidas de fuerza de importancia fue la paralización de la producción a lo largo de tres días en la metalúrgica Del Carlo a raíz de la desaparición de miembros de la Comisión Interna en mayo de 1976. Ese año se frenaron también las actividades a lo largo de dos días de septiembre en la planta de FIAT y, en el mes de octubre, la sección Montaje de Chrysler en San Justo interrumpió sus tareas por 48 horas. Por su parte, si bien en el ámbito estatal primó otro tipo de acciones, existieron medidas de fuerza de relieve en el gremio ferroviario, entre octubre y diciembre de 1977, cuando el reclamo salarial llevó a la paralización de tareas en los ramales del Roca, Mitre, San Martín y Belgrano. A su vez, el conflicto se extendió hacia los trabajadores del subterráneo quienes, incluso, ampliaron la duración del cese con relación a sus pares ferroviarios.
En segundo orden, el método de protesta más extendido fue el quite de colaboración (definido también con otras nomenclaturas como trabajo a reglamento, a desgano o a tristeza) con la contabilización de 101 acciones (lo que supone el 24,81% del total de iniciativas). Puede esgrimirse que la proliferación de este tipo de reclamos se adecuó a la necesidad de una metodología que confrontaba de un modo menos directo con las empresas y se hallaba relativamente más a resguardo de las respuestas represivas. Esta modalidad adquirió diversas aristas prácticas. Al igual que los ceses de tareas, en oportunidades fue sostenido por una planta en su totalidad y, en otras ocasiones, por algunas secciones particulares. Muchas veces, consistió en la negativa a realizar horas extras o en la no concurrencia al trabajo los días sábados. En otras circunstancias, se cumplimentó con los horarios habituales, pero sosteniendo un ritmo de productividad menor a los niveles regulares. También existieron combinaciones como medidas que congeniaron la realización de un paro de algunas horas con la retirada de los operarios sin cumplir con horas extras. Por último, se vislumbra que el quite de colaboración fue el tipo de acción más factible de sostener en el tiempo llegando, en algunos casos, a desarrollarse continuadamente durante semanas o, incluso, meses.
En un tercer conjunto de acciones es posible incluir aquellos métodos que optaron por una vía formal como la confección de petitorios con un pliego de pedidos, la solicitud de entrevistas a las direcciones empresariales, o bien, a entidades sindicales o gubernamentales (sobre todo a las sedes regionales del Ministerio de Trabajo). Se trató de un recurso que evitó la confrontación directa al no detener o disminuir la productividad (como en los casos anteriores) pero, a la vez, suponía una exposición al dejar sentada la identificación de aquellos operarios que participaban del reclamo. Por ejemplo, en el marco del conflicto salarial en Peugeot, entre octubre y noviembre de 1977, la documentación de la inteligencia policial de la Provincia de Buenos Aires da cuenta de la posesión de copias de estos reclamos haciéndose de la información de aquellos nombres firmantes en cada sección.
Bajo esta metodología se contabilizaron 99 reclamos, lo que implica un 24,32% del total de las acciones. De un modo mayoritario, el contenido de los petitorios obedeció a demandas salariales, pero también existieron iniciativas por la reincorporación de despedidos, para retrotraer suspensiones, para regularizar la jornada de trabajo (cuando existía una merma en la producción que llevaba a reducir el horario o la cantidad de personal), en reclamo de bonificaciones particulares o, incluso, por la aparición de un detenido o desaparecido de una planta.
Dentro de este tipo de acciones, se destaca también el envío de misivas por parte de los operarios, por ejemplo, a las conducciones de diversos sindicatos intervenidos. Este fue el caso de los ferroviarios a la cúpula de la Unión Ferroviaria ante las cesantías de mayo de 1976 o de los empleados de Peugeot y Chrysler, respectivamente, a la intervención de SMATA ese mismo año. Más allá de los más frecuentes envíos de petitorios al Ministerio de Trabajo (o a sus sedes regionales), existieron experiencias de solicitudes a la Iglesia católica, al Ministerio del Interior e, incluso, a la Presidencia de la Nación. Esto último ocurrió en el conflicto salarial ferroviario a finales de 1976 y ante el reclamo por los trabajadores desaparecidos de Mercedes Benz al año siguiente.
