1. Introducción

A pesar del progresivo aumento de la circulación migratoria al que se asistió a partir de mediados del siglo XIX, la esfera política y la opinión pública española mostraron un escaso interés por la cuestión. Si exceptuamos algunas medidas destinadas a limitar abusos o irregularidades en el acto migratorio –sobre todo en las salidas destinadas a ultramar–, ningún debate público ni ley optó por abordar el fenómeno migratorio en su conjunto. Fue necesario que se produjese la llamada tragedia de Saida en 1881 para que la emigración fuese incorporada a la agenda política española, dando así lugar al nacimiento de lo que se habría de denominar el “problema migratorio” español.^[1]

Pese a la elevada tasa de retorno de este flujo migratorio, el tema del regreso de los emigrantes estuvo relativamente ausente de un debate público obsesionado por la cuestión de las salidas masivas y el impacto que estas podían tener en los diferentes ámbitos de la vida nacional.^[2]

Gráfico 1
Gráfico 1: Emigración española: salidas y llegadas de pasajeros por mar (1882-1930)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos recogidos en CARRERAS; TAFUNELL, 2005, 139.

La consideración de la emigración ultramarina como emigración definitiva y las escasas y deficientes estadísticas relativas al regreso de emigrantes que habrían podido cuestionar esta percepción fueron, sin duda, algunas de las razones que explican esta falta de interés por la problemática del retorno.^[3] Los debates migratorios se centraron, pues, en las salidas, y más concretamente, en las salidas con destino a América.

Este trabajo se propone analizar la percepción que la opinión pública española tuvo del fenómeno del regreso de emigrantes y sus consecuencias en materia de gestión estatal durante los años de la emigración masiva (1880-1930). Para ello, dos han sido las fuentes primarias privilegiadas: la prensa nacional y los debates políticos recogidos en los Diarios de Sesiones de las Cortes.^[4]

A pesar de que, tal y como afirmó el sociólogo Abdelmalek Sayad el retorno constituye una dimensión esencial de la antropología del acto de emigrar e inmigrar, la temática del regreso de emigrantes ha suscitado pocas investigaciones en el campo de los estudios migratorios.^[5] Para el caso de la emigración española, la mayor parte de las investigaciones han tratado el retorno desde una perspectiva sociológica, enfocando sus análisis hacia el regreso de los españoles que marcharon a Europa durante los años del desarrollismo franquista.^[6]

Los pocos trabajos que desde la historiografía de la emigración a América han tratado de acercarse a este fenómeno no han buscado un análisis global que trate de determinar sus causas, características, evolución, etc., sino que se han limitado por lo general a evaluar su impacto en las sociedades de origen.^[7] Para ello, los ángulos de observación han sido fundamentalmente tres: el rol económico de los retornados –a partir, sobre todo, del análisis de sus remesas e inversiones–, su contribución a la dinámica de movilización social en sus lugares de origen y los debates en torno a su aporte conservador o revolucionario con respecto al orden socio-político existente.^[8]

Para tratar de entender la percepción del fenómeno del retorno en la España de finales del siglo XIX y principios del XX, la primera parte de este estudio abordará el proceso de construcción de una imagen social del retornado en la prensa española durante los años de la emigración masiva (1880-1930); a continuación, una segunda parte se centrará en los debates que sobre este tema tuvieron lugar en la esfera político-administrativa y su impacto en la gestión estatal del retorno.

2. La construcción de una visión del retorno en la opinión pública española

Como se analizará a continuación, la manera en que desde la opinión pública española se abordó el retorno de los emigrantes estuvo estrechamente vinculada con la concepción que se tenía del llamado problema migratorio. En efecto, cuando tras los sucesos de Saida la cuestión migratoria trascendió a la esfera pública, ésta estaba ya marcada por una visión mercantilista y poblacionista según la cual la emigración era nefasta para cualquier país, al privarlo de una de las mayores riquezas con que este podía contar: su población. Al perpetuar la estrecha relación entre el poder de un Estado y el número de sus súbditos, esta ideología prolongó una visión negativa de la emigración presente ya en la España del Antiguo Régimen, según la cual las salidas al extranjero eran culpables de vaciar una escasa y desigualmente poblada España.^[9]

