*Resumen: El objeto de este trabajo es exponer las dificultades con las que se enfrenta el diseño de edificios complejos para poblaciones vulnerables en contextos de encierro. En el desarrollo de las investigaciones efectuadas se muestra la existencia de aspectos técnicos de índole general y también se señalan cuestiones de planificación y evaluación de las políticas públicas vinculadas con las infraestructuras penitenciarias existentes.
Finalmente, se consignan los aportes de diferentes ciencias que han avanzado en el análisis y evaluación de los espacios, como las ciencias del comportamiento, la inteligencia artificial, la criminología ambiental, la psicología ambiental y la Neurociencia, todas ellas en directa relación con la arquitectura. Tales aportes sugieren grandes cambios en el diseño actual de estos espacios.
El siguiente análisis expone posibilidades y restricciones que deben enfrentarse al planificar y diseñar políticas públicas destinadas a resolver problemas de alojamiento de personas privadas de su libertad que deben habitar contextos de encierro. Por otra parte, se incorporan los aportes interdisciplinarios actuales aplicables al diseño y la evaluación de las infraestructuras penitenciarias.
Palabras clave: Infraestructura penitenciara; evaluación; criminología ambiental; neuroarquitectura; ciencias del comportamiento.
EVALUATION OF THE PENITENTIARY INFRASTRUCTURE IN ARGENTINA
Abstract: The purpose of this paper is to expose the difficulties faced in the design of complex buildings for vulnerable populations in confinement contexts. The development of the research carried out shows the existence of general technical aspects and also points out issues of planning and evaluation of public policies related to existing prison infrastructures.
Finally, the contributions of different sciences that have advanced in the analysis and evaluation of spaces, such as behavioral sciences, artificial intelligence, environmental criminology, environmental psychology and neuroscience, all of them directly related to architecture, are included. Such contributions suggest major changes in the current design of these spaces.
The following analysis exposes possibilities and restrictions that must be faced when planning and designing public policies aimed at solving housing problems of people deprived of their freedom who must inhabit confinement contexts. On the other hand, current interdisciplinary contributions applicable to the design and evaluation of prison infrastructures are incorporated.
Keywords: Prison Infrastructure; Evaluation; Environmental Criminology; Neuroarchitecture; Behavioral Science.
I. Introducción
En líneas generales, el diseño supone el desafío de resolver las necesidades o deseos de los usuarios a través de una cantidad casi ilimitada de elementos a disposición del diseñador, los cuales deben combinarse con arte y astucia con el fin de satisfacer a los futuros ocupantes. Tal “arte” se complejiza cuando se trata de diseñar espacios para poblaciones vulnerables, alojadas en contextos de encierro. A modo de ejemplo se pueden citar: hospitales, cárceles, neuropsiquiátricos, geriátricos y centros de acogida, entre otros.
Los diseñadores se enfrentan, en esos casos, ante dos variables que deben ser combinadas. Por una parte, conocer las características técnicas propias del edificio y, por otra, algo casi tan complejo como lo anterior, conocer y entender la vida que llevará a cabo cada contingente en los edificios diseñados.
Antes de entrar en la temática, corresponde señalar varios conceptos que ayudarán a entender las características particulares de tales espacios. Antiguamente se los denominaba “instituciones totales”, definidas como un
lugar de residencia y trabajo, donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un período apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria, administrada formalmente. (Goffman 1961, 13)
Tal definición se adapta a los edificios mencionados anteriormente, aunque de forma no muy precisa pero sí suficientemente denotativa de las diferentes categorías. Erving Goffman aclara en su ensayo lo siguiente:
Las instituciones totales de nuestra sociedad pueden clasificarse, a grandes rasgos, en cinco grupos. En primer término hay instituciones erigidas para cuidar de las personas, que parecen ser a la vez incapaces e inofensivas; son los hogares para ciegos, ancianos, huérfanos e indigentes. En el segundo grupo están las erigidas para cuidar de aquellas personas que, incapaces de cuidarse por sí mismas, constituyen además una amenaza involuntaria para la comunidad, son los hospitales de enfermos infecciosos, los hospitales psiquiátricos y los leprosarios. Un tercer tipo de institución total, organizado para proteger a la comunidad contra quienes constituyen intencionalmente un peligro para ella, no se propone como finalidad inmediata el bienestar de los reclusos: pertenecen a este tipo las cárceles, los presidios, los campos de trabajo y de concentración Corresponden a un cuarto grupo ciertas instituciones deliberadamente destinadas al mejor cumplimiento de una tarea de carácter laboral y que solo se justifican por esos fundamentos instrumentales: los cuarteles, los barcos, las escuelas de internos, los campos de trabajo, diversos tipos de colonias. Finalmente, hay establecimientos concebidos como refugios del mundo, aunque con frecuencia sirven también para la formación de religiosos: entre ellos las abadías, monasterios, conventos y otros claustros. (Goffman 1961, 18; resaltado nuestro)
La institución total que analizaremos comprende a poblaciones vulnerables que están bajo la órbita de la justicia, alojadas en espacios comúnmente llamados cárceles, prisiones o espacios de detención.
Es preciso señalar una característica que marca la diferencia entre una institución total de otra que no lo es:
Un ordenamiento social básico en la sociedad moderna es que el individuo tiende a dormir, jugar y trabajar en distintos lugares, con diferentes co-participantes, bajo autoridades diferentes, y sin un plan racional amplio. La característica central de las instituciones totales puede describirse como una ruptura de las barreras que separan de ordinario estos tres ámbitos de la vida. Primero todos los aspectos de la vida se desarrollan en el mismo lugar, y bajo la misma autoridad única. Segundo, cada etapa de la actividad diaria del miembro se lleva a cabo en la compañía inmediata de un gran número de otros, a quienes se da él mismo trato y de quienes se requiere que hagan juntos las mismas cosas. Tercero, todas las etapas de la actividad diaria están estrictamente programadas, de modo que una actividad conduce en un momento prefijado a la siguiente, y toda la secuencia de actividades se impone desde arriba, mediante un sistema de normas formales estrictas y un cuerpo de funcionarios. (Goffman 1961, 19; resaltado nuestro)
Puede señalarse como paradójico que se tome como solución separar a estas poblaciones en ámbitos que tienen una rutina y tratamiento social muy diferente al que deberán enfrentar y adaptarse cuando estén en libertad.
II. Contexto social
En primer lugar, las personas privadas de libertad, anteriormente a su situación actual de detención, pertenecían a una comunidad que les permitía relacionarse con todos los integrantes y les brindaba seguridad la mayor parte del tiempo y dónde rara vez hubieran sufrido perplejidades. En el imaginario colectivo podría decirse que pertenecían a una “comunidad imaginada”, pero se encuentran ahora en la “comunidad que realmente existe”, que les exige sujeción y obediencia estricta a cambio de dos valores preciosos y codiciados: seguridad y lealtad, los cuales podrían estar equilibrados pero que difícilmente reconciliados de manera plena y sin fricción (Bauman 2003).
No es ocioso preguntarse cómo responde la sociedad toda ante estas personas que por diferentes situaciones han quedado excluidas, dejando de ser parte de la comunidad que les generaba bienestar, pasando luego a integrar el otro grupo al violar alguna de las normas vigentes en aquella. Algunos autores referentes sostienen, que, en una comunidad, promover el valor “seguridad” siempre exige el sacrificio del valor “libertad”, en tanto que la libertad sólo puede ampliarse a expensas de la seguridad. Pero seguridad sin libertad equivale a esclavitud; mientras que libertad sin seguridad equivale a estar abandonado y perdido (Bauman 2003). Entre estos límites, los espacios y edificios referidos parecerían tender a un solo fin: juntar a las personas que por alguna causa no han cumplido o han desobedecido las reglas sociales.
El traslado a esos espacios genera un gran cambio de actividades al pasar de los ámbitos de libertad a los de confinamiento. El individuo que ingresa a estas instituciones experimenta un gran impacto en el desarrollo de sus actividades íntimas, personales y sociales para adaptarse a las reglas y órdenes internas.
Conforme a estudios más actuales, Porporato señala que:
El sujeto privado de libertad ambulatoria no sólo sufre la imposibilidad (legal) de transitar libremente, sino que se encuentra en una situación de incapacidad mayor al estar privado de desarrollar gran parte de sus propias elecciones. La estructura del encierro y el funcionamiento institucional penitenciario que paralelamente se reproduce, van condicionando la cotidianeidad de los internos alojados en las Unidades Penitenciarias. La pérdida de libertad ambulatoria (sustento básico de la pena) genera una suerte de pérdida cuasi-absoluta de cualquier decisión (hasta personal), lo que sin lugar a dudas atraviesa la conformidad de las subjetividades. (Porporato 2014, 153)
Los conceptos son coincidentes cuando se pone de manifiesto el gran impacto que se vive al pasar de un ámbito de libertad a otro donde lo primero en ser eliminado es, precisamente, la libertad. Las repercusiones van desde el más mínimo sentir en cuanto a las limitaciones de las acciones personales e íntimas, hasta las acciones y comportamientos a desarrollar con los pares.
Adicionalmente, es oportuno mencionar lo señalado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC):
Todos los reclusos son vulnerables en cierta medida. Cuando la libertad de un grupo de individuos se ve restringida y se les sujeta a la autoridad de otro grupo de gente, y cuando esto ocurre en un entorno que está hasta cierto grado cerrado al escrutinio público, se ha comprobado que se extiende el abuso de poder. Aun cuando no haya abusos, las condiciones mismas de la prisión, en la gran mayoría de los países del mundo, son dañinas para la salud física y mental de los reclusos, debido al hacinamiento, violencia, malas condiciones físicas, aislamiento de la comunidad, actividades y cuidados de la salud penitenciarios inadecuados. (UNODC 2009, 4; resaltado nuestro)
Quedan así expuestas las consecuencias indeseables que puede padecer una persona que está alojada en un edificio, cumpliendo una pena en contexto de encierro. Los organismos internacionales, citando a UNODC, y al Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC), han tomado conciencia del daño que produce el alojamiento en estos espacios, al aceptar y reconocer, entre otras cosas, las deficiencias que tienen estos edificios.
III. Contexto legal y guías internacionales
Al tratar de entender y analizar estos edificios en el ámbito argentino, es preciso considerar el abordaje que el marco legal le ha dado a este tipo de población. La Ley de ejecución de la pena privativa de la libertad Nº 24.660 fue promulgada en el año 1996. En la nota de elevación al Congreso de la Nación para su tratamiento se señalaba un gran avance evolutivo en el tratamiento de las personas detenidas:
En virtud al principio constitucional de reserva se reconoce al condenado sus derechos inalienables a la vez que se ratifica su obligación de cumplir con todos los deberes que su situación le permita y con las obligaciones que su condición legalmente impone. Los derechos propios tienen como límite el derecho de los demás, la seguridad de todos y el bien común. (Convención Americana de Derechos humanos, art, 32)
Señalaba, además que:
Se propicia un texto que viva la realidad de las instituciones, que pueda ser concretado en el quehacer cotidiano y que tenga como simultáneos destinatarios al hombre que violó la ley y a una sociedad que pueda confiar en que se procurará por los medios más humanos y adecuados que cuando aquél se reintegre a ella, no vuelva a ser factor de violencia o de temor. Es decir, agotar la prevención general de la punición con la ejecución garantista del régimen penitenciario que materialice la prevención especial, procurando los resultados positivos requeridos por la sociedad. (Resaltado nuestro)
Esta ley estableció, entre los criterios de diseño, los derechos que tienen las personas que habitan estos espacios. En este sentido, el capítulo VIII- Educación, art. 133 dice:
Desde su ingreso, se asegurará al interno el ejercicio de su derecho de aprender, adaptándose las medidas necesarias para mantener, fomentar y mejorar su educación e instrucción.
En consecuencia, a la hora de diseñar una unidad penitenciaria debe contemplarse un espacio para el desarrollo de la educación de los detenidos que abarque todas las modalidades y necesidades. Lo mismo ocurre cuando se menciona el derecho y el deber del interno a trabajar (cap. VII), a la asistencia médica (cap. IX), la asistencia espiritual (cap. X) y a las relaciones familiares y sociales (cap. XI), etc.
La aprobación y promulgación de la ley a nivel nacional fue el desenlace de varios documentos internacionales que delineaban rumbos claros sobre las acciones a tomar con las personas detenidas en espacios de contextos de encierro. Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (UNODC 1955), actualmente Reglas Nelson Mandela (UNODC 2015), marcaron un hito en la visión del tratamiento de la persona detenida. Ejemplo de ello es lo señalado por la Regla Nº 1 de los principios fundamentales:
● “Todos los reclusos deben ser tratados con respeto por su dignidad y valor propio como seres humanos.
● Ningún recluso puede ser torturado ni sometido a otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
● Se debe proteger a todos los reclusos contra los tratos crueles, inhumanos o degradantes.
● Ninguna circunstancia puede justificar las torturas o los tratos crueles, inhumanos o degradantes.
● Se debe cuidar todo el tiempo la seguridad de los reclusos, del personal, de los proveedores de servicios y de los visitantes.
Las reglas Mandela fueron el puntapié inicial para delimitar el marco de acción a considerar en el tratamiento de los reclusos.
Los espacios de detención están compuestos por una gran población, que reúne diferentes características, lo cual implica un trato diferente. Para ello, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha ampliado sus reglas abarcando los espectros más amplios de las poblaciones detenidas. Reflejo de ello los son las siguientes:
● Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing- 1985)
● Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad - 1990)
● Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (1990)
● Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio -1990)
Con el objeto de resaltar el gran avance en la evolución sobre el tratamiento de detenidos con características especiales, se destaca el Manual sobre Reclusos con necesidades especiales, documento emitido por la UNODC (2009).
Para el tratamiento de los detenidos según su orientación sexual e identidad de género se difundieron los Principios de Yogyakarta. Si bien no han sido adoptados por los países miembros, sus redactores pretenden que sean considerados como una norma universal, esto es, como un estándar jurídico internacional de cumplimiento obligatorio para los Estados. Reflejo de ellos es lo señalado en el Principio 9:
El derecho de toda persona privada de su libertad a ser tratada humanamente: Toda persona privada de su libertad será tratada humanamente y con dignidad con independencia de su orientación sexual o identidad de género, conceptos que son fundamentales para la dignidad de toda persona.
Paralelamente, en 2018 el Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC) publicó Hacia establecimientos penitenciarios más humanos: un enfoque participativo basado en principios para la planificación y el diseño de cárceles, un texto en el que se describen los principales elementos humanitarios que se han de considerar en la construcción de nuevas cárceles. Su finalidad es contribuir a que, en diversos contextos, el diseño de estos establecimientos propicie y permita que el personal penitenciario dispense un trato humano y favorezca condiciones de vida dignas para los detenidos. Además, dicho organismo está trabajando en un documento conjunto con autoridades de 11 países que brindará sugerencias para adecuar la infraestructura carcelaria de la región a los principios fundamentales de las Reglas Nelson Mandela.
En idéntica línea de acción ha trabajo el grupo de las Oficinas de las Naciones Unidas de Servicios para proyectos Especiales (UNOPS) publicando el documento Orientaciones técnicas para la Planificación de Establecimientos Penitenciarios (revisión 2022).
Como se puede ver, los organismos internacionales han avanzado en el tratamiento de los detenidos y en la consideración de los derechos humanos para estos grupos sociales. Varios de estos organismos han contribuido directamente sobre los temas referidos a los edificios y ámbitos penitenciarios mediante las guías y recomendaciones a tener presente para su construcción. Pese a tales avances y documentos a disposición, hay datos preocupantes que muestran una realidad que no parece evolucionar positivamente.
IV. Algunos datos
Según lo informado por el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, la evolución de la población penitenciaria ha crecido, tomando como rango el período comprendido entre 2002 y 2021, como se evidencia en la siguiente tabla.
Tabla 1. Evolución de la población penitenciaria, 2002-2021
|
AÑOS |
ALOJADOS (SPF y SPP) |
UNIDADES (SPF-SPP) |
SOBREPOBLACIÓN (SPF-SPP) |
REINCIDENCIA (SPF-SPP) |
|
2002/ 2010 |
37.000/ 59.227 Incremento: 56% |
230 |
1% |
46,12% |
|
2011/ 2021 |
60.789/ 101.267 Incremento: 60,58% |
324 |
15,7% |
55,23% |
Fuente: elaboración propia sobre la base de SNEEP (Informes anuales 2002, 2010, 2011 y 2021)
Según se desprende de la tabla, en un lapso de 19 años (2002 a 2021 inclusive) en la Argentina la cantidad de unidades penitenciarias tanto federales como provinciales ha aumentado en un 40 %. Tal incremento no consiguió bajar el porcentaje de sobrepoblación alojada (aumentó 14,7 %); incluso, disponer de más plazas para alojar a detenidos tampoco ayudó en la baja de reincidencia delictiva, suponiendo que el aumento de la reincidencia tenga alguna relación con las deficiencias y carencias en los edificios penitenciarios. Esta presunción está basada en el informe sobre reincidencia publicado por el Centro Latinoamericano sobre seguridad y violencia, que señala:
Se asume que la re-vinculación con el delito es el resultado del fracaso del proceso de reinserción social., Si bien las cárceles son consideradas como las instituciones llamadas a “resocializar” a los transgresores, en los hechos terminan en muchos casos impulsando el delito ya sea por el efecto estigmatizador de la cárcel, así como por la violencia y la vinculación de las PPL con redes criminales forjadas en los mismos centros penitenciarios. (Bergman et al. 2022, 19)
Deben agregarse, por otro lado, los antecedentes de personas que han estado anteriormente detenidas en institutos de menores: “del total de personas que estuvieron detenidas en institutos de menores, y se encontraban detenidos en cárceles de adultos, el 64% era reincidente” (Bergman et al. 2022, 46).
Esto permite cuestionar la eficiencia y eficacia de este tipo de instituciones totales para menores, no solo desde el punto de vista edilicio, sino buscando comprobar si el aislamiento en estos espacios sirve al objetivo de dar respuesta a los problemas de esa población.
La reinserción, también enfrenta dificultades. Datos de las encuestas realizadas en el año 2019 por el CELIV indican que:
…en las cárceles federales y bonaerenses, solo el 30% de las personas privadas de libertad manifestaron tener acceso dentro del penal a servicios que lo preparan para la reinserción. En este sentido, no existe información disponible respecto a si el diseño de programas y talleres orientados a la reducción de reincidencia, están siendo diseñados tomando como referencia el creciente cuerpo de evidencia empírica que se ha desarrollado en los últimos años. (Bergman et al. 2022, 66)
Ante esta realidad, es importante investigar la causa del bajo porcentaje de detenidos que acceden a los programas de formación y talleres. Ello puede deberse a falta de espacios (problema inherente a la infraestructura), a una cuestión de organización del área de tratamiento de las fuerzas de seguridad o a una mezcla de ambas situaciones.
En todo caso, se puede cuestionar si lo diseñado hasta la fecha ayuda al proceso de reinserción social de los detenidos, lo cual obliga a repensar cuánta relevancia tiene la cantidad de cárceles por sobre la calidad de lo que se está diseñando. Esta temática está presente en otros países. A modo de ejemplo, se señala el comentario de una nota que el diario digital KNACK recibió del Ministro de Justicia de Bélgica Vincent Van Quickenborne:
Vincent Van Quickenborne propone no esperar hasta que la represa se rompa, sino instalar esclusas en esa represa penitenciaria. Aplicando únicamente la privación de libertad si la situación así lo requiere y en ese caso teniendo lugar en centros de detención de pequeña escala anclados en el barrio que también se diferencian según la seguridad y orientación. Este nuevo paradigma ofrece una detención de calidad con énfasis en la reintegración, la recuperación y el encarcelamiento significativo. Por lo tanto, necesitamos urgentemente un enfoque cualitativo de este tipo, no la búsqueda cuantitativa desesperada de los problemas. De esa manera podemos reducir la presión y abordar la superpoblación. Esto cambiando de rumbo y construyendo un castigo que funcione, no continuando copiando sistemas viejos y obsoletos contra un mejor juicio hasta que la presa se rompa por completo. (Knack 2021; traducción nuestra)
V. Evolución vs evaluación
Las imágenes a continuación dan cuenta de la evolución que ha atravesado el diseño de estos espacios.
La imagen superior muestra el Complejo Penitenciario Federal III-NOA- capacidad original 488 plazas implantado en 40 hectáreas (año de habilitación 2011). La imagen inferior muestra el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Devoto- Capacidad 1846, implantado en 4 hectáreas (año de inauguración 1927).
Imagen 1. Complejos Penitenciarios, vista aérea
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Fuente: Ruíz Díaz (2014)
Aunque las diferencias edilicias están a la vista, a modo de ejemplo se pueden mencionar:
● Implantación fuera de un ejido urbano;
● Proporción similar de espacios construidos y espacios de esparcimiento;
● Diferenciación de los institutos a simple vista, etc.
Pese a este gran avance y cambio de paradigma en el diseño y en la cantidad de unidades nuevas construidas, los resultados de alojar a las personas en tales institutos no repercuten de manera favorable sobre una baja en el porcentaje de hacinamiento en los valores esperados y no suponen una mejoría en el tratamiento de los detenidos cuya consecuencia sería una disminución de la reincidencia.
En este sentido es posible pensar que las acciones de política pública referidas a realizar más unidades de detención no arrojaron necesariamente los resultados esperados.
Ante tales conclusiones es necesario indagar si los problemas son cuestiones de diseño, de tratamiento penitenciario, de decisión política o una combinación de todas ellas.
Particularmente, nos interesa ver los elementos técnicos proyectuales posibles de un análisis tendiente a mejorar el diseño espacial. Las distintas instituciones que intervienen en la cadena de acciones de planificación y diseño de estos espacios reúnen grupos de profesionales con experiencia en la temática. Los expertos en la materia señalan que las prisiones no son diferentes de otras formas de infraestructuras que tienen entornos operativos complejos (por ejemplo, hospitales y campos de refugiados) y sostienen, además, que incluir un experto en infraestructura penitenciaria tan pronto como sea posible en el proceso de desarrollo del proyecto: “ayudará a garantizar que las consideraciones de derechos humanos, el funcionamiento cotidiano de una prisión, y las conexiones entre la prisión y el sistema de justicia penal y la comunidad se reflejen adecuadamente en el informe y el posterior diseño del concepto” (UNOPS 2022, 21).
No resulta fácil dar una respuesta profesional a todas las demandas de los diferentes usuarios y sistemas. El reto mayor radica en encontrar evidencia formal, documentos, investigaciones y demás información que indique si los proyectos diseñados cumplieron o no las necesidades de los usuarios.
Las preguntas cruciales son:
● ¿El edificio construido resuelve la problemática para la cual fue diseñado?
● ¿El edificio ayuda y da respuestas a las diferentes necesidades que tienen sus usuarios (detenidos y personal penitenciario)?
● ¿Hay realizadas evaluaciones antes, durante y después de estar construida la unidad penitenciaria que sirvan de evidencia para saber si lo planificado resolvió, resuelve o resolverá la problemática?
Contar con información de forma eficiente y completa constituye un elemento fundamental para la planificación y diseño de las unidades futuras que se proyecten, para que no sólo puedan resolver las demandas conocidas sino también anticiparse a las futuras, logrando edificios funcionales y adaptados a las características de los usuarios, contemplando los aportes que puedan brindarnos las diferentes ciencias que se encuentran actualmente a disposición.
Simultáneamente, en el ejercicio de la planificación (ligado a saber y entender cuál es el problema a resolver), es preciso evaluar lo existente para conocer las debilidades y fortalezas de las políticas vigentes e introducir los cambios convenientes. Los profesionales de las áreas de evaluación señalan que ella consiste en:
un proceso de indagación sistémico, valorativo, cuyo propósito es generar aprendizaje sobre la intervención de un programa o política con el fin de mejorar la toma de decisiones y de otorgarle mayor transparencia a la gestión. (Neirotti 2007, 6).
En este punto, entran en juego actores técnicos y políticos:
Entendiendo aquí que los actores técnicos son los profesionales que se encargan del diseño de estos espacios, mientras que los actores políticos, son los que tienen que ver con los valores, los intereses y con las propias instituciones. La realización de evaluaciones obliga a considerar ambos actores. (Neirotti 2007, 16)
Por otra parte, de acuerdo con la opinión académica se deberían evaluar proyectos, entendiéndose como tales a: “elementos que tienen un periodo y un fin claramente delimitado cuyos productos finales son obras, o bienes y servicios que generan un efecto multiplicador” (Neirotti 2007, 18).
Los organismos internacionales evidencian desde sus documentos el grado de complejidad que implica proyectar los edificios penitenciarios, dado que:
por la naturaleza del tejido físico las prisiones suelen ser físicamente rígidas e inflexibles, lo que hace difícil los cambios en ellas. Al planificar y diseñar una cárcel es útil considerar qué características podrían ayudar a los cambios en el futuro. (UNOPS 2022, 18)
La complejidad continúa cuando plantean:
Utilizar un enfoque de diseño basado en evidencia, señalando que quienes participan en la planificación y el diseño de prisiones deben basar sus decisiones de diseño en pruebas y de que estas opciones apoyaran unas condiciones humanas y operativas eficaces. (UNOPS 2022, 28)
Es preciso detenerse en este punto para entender y comprender los cambios que la evolución de la infraestructura penitenciaria ha generado para permitir su evaluación. Ésta deberá considerar la mayor cantidad de factores que tienen influencia o consecuencias en los diferentes entornos.
Dos de los organismos internacionales ya citados han elaborado guías para la evaluación:
● Orientaciones técnicas para la planificación de establecimientos penitenciarios - Oficina de Servicios para Proyectos de Naciones Unidas (UNOPS 2022). La versión publicada en el año 2016, en su anexo 3, contiene una serie detallada de cuestionarios que apuntaban a los modelos para la evaluación de establecimientos penitenciarios (la evaluación toma aspectos técnicos como de funcionamiento de la unidad). En cambio, la versión publicada en el año 2022 también en el anexo 3 trabaja solo con planillas para el control del mantenimiento de las diferentes instalaciones.
● Agua, Saneamiento higiene y hábitat en las cárceles - Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC 2017).
Los documentos citados contienen cuestionarios que buscan evaluar cualitativamente de manera general las instalaciones de las diferentes unidades penitenciarias. Salvando las distancias respecto de la época en que fueron desarrollados, podría decirse que el modelo de evaluación apunta exclusivamente a tener una foto actual del estado técnico de cada edificio. A partir de este resultado se podrán observar las necesidades y prioridades edilicias que tendrá cada una de las unidades evaluadas.
Los cuestionarios sirven para exponer la documentación que utilizan los organismos internacionales como guías para el diseño de cada unidad penitenciaria. Tales cuestionarios podrían ser completados por el personal de mantenimiento de las unidades penitenciarias o, en su defecto, por algún equipo externo que tenga los conocimientos técnicos adecuados para relevar y completar los datos consultados.
Sin perjuicio de lo señalado, es preciso volver sobre las preguntas iniciales: ¿el edificio, da respuesta a las diferentes demandas de los usuarios?, ¿cuáles son las demandas de los usuarios?, ¿para qué se construyen las cárceles?
Para responderlas debo volver a remitirme al contexto legal. El art. 1 de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad remarca que:
La ejecución de la pena privativa de la libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo social. (art.1, Ley Nº 24.660; resaltado nuestro)
A partir de esta premisa, el edificio debe colaborar y funcionar en forma sinérgica con el tratamiento brindado por las fuerzas de seguridad para que el individuo comprenda y respete la ley facilitando así la reinserción social. En síntesis,
el diseño importa, y mucho, en el ambiente y el funcionamiento de una prisión, pero no puede resolver todos los problemas. Impacta de diferentes formas en cada uno de los grupos vinculados al establecimiento, ya sea los internos, el personal y los visitantes. (García Basalo 2018, 3)
De acuerdo con los datos ya vistos, queda demostrado que los objetivos de reinserción social no han sido cumplidos; incluso, haber construido más cárceles no ha resuelto los problemas. En este sentido, es oportuno preguntarse si basta solamente con realizar evaluaciones cualitativas netamente técnicas para dar respuesta a tal problemática.
Entonces, quizás la pregunta inicial debería ser reformulada de la siguiente forma: ¿Los edificios destinados a alojar a personas en conflicto con la ley logran la reinserción social del sujeto?
Sabiendo que el mero diseño de una prisión no resolverá todos los problemas, es preciso buscar nuevas modalidades de evaluación que apunten a una respuesta integral, que permita reunir a los arquitectos junto con profesionales de otras disciplinas que aporten miradas diferentes sobre el mismo objeto. Este planteo coincide con lo que ocurre a nivel regional respecto de la evaluación de las políticas públicas que han comenzado a ocuparse del desarrollo de elaborar una perspectiva interdisciplinaria, con nuevas herramientas metodológicas y aportes teóricos y formas innovadoras de gestión de la evaluación (Neirotti 2015).
VI. La evaluación y la agenda de políticas públicas
En lo que respecta a la evaluación de políticas, en nuestro país debemos distinguir los organismos del ámbito provincial y del ámbito nacional.
En ambas jurisdicciones, tales organismos tienen una nutrida agenda de programas que apuntan a diferentes poblaciones objetivo y problemáticas. En lo que respecta a este trabajo interesan los programas cuyos escenarios son los espacios penitenciarios y su población objetivo: las personas privadas de libertad (PPL). Se trata de encontrar alguna evaluación que muestre aproximadamente la relación de la PPL y su ambiente.
En el nivel nacional, el Sistema de Información, evaluación y monitoreo de programas Sociales (SIEMPRO), que depende del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación contempla en la guía de 2021 un programa que comprende a las PPL referido a la Infraestructura Sanitaria cuyo objetivo es fortalecer el sistema de salud pública. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) ejecuta la construcción, ampliación y remodelación de los diferentes centros de aislamiento sanitario en establecimientos carcelarios con el objeto de ampliar la capacidad sanitaria y de atención médica en esos ámbitos. Sobre este programa no se ha documentado la evaluación ni el monitoreo.
En Catamarca, SIEMPRO trabajó en coordinación con el Ministerio de Educación provincial en dos programas: uno de terminalidad educativa, cuya población objetivo eran jóvenes y adultos alfabetizados, mayores de 18 años, que incluye a la población de lugares de privación de la libertad; y otro denominado bibliotecas abiertas, el cual tiene como objetivo generar espacios de creación de lectura, escritura y desarrollo creativo teniendo en cuenta lo emocional, que programa abarcaba la población carcelaria de todas las unidades de la penales de la provincia. Sobre estos dos programas no se han publicado evaluaciones ni monitoreos.
En Tucumán, el ministerio de Salud era el encargado de llevar adelante dos programas:
· Un programa de salud en contextos de encierro, cuyo objetivo general se basaba en fortalecer los sistemas sanitarios penitenciarios en articulación con las jurisdicciones y los ministerios que intervengan en dicho sistema y mejorar la calidad en el acceso de salud de las PPL. Particularmente este programa estaba delimitado en tres establecimientos penitenciarios de la provincia (Capital, Concepción y Banda del Rio Salí);
· Otro programa cuyo objetivo general se proponía asegurar el acceso universal a la prevención, tratamiento, cuidados y apoyo a las personas con VIH Sida, ITS y Hepatitis virales. Abarcaba a todo el territorio de la provincia y estaba destinado a poblaciones especialmente vulnerables a esas patologías: LGTB, trabajadores sexuales, embarazadas y sus parejas, personas con VIH, usuarios de drogas y PPL (SIEMPRO 2021, 30-47).
Sobre estos dos programas no se han publicado evaluaciones ni monitoreos.
Hay otros organismos nacionales que se encargan de la evaluación de políticas públicas, dentro de la Administración pública. Así, el Banco de evaluación de políticas públicas, integrante de la Dirección Nacional de Fortalecimiento de Capacidades de Gestión (DNFCG), de la jefatura de Gabinete de Ministros, el cual, tiene como objeto registrar y pone a disposición de la ciudadanía las evaluaciones realizadas por y para los principales organismos de la Administración Pública Nacional. Esta dependencia en su índice de evaluaciones realizadas, no indica trabajos realizados sobre poblaciones en contextos de encierro, ni tampoco referidas a la infraestructura penitenciaria.
Respecto específicamente a ámbitos penitenciarios, el país cuenta con la Procuración Penitenciaria Nacional (en adelante PPN), la cual, tiene entre sus funciones principales la realización de inspecciones periódicas a los distintos espacios de encierro para monitorear las condiciones materiales de detención y conocer los reclamos de las personas privadas de libertad. Las publicaciones referidas a los informes sobre el estado de situación de las unidades penitenciarias describen el estado actual de los edificios y su grado de cumplimiento de las normas internacionales y nacionales que sirven de guías para estos contextos. Los monitoreos constituyen un elemento importante en la recolección de datos para las tareas de mantenimiento y conservación de los edificios buscando respetar los derechos humanos de las personas detenidas.
Otro organismo nacional que brinda información sobre estos espacios es la Comisión de Cárceles, dependiente del Ministerio Público de la Defensa, la cual, realiza monitoreos e informes cuantitativos sobre los alojados en espacios de detención (MPD 2022). En la última visita de monitoreo en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se señala: “Del relevamiento efectuado se desprenden varias irregularidades respecto a las condiciones materiales de detención que, se replican en todos los espacios visitados” (Ministerio Público de la Defensa 2023).
Como complemento, la Procuración Penitenciaria Nacional en el informe anual 2022, detalla el estado de situación edilicio de las unidades penitenciarias relevadas y, entre otras cosas, describe:
Cuando hablamos de cupo carcelario y hacinamiento, estamos también refiriéndonos a la falta de condiciones de vida dignas y de acceso a derechos fundamentales. En unidades que no cumplen con los estándares mínimos, resulta difícil realizar las necesidades más básicas, como ir al baño, cocinar, guardar comida, guardar la ropa, transitar, ver televisión, bañarse, llamar por teléfono, estudiar, recibir visitas de familiares, tener visitas íntimas, aprender, o trabajar, entre muchas otras actividades básicas. La dificultad de hacer cualquiera de estas cuestiones, se suma a la de por sí traumática situación de estar encerrado, sin contacto con sus familias, con la vida detenida. Y esta situación se explica en parte por cómo están pensados los espacios, por las políticas y decisiones de alojamiento, por las dinámicas y políticas de gestión penitenciaria, y por la falta de mantenimiento de los lugares de detención. (PPN 2022; remarcado nuestro).
En igual orden de cosas, la PPN reitera la información que emplea en su trabajo:
La información oficial resulta poco confiable dado que al generarla el propio Servicio Penitenciario Federal (SPF) condiciona la veracidad de los datos brindados por las PPL; la falta de pertinencia en la producción de información y su deficiente actualización, se suman a los obstáculos estructurales que dificultan la participación de la sociedad civil en la construcción de la información. (PPN 2021)
Lo señalado hasta el momento muestra las carencias de información que los diseñadores deben enfrentar para orientar sus acciones al objetivo primordial. Por ello la PPN concluye:
Asimismo, si bien los órganos de control y el campo académico producen y publican informes y bases de datos, no logran alcanzar difusión e impacto en la agenda de políticas públicas (PPN-CLADAH 2021; resaltado nuestro)
VII. Otra perspectiva sobre el mismo problema
Desde hace varios años, las investigaciones de un conjunto de disciplinas confluyen sobre el diseño y desarrollo de los edificios en contextos de encierro, incluso aporta elementos sugestivos para evaluar esos espacios. Los aportes de la psicología ambiental, la criminología ambiental, la neuroarquitectura, las ciencias del comportamiento y la inteligencia artificial han adquirido una importancia creciente y resultan cruciales para el diseño y la evaluación de este tipo de edificios. Como señala García Basalo:
Resulta interesante señalar que las personas responden conductualmente según los ambientes en que se encuentran. Si la arquitectura provee condiciones agradables, el comportamiento será de personas normales, si los ambientes se diseñan con miedo a la violencia la respuesta será violenta. Es el resultado de la arquitectura zoológica. (García Basalo 2018, 3).
Muchas administraciones tienden a suponer que las grandes prisiones resuelven los problemas de los sistemas penitenciarios y los políticos suelen postular que es más conveniente construir nuevas prisiones que organizar un buen sistema penitenciario reducido y efectivo, complementado con medidas alternativas de sanción penal. Este criterio, muy generalizado, lleva a la construcción de grandes establecimientos que desafortunadamente parecen condenados al fracaso y cuya duración en el tiempo significarán un enorme costo para los erarios. Resultaría más inteligente y efectivo contar con un sistema de prisiones pequeñas de una capacidad de entre 250 y 400 personas ubicadas en las proximidades de los lugares de origen de sus ocupantes. (López Rey Arroyo 1960)
Varios profesionales y expertos en esta temática que plantean un cambio sobre el diseño de estos espacios y sus consecuencias a nivel conductual. Los aportes de nuevas disciplinas permiten no sólo conocer los avances de cada una sino también observar sus relaciones mutuas y ponderar su influencia sobre el diseño y la evaluación de los proyectos.
Los avances técnicos y tecnológicos estimularon los análisis e investigaciones referidas al diseño de estos establecimientos. Actualmente se está trabajando con la “cuarta generación” de arquitectura penitenciaria.
Donde se suman al empleo de la psicología ambiental y al diseño basado en la prevención del delito, las características urbanas que facilitan una mayor vida social en su interior, promueven el uso mixto de ciertos espacios, tanto por los internos y el personal como por la comunidad, buscando no re-integrar sino integrando a los internos en la vida de la comunidad. Hay también una creciente consideración por la biofilia y su influencia sanadora que se traduce en la incorporación del paisaje al interior de las prisiones. (García Basalo 2018, 19)
Para el desarrollo generacional de arquitectura penitenciaria sirvieron de precedentes los avances e investigaciones realizadas por Christopher Alexander, arquitecto que “se dio cuenta que el diseño no era algo matemático, no podía realizarse sin tener en cuenta las sensaciones y estaba muy relacionado con la vida” (Armengol Garreta 2008; resaltado nuestro).
VII.1. Psicología Ambiental
La psicología ambiental, es la rama de la psicología encargada de estudiar las relaciones del individuo con el entorno físico a través de procesos psicológicos como la percepción, el aprendizaje y la cognición, entre otros (Oviedo 2002). Busca, como premisa, dentro de las actitudes ambientales, conseguir claridad perceptual, es decir que los ambientes puedan ser percibidos en forma clara y eficiente por los individuos.
Bailly (1979) sostiene que existen importantes supuestos sobre los cuales se fundamenta la investigación psicológica del individuo en la ciudad. En primer lugar, resalta la tradicional preocupación por el comportamiento de las personas dentro de los contextos urbanos y la naturaleza de su actividad conductual. Tales afirmaciones se basan en precedentes que consideran que el escenario de conducta es una unidad con elementos físicos, psicológicos y temporales que configura una conducta compleja con distinciones individuales (Barker 1968).
Ahora bien, teniendo en cuenta las condiciones que propone la psicología ambiental, algunos estudios realizados en espacios en contextos de encierro han ayudado a los diseñadores a partir de las percepciones de los individuos en escenarios complejos. En este sentido, las instituciones penitenciarias se convierten en el campo de acción donde internos y funcionarios interactúan para alcanzar ciertos objetivos formales e informales (cumplimiento de la condena, desarrollo de todas las actividades, aplicación de sanciones, etc.). Se genera en ellos un clima social denominado “clima social penitenciario”.
Algunos autores contribuyeron a poner el foco en estas relaciones ya planteadas por la Psicología ambiental. Benito, Gil y Vicente (2007) llevaron a cabo un detallado estudio sobre el hecho de compartir celda. Los autores concluyen que aquellos internos que comparten celda voluntariamente experimentan en menor medida sensaciones negativas como la amenaza, el peligro, la angustia y el agobio, en comparación con aquellos que la comparten por imposición, los cuales consideran perjudicada su intimidad, presentan mayores niveles de agresividad y conflictividad y viven esta situación con sensación de amenaza y con un bajo nivel de tolerancia en temas de limpieza y orden. En definitiva, estos autores muestran que el hecho de compartir celda afecta a la calidad de vida de los internos según se comparta por imposición o de manera voluntaria.
Pollock et al. (2012) señalan que el preso debe percibir el clima social como seguro; para ello, las relaciones que establezca con funcionarios y con iguales deben ser sanas. Además, sería importante que fuese capaz de resistir impulsos autodestructivos. Por lo tanto, el ambiente de prisión debe ser percibido por el interno como moral y ético, sin desequilibrios de poder (Conde 2019).
Imagen 2. Espacio de alojamiento en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Fuente: Clarín 2016.
La imagen, en este caso, permite cuestionarse si este espacio puede percibirse como seguro tanto para el interno como para el personal de custodia.
VII.2. Criminología Ambiental
El aporte de la criminología ambiental es crucial en relación con la percepción y sensación del medio que nos rodea y la conducta humana. Los expertos en la materia sostienen que la ecología, en el área criminológica, representa la influencia que el ambiente ejerce sobre la conducta del sujeto. Por lo tanto, existe la relación antisocial-ambiente. Es una tendencia en cuanto que la personalidad de un sujeto antisocial tiene su formación en múltiples factores y aspectos ambientales que lo circundan y que en su momento favorecen el desarrollo del fenómeno antisocial (Hical y Estrada 2012).
La criminología ambiental comprende el estudio de los factores climáticos que influyen en la realización de cierto tipo de conductas antisociales o delitos, cuyo interés está en los efectos del ambiente en la conducta humana (Flores 2018). Podríamos citar ciertos factores ambientales como el espacio, la estructura del escenario, el frío, el calor, el ruido, la luz, la oscuridad, etc. Estos condicionantes o fuerzas externas estimulan a los individuos a actuar de cierta manera, ya sea realizando una conducta o evitándola.
Estos estudios tienen como precedente a C. Ray Jeffery que en 1971 publicó Prevención del crimen a través del diseño ambiental (Crime prevention through environmental design - CPTED) en donde examinó el papel que juegan los entornos inmediatos en el crimen y sugirió una variedad de estrategias para reducirlo modificándose, acuñando el término "criminología ambiental". Los criminólogos ambientales examinan el lugar y el momento en que ocurrió el crimen. Están interesados en el uso de la tierra, los patrones de tráfico y el diseño de las calles y las actividades y movimientos diarios de las víctimas y los delincuentes. Los criminólogos ambientales a menudo usan mapas para buscar patrones delictivos, por ejemplo, apelando a la topología métrica (Verma y Lodha 2002).
Si bien la aplicación de la criminología ambiental ha dado sus frutos en los análisis de centros urbanos, es importante ver su beneficio en el diseño de espacios donde se alojan personas que tienen antecedentes delictivos. Incluso, permite visibilizar si los espacios diseñados fomentan o no la conducta delictiva en las unidades penitenciarias.
Sobre estas dos cuestiones; la percepción del ambiente (psicología ambiental) y los factores que fomentan la conducta delictiva (criminología ambiental), se desarrollaron varios estudios que han dado una luz sobre los aspectos a profundizar en el diseño espacial. Se concentran en el clima social y la evaluación de la calidad de vida en prisión. Medir el clima social en prisión ha revelado en los últimos tiempos un indicador clave para la gestión y determinaciones de las condiciones de vida dentro de la prisión. Si presos que cumplen condena en prisión tienen una buena percepción de calidad de vida y, por tanto, más oportunidades de reinsertarse cuando salgan de ésta, sería bueno conocer cuál ha sido el factor que ha influido en esta percepción para trasladarlos a otros centros donde la calidad de vida sea peor. Conociéndolo, estaríamos en posición de evaluar y hacer propuestas de mejora continua para que se puedan optimizar las condiciones de vida dentro de la prisión y hacer que los programas de tratamiento que se desarrollan en ellas sean eficaces (Aguilar Conde 2019).
Varios académicos han trabajado sobre la evaluación del clima social en prisión. En sus trabajos de investigación Moos y Liebling desarrollaron elementos de medición que se aplican de manera internacional a varios análisis evaluativos de los entornos complejos. Moos y Houts (1968) afirman que el comportamiento es una función interactiva entre las necesidades del individuo y la presión del ambiente, por lo que resulta prioritario investigarlo y construir herramientas con las que evaluar los ambientes. Para tal fin, desarrolla el World Atmosphere Scale (WAS), un instrumento de 100 ítems que se puede utilizar en diferentes tipos de instituciones, incluidas las prisiones. Con posterioridad adaptó la escala WAS de manera exclusiva al ámbito penitenciario, creando la escala CIES (Correctional Institutions Environment Scale). El cuestionario fue aplicado a los internos y al personal de 16 unidades de corrección juveniles. Contenía 86 ítems organizados en 9 escalas distribuidas en tres dimensiones (las relaciones entre personas, programas de tratamiento, y funcionamiento de la institución).
A pesar de considerarse una gran herramienta para la medición de estas variables “inmensamente influyente y ampliamente utilizada” (Liebling y Arnold 2004, 88-89), como contrapunto, Liebling remarcó que el modelo es limitado, ya que se centra en la predicción del comportamiento de los internos y deja de lado la percepción del personal sobre su entorno de trabajo. Ante esta carencia, Liebling y Arnold (2004, 50) desarrollaron el cuestionario Measuring Quality of Prison Life (MQPL) para medir lo que realmente importa dentro de las prisiones, donde las condiciones de vida en ellas no sólo están determinadas por aspectos materiales, sino fundamentalmente, por aspectos morales de corte cualitativo, más difíciles de medir, como justicia, equidad, seguridad, orden, humanidad, confianza o desarrollo personal, que en conjunto denominan: moral performance. Los avances en tales aplicaciones sobre el desempeño moral de las prisiones permitieron concluir que “las dimensiones obtenidas avalan que el ambiente dentro de la prisión es multifactorial y, por tanto, cada prisión tendrá una calidad de vida propia y comparable con otras prisiones” (Liebling 2012; cfr. Martí 2017; Rodríguez et al. 2018).
Esta perspectiva nos permite profundizar el análisis sobre el tipo de evaluaciones ambientales que es necesario y prioritario llevar adelante en estos ámbitos, entendiendo las necesidades del detenido, del personal de seguridad y del personal civil, convocando a las demás ciencias y profesionales que aportan diferentes miradas sobre las percepciones ambientales y los espacios que generan conductas no deseadas.
VII.3. Neuroarquitectura
A los conceptos elaborados por la psicología ambiental y la criminología ambiental corresponde sumar los avances que a nivel arquitectónico-conductual ha desarrollado la neuroarquitectura y ver su aplicación a esos entornos complejos. Esta disciplina une las investigaciones de la neurociencia y de la arquitectura. Se han recogido opiniones diversas sobre la influencia de la neurociencia en el diseño de los espacios arquitectónicos y sus efectos en el cerebro del sujeto que los habita. Fred Gage presentó este descubrimiento en una convención de arquitectos en 2003, en el Instituto Americano de Arquitectura, enunciando la siguiente idea: “Los cambios en el entorno, cambian el cerebro, por tanto, modifican nuestro comportamiento” (cit. en Gutiérrez 2018, 175).
Epstein y Kanwisher (1998) señalan que existe una región del cerebro llamada en inglés Parahippocampal Place Area (PPA). Se encuentra en el hipocampo, el área del cerebro que se dedica a procesar nueva información y almacenar la memoria y los recuerdos. La PPA se activa únicamente con la percepción de lugares, cada vez que un individuo se encuentra en un determinado lugar o lo recuerda de manera novedosa. Los autores señalan que la PPA es más activa cuando las personas observan escenas complejas, como paisajes, ciudades, habitaciones con muebles; y estas experiencias son almacenadas en el cerebro. En ese sentido, se puede inferir que la percepción del sujeto del espacio en que participa es gravitante para generar diversas sensaciones que, dependiendo de la receptividad de su cerebro, hace que éste sea un espacio habitable, que genere confort en sus diversas maneras, que sea adecuado para la función o actividad para lo cual fue destinado, en este caso utilitario, para satisfacer necesidades primarias y/o secundarias (Gutiérrez 2018).
La relación directa entre la neurociencia y la arquitectura aplicada a la evaluación y el diseño de las unidades penitenciarias nos conduce a una pregunta hipotética: ¿cuáles serían las posibilidades de rehabilitación, si los interiores de las prisiones se diseñaran para reducir la ansiedad y el estrés entre los reclusos y el personal por igual? La aplicación de la neuroarquitectura en los edificios penitenciarios pone sobre la mesa cuestionamientos básicos de diseño y conduce a ciertas revelaciones trascendentes:
Para mí, lo más importante es pensar en cómo te hace sentir la arquitectura. La gente puede olvidar los detalles de cómo se ve un espacio o qué hizo, pero casi nadie olvida cómo te hizo sentir o cómo no te hace sentir. Amplificamos el potencial de sentir en nuestra práctica, lo que luego nos lleva a estudiar cómo podemos manipular eso para obtener mejores resultados para las personas. (Reddy 2018)
Robles y Esparza (2015) consideran que la complejidad de la percepción espacial surge a partir del análisis de los recursos perceptivos aplicables en el diseño del espacio interior, los cuales serían: visuales, táctiles, auditivos, y olfativos, añadiendo, por último, el elemento final, la traducción o reconocimiento por medio del efecto memorial.
Los expertos en investigar tales cuestiones trabajan en averiguar por qué las prisiones son tan estresantes. La perspectiva simple y directa indica una gran cantidad de fuentes de estrés ambiental y, en muchos casos, en niveles muy extremos. Adicionalmente a esta causa, existe simultáneamente una pérdida de los mecanismos de defensa que hacen frente al estrés (Wener 2018). Es preciso entonces, detectar los elementos que pueden provocar estrés y considerar particularmente a los usuarios que están expuestos involuntariamente a los efectos del estrés ambiental. Entre esos efectos se pueden mencionar, el aislamiento, el hacinamiento, demasiado ruido (estrés acústico), mala Iluminación (calidad y cantidad) (Farbstein 2018).
Ante estas situaciones de estrés los detenidos recurren a su contexto social: amigos, pareja, familia, etc. Buscan su “cable a tierra”, o quizás buscan poder desarrollar otras actividades como ir al gimnasio, meditación, etc., pero no todas las prisiones cuentan con estos lugares para la realización de tales actividades. Algunas investigaciones demuestran que, en estos ámbitos, el estrés produce resultados de mucha violencia ante hechos concretos, consecuencias que también repercuten sobre el personal de seguridad, ocasionando una pérdida de la capacidad cognitiva para resolver conflictos. Los efectos se agravan si existe una larga exposición a los factores. Los resultados de las investigaciones concluyen que el estrés es acumulativo, que el control es un factor muy poderoso pero que si éste es menor cuando se está expuesto a diferentes factores estresantes, se producirán más efectos negativos sobre las personas (Farbstein 2018)
Particularmente, sobre los ámbitos penitenciarios Melissa Darling (ANFA[1] 2018) avanzó en varios estudios sobre los factores que producen estrés, el impacto de la iluminación y el ruido en las prisiones. Se relacionó el impacto de la iluminación con los ritmos circadianos naturales, dando como resultado beneficios para un mejor sueño del recluso, lo cual supone una menor irritabilidad y agresión y mayor participación en el programa de reinserción de las diferentes prisiones.
Con respecto al hacinamiento, a medida que aumenta la cantidad de detenidos en una celda o habitación se sentirá menos privacidad, mayor estrés, niveles más altos de comportamiento agresivo y vandalismo e, indirectamente, el estrés del personal penitenciario será mayor.
VII.4. Ciencias del comportamiento
Las Behavioral Insights (BI) constituyen una herramienta importante para el diseño, puesto que estos espacios generan, en mayor o menor medida, posibilidades de interacción entre los grupos sociales que los integran. Aprender a entender el comportamiento de estos individuos brinda posibilidades de convivencia en edificios más efectivos.
Como se ha señalado, las unidades penitenciarias suelen, en la medida que se lo permite el edificio, segmentar las poblaciones de detenidos de acuerdo a sus diferentes características conductuales y /o los perfiles criminológicos. Esta segmentación permite tener a todos los detenidos con similares características en un espacio (pabellón), pero en la literatura existente no se ha encontrado información que demuestre o indique si existen características del diseño arquitectónico que pueden llegar a modificar el comportamiento según los atributos de las poblaciones que los habitan.
En los últimos años varios organismos internacionales, como el Banco Mundial y la Comisión Europea, han reconocido el aporte valioso que representa el enfoque Behavioral Insights (BI) (Sousa Lourenço et al. 2016). La Unión Europea se ubica como uno de los gobiernos pioneros en implementar y desarrollar el enfoque BI, principalmente a través de la organización de equipos de especialistas en los gobiernos de varios países miembros. El Reino Unido se presenta como una de las cabezas en la implementación de este enfoque y ha generado y puesto a prueba una variedad de políticas en dominios tan diversos como el transporte, la salud pública, la defensa al consumidor y el cuidado del medio ambiente (The Behavioral Insights Team).
Las ciencias del comportamiento explican, con métodos empíricos, la forma en que las personas realmente se comportan, toman decisiones y responden a programas, políticas e incentivos. Nos permiten diagnosticar los obstáculos que impiden que las personas adopten un determinado comportamiento, comprender los factores que las ayudan a alcanzar sus objetivos y concebir intervenciones de mayor repercusión. (Guterres 2021, 1)
Si bien no se encontró información académica sobre la aplicación de estas ciencias en los contextos de encierro, hay datos que no son menores al considerar los usuarios de estos espacios. En general son aportados por la criminología en relación al perfil conductual de las diferentes poblaciones, lo cual permite entender cuál será el mejor diseño espacial funcional a su reinserción social.
El empleo de BI tiene sus fundamentos en lo enunciado por el instrumento IGI (inventario de gestión e intervención)-y su aplicación mediante el Modelo RNR (riesgo-necesidad-responsabilidad) (Andrews y Bonta 1990). El modelo RNR permite conocer las características de los detenidos mediante factores de riesgo. Estos, luego de ser evaluados, se catalogan dentro del sistema IGI, que segmenta la población según un bajo, medio o alto riesgo de reincidencia.
Paralelamente, cuando se solicita el diseño de unidades penitenciarias, se les indica a los diseñadores si la unidad debe ser de máxima, mediana o baja seguridad. Incluso se suele asociar esta clasificación con los regímenes cerrado, semiabierto y abierto. Aquella denominación considera sólo los aspectos físicos de la seguridad y se pasa por alto que en los establecimientos semiabiertos y abiertos la seguridad no es física y que muchas veces es mejor que ésta (García Basalo 2018, 6).
Los diseñadores desconocen si existe una relación en las decisiones de diseño cuando se habla de baja, media o máxima seguridad y bajo, medio o alto riesgo de reincidencia. No hay ejemplos documentados que señalen la participación de profesionales que trabajan con esos perfiles criminales en conjunto con los diseñadores de unidades penitenciarias. Sin embargo, los aportes que pueden generar los datos de los criminólogos son parte fundamental para el trabajo en conjunto con las ciencias del comportamiento y los diseños espaciales:
...estas nuevas teorías que van surgiendo desde finales de la década de los setenta hasta la más rabiosa actualidad, van aportando nuevas vías de investigación que si se integran entre sí, interactúan y se desarrollan podrán colmar algún día la pretensión de todo Criminólogo, como es conocer la etiología del delito, saber qué mecanismos son más efectivos para prevenirlo y conseguir mayor éxito en la rehabilitación del delincuente y en la reparación a la víctima. (Soriano 2008, 7).
Se pretende conocer los perfiles de las personas a alojar para saber cuáles son los comportamientos esperados y cómo el ambiente y el contexto pueden ayudar en el tratamiento de reinserción social que es el objetivo de la institución. Todos los datos e información recopilados de los aportes generados por las diferentes disciplinas y ciencias merecen ser tratados de manera seria y ética que permita tener una base de datos a consultar por diferentes organismos, para lo cual es preciso considerar las contribuciones de la inteligencia artificial y sus avances.
VII.5. Inteligencia Artificial
Sobre este tema son varios los documentos e informes que demuestran el uso de la Inteligencia artificial (IA) en espacios carcelarios. En primer lugar, cabe establecer qué nos referimos a IA
cuando las máquinas hacen el tipo de cosas que antes solo podían hacer las personas. [Se trata de] sistemas que muestran un comportamiento inteligente analizando su entorno y actuando con cierto grado de autonomía para conseguir sus objetivos específicos. (Comisión Europea 2018)
El uso de la IA en estos espacios es muy variado y existen diferentes aplicaciones. En este trabajo sólo nos referiremos a las implementaciones más relevantes, las cuales servirán para justificar el uso de esta tecnología para la evaluación post ocupacional de los edificios penitenciarios.
La mayor experiencia en el uso de la IA proviene de las cárceles finlandesas, las de Hong Kong y las de Singapur. En todas ellas, ya se han planteado las cuestiones éticas relacionadas con el futuro del uso de esta tecnología en el contexto penitenciario.
Una encuesta desarrollada en 20 jurisdicciones penitenciarias de todo el mundo concluyó que los dos ámbitos principales en los que se aplica IA en las prisiones son:
· La tecnología operativa, centrada principalmente en la seguridad y la vigilancia (Yan 2019; Digit NewsDesk 2019; McGoogan 2016).
· Las aplicaciones informáticas de apoyo a la gestión de la información, como los sistemas de gestión de delincuentes, la asistencia sanitaria, las finanzas, etc. (Puolakka 2020)
Pese a estos avances, los sistemas de todas las organizaciones no pueden acceder a los datos pertinentes, y el envejecimiento de la infraestructura, con multitud de sistemas diferentes, dificulta la aplicación de soluciones de IA. Por lo tanto, diseñar un algoritmo para su uso en el contexto penitenciario requiere pensar deliberadamente qué es exactamente lo que se pretende y una sólida comprensión de los fallos humanos que se supone que se están sustituyendo (Fry 2018).
De aquí a 2030, la IA seguirá desarrollándose tanto dentro como fuera de las prisiones. La IA podría mejorar la agencia e inteligencia humana y aumentar el nivel de rendimiento de muchas maneras que aún no se han explorado (Cath et al. 2018). Aunque no abundan estudios o trabajos desde la inteligencia artificial aplicados al diseño de los espacios penitenciarios, pueden extrapolarse diferentes tecnologías de la IA que se aplican para evaluar, desde el diseño, los entornos urbanos.
A modo de ejemplo:
· El uso de la Biometría y el “aprendizaje automático/simulado” para captar las reacciones de los usuarios a los entornos construidos.
· El aprendizaje automático/IA para analizar las imágenes de Google Street View, con el fin de evaluar la respuesta de las personas a las formas en que el lugar se siente seguro.
Estas tecnologías fueron aplicadas en una investigación realizada sobre estudiantes universitarios que observaron diferentes edificios públicos de la ciudad de New York con un rastreador ocular frente a un monitor que mostraba imágenes. El objetivo del estudio era poner a prueba las formas en que las características urbanas de un lugar pueden influir en la meditación y la atención, dos conceptos importantes en los campos de la planificación y el diseño urbano en relación con las experiencias de los peatones.
Gran parte de las investigaciones de la ciencia cognitiva en este ámbito han señalado el papel del entorno construido en la formación de la ansiedad (Sussman y Hollander 2015), por lo que la forma física es importante para entender cómo una persona puede utilizar, recorrer o relajarse en un espacio urbano. Los resultados de los estudios arrojaron los siguientes datos:
· Las personas ignoran las fachadas en los edificios en blanco.
· La gente siempre busca orientación. sobre todo en el exterior, en zonas abiertas.
· La gente siempre busca a otras personas (Hollander et al. 2020).
Es importante mencionar la conclusión enunciada por los propios profesionales que llevaron adelante tal investigación: los estudios que muestran cómo el ojo capta los estímulos visuales en tiempo real, nos permiten ver la imagen y saber por qué es importante.
Los edificios que habitamos afectan a nuestros cuerpos y cerebros, y cuanto mejor se comprendan esas interacciones complejas entre los cuerpos y los espacios, las sociedades y sus ecosistemas, más elementos habrá para poder diseñar espacios que logren mejor salud mental y satisfacer las necesidades de todos los usuarios.
VIII. Conclusiones
Se han expuesto los diferentes elementos y recursos con los que cuentan los diseñadores de estos espacios, así como el estado de la información disponible en materia de evaluación tanto de programas como de acciones de política pública sobre estas poblaciones y los espacios que ocupan.
Exponer las falencias permite conocer el estado de situación que deben enfrentar los responsables de tales diseños. Contar con poca e informal evidencia resulta una severa desventaja a la hora de planificarlos.
Por ello, se concluye que es importante priorizar en forma decidida la evaluación (a priori, a posteriori y concomitante) de las acciones, programas y diseños, en los espacios de contexto de encierro, coordinando para ello los equipos técnicos disponibles en los distintos organismos de la administración pública, en todos los niveles de gobierno y optimizando los recursos presupuestarios.
En lo particular referido al diseño de estos espacios, este trabajo intenta concientizar la importancia de contar con información completa para uso de los planificadores, proyectistas, y demás profesionales que integran los equipos de trabajo en contextos complejos. Se requieren de manera urgente estudios formales que permitan analizar los diferentes usos espaciales y su relación con el comportamiento de cada población delictiva que los habita, entendiendo las consecuencias que tiene alojar a personas en tales construcciones, viendo cuáles características se deben replantear para ayudar al propósito de estos espacios: lograr la reinserción social de los detenidos.
Los espacios para personas detenidas en contextos de encierro poseen características, condicionantes y relacionales. Los encargados de trabajar sobre estos espacios tienen la ardua tarea de conocer y entender sus relaciones, comportamientos y funciones. Si estos profesionales forman parte de un equipo interdisciplinario de políticas públicas, el resultado adquiere una importancia mayor pensando en su proyección temporal a través de varios gobiernos.
El presente trabajo trató de exponer las dificultades y cuestiones que plantea la definición proyectual de cada espacio a diseñar. Quedó manifiesta la poca evaluación de programas y políticas públicas aplicadas a estos edificios y las poblaciones que los componen. Se han registrado los avances de las diferentes ciencias y disciplinas sobre los espacios y el comportamiento de los diferentes usuarios; incluso, queda expuesta la urgente necesidad de integrar estas disciplinas al desarrollo de los proyectos.
Los técnicos y demás profesionales involucrados en esta temática requieren evaluaciones formales que permitan obtener documentación precisa y seria sobre estos escenarios complejos, integrando todas las disciplinas y ciencias antes mencionadas. La incógnita subyacente es: ¿los gestores políticos están preparados para asumir un cambio de paradigma sobre el diseño de estos espacios y de las políticas públicas que los comprenden?
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