Un cuarto grupo de iniciativas posee como denominador común la utilización de la movilización de los trabajadores. Si bien esta herramienta fue esencial y sistemática antes del golpe de Estado, la profundización de una aguda represión y las prohibiciones implementadas, tornaron este método prácticamente inviable. No obstante, en el período analizado, se identificaron 49 movilizaciones de diverso tipo impulsadas por diversos núcleos del mundo del trabajo (lo que supone un 12,03% del total hallado).
Es posible distinguir dos variables en cuanto a las formas de viabilizar este método. Por un lado, los desplazamientos sostenidos dentro de los propios sitios de trabajo. La concurrencia a las oficinas de relaciones laborales y de recursos humanos, a la gerencia de la empresa o al despacho del jefe de personal, fueron algunos de los destinos en donde se canalizaron los reclamos. Ejemplos de ello son los casos de Ford, Squibb, Chrysler, Intercalor, Mercedes Benz, Siam y Porcelanas Atlántida. Dentro de esta variable, una alternativa fueron las movilizaciones desplegadas en las inmediaciones de las empresas, o bien, en sus patios internos. Esto sucedió, por ejemplo, en Peugeot en dos oportunidades en rechazo a la intervención militar de la empresa y en las puertas de entrada del Banco de Intercambio Regional en la ciudad de Buenos Aires.
Una segunda variante fueron aquellos desplazamientos desplegados en el espacio callejero con el fin de concurrir a un destino determinado al cual dirigir las problemáticas. En este caso, se identificaron tres posibilidades. Las más frecuente fueron aquellas desarrolladas desde los espacios de trabajo hacia las sedes de los sindicatos correspondientes al rubro en conflicto. Se identificaron reclamos de los trabajadores de la construcción de Quilmes a la UOCRA por retraso en el pago de haberes; de los empleados del Banco de Mendoza y del Banco Italiano a la Asociación Bancaria; de Chrysler Monte Chingolo y de Mercedes Benz a las sedes del SMATA; de los empleados de VASA al SOIVA; de la Clínica Modelo, el Hospital Francés y el Hospital Británico al sindicato de la Sanidad; y de los trabajadores de SEGBA a la sede de Luz y Fuerza, entre otros ejemplos.
Otra posibilidad fueron las movilizaciones hacia seccionales del Ministerio de Trabajo correspondientes a los diversos partidos o municipios. Este fue el caso de los trabajadores de la Clínica Modelo de Morón, de las obreras de Alpargatas de Florencio Varela y de los operarios de Lana San Andrés. Por último, existieron algunos desplazamientos hacia organismos policiales y militares. Por ejemplo, de los trabajadores de la empresa de fibrocemento Monofort para denunciar la desaparición del tesorero del sindicato; de los choferes y trabajadores de la línea de colectivo 85 al Regimiento de la Tablada por un retraso en los pagos y de los obreros de Mercedes Benz a la delegación militar zonal por la desaparición de un operario.
El quinto conjunto de acciones se inserta en la categoría de sabotajes o atentados. Se contabilizaron 26 hechos de esta índole (lo que implica un 6,38% de la conflictividad). En algunos casos se trató de una paralización u obstaculización de la producción por la vía del daño a los instrumentos de trabajo. Ejemplo de ello fueron las fallas en el armado y soldadura de piezas en la línea de montaje de Ford lo que derivó en la elaboración de vehículos con fallas; el sabotaje en el armado de motores en Peugeot; acciones para trabar las bocinas de los automóviles en Mercedes Benz; rayaduras en autos terminados en la planta de Barracas de General Motors; los cortes de bobinas y hebras de hilo en la textil Sudamtex; y el daño al servicio de luz y a la producción en la alimenticia Terrabusi.
En este tipo de accionar, también existieron atentados contra personas vinculadas a las empresas o determinados bienes. Esta variante conlleva su polémica dada la imposibilidad de cotejar plenamente si estos hechos se vincularon realmente con el personal de la planta. No obstante, se optó por su inclusión como parte del repertorio de la clase obrera en razón del nexo entre dichos sucesos y los espacios laborales que motivaron las mismas. Por ejemplo, se encontraron daños en automóviles de la Policía Federal en las inmediaciones de la planta de Ford; un ataque con pastillas insecticidas encendidas en el Banco Nación lo que obligó a su evacuación; atentados que perjudicaron el suministro de luz en el marco del conflicto de SEGBA; daños que interrumpieron el servicio telefónico durante el pleito de la empresa ENTEL; y sabotajes a las cargas y descargas en el marco de la contienda portuaria. En simultáneo, se contabilizaron cuatro asesinatos vinculados al espacio fabril en el contexto de diversos reclamos: a un supervisor de la planta de Chrysler en San Justo en las afueras de la empresa; a un jefe de control de calidad de la ceramista Lozadur; a un supervisor de Ford (hecho indilgado a la organización Montoneros) y a un director de la planta de Fiat (atribuido al PRT-ERP).
Por último, es posible identificar 32 acciones más de diversa índole que no cuajan en las variantes anteriores (representando un 7,86% del total) pero son factibles de ser comprendidas como parte del repertorio de protesta que los trabajadores desarrollaron en el marco de la clandestinidad y el activismo fabril. Por ejemplo, la realización de pintadas o pegatinas de carteles en las paredes de las empresas (en Ford, Deutz, Santa Rosa, Siam, Scholnik) o la colocación de pancartas en las vías del ferrocarril (realizada por los trabajadores de Good Year en la zona oeste); la distribución de volantes en los sitios de trabajo (en General Motors de San Martín, Hilandería Devoto, ENTEL y el Banco Nación); la publicación de cartas abiertas dirigidas al personal en las plantas (en Siam y Siam Molinedo); y la realización de “ruidazos” en determinados momentos de la jornada laboral (en Mercedes Benz; Fiat; Peugeot; Deutz, Banco Francés; Banco Italiano; Standard Electric).
También existieron acciones de boicot al comedor de las empresas ante los precios exigidos (en Citroën y en Ford). Este espacio también fue utilizado para realizar un ataque con comida a un jefe de personal en Peugeot. En simultáneo, fueron prácticas frecuentes las colectas realizadas en los sitios de trabajo, tanto para la ayuda a despedidos (en Gas del Estado; ferroviarios; YPF; estatales y el diario Crónica) como para los familiares de presos de esa planta (como fue el caso de Ford). Se utilizó también la práctica de la olla popular en el conflicto portuario y la realización de festivales de solidaridad con los despedidos (en el caso de los ferroviarios y los trabajadores de YPF). En estos casos, es posible vislumbrar una embrionaria vinculación entre la esfera productiva y el espacio barrial en donde las acciones se desarrollaron. Por último, una acción excepcional fue llevada a cabo por 346 pilotos de Aerolíneas Argentinas ante un reclamo salarial en octubre de 1977 cuando presentaron colectivamente sus renuncias como un mecanismo de presión para torcer la resolución del reclamo.
Gráfico 6. Los repertorios de la protesta
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Fuente: elaboración propia
VII. Viejos y nuevos modos de organización
Una de las líneas de indagación pionera en los estudios historiográficos sobre el devenir de la clase obrera durante la dictadura optó por un abordaje que escindió la actitud de las dirigencias sindicales de aquellas desarrolladas por los trabajadores de base desde los sitios de trabajo arguyendo que la desmovilización fue el rasgo de los primeros mientras que, en las bases, recayó el papel de resistencia (Pozzi, 2008). Esta mirada encontró contrapuntos a través de estudios que abordaron la dinámica del movimiento obrero desde una perspectiva no impugnatoria del accionar de sus conducciones (Abós 1984; Fernández 1985; Sangrilli 2023).
La producción historiográfica más reciente versó sobre una polémica subsidiaria a la dicotomía inmovilismo – oposicionismo preguntándose, en realidad, qué sectores del mundo del trabajo se movilizaron contra la dictadura y cuáles se mantuvieron inertes. En estos avances, primó el recurso del estudio de caso alrededor del papel de determinadas conducciones de rubros o sectores específicos. Así, fue factible hallar dirigencias desplazadas por el golpe que sufrieron los embates de la represión y la desaparición de personas (Ghigliani 2012), o bien, dar cuenta de determinados conflictos iniciados por trabajadores de base, luego retomados y sostenidos por dirigencias sindicales de la que ellos eran subsidiarios (Dicósimo 2021). Otros trabajos, escindieron a las estructuras sindicales de acuerdo a sus concepciones y actitudes previas al golpe y, una vez iniciado este, a los matices en cuanto a la política de intervención de los sindicatos por parte del Estado (Zorzoli 2018).
Sin recaer en una mirada monolítica de la conflictividad que obture todo tipo de oposicionismo por parte de las direcciones sindicales, sobre la base de la multiplicidad de hechos en el período y espacio relevado, es posible aseverar que, abrumadoramente, el accionar fue iniciado y sostenido desde el personal de base de las disímiles plantas. Mayoritariamente, las dirigencias carecieron de una intervención directa inicial y, en determinados hechos puntuales, se incorporaron a las demandas una vez desenvueltas.
Resultan escasos los ejemplos en los que se explicita un claro apoyo dirigencial a un conflicto iniciado desde un ámbito de trabajo siendo posible mencionar como excepciones el papel del sindicato FOETRA que emitió un comunicado exigiendo aumento para los trabajadores de Standard Electric; el pedido de entrevista con oficiales del ejército del sindicato de papeleros de Wilde ante el clima de agitación por despidos; la presencia en la empresa Vainer de San Martín de la conducción regional de la UOM ante un reclamo salarial o el apoyo de SMATA Morón a una protesta en Deutz. Más conocidos son los casos de la desplazada conducción de Luz y Fuerza en el marco de los sendos pleitos de este bienio, las solicitadas de la Unión Ferroviaria en 1977 y las acciones de la conducción de APTA, gremio de los técnicos aeronáuticos ante el conflicto de Aerolíneas Argentinas.
En contraparte, son claramente identificables un conjunto de casos en los que los conflictos de base conllevaron un público rechazo por parte de las conducciones sindicales. A modo de ejemplo, a mediados de 1976 y ante las acciones iniciadas por el despido de dos operarios en Fiat, el secretario de la UOM Caseros, Hugo Curto, se presentó en la gerencia de la empresa poniéndose a disposición de los representantes del ejército en la planta. También la UOM Vicente López manifestó públicamente el rechazo a las acciones tomadas a finales de 1977 por los operarios de Cornasa. Por su parte, la regional Capital de la Asociación Obrera Textil dictaminó unilateralmente la suspensión de medidas de fuerza en plantas como Alpargatas, o en Grafa, conformando una Comisión de representantes de forma inconsulta con sus trabajadores y omitiendo las medidas antes impulsadas.
El relevo de los conflictos permitió vislumbrar también otro elemento. No solo un numeroso conjunto de acciones se produjo al margen de las conducciones sindicales sino también, en ocasiones, ante la oposición, indiferencia o pasividad de los propios organismos de base de ese espacio tales como las comisiones internas o los cuerpos de delegados. De los conflictos relevados, son proporcionalmente escasos aquellos que gozaron del apoyo de los organismos de base de las plantas. Sin embargo, valen dos observaciones. Por un lado, el golpe implicó, en muchos casos y por diversos motivos, la desarticulación de las entidades gremiales antes existentes (entre ellos, el temor, los despidos, los cambios de actividad laboral para evitar la exposición, etc.). Por otro lado, dada la ausencia de una documentación acabada y sistemática de cada uno de los hechos encontrados, resulta necesario aclarar que la escasez de fuentes no habilita a dilucidar una siempre oposición mecánica de estas entidades en los casos en los que la documentación no brinda una información pormenorizada sobre su rol.
Con esta advertencia, es factible aseverar que existieron medidas en las que se detectó un papel objetivamente obstaculizador para su desarrollo por parte de estos organismos. Entre 1976 y 1977, se identifican acciones motorizadas por personal fabril por reclamo salarial (en Scholnik, Siam Molinedo, Chrysler de San Justo o Noel) o como respuesta a una desaparición o detención de un operario (en Monofort, Peugeot y Mercedes Benz) que, no solo carecieron de la respectiva adhesión de sus comisiones internas sino, incluso, conllevaron con una abierta obstaculización de ellas (por ejemplo, recorriendo las plantas o las secciones con el fin de dar por finalizados los conflictos).
Este tópico posibilita identificar otro fenómeno de mayor interés. La ausencia de un compromiso por parte de determinados organismos de base ante las demandas de los trabajadores dio lugar, en ocasiones, a la emergencia de nuevas lógicas de organización y entidades de base de nuevo tipo que permitieron (con mayores o menores fortalezas) sostener las acciones iniciadas, aunque sea de un modo esporádico. Sin profundizarlo, Falcón identificó en este fenómeno la emergencia de “delegados provisorios” (Falcón 1996, 130).
Un fenómeno a incorporar es la emergencia de, prácticamente, una treintena de organismos surgidos desde el propio personal en el transcurrir de la conflictividad lo que explica, en parte, el sostenimiento de las medidas más allá del adverso contexto. Una práctica frecuente fue la formación de comisiones o cuerpos de representantes formados al calor de una demanda por recomposición salarial con el fin de organizar el reclamo. Por ejemplo, en Mercedes Benz, Editorial Abril, Peugeot, La Cantábrica, el diario Crónica, Miluz, Squibb, Alpargatas de Capital Federal, Osvegui Kiss, IVA, el Hospital Francés, La Franco Seguros y el Banco Nación, se organizaron nuevas entidades, muchas veces elegidas entre pares a través de la designación de representantes de cada sección y, en algunos casos específicos, por sorteo o por votación asamblearia. Estos organismos se designaron para entrevistarse con las autoridades de los respectivos ámbitos de trabajo, entregar petitorios o informar lo sucedido en las instancias asamblearias.
Existieron también experiencias de nuevos organismos surgidos ante la desaparición o detención de un operario. Por ejemplo, en Del Carlo, una comisión de representantes impulsó reuniones con el fin de hallar el paradero de tres de sus pares desaparecidos; en Selsa se conformó una comisión que organizó acciones ante la desaparición de un trabajador; y en Peugeot se dio forma a una comisión de operarios junto a familiares de un trabajador desaparecido de la sección Tapicería.
Fue frecuente también la conformación de organismos que articularon a los trabajadores que padecieron políticas de despido. Por ejemplo, en General Motors (San Martín), Lanas San Andrés y Siam se formaron sendas comisiones de despedidos que acudieron a las sedes del Ministerio de Trabajo. Los trabajadores ferroviarios, por su parte, dieron forma a una “comisión de trabajadores activos” para entrevistarse con la intervención sindical en el marco de las cesantías de principios de 1976. En YPF se conformó un Comité de lucha de trabajadores cesanteados que emitió declaraciones en defensa de las fuentes de trabajo y, por su parte, despedidos y suspendidos telefónicos de ENTEL no solo se nuclearon entre sí en 1977 sino que también dieron forma a embrionarias coordinadoras zonales con la pretensión de articular acciones.
Otro fenómeno destacable fue que, en algunos casos, la emergencia de nuevas entidades de base dio lugar a una reconfiguración de los anteriores organismos de representación. Así, por ejemplo, a finales de 1976 se conformó en FIAT un “Comité de resistencia” que, luego, impulsó la elección de un nuevo cuerpo de delegados[7] y en Eximia Clark una comisión de representantes reemplazo a los delegados ausentes. En otras circunstancias, los inicios de un reclamo conllevaron el reemplazo de las representaciones en ese momento vigentes. Por ejemplo, existieron elecciones de nuevos miembros del cuerpo de delegados en el transcurso de los conflictos de Chrysler, Siam Electromecánica y del puerto de Buenos Aires. La selección de flamantes representantes conllevó, en oportunidades, la expulsión total o parcial de los anteriores ocupantes de ese espacio. Por ejemplo, en Lozadur, los operarios exigieron la renuncia de la Comisión Interna al igual que ocurrió en Rigolleau con una violenta destitución de la Comisión Ejecutiva.
VIII. Reflexiones finales
Un frecuente tópico historiográfico sobre el período recayó en preguntarse si el proceso dictatorial implicó para la clase obrera una situación de derrota, categoría también referida en otras oportunidades bajo nomenclaturas homólogas tales como “retroceso”, “desmovilización” o “indefensión”. Los resultados de la multiplicación de estudios recientes (Crezel y Robertini 2022; Zorzoli y Massano 2021) evidencia un paulatino cambio de paradigma que, en apariencia, revirtió determinadas concepciones pioneras. Al difundirse el señero trabajo de Delich (1982), se instaló la noción de una clase obrera que experimentó un proceso de quietud, inmovilismo, debilitamiento y parálisis. Si bien el objetivo central del autor recaía en dar cuenta de la desarticulación del tipo de estructura sindical iniciada en los años cuarenta como producto de la represión, también instaló un imaginario que no distinguió con contundencia entre esta premisa y la posibilidad de persistencia de una cierta conflictividad en los sitios de trabajo, secciones o empresas particulares. De allí, la idea de un retroceso general que engloba las referencias a su obra. Entre aquellos estudios cercanos en el tiempo que debatieron dicha concepción, se destacó el aporte de Pozzi, Oposición obrera a la dictadura, cuya primera edición dio luz en 1988 (2008). Lejos de la mirada del inmovilismo, el autor identificó en la clase obrera uno de los principales actores opositores al devenir dictatorial visualizando además en ello el principal obstáculo para la consolidación del proyecto económico castrense.
Sobre la base de la muestra de pleitos analizada en el presente trabajo se sostiene como hipótesis que, aún en un contexto de extrema represión, desorganización de los organismos de representación gremial, políticas de racionalización e incremento de una legislación inhibitoria para la organización de los trabajadores, existió una continuidad de la conflictividad sostenida en y desde los sitios de trabajo en los primeros dos años del proceso dictatorial. Como afirmación subsidiaria, se comprende que este cúmulo de medidas obedecen no solo a las continuidades persistentes del contexto anterior (como fue el caso de las numerosas acciones encabezadas por los operarios de las plantas automotrices) sino también como respuesta a las reorientaciones económicas y legislativas en materia laboral que el gobierno puso en práctica, lo cual se vislumbra, por ejemplo, con la emergencia de una férrea conflictividad estatal.
En otro orden, se pretendió dar cuenta de un tipo de análisis que, atendiendo a las limitaciones existentes, permita reflexionar sobre la conflictividad en términos cuantitativos. En ese sentido, se tomó una muestra temporal (circunscripta al período que data desde marzo de 1976 hasta diciembre de 1977) en un área amplia pero acotada (la actual Ciudad de Buenos Aires y el primer y segundo cordón del conurbano bonaerense) para iluminar en torno a una multiplicidad de pleitos y acciones de diverso tipo que no habían sido tomadas en su totalidad como insumos empíricos en trabajos preexistentes.
Este relevo permitió, a su vez, reflexionar sobre la presencia de un cúmulo de conflictos mayoritariamente defensivos (con una primacía de acciones que aspiraban a revertir las nocivas condiciones salariales), atomizados (dada la carencia prácticamente total de instancias de coordinación entre empresas o rubros diversos) y relativamente espontáneos (en razón de tratarse, en oportunidades, de explosiones que no fueron consecuencia de profundos procesos de deliberación y preparación previos). A su vez, se trató de un accionar que escasamente contó con el acompañamiento de las conducciones sindicales e, incluso, que careció de la posibilidad de canalizar sus demandas a través de organismos gremiales fabriles tales como las comisiones internas y cuerpos de delegados. Por ello, uno de los resultados presentados consistió en identificar el modo en el que esta conflictividad permitió la emergencia de nuevas representaciones en los organismos existentes, o bien, el surgimiento de nuevas entidades forjadas al compás de los conflictos lo que sirvió tanto para su sostenimiento como para el desarrollo de un activismo de nuevo cuño.
En otro orden, la pesquisa intentó reflexionar alrededor de las periodizaciones sobre la conflictividad del período. Recuperando los debates en torno al momento posible de identificar el comienzo de una resistencia fabril al régimen de facto, se intentó dar cuenta que, con matices y limitaciones evidentes, existió un accionar molecular pero ininterrumpido desde los espacios de trabajo desde los meses iniciales del gobierno castrense, más allá del escenario represivo que obstaculizaba sus posibilidades. Esta misma afirmación permite, finalmente, colocar nuevamente de manifiesto la noción de “derrota”. Es factible vislumbrar en las cesantías, descabezamiento de dirigentes fabriles, intervenciones militares a las plantas y otros sucesos, características posibles de ser asimiladas a este imaginario. Sin embargo, también es factible matizar esta expresión desde una doble perspectiva. Por un lado, los resultados de una trascendental cantidad de conflictos presentados fueron, en la práctica, ambiguos. Por ejemplo, se contabiliza un porcentaje relevante de acciones que desembocaron en el otorgamiento de un beneficio salarial, aunque a la vez, con el costo del despido de algunos de los activistas involucrados en el hecho lo que habilitaría a preguntarse acerca de cómo evaluar el resultado de dichas medidas. Por otro lado, y en proyección hacia los años venideros, resulta factible identificar en esta fragmentaria y molecular resistencia de los primeros meses de la dictadura un eslabón necesario para un proceso de reordenamiento y recomposición de la fuerza de trabajo que encontraría, en los momentos posteriores, mayores canales de intervención en la medida en que el proyecto castrense comience a toparse con limitaciones políticas, económicas y sociales de mayor tenor.
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