Como se mencionó en la introducción, la atribución de un carácter definitivo a la emigración española a América Latina –principal flujo migratorio durante estos años– contribuyó a asentar en la opinión pública española una imagen muy negativa del emigrante y del hecho migratorio. A causa de la lejanía geográfica de los territorios ultramarinos, se daba por sentado que la emigración española que optaba por “cruzar el charco” optaría por asentarse definitivamente en esos territorios y nunca regresaría, razón por la cual la cuestión del retorno apenas se abordó en la prensa española de estos años.^[10] De hecho, por aquel entonces, el término retorno no era utilizado para designar el regreso del emigrante, ya fuese por sus propios medios o con la ayuda del Estado. El retorno solo se concebía como un acto forzado por el cual los emigrantes indigentes o incapaces de subvenir a sus necesidades acababan solicitando la ayuda del Estado español para regresar a sus localidades de origen. Por contra, el término de repatriación fue el vocablo más utilizado a la hora de hablar del retorno o regreso de españoles emigrados.^[11] Si el emigrante conseguía que el Estado financiase al menos una parte del pasaje se hablaba propiamente de repatriación y si este volvía por sus propios medios se denominaba “repatriación voluntaria”, “repatriación por sus propios medios” o bien inmigración (y muy excepcionalmente “reinmigración” o “reemigración”).^[12]

“(…) Las noticias locales de los diarios de Vigo nos cuentan que en muy poco tiempo han tocado allí dos o tres vapores, procedentes de Buenos Aires, de los cuales han desembarcado 2.000 o 3.000 reinmigrantes, que vuelven a la madre patria completamente desilusionados, o mejor desengañados, las falsas promesas que antes de emigrar les habían hecho (sic). Y cuentan que han tenido que venir pagándose el pasaje (…) Entendemos nosotros que los ministros harían una obra de alta política, y una propaganda, la más eficaz contra las nuevas migraciones, estimulando esta repatriación voluntaria. (…) Debiera el Gobierno aprovechar esta coyuntura para repatriar unos centenares de emigrantes, seleccionados, a ser posible, los naturales de las provincias más castigadas por la emigración, para que al ver regresar a los desengañados se curaran de la idea de ir a lejanas tierras a probar fortuna”.^[13]

Junto con los retornos o repatriaciones (asistidas o no) de emigrantes pobres y fracasados, la segunda modalidad de regreso que contó con una presencia (aunque menor) en la prensa de estos años fue la vuelta de los indianos. Si en los diarios a principios de siglo se afirmaba que “la leyenda del indiano jamás ha sido tan atrayente como ahora, quizás porque nunca las poblaciones del Noroeste y del Norte han visto a tantos de sus hijos regresar”,^[14] la figura del indiano fue por lo general considerada como la excepción en una aventura migratoria que se concebía como abocada al fracaso. Al representar una imagen quimérica del destino migratorio, la opinión pública hacía a menudo responsable al indiano de las “(…) falsas propagandas hechas en el propio país del emigrante, encaminadas a hacerle creer que en América se puede formar rápidamente una fortuna, creencia aumentada por la fama de los llamados indianos, que deslumbran a los trabajadores de aquí cuando regresan de Ultramar bien adornados”.^[15]

La asimilación de la cuestión migratoria a las salidas –supuestamente definitivas– hacia América Latina opacó muchas otras modalidades migratorias de carácter temporal. Entre ellas, la más extendida fue la llamada “emigración golondrina”, vinculada al ciclo de las cosechas. Ya existente para Argelia y Francia desde mediados del siglo XIX, esta emigración de temporeros empezó igualmente a dirigirse con gran frecuencia hacia el continente americano, sobre todo a Cuba, desde las últimas décadas del siglo, en respuesta a la demanda de mano de obra vinculada al final de la esclavitud y su sustitución por el trabajo libre.^[16] Sin embargo, el desarrollo de esta modalidad migratoria no alteró la percepción social de la emigración ultramarina como de un viaje sin retorno. De este modo, aunque se le reconocían algunas ventajas (el regreso del emigrante y, sobre todo, el envío de sus ganancias a España), la emigración golondrina fue por lo general vista con recelo, al considerársela como un estímulo para el expatrio sin visos de retorno o bien para salidas contrarias a los intereses de la Patria, como aquellas cuyo fin era escapar al servicio militar. En un artículo titulado “La emigración clandestina. Prófugos y desertores. Frutos de una propaganda ilícita”, se afirmaba lo siguiente:

“[Los] emigrantes que eluden la fiscalización en nuestros puertos son gente moza, en su mayoría, que prefieren las incertidumbres y azares de la expatriación al cumplimiento del deber militar. Y no es lo malo que este núcleo migratorio no figure en nuestras estadísticas, sino que los que se ausentan en estas condiciones tarde o nunca podrán volver a la patria. No dejamos de reconocer que el giro de los emigrados constituye uno de los elementos de la riqueza nacional y que acaso sin este factor, en los momentos actuales, fuera mucho mayor la depreciación de la peseta en el cambio internacional. Sin embargo, aún creyendo que el único medio de impedir la emigración o de hacerla disminuir es crear fuentes de producción y de trabajo, hemos de prevenir al Gobierno contra propagandas que se realizan insistentemente en las regiones migratorias, alucinando a los obreros, singularmente a los del campo, con ensueños de riqueza y halagos de fortuna que contadísimas veces pueden trocarse en realidades. Obedece a estas propagandas, sin duda, el crecimiento de la emigración habido el pasado año, singularmente a Cuba, (…) cuando llegó la emigración “golondrina”.^[17]

Las posibles oportunidades en materia de divisas que podía generar esta emigración se veían así neutralizadas por esta percepción negativa y pesimista de la experiencia migratoria. Las abundantes descripciones en tonos melodramáticos y con un evidente recurso al pathos que se publicaron durante todo el periodo con ocasión de la llegada de repatriados a los puertos españoles no hicieron sino afianzar esta imagen social negativa del emigrante retornado.

“(…) Aquel enorme vapor de cinco palos y cuatro chimeneas que contemplábamos enfrente, en bahía, era un trasatlántico extranjero que, de retorno de la América del Sur, tocaba en Vigo para desembarcar algunos emigrantes repatriados. (…) El bote atracó al cabo. Era toda una familia, el padre, la madre y tres pobres niños, el mayor como de cinco años. Horrorizaba verlos. El hombre en los huesos, con la barba crecida, con los ojos febriles y sombríos de la desesperación perpetua; la mujer, escuálida, en el esqueleto, con el rostro del abatimiento, con la tristeza que deja en el semblante el mucho implorar. Traía consigo una criatura de pecho. (…) Lo mismo ellos que los pequeñuelos venían envueltos en girones; uno de los chicos sin zapatos, en medias. Traían por ajuar una cesta con varias botellas, cazuelas y pucheros, y a la mano una rama de plátanos. (…) Otros reemigrantes igualmente lúgubres desembarcaron. Me faltó el valor para seguir observando”.^[18]

El temor a que una política repatriadora generosa supusiese un estímulo tanto al regreso masivo como a la emigración, unido a la idea de que el emigrante debía asumir las consecuencias de su “aventura” migratoria, hicieron que la prensa española se mostrase por lo general prudente a la hora de reivindicar una labor más activa del gobierno español en materia de repatriación.

Por lo general, los periódicos españoles de estos años consideraron que el Estado español debía limitarse a la repatriación colectiva de emigrantes o expatriados afectados por factores externos desligados del proyecto migratorio. Y así, la primera razón que justificaba el recurso a la repatriación asistida era la presencia de guerras, revoluciones o matanzas en los países de acogida. Tal fue el caso de la demanda pública de repatriación de los españoles instalados en la región de Orán tras la tragedia de Saida,^[19] las peticiones de ayuda a la repatriación de los emigrantes españoles afectados por la revolución mexicana^[20] al igual que las que se lanzarían durante los años de la Primera Guerra Mundial a favor de la repatriación de los emigrantes instalados en territorio bélico (Francia sobre todo).^[21] El desarrollo durante la segunda mitad del siglo XIX del derecho internacional humanitario o derecho de la guerra, bajo los auspicios de organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja, explica que, por primera vez, las labores de protección se extendieran a las personas afectadas por conflictos bélicos de diversa índole. Fue en este nuevo marco de la acción estatal en el cual se integraron las acciones repatriadoras de individuos afectados por conflictos armados.^[22]

Tras las guerras y revoluciones, la segunda justificación repatriadora se relacionaba con contextos de crisis económica o de explotación laboral de los que fuesen víctimas los emigrantes. Tal fue el caso de las crisis de 1880 y 1890 en Argentina,^[23]de la crisis económica cubana de 1927^[24] o de los casos de explotación laboral que sufrieron numerosos españoles instalados en Brasil y Panamá a principios del siglo XX.^[25]

El tercer y último criterio repatriador se relacionó con la existencia de catástrofes naturales o accidentes –por lo general naufragios– que afectasen al emigrante durante su periplo migratorio. Tal fue el caso, por ejemplo, del naufragio del Syrio. Procedente de Génova y cargado de emigrantes –italianos en su mayor parte, pero también españoles– que marchaban rumbo a América del Sur, este navío naufragó frente a las costas del cabo de Palos el 4 de agosto de 1906.^[26] Lo mismo ocurrió con el vapor Santa Isabel, que naufragó frente a la costa gallega de Ribeira el 2 de enero de 1921. El vapor pertenecía a la Compañía Trasatlántica Española y su naufragio costó la vida a 213 personas, la mayoría pasajeros españoles que emigraban a América.^[27]

Cuando tenía lugar alguno de estos dramáticos episodios, los mismos diarios de tirada nacional eran los primeros en solicitar de las autoridades gubernamentales medidas destinadas a la repatriación de los supervivientes. En este sentido, la prensa tuvo un papel central a la hora de alertar a la opinión pública y a la esfera política de los casos en que se creía conveniente que el Estado asistiese a los emigrantes que solicitaban ayuda para regresar a España.^[28] A menudo, la prensa hizo las veces de interlocutor entre los candidatos a la repatriación y el propio gobierno, haciéndose eco de las demandas de repatriación que estos emigrantes formulaban por medio de los consulados, las asociaciones o la prensa de las comunidades expatriadas editada en los países de acogida.

Además de funcionar como un generador de alertas y mediador entre las víctimas y los agentes estatales, y de opinar sobre las acciones estatales en la materia, la prensa española ejerció una labor informativa, dando cuenta del volumen de repatriaciones –sobre todo cuando estas eran consideradas como especialmente elevadas– recogido en las estadísticas estatales.^[29]

“La repatriación continúa intensamente, alcanzando la cifra de 28243 repatriados con un exceso sobre la expatriación de 9760 especialmente proveniente de Cuba y Estados Unidos, pueblos que recibieron durante la guerra grandes masas de emigrantes españoles, que ahora regresan a sus hogares. También en la Argentina, la repatriación de españoles ha ascendido á 7.226, o sea, el 64 por l00 de los expatriados. En total, la repatriación excede en un 50 por 100 a la salida”.^[30]

Además de asistir y proteger a emigrantes desvalidos, sobre todo cuando eran víctimas de crisis, abusos o catástrofes naturales, la prensa española de estos años de emigración masiva consideró que la acción estatal debía igualmente orientarse a hacer de las repatriaciones una baza de la política emigratoria. La acción repatriadora, se decía, debía actuar igualmente como un mecanismo desalentador de las salidas; como un revulsivo que mostrase a los españoles las nefastas consecuencias de la “aventura migratoria”.

“(…) entendemos nosotros que los ministros harían una obra de alta política, y una propaganda, la más eficaz contra las nuevas emigraciones, estimulando esta repatriación voluntaria de los infinitos que, arrepentidos de su impremeditación, desean volver a su antiguo terruño (…) [donde] contarían los engaños de que fueron víctimas antes de embarcarse, referirían las penalidades y privaciones que experimentaron en los ergástulos ambulantes que se llaman barcos de emigrantes, y les hablarían del hacinamiento en que fueron, y del inmundo rancho que les dieron para que no se murieran por el camino, y de la falta de higiene y de asistencia facultativa. Y les harían después relación de su incruento viacrucis en busca de trabajo y colocación, y de su calvario de hambre”.^[31]

En algunas ocasiones, se llegaba incluso a proponer que se repatriase “seleccionando, a ser posible, los naturales de las provincias más castigadas por la emigración, para que al ver regresar a los desengañados se curaran de la idea de ir a lejanas tierras a probar fortuna (...)”.^[32]

Esta visión utilitarista de la labor repatriadora tuvo durante esta época una segunda vertiente: la voluntad expresada desde la opinión pública de utilizar la repatriación asistida para afianzar la labor colonizadora y, de paso, evitar una posible agravación de la situación del mercado laboral en España. Durante estos años, varias fueron las demandas que desde la prensa se hicieron para que se canalizase el flujo de repatriados hacia colonias españolas: Cuba y Filipinas en un primer momento y, tras la pérdida de estos territorios, las posesiones españolas en el norte de África, sobre todo Marruecos. A modo de ejemplo, El Día del 12 de noviembre de 1897 retomaba la información sobre la campaña mediática que la colonia española de Valparaíso estaba llevando a cabo para que se repatriasen los emigrantes españoles de Chile hacia Filipinas. “Nos parece aceptable la idea, y sería conveniente extenderla a la repatriación a la Península, de donde no debieran salir tantos españoles para trabajar en casa agena [sic]” fue la categórica afirmación lanzada desde el periódico español.^[33]

Sin embargo, estas demandas de canalización del flujo de repatriados hacia las colonias no solamente nacieron de lo que se consideraba como el interés general, a saber, la necesidad de paliar los efectos negativos de la emigración y, de paso, reforzar la acción colonizadora de España. En numerosas ocasiones, estas fueron igualmente el resultado de la presión ejercida por grupos de interés vinculados tanto a las elites colonialistas como a las grandes compañías navieras transatlánticas destinadas al transporte de pasajeros. Así ocurrió en 1890 cuando, en un contexto de crisis económica en la Argentina, la fuerte demanda repatriadora emanada de la colectividad española en Buenos Aires fue utilizada por el senador Romero para solicitar que el Estado español pusiese en manos de la Compañía Trasatlántica el traslado a Cuba de estos miles de emigrantes afectados por la crisis. La pertenencia del político al Consejo de Dirección de la susodicha compañía naviera hizo que su demanda fuese considerada por algunos parlamentarios como un ejemplo de tráfico de influencias y de defensa de intereses privados en la esfera política española.^[34]

3. Los debates en la esfera político-administrativa y la gestión gubernamental del retorno

Las dos principales instancias político-administrativas en que se discutió el tema del retorno y se construyó una política al respecto fueron el Parlamento (en sus dos cámaras, Congreso y Senado) y el Consejo Superior de Emigración.^[35]

Como sucedió en la esfera mediática, la visión del retorno que tenían los agentes estatales estaba profundamente ligada a la visión pesimista y negativa del emigrante que había heredado esta clase política de la Restauración.^[36] Recordemos que, según esta visión, los emigrantes eran pobres individuos que huían de la indigencia y que “por la necesidad o por estímulos de la fantasía, atraviesa[n] las fronteras, y aún los mares [encontrando] desengaños que conducen a esto; a tener que pedir la repatriación, si es que no se ha perdido la vida en medio de la miseria”.^[37]

En unos años marcados por el aumento progresivo del flujo migratorio, la política migratoria optó por centrarse en el tema de las salidas, dejando de lado la cuestión de la posible vuelta de estos emigrantes. Este punto no fue abordado como tal, ni incorporado a la agenda política, hasta finales del periodo, de modo que por lo general la acción estatal se limitó a proponer simples medidas coyunturales de asistencia a personas en estado de indigencia que solicitasen ayuda para volver a España.^[38]

Como se verá a continuación, los puntos en torno a los que giraron los debates políticos fueron los mismos que los abordados por la prensa. En el periodo anterior a la publicación de la primera Ley de Emigración (1907), la esfera político-administrativa debatió la manera de gestionar las repatriaciones de españoles afectados por la tragedia de Saida (1881)^[39]y sobre la necesidad de canalizar emigración y repatriaciones hacia las colonias ultramarinas.^[40] Durante las tres primeras décadas del siglo XX, los agentes estatales intercambiaron pareceres sobre la repatriación de emigrantes españoles en contextos de explotación laboral (casos de Panamá y Brasil sobre todo),[41] de guerras y revoluciones (Marruecos,^[42] revolución mexicana,^[43] Primera Guerra Mundial^[44]) y en contextos de crisis en los países de destino (Argentina, Brasil, Uruguay, Cuba, México).^[45]

De manera general, los debates sobre el tema del retorno y la repatriación trataron de dar respuesta a cuatro cuestiones esenciales. La primera y más obvia era la de si se justificaba o no desde el Estado la tarea repatriadora y qué argumentos utilizar para legitimar dicha acción. Si bien a principios del periodo aquí tratado encontramos algunos detractores de la acción tutelar del Estado en materia de emigración y de repatriación, estos fueron minoritarios y la visión paternalista según la cual la principal tarea del Estado era proteger a los emigrantes acabó imponiéndose. Ahora bien, hubo que esperar a la aprobación de la citada Ley de Emigración de 1907 para que esta tutela tuviese un marco jurídico-administrativo ad hoc. En dicho marco jurídico, el posible retorno de los emigrantes se abordó desde el ángulo de la repatriación asistida, imponiéndose a las compañías navieras trasatlánticas la obligación de repatriar, con pasajes a mitad de precio, hasta una quinta parte de los inmigrantes llevados a un determinado país en el trimestre anterior, lo cual suponía que la cifra anual de repatriaciones dependiese del número total de emigrantes trasladados a ultramar. La gestión de estos medios pasajes se dejó en manos de las agencias consulares destacadas en los países receptores.^[46] Con la Ley de emigración siguiente, aprobada en 1924, la esfera política reforzó y extendió la tutela a la estancia del emigrante en el extranjero y a su posible viaje de retorno.^[47]

La necesidad de tutelar al emigrante constituyó el principal argumento con que se legitimó desde la esfera estatal la acción repatriadora del Estado. Sin embargo, argumentos ajenos a la realidad migratoria fueron igualmente utilizados para justificar la necesidad de repatriar en determinados contextos a emigrantes españoles caídos en desgracia. El primero y principal era la posibilidad de utilizar la emigración –en sus modalidades de salidas y de retornos asistidos– para colonizar y “blanquear” las posesiones coloniales españolas. Presente igualmente en la prensa, tal y como se analizó más arriba, esta visión utilitarista de la repatriación asistida, que algún actor político llegó a calificar de “patriótico auxilio”, se aplicó tanto a las posesiones ultramarinas,^[48] como, más tarde, a las posesiones norafricanas.[49] Una variante de esta visión utilitarista atañó a las propuestas lanzadas por algunos miembros del CSE para que la política repatriadora se hiciese en barcos de bandera española, medida con la que se “[habría] aliviado la crisis de nuestra Marina”.^[50] La fuerte presión que el llamado “trust naviero extranjero” ejercía en España hizo que esta demanda lanzada por algunos vocales del CSE fuese rechazada.^[51]

En este primer aspecto relacionado con la decisión o no de repatriar, la presión ejercida por la opinión pública –medida a menudo en la cantidad y tono de los artículos aparecidos en la prensa española–, fue determinante. Profundamente vinculadas e imbricadas, las esfera mediática y política interactuaban continuamente, de tal modo que los artículos de prensa reproducían a menudo el contenido de debates de la esfera político-administrativa de la misma manera que los actores políticos y burocráticos basaban a menudo sus argumentos en las noticias encontradas en periódicos.^[52] En el caso concreto de los debates sobre cuestiones de regreso y repatriación de emigrantes, abundan las alusiones hechas por agentes estatales a artículos leídos en periódicos de gran tirada. En 1889, un senador comenzaba así su intervención: “Si los senadores leen El Liberal o El Imparcial encontrarán los pavorosos relatos que hacen de familias de españoles que emigran a Ultramar (…)”;^[53] del mismo modo, un diputado afirmaba sentirse “(...) impresionado tristemente, como lo habrá sido todo buen español, por un suelto que ayer publicaba El Imparcial respecto a la desdichada situación y a los sufrimientos de nuestros hermanos allá en la América del sur (...)”.^[54] Incluso el propio ministro de Estado, Marqués de la Vega de Armijo llegaría a afirmar : “[…) es completamente cierto que la mayoría de los periódicos, que casi toda la prensa, reclamaba y con razón (…) que era necesario que pidiéramos seguridad para nuestros compatriotas en tierra extranjera”.^[55]

A la presión mediática había que añadir la ejercida por la propia comunidad emigrada, materializada en cartas o misivas enviadas por emigrantes o por asociaciones de emigrantes a periódicos o bien a miembros de la clase política.^[56]

“(…) Yo tengo aquí, Sr. Ministro de Estado, telegramas, cartas y testimonios de súbditos españoles que en la crisis del trabajo mundial (…) claman verdaderamente al cielo (…) En esas circunstancias [se hallan] millares de súbditos españoles que marcharon a los Estados Unidos y que se encuentran sin trabajo (…) y a los que no hay Estado que se encargue de repatriarles”.^[57]

Sin embargo, si la presión ejercida por las esferas mediática o migratoria fue el principal motor de las acciones repatriadoras, elementos ajenos a la problemática migratoria influyeron igualmente en algunos casos. En varias ocasiones, la decisión de repatriar se hizo en nombre del “prestigio y honor nacional”, tratándose así de evitar la mala imagen que los ciudadanos españoles caídos en desgracia podían generar ante la opinión pública y la clase política del país de acogida. Tal y como expresaba un diputado: “Lánzanse por esos mundos los españoles sin tener en cuenta cómo van a volver, y ahora mismo tenemos el caso de una compañía de zarzuela que se marchó a París con un empresario, el cual quebró, dejando a todos abandonados. Han acudido a la prensa, han producido el escándalo, y nosotros, por decoro nacional, tenemos que repatriarlos”.^[58]

En segundo lugar, y vinculada con la cuestión de cuándo repatriar, se encontraba el espinoso tema de a cuántos individuos repatriar. Además de las cuestiones relativas al elevado coste financiero de la repatriación, estos debates estuvieron por lo general marcados por el miedo a que una excesiva implicación del Estado español en la materia provocase una “repentina invasión de indigentes [que] aumentaría de tal suerte el malestar económico de las regiones más pobres de España”.^[59] Las medidas de repatriación debían, pues, ser modestas y realizadas “con la parsimonia debida, para no echar sobre el Estado la carga de una repatriación no contenida en sus justos límites y para enseñar a todos a ser más prudente y a no confiar en que el Tesoro les pagará en cualquier momento el viaje”.^[60] Se trataba así de encontrar un equilibrio entre la necesaria asistencia al emigrante y la importancia de evitar que un exceso de celo repatriador viniese a “fomentar la emigración, sobre todo la imprevisora y aventurera, por dejar en pie la posibilidad de que el Estado se encargase de pagar las consecuencias, por medio de la repatriación, si la aventura no tenía éxito”.^[61] El argumento económico era a menudo utilizado para limitar la generosidad repatriadora, en la medida en que “con una colonia de 100 000 españoles en Brasil (solo en la provincia de San Pablo), de 500 000 en la Argentina, y no sé de cuántos en el resto de América, que están constantemente pidiendo repatriación, necesitaríamos tener siempre abiertas las arcas del Tesoro, y no habría presupuesto posible”.^[62]

La tercera interrogación a la que trató de dar respuesta la clase política de estos años fue la de cómo repatriar y, sobre todo, cómo financiar estas operaciones de retorno. Durante estos años, ya se reconocía que “en lo que se refiere a la suerte de nuestros hermanos en las Repúblicas del Sur de América, el remedio de la repatriación es el que parece más expedito”,^[63] alegándose igualmente que este tropezaba “con la dificultad de los inmensos gastos que ha de ocasionar”.^[64] Y así, durante las primeras décadas de la emigración masiva, y a pesar de las quejas de algunos diputados que exigían su aumento,^[65] las autoridades españolas mantuvieron el reducidísimo presupuesto de 50.000 pesetas “para socorro de españoles desvalidos, estancias en los hospitales y repatriaciones de indigentes y náufragos con arreglo al convenio internacional”,^[66] optándose por recurrir a créditos extraordinarios en momentos puntuales en que la presión de la opinión pública española así pareciese justificarlo.^[67]

Fruto de estos debates, la Ley de emigración (1907) y la llamada Caja de la emigración (1908) acabaron institucionalizando la aceptación, por parte de las autoridades competentes, de la necesidad de establecer una actividad repatriadora regular; actividad que el Estado español dejaba en manos de las compañías navieras encargadas de los viajes transatlánticos y que debía igualmente ser asumida en parte por el propio emigrante.^[68] Sin embargo, este marco legal tuvo que hacer frente a las reticencias de las compañías navieras a aplicar sin más este modus operandi repatriador a partir de billetes semi gratuitos. Y así, muchas de estas compañías acabaron desarrollando numerosas estrategias para eludir, abaratar u obstaculizar la actividad repatriadora. Estos abusos, a menudo criticados desde las tribunas política o periodística, generaron nuevas disposiciones oficiales con las que se trató de hacer cumplir lo marcado por la legislación.^[69]

El nuevo marco legal de 1924 aprobado por la administración primorriverista trató de responder a las quejas emitidas desde la opinión pública, pero sin cuestionar la escasa implicación política y financiera del Estado en la actividad repatriadora. Se mantuvieron las modalidades repatriadoras vigentes desde la Ley de 1907, completadas con medidas destinadas a hacer descansar cada vez más esta actividad en las asociaciones de socorros mutuos, de asistencia y otras, existentes en los países de mayor presencia española, en coordinación con las autoridades consulares.^[70]

Esta extensión de la labor tutelar alcanzó en 1927 su punto culminante cuando, al calor de los debates generados por la importante demanda repatriadora a favor de los españoles afectados por la crisis económica cubana, algunos actores estatales propusieron que esta no se limitase a gestionar el traslado de los españoles repatriados hasta un puerto de llegada, sino que se prolongase hasta el lugar de futura residencia de estos en España. Una vez más, el punto de arranque de estos debates políticos fue la presión ejercida por la opinión pública española. En efecto, ante el “cuadro de miseria” que ofrecían los españoles repatriados desde La Habana, los obreros del puerto de La Coruña lanzaron en septiembre de 1927 una suscripción popular para ayudar a estos repatriados; esta movilización caló hondo en la opinión pública española, llegándose a la conclusión de que “de nada sirve traer unos miles de emigrantes derrotados, famélicos y hasta enfermos, dejándolos abandonados a su suerte en el puerto”.^[71]

Establecer criterios que determinasen qué españoles habrían de considerarse prioritarios en las labores repatriadoras fue la cuarta gran cuestión debatida desde la arena política. La ley de emigración de 1907 había establecido el siguiente orden de prioridades: en primer lugar, los individuos que tuviesen la obligación de regresar a España para cumplir sus deberes militares; a continuación, los rechazados por una ley prohibitiva de la inmigración mientras el consignatario o naviera no tuviese noticia antes del embarque; en tercer lugar, los indigentes y, en especial, aquellos con la familia más numerosa a condición de que regresasen con ella; en quinto lugar se hallaban los menores de edad y en última posición los náufragos.^[72]

Avalados por la opinión pública española, estos criterios fueron refrendados desde la esfera política competente, que los institucionalizó en el texto legal antes mencionado. Una excepción a este consenso uniforme y generalizado fue la protagonizada por el diputado republicano Félix Azzati.^[73] En una sesión parlamentaria de octubre de 1910, este diputado –que había sido él mismo objeto años atrás de una repatriación estatal, como afirmaba en el inicio de su exposición– solicitó que desapareciese de los billetes de repatriación la consigna “billete concedido a mendigo español”. El argumento desarrollado por el diputado consistió en afirmar que “esos billetes para los repatriados españoles, que se llaman billetes para mendigo español, no se dan gratis (…). Se da el título de mendigo al ciudadano repatriado que paga la mitad del billete”, añadiendo el diputado republicano que este título de “mendigo” era algo “bochornoso, no porque lo sea el ser mendigo, sino porque parece que se da de una manera afrentosa”.^[74] La respuesta que se le dio fue que no se podía “quitar el carácter de indigentes, de mendigos, a los que son repatriados, porque en el momento en que no sean mendigos no tienen derecho a ser repatriados gratis (…) porque si es pudiente no tiene derecho a billete (…) Como el Estado repatría al indigente (…) el billete responde exactamente a ese concepto”.^[75]

Este debate, que se retomó años después,^[76]nos muestra algunas de las contradicciