Resumen: El presente artículo estudia en la escala regional del Cono Sur el vínculo entre represión y “guerra” a partir de la forma en que se planificó y ejecutó el terrorismo de Estado en la Argentina. Las numerosas investigaciones que serán nuestro insumo principal muestran que los gobiernos militares y/o constitucionales de Argentina, pero también de Chile, Brasil y Uruguay, llevaron adelante sus acciones represivas bajo un paradigma bélico. El texto se divide en dos secciones: en la primera parte, se presentan los elementos centrales del ciclo histórico de represión y violencia política en el que se inserta el caso argentino, a la luz de las otras experiencias locales. En la segunda parte, se explora la forma en que la “guerra” se constituyó en el marco conceptual a partir del cual en la Argentina, y en los otros países estudiados, se implementó el terrorismo de Estado.

Palabras claves: Argentina, Cono Sur, Represión, “Guerra”.

REPRESSION AND “WARFARE”: ARGENTINE STATE TERRORISM ON A COMPARATIVE SCALE IN THE SOUTHERN CONE

Abstract: This article studies on the regional scale of the Southern Cone the link between repression and “war” based on the way in which State terrorism was planned and executed in Argentina. The numerous studies that will be our main input show that the military and/or constitutional governments of Argentina, but also of Chile, Brazil and Uruguay, carried out their repressive actions under a warlike paradigm. The text is divided into two sections: in the first part, the central elements of the historical cycle of repression and political violence in which the Argentine case is inserted are presented, in light of other local experiences. In the second part, the way in which the “war” became the conceptual framework from which in Argentina, and in the other countries studied, state terrorism was implemented is explored.

Keywords: Argentina, Southern Cone, Repression, “Warfare”.

I. Introducción

La historia de los países del Cono Sur americano en el siglo XX estuvo atravesada por altos niveles de movilización colectiva, protestas sociales, radicalización política y diversos ciclos de violencia y represión, con algunos períodos de violencia estatal masiva y sistemática. En diversos momentos, las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y las Fuerzas de Seguridad (FF. SS.), esto es policías y otros cuerpos destinados a mantener el orden interno, tomaron a cargo la responsabilidad de ejecutar acciones represivas sobre diversas expresiones del conflicto social o político. Para ello, fueron convocadas por gobiernos constitucionales o regímenes de facto, y tanto por actores civiles como militares a cargo del poder.

En particular, durante las décadas del sesenta y setenta, bajo las llamadas “dictaduras de seguridad nacional”, este proceso alcanzó su momento más brutal, en el marco ideológico y geopolítico de la Guerra Fría. Los casos más importantes de ese tipo de regímenes fueron Brasil (1964-1985), Chile (1973-1990), Uruguay (1973-1985) y Argentina (1966-1973 y 1976-1983).[1] El accionar de estos gobiernos de facto se desplegó centralmente a través de un conjunto de prácticas de violencia estatal legal e ilegal masivas que suelen ser englobadas en el concepto de terrorismo de Estado, denominación aplicada a la última dictadura argentina y luego extendida a los otros casos regionales. En los diferentes países mencionados, las actividades criminales de los uniformados dejaron como saldo miles de víctimas entre detenidos y presos políticos, torturados, muertos, desaparecidos, exiliados y, en algunos casos, menores apropiados, junto a otras violaciones sistemáticas a los derechos humanos.[2]

Dentro de este panorama, el caso argentino ha sido uno de los más estudiados como consecuencia de una expansión historiográfica que tuvo un fuerte impulso en las últimas dos décadas. La historia reciente –o la historia del tiempo presente como se la denomina en otros países del Cono Sur–, y dentro de ella los estudios sobre la represión, han sido los campos más desarrollados (Franco y Levín 2007; Águila, Garaño y Scatizza 2016; Franco y Lvovich 2017; D’Antonio 2018; Águila, Garaño y Scatizza 2018 y 2020). Respecto de estos últimos, los tópicos investigados a través de libros, tesis de grado y posgrado, y artículos, discutidos por una creciente comunidad de colegas son muy amplios. Podemos mencionar, sólo a modo de ejemplo, y sin ánimo de exhaustividad algunos de ellos: las dinámicas, ciclos y características de la violencia de Estado (incluyendo la dimensión paraestatal); las agencias, instituciones y actores que la protagonizaron; las normativas, órdenes, leyes, prácticas y experiencias que se entretejieron para hacerla posible y todo ello a través de diferentes casos locales en diversas regiones del país (Águila 2018).

En este trabajo nos interesa profundizar, en particular en la relación entre violencia represiva y “guerra”, que ya ha sido objeto de señalamientos para el caso argentino y por parte de varios colegas (Lorenz 2015; Soprano 2019). En efecto, los procesos represivos de la región fueron planteados como acciones bélicas por parte de las fuerzas militares de los distintos países. En el marco de la Guerra Fría, se sostuvo la tesis del “enfrentamiento armado no convencional”, “guerra interna” y “guerra no convencional” de características novedosas contra un enemigo “marxista y subversivo” que había penetrado el territorio. Sobre esa premisa, las FF. AA. estructuraron su doctrina, diagramaron su estrategia y sus hipótesis de conflicto, así como sus tácticas y sus políticas represivas durante varias décadas. Así, la brutal represión–que hoy conocemos como terrorismo de Estado– fue vivida y concebida como una guerra.

El presente artículo se propone analizar la relación entre esa represión y la noción de “guerra” en el caso específico de la última dictadura argentina, abordándola como parte de un proceso conosureño de otros países de la región en las mismas décadas. Aunque la represión militar y clandestina argentina parezca un tema ya muy transitado, la exploración articulada con los otros casos mencionados aún es una deuda pendiente.[3] A su vez, la indagación sobre la noción de guerra sigue siendo necesaria de profundizar para comprender la racionalidad del actor militar. Este texto no pretende ser una investigación empírica original, sino una propuesta analítica a partir de la importante acumulación de pesquisas ya existentes. Por esta razón, nuestro insumo principal está formado por una selección de la bibliografía más significativa producida en los últimos años sobre el tema. Se trata de un esfuerzo orientado a la síntesis y reflexión histórica a partir de los resultados de diversas investigaciones de otras y otros colegas, además de nuestros propios aportes al campo. El texto que sigue se compone de dos secciones: en la primera se presenta el ciclo histórico de la violencia política y represión que confluyó en estas dictaduras y algunas de las características generales y específicas de esos regímenes; en la segunda, se discute la idea de la guerra como justificación de los perpetradores para explicar la violencia aplicada.

II. Argentina en el contexto regional

Resulta difícil construir un marco histórico unificado para toda la región, dado que en cada caso las dictaduras fueron procesos políticos y sociales signados por dinámicas nacionales específicas y con procesos previos de corto, mediano y largo plazo también muy particulares.[4] Sin embargo, es evidente que en esa diversidad, las dictaduras fueron fenómenos coincidentes, similares en sus diferencias, y con alto nivel de concierto regional. Por ello, el caso argentino y los procesos represivos que aquí nos ocupan, no pueden ser pensados sin sus especificidades nacionales y los rasgos epocales que los acercan al resto de las historias nacionales de la región.

Como dimensión fundamental compartida, el contexto en el que se fueron gestando y desarrollando las intervenciones represivas del Estado coincidieron con el pleno impacto de la Guerra Fría en la región, desde mediados de los años cincuenta hasta la década del ochenta. Esas décadas tuvieron como rasgo principal una notoria y persistente inestabilidad política, económica y social, y crecientes formas de violencia política. Esto se vinculó, en diferentes proporciones en cada caso, con el agotamiento de los modelos de desarrollo económico previos y la imposibilidad de los diferentes sistemas políticos y sus actores de procesar conflictos cada vez más agudos, en general plasmados en procesos de acelerada radicalización de grupos a derecha e izquierda. En ese contexto, las experiencias de impugnación y desafío al orden capitalista de sectores populares y medios, obreros, estudiantiles, religiosos, culturales o profesionales fueron leídos desde los grupos de poder y conservadores como amenazas de extrema gravedad que requerían intervenciones disciplinadoras. La manifestación más visible fue la aparición, en cada país y como proceso regional, de fenómenos contestatarios con un claro deslizamiento hacia posturas revolucionarias y radicalizadas, especialmente en sectores políticos juveniles, que fue respondida con la más extrema violencia, en lo que muchos autores denominan una acción “contrarrevolucionaria” (Corradi, Weiss, Fagen y Garretón 1992; Bethell 1997; Brands 2010; Grandin y Joseph 2010; Ansaldi y Giordano 2012; Zanatta 2012; Field, Krepp y Pettiná 2020).

Así, entre fines de los años sesenta y principios de los setenta, según la cronología de cada país, irrumpieron en la escena organizaciones guerrilleras de orientación marxista o afines a algún movimiento o partido político local, que en muchos casos recurrieron a la lucha armada como parte de su proyecto político. En algunos casos, como Brasil, la aparición de esas organizaciones fue posterior a la llegada al poder de la dictadura militar en 1964, motorizando una estrategia de lucha antidictatorial, además de revolucionaria, desde 1968. En otros casos, como Chile, Uruguay y Argentina, las organizaciones armadas surgieron varios años antes del golpe de Estado, y en los últimos dos países fueron parte de la justificación de las FF. AA. para la irrupción represiva y la toma del poder (Ridenti 2007; Marchesi 2019; Águila 2023).

Los años inmediatamente previos a los respectivos quiebres del orden constitucional en los cuatro países aquí estudiados se caracterizaron por procesos de movilización colectiva, protestas e incremento de la radicalización política, a izquierda y derecha, y de la violencia política en general. En Argentina, al igual que en Uruguay, esto se materializó en la acción de las organizaciones armadas revolucionarias y también de grupos paraestatales contrarrevolucionarios, junto con una escalada autoritaria y represiva por parte del Estado cuando aún estaban en manos de gobiernos constitucionales, bajo la presidencia de Jorge Pachaco Areco (1967-1972) y Juan María Bordaberry (1973-1976) para Uruguay y de Juan D. Perón (1973-1974) e Isabel Martínez de Perón (1974-1976) en Argentina. En Chile y Brasil, el escenario de alta conflictividad previa tomó forma alrededor de una gran polarización político-social entre los sectores que apoyaban a los gobiernos reformistas de Salvador Allende (1970-1973) y João Goulart (1961-1964) y los grupos opositores, imbuidos de un gran anticomunismo como clave de lectura del peligro en ciernes –y desde luego apoyados por los intereses estadounidenses en la región que fueron particularmente significativos en Chile y menor medida pero reales en Brasil.

A su vez, desde comienzos de los años setenta el caso de Argentina siguió una dinámica análoga a la de Chile y Uruguay en cuanto al uso del Ejército para la ejecución de labores represivas en sentido contrainsurgente, es decir, para la “guerra interna”. En el caso de Brasil, antes del golpe de Estado de 1964 fueron las fuerzas policiales y los llamados “escuadrones de la muerte” quienes tuvieron un rol primordial en la represión interna. En cambio, el predominio militar llegó de la mano del golpe de Estado y la construcción de una arquitectura institucional y territorial, legal e ilegal.[5]

Según las distintas cronologías ya mencionadas, los militares –en alianza con distinto tipo de sectores civiles de derecha– terminaron asumiendo el poder en los diferentes países, instaurando gobiernos de facto. Tanto en Argentina, como en Uruguay, dado que la represión militar había empezado antes, autorizada y alentada por gobiernos constitucionales civiles, los grupos revolucionarios “subversivos” –que sirvieron de argumento justificatorio del golpe– estaban prácticamente eliminados cuando se produjeron los golpes de Estado de 1973 y 1976, respectivamente (Franco 2012; AA. VV. 2004). Luego, la represión iniciada a partir de esos golpes y de manera más abierta por las FF. AA. implicó objetivos más amplios y otra sistematicidad y masividad en la violación de los derechos humanos.

En Chile, la situación fue muy diferente porque la dictadura estuvo precedida por la llegada de la izquierda socialista al poder por la vía democrática. La “vía pacífica al socialismo”, como se la llamó, fue un largo proceso que se concretó en 1970 con el triunfo electoral de Salvador Allende como representante de la Unidad Popular, una coalición del Partido Socialista, Comunista y otras fuerzas de izquierda. La reacción brutal y violenta de las derechas civiles y militares –ya en ascenso desde los años sesenta– derrocó a Allende en 1973 bajo el signo de la lucha contra el marxismo y tras varios años de una intensa y violenta ofensiva política (Valdivia Ortiz de Zárate 2020). En cambio, en Brasil, el presidente constitucional João Goulart fue derrocado antes, en 1964, también por una alianza de intereses militares, empresariales y grupos de derecha diversos, que veían en él la llegada del “comunismo” al poder debido a sus propuestas de reformas sociales, políticas y económicas, entre las cuales la reforma agraria generaba particular tensión (Reis, Ridenti y Patto Sá Motta 2004).

Más allá de las diferencias locales y los procesos previos, inmediatamente después de los golpes de Estado, en Argentina, Uruguay y Chile, y un poco más tardíamente en Brasil, se puso en marcha un sistema de represión planificado, coordinado y ejecutado por las FF. AA., y con amplio aval de diversos sectores civiles según los casos. Esa represión se basó en un entramado de prácticas legales e ilegales, públicas y clandestinas, articuladas en distintas formas y proporciones. La violencia se dirigió contra los sectores sociales que expresaban diversas formas de oposición y activismo político catalogado como “subversivo”, “marxista” o “amenazante para la supervivencia de la nación” o “el orden social”. Fueron víctimas de la represión sectores obreros urbanos y rurales, campesinos, indígenas, estudiantes, clases medias profesionales, militantes de organizaciones guerrilleras, sindicalistas, religiosos, artistas e intelectuales, por nombrar sólo algunos de los grupos afectados.[6]

El despliegue de la violencia estatal tuvo un sentido más vasto de disciplinamiento político y social sobre toda la población. El objetivo era el reordenamiento societal para sentar nuevas bases de funcionamiento político, social y económico, a partir de una sociedad atomizada, dividida y ordenada, sin rastros de grupos contestatarios, proyectos transformadores, ni capacidad de movilización u oposición por fuera de los espacios, instituciones y partidos tolerados.

Aunque no sea el objeto de este texto, es fundamental señalar que todos los procesos represivos estuvieron acompañados, con distinta temporalidad e intensidad en cada caso, de dispositivos y operaciones de construcción de apoyos sociales y movilizaciones en favor del nuevo régimen. En muchos casos, esos apoyos provenían de los procesos previos de legitimación del orden autoritario y los golpes, pero fueron resignificados y actualizados con objetivos y mecanismos de propaganda novedosos (por ejemplo, véase Aguila 2023; Casals 2023; Cosse y Markarian 1996; Fico 1997; Rollemberg y Viz Quadrat 2010; Schenquer 2022; Valdivia et al. 2012).

Con estos objetivos comunes, la represión adquirió formas diferentes en cada país, con distintas características y temporalidades. En Argentina, al igual que en Chile y Uruguay, tuvo una primera fase más brutal de “limpieza” en los primeros años después del golpe de Estado. A ello le siguieron luego diversos intentos de refundación del sistema político y constitucional, siendo Chile el único caso realmente “exitoso” en que el dictador Augusto Pinochet logró implantar una nueva Constitución y un orden autoritario duradero y con importantes apoyos sociales. En Brasil, en cambio, la represión se produjo por oleadas, alternando ciclos de cierta liberalización y otros más autoritarios y violentos. De hecho, la frase más brutal se produjo años después del golpe, entre 1968-1974, cuando surgió cierta radicalización política de sectores medios y juveniles y comenzaron a actuar las organizaciones armadas revolucionarias (Caetano y Rilla 1987; Reis 2005; Demasi et al. 2009; Policzern 2014; Valenzuela y Constable 2013; Joffily 2018; Aguila 2023).

En cuanto a las modalidades represivas, la Argentina se caracterizó por la práctica masiva de la desaparición forzada de personas a través de un sistema de centros de detención clandestina instalados en todo el territorio nacional: el accionar se orientaba a secuestrar, torturar y extraer información, para luego asesinar y hacer desaparecer los cuerpos de las víctimas. También formaba parte de esta metodología la apropiación de menores nacidos durante el cautiverio de sus madres y el robo sistemático de bienes de las víctimas (Novaro y Palermo 2006; Águila, Garaño y Scatizza 2016; Franco y Feld 2022).

En Chile, la represión combinó distintos mecanismos entre prácticas clandestinas de detención y secuestro, y otras públicas y visibles como el asesinato a través de fusilamientos, la cárcel y el exilio (Seguel Gutiérrez 2020). En Uruguay y Brasil, por ejemplo, la represión estuvo menos orientada al exterminio (ya fuera el asesinato directo o la desaparición) y más a la prisión política. En el caso de Brasil, la tortura fue un elemento fundamental, que se articuló a través del sistema judicial y la cárcel (Patto Sá Mota 2020; Pereira, 2005). En Uruguay, la prisión prolongada, es decir durante muchos años, junto al uso extendido de la tortura y el exilio, fueron las estrategias represivas más frecuentes (Rico 2009). En cualquier caso, vale la pena aclarar que el uso de la prisión política tampoco significó la mera reiteración de mecanismos ya conocidos en otros momentos de conflictividad política o persecución estatal de cualquiera de esos países. En el contexto de los procesos represivos de estas décadas, la prisión como instrumento de disciplinamiento sufrió profundas transformaciones en sus dispositivos y prácticas, así como en sus efectos sobre las víctimas. Por tanto, aún siendo un mecanismo conocido debe ser repensado también como parte de un engranaje represivo excepcional (D’Antonio, 2016).

En los cuatro países, del dispositivo represivo se articuló de diversas maneras y medidas entre una faz legal y pública, y otra secreta e ilegal, siendo el caso argentino el más extremo en el desarrollo de su cara clandestina, como ha mostrado Eduardo Luis Duhalde (1999). El accionar clandestino mantuvo siempre vasos comunicantes con un marco normativo, instituciones y burocracias que, desde la cara visible del Estado, también sostuvieron el engranaje. Por ejemplo, la prisión política, la legislación represiva, los asesinatos como parte de supuestos “enfrentamientos” y sin desaparición de los cuerpos, el exilio o la censura.[7]

Por otro lado, más allá de las especificidades y la comparabilidad entre los casos, la represión tuvo también una dimensión regional concreta dada por la coordinación entre las FF. AA. de la región. Esta articulación tuvo como expresión más conocida el Plan Cóndor, iniciado en 1975, pero lo excede ampliamente. Esta coordinación regional es importante como fenómeno histórico, sin duda derivado de las sincronías regionales que ya identificamos en el marco de la Guerra Fría, sino que también indica circulación de saberes, informaciones, agentes de la represión e incluso víctimas. Esto explica que lo sucedido en un país en términos represivos, o de casos y dispositivos puntuales, no pueda disociarse de los vínculos e intercambios transnacionales con los países vecinos (Slatman 2016; Fernández Barrio 2022; Lessa 2022).

Ante todo lo señalado hasta aquí, surge una pregunta que es válida para Argentina, pero también para los demás casos nacionales: ¿por qué se recurrió a métodos represivos de control, disciplinamiento y exterminio de tamaña magnitud y, en muchos casos, clandestinos? En las investigaciones disponibles se suele considerar una serie de factores: la irradiación de la Guerra Fría como marco geopolítico para entender los conflictos locales; la influencia ejercida por el pensamiento contrainsurgente francés y estadounidense,[8] así como las prácticas criminales que éstos avalaban; y la radicalización del conflicto político de los sectores de derecha e izquierda de manera amplia. Para el caso argentino específicamente hay que considerar, además, la percepción militar del “fracaso” de otros métodos públicos y legalizados como el uso de legislación antiterrorista y anticomunista y tribunales judiciales especiales utilizados durante la experiencia represiva previa de la dictadura de la “Revolución Argentina” entre 1966 y 1973. Junto con ello, en algunos países (especialmente en Argentina y Uruguay), el desarrollo de diferentes formas del estado de excepción en los años previos a los golpes de Estado dio a los militares la primacía y una creciente autonomía en la intervención represiva. Esto confirmaba a las fuerzas de seguridad en la percepción de estar librando una “guerra contra la subversión” que habilitaba la ejecución de actos criminales (Lazreg 2008). Por último, teniendo en cuenta el panorama internacional, y esto es muy notorio para el caso argentino, los militares se propusieron mantener en secreto la masacre para el resto del mundo, evitando reclamos y denuncias de diversos gobiernos, instituciones, organismos y organizaciones (cuestión que tuvo que afrontar la dictadura chilena debido a la exposición de sus crímenes, ocurridos tres años antes que en Argentina, por ejemplo) (Crenzel 2014).

III. Represión y “guerra”

Una cuestión crucial para entender el recurso a estos procedimientos represivos –en su racionalidad, motivaciones, dispositivos y ejecución– es su relación con la noción de guerra. En cada país y en base al diagnóstico de la existencia de un conflicto armado interno, los militares elaboraron su propia doctrina, estrategia, hipótesis de conflicto, métodos de combate e intervención. El caso argentino comparte una similitud inicial con Chile, Brasil y Uruguay: una caracterización de época que veía la coyuntura local como un teatro bélico. En la Argentina de la primera mitad de los años setenta, el imaginario de la “guerra contra la subversión” era una concepción de origen militar que se extendía mucho más allá de las FF. AA., incluyendo a la mayor parte de la dirigencia política y amplios sectores sociales. Esto habilitó la intervención militar en seguridad en clave de guerra desde un año antes del golpe de Estado de 1976 (Franco 2012).

En Chile, la dictadura del general Pinochet declaró rápidamente el estado de sitio y luego, mediante otro decreto, instauró el “estado o tiempo de guerra” y, con importante colaboración civil, se emprendió la represión contra un amplio espectro de “enemigos internos” asociados al “marxismo” (Valdivia 2010; Monsálvez Araneda 2012; Seguel Gutiérrez 2022). En Uruguay, el “estado de guerra interna” declarado por el Parlamento en 1972, antes del golpe, permitió a las FF. AA. y a las FF. SS. destruir a la izquierda armada y no armada, extendiendo la represión durante la dictadura de 1973-1985 bajo una lógica bélica (Rico 2012). En Brasil, la represión se desplegó también dentro del paradigma de la llamada “guerra sucia” –común a otros países– y desde comienzos de los años setenta se basó en la división del territorio nacional en zonas, áreas y subáreas de defensa interna, a cargo del Ejército y en articulación con las demás armas y las FF. SS. (Joffily 2004).

¿Cuál fue el origen de la asimilación entre represión y guerra? Según distintas fechas para cada país del Cono Sur (más temprano en Argentina, al igual que en Brasil y Chile, y más tardíamente en Uruguay), entre los años cincuenta y setenta, las FF. AA. se propusieron desarrollar y robustecer su formación en un punto que consideraban cada vez más importante: la seguridad interna en clave antisubversiva. La preparación, organización, educación y entrenamiento militar para una eventual “guerra convencional”, es decir, para hacer frente a un enemigo exterior, comenzaba a parecer algo insuficiente frente a la necesidad de combatir al “enemigo interno comunista”, en el marco de la Guerra Fría. De esa forma, los militares comenzaron a interesarse y a entrar en contacto con diferentes saberes contrainsurgentes, especialmente, la “escuela francesa”, englobada en la llamada “doctrina de la guerra revolucionaria” (DGR) y la vertiente estadounidense, mayormente asociada con la denominada “doctrina de la seguridad nacional” (DSN).

En la Argentina, la DGR hizo su ingreso a fines de los cincuenta, tuvo sus primeras aplicaciones en operativos represivos a principios de los sesenta, y se amalgamó desde mediados de los sesenta con la DSN. Ambas líneas brindaron las bases para un desarrollo doctrinario local, centrado en el exterminio físico del enemigo (Ranalletti 2009; Pontoriero 2022). En Chile, las vinculaciones con el Ejército estadounidense se expandieron luego de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945): se incorporó la preparación para la “contrasubversión”, actualizando a los parámetros del conflicto bipolar, el anticomunismo y la preocupación por la seguridad interna, factores ya presentes en las FF. AA. del país trasandino (Valdivia Ortiz de Zárate 2020; Seguel Gutiérrez 2022). En Uruguay, la articulación de dirigentes políticos y militares locales con diplomáticos estadounidenses desde fines de los sesenta derivó en una creciente influencia de la DSN, con impacto inmediato en las prácticas represivas de las FF. AA. y la Policía (Aldrighi 2004; Rico 2008). En Brasil, siguiendo un recorrido parecido a la Argentina, la DGR francesa llegó a fines de los cincuenta, entrelazándose con la DSN estadounidense y su énfasis en el tándem “seguridad/desarrollo” desde mediados de los sesenta. No obstante, la intervención represiva de las FF. AA. de acuerdo a las coordenadas contrainsurgentes se abrió paso a partir del golpe de Estado de 1964 (Martins Filho 2008; Fernandes Simões 2009).

Las nuevas ideas se difundieron y expandieron a través de una serie de medios según cada país: viajes y estadías en instituciones educativas extranjeras, traducción y publicación de artículos en las revistas de las diferentes FF. AA., publicación de textos y demás materiales bibliográficos, y programas de asistencia militares, conferencias y charlas de militares extranjeros por dar solamente algunos ejemplos. Así, los hombres de armas adquirieron y adicionaron a su marco doctrinario un conjunto de principios que sistematizaba una teoría y una práctica para la defensa de las “fronteras ideológicas” del “Occidente capitalista y cristiano”.[9]

El interés por las guerras irregulares condujo a la asimilación de los conceptos de seguridad y defensa, que es uno de los puntos nodales para entender la acción represiva de la época, tanto en la Argentina como en el resto de los países analizados. Esto puede verse en el surgimiento, en los años setenta, de diferentes órganos de gobierno que integraban a los ministros a cargo de las áreas de defensa e interior con las más altas autoridades militares y policiales, con el objetivo de coordinar las operaciones represivas. Por ejemplo, en octubre de 1975, en Argentina se sancionó el Decreto Nº 2.770: por medio de esta normativa se dispuso la creación del Consejo de Seguridad Interna. Este organismo estaba a cargo del presidente, y lo componían sus ministros y los comandantes en jefe de las FF. AA. Ese decreto también creó el Consejo de Defensa, que estaba bajo el contro del ministro de esa cartera, y lo integraban los comandantes generales de las tres armas y el Estado Mayor Conjunto. Estos organismos se dividían las tareas vinculadas con la “guerra antisubversiva”: asesoramiento, planificación, coordinación y conducción (Pontoriero 2022).

También podemos seguir este proceso en la legislación sancionada por los gobiernos constitucionales y de facto para habilitar el uso de las FF. AA. en el caso de que se tuviera que enfrentar una amenaza interna. De esta manera, la gestión de conflictos contra opositores políticos o sociales, por ejemplo, se encararon como operaciones de combate, en un marco de “guerra antisubversiva”.[10]

Para las derechas latinoamericanas, civiles y militares, la “guerra revolucionaria” comandada por la Unión Soviética y sus aliados (Cuba, por ejemplo), dirigida contra los países del “mundo libre” (incluidos los casos nacionales que aquí tratamos), se desplegaba a través de huelgas, manifestaciones y protestas diversas. La influencia de la Cuba revolucionaria en la región y la aparición y extensión de las acciones de las organizaciones guerrilleras en distintos países desde los años sesenta tuvieron un impacto definitivo y funcionaron como confirmación de esta interpretación del proceso regional en el seno de las derechas civiles y militares (Marchesi 2019).

Como muestra la bibliografía mencionada previamente, los militares interpretaron que el conflicto armado se había desatado y que estaban operando en un escenario de “guerra contra la subversión”, “guerra contra el comunismo internacional” o “contra el marxismo”, según la denominación predominante en cada país, destacándose en Argentina la referencia a la primera expresión. Sobre la base de esa certeza, se ejecutó la brutal represión en las dictaduras “de seguridad nacional”. Por eso, las acciones criminales de las FF. AA., parte fundamental de la maquinaria del terror estatal, se incluyeron dentro de lo que se concibió como operaciones de contrainsurgencia.

Las FF. AA. desarrollaron y sistematizaron en su doctrina y planeamiento una serie de medidas que aplicaron en toda su magnitud cuando las autoridades políticas colocaron la seguridad bajo la órbita castrense. En Argentina, al igual que en Uruguay, esto ocurrió antes del golpe, pero en Brasil y Chile se dio después. Las operaciones empezaron por asegurar el control del territorio. En todos los casos, el primer paso para lograr ese objetivo fue la distribución de las FF. AA. a lo largo y a lo ancho de cada país. La población pasó a significar dos cosas: por un lado, el terreno en el que se libraba la “guerra” y, por el otro, el espacio social donde el enemigo reclutaba a sus militantes. Por ese motivo, se debía llevar adelante una lucha por “los corazones y las mentes”, para ganar potenciales aliados entre los civiles, alejarlos de la “insurgencia” y, así, fortalecer la causa contrarrevolucionaria. Los medios para lograr esto podían ser el control, la represión y/o el terror, pero también la propaganda (asociada con la “guerra psicológica”), la búsqueda de apoyo activo y las campañas para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población (“acción cívica”). Ejemplo destacado de esto fue Chile y el trabajo realizado por el gobierno de Pinochet para construir amplias bases sociales de apoyo a la represión y la dictadura. Pero también en Brasil y en Uruguay hubo una gran preocupación por enlazar “seguridad” y “desarrollo”. Por su parte, en el caso de Argentina las fuerzas militares desplegaron una acotada “acción cívica” sobre la población (Fico 1997; Valdivia Ortiz de Zárate 2010; Serra Padrós 2012; Valdivia Ortiz de Zárate 2012; Divinzenso 2016; Risler 2018; Valdivia Ortiz de Zárate 2020; Seguel Gutiérrez 2022; Pontoriero 2022).

Las políticas de defensa, que normalmente atañen a los conflictos externos de un país y que regulan el uso de las FF. AA. a través de leyes y decretos, se adoptaron plenamente para el abordaje de la “guerra interna”. Otros escenarios históricos en los cuales las nociones de “subversión” y contrainsurgencia se extendieron en el seno de los gobiernos han mostrado este mismo desplazamiento. Es el caso de Francia, donde la DGR impactó ampliamente en las instituciones del Estado colonial en Argelia mientras tenía lugar la guerra (1954-1962), y luego también se trasladó a partir de los años sesenta a los dispositivos, estructuras y métodos de la represión del gobierno central en la metrópoli (Branche 2001; Lazreg 2008; Rigouste 2011). El mismo proceso fue verificado en la conexión entre la doctrina contrainsurgente implementada por las fuerzas militares británicas en Irlanda del Norte en su lucha contra las agrupaciones independentistas durante la década del setenta y la forma en que se manejó la gestión de gobierno allí por parte de Inglaterra (Bigo, Guittet y Smith 2004). Aunque esto requeriría estudios comparados y más sistemáticos, estos indicios muestran que estamos ante procesos en los cuales las doctrinas contrainsurgentes parecen tener un efecto más vasto que la “mera” represión interna o la asimilación con las políticas de defensa, sino que permean las lógicas estatales incluso en áreas no vinculada al control social, como podría ser la educación o la cultura.

No obstante, existe un aspecto relevante sobre el que debemos llamar la atención tanto para el estudio de Argentina, como de los demás países del Cono Sur: se corre el riesgo, a veces, de naturalizar la relación entre la represión y la contrainsurgencia. Es por ello que, en principio, puede resultar de utilidad realizar algunas aclaraciones conceptuales. Gabriela Águila señala que la represión es: “la implementación de un conjunto de mecanismos coactivos por parte del Estado (cualquiera sea su contenido de clase), sus aparatos o agentes vinculados a él –y ello incluye a los grupos u organizaciones paraestatales– para eliminar o debilitar la acción disruptiva de diversos actores sociales y políticos” (2014, 28). En línea con esta definición, Ernesto Bohoslavsky y Marina Franco agregan que además: “…debiera considerarse tanto las estrategias reactivas (detención, encierro, persecución judicial, elaboración de listas negras, represión, exilio y formas extremas de violencia física que pueden incluir el homicidio) como las preventivas (inteligencia, vigilancia y legislación restrictiva de movimiento y de expresión, legislación de excepción)” (2020b, 207). Por su parte, para la contrainsurgencia Thijs Brocades Zaalberg considera: “las acciones militares, paramilitares, políticas, económicas, psicológicas y cívicas tomadas por un gobierno y sus partidarios extranjeros para derrotar una insurgencia, siendo la insurgencia un movimiento organizado dirigido al derrocamiento de un gobierno a través del uso de la subversión y el conflicto armado” (2012, 207).[11]

Las investigaciones históricas para Argentina y demás países analizados muestran que la vinculación entre represión y contrainsurgencia fue más bien el resultado de un devenir histórico en la región pero que se trata de procesos y fenómenos distintos que pueden convergir o no. Para poder llegar a dar cuenta de las cualidades específicas del Cono Sur, debemos separar y desnaturalizar la relación entre ambos fenómenos y los respectivos conceptos, para luego poder unirlos nuevamente como parte de un momento histórico. Por lo tanto, las formas que tomó la incorporación de las FF. AA. a la realización de operaciones en el orden interno, y su deriva hacia el terrorismo de Estado dejan a la vista un proceso histórico contingente que además fue particular en cada país.

IV. Reflexiones finales

Este artículo ha mostrado de manera muy sintética las características de la intervención en seguridad interna en clave bélica desarrollada por las FF. AA. argentinas y las otras fuerzas militares de la región, en el marco de las llamadas “dictaduras de seguridad nacional” –momento de gran violencia política, y especialmente de represión estatal en el Cono Sur de América Latina–. Ese período sólo puede comprenderse a partir de la articulación entre dos procesos convergentes: la Guerra Fría y la virulencia de los conflictos sociales y políticos específicos de cada país y sus desarrollos previos. El conflicto bipolar y las doctrinas contrainsurgentes dieron un sentido de conflicto armado a esas tensiones. Esta interpretación fue movilizada por los actores militares y civiles conservadores justamente porque les daba claves de lectura –que insertas en sus imaginarios previos– les permitían entender y actuar frente a conflictos sociales novedosos. Ello explica, en buena medida, la violencia masiva y sistemática y la decisión del aniquilamiento –físico, psicológico, ideológico– del enemigo que orientó las acciones represivas de las fuerzas militares en la región.

Como buscamos poner de relieve, la doctrina, la ideología y la convicción política de “estar en guerra” contra un “enemigo interno” orientaron la intervención de las fuerzas de seguridad y las élites civiles, pero en realidad, sirvieron para justificar los brutales procesos represivos y disciplinatorios que se dieron en el marco de las dictaduras militares o incluso antes, como vimos en los casos de Argentina y Uruguay.

Las distinciones conceptuales sobre estas cuestiones –que hemos señalado hacia el final del texto– no son una tarea ociosa, porque permiten distinguir fenómenos y observar más claramente lo particular de la represión militar en la Argentina, y a la luz del escenario conosureño. Los diferentes casos muestran cómo la represión (algo que asociamos con un conjunto de acciones de seguridad para el control interno de la población) se mezcló con el enfoque de la contrainsurgencia (vinculado con una serie de operaciones de guerra interna). Y ello, a su vez, involucró a la institución del Estado responsable de la defensa externa.

Como dijimos, los militares desarrollaron su labor represiva y de exterminio asumiendo que se trataba de una acción de “guerra antisubversiva”, sosteniéndose sobre una estructura legal, en base a la legislación de defensa y las normativas de excepción de cada país. Este proceso se dio a medida que las FF. AA., convencidas de estar en guerra, comenzaron a tomar tareas de control del orden interno que eran propias de las policías y las FF. SS. A su vez, las policías comenzaron a participar de dispositivos comandados por las fuerzas militares bajo esa misma concepción bélica. De esta manera, la seguridad (interna) y la defensa (externa) se fueron cruzando y confundiendo para producir la brutal represión.

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* Doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires y la Université de Paris 7, docente de la Universidad Nacional de San Martín e investigadora principal del CONICET. Se ha especializado en el estudio del terrorismo de Estado y actualmente trabaja sobre la violencia represiva en la historia argentina del siglo XX.

** Doctor en Historia por la Universidad Nacional de San Martín, docente de la Universaidad Nacional de Tres de Febrero e investigador asistente del CONICET. Se ha especializado en la historia de la represión militar en la Argentina de la segunda mitad del siglo XX, con énfasis en el estudio del Ejército y, actualmente, de la Armada.

[1] Desde luego esta lista puede ampliarse para incluir la dictadura paraguaya de Alfredo Stroessner, entre 1954 y 1989, que durante los años setenta y ochenta convergió ideológicamente con los países vecinos y la ideología de la seguridad nacional. Sobre Paraguay véase Soler (2012). En función de la bibliografía disponible y la discusión que deseamos presentar nos limitaremos a la última dictadura argentina y los tres casos del Cono Sur.

[2] Para una mirada más amplia sobre la violencia estatal en el siglo XX de estos países, se recomienda la lectura de los artículos del dossier coordinado por Ernesto Bohoslavsky y Marina Franco (2020a), en el Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani. También se sugiere revisar el dossier coordinado por Esteban Damián Pontoriero y Constanza Dalla Porta (2022), publicado en Sudamérica.

[3] Aun son muy recientes los trabajos que intentan una aproximación comparativa para la historia regional reciente: entre otros véase Lvovich y Patto (2023) para una comparación entre Brasil y Argentina, y Ramírez y Franco (2021) para el Cono Sur.

[4] Para esa historia de procesos de corto, mediano y largo plazo en el caso argentino véase Franco y Pontoriero (2021).

[5] Sugerimos revisar los artículos publicados en los dossiers referenciados al comienzo de este artículo.

[6] Este párrafo y el subsiguiente se basan en la bibliografía previamente citada.

[7] Tanto este párrafo así como los subsiguientes que no tengan otras menciones son tributarios de la bibliografía para los diferentes casos nacionales citada en este apartado previamente. Para la comparación entre sistemas represivos véase Pereira (2005). Para el caso de Uruguay, ver: Rico (2008).

[8] Explicaremos estas doctrinas en la siguiente sección.

[9] Ver la bibliografía citada en el párrafo anterior.

[10] Ver la bibliografía citada previamente para los diferentes casos nacionales en esta sección.

[11] Traducción propia realizada a partir de la versión en inglés: “the military, paramilitary, political, economic, psychological and civic actions taken by a government and its foreign supporters to defeat insurgency, with an insurgency being an organized movement aimed at the overthrow of a government through use of subversion and armed conflict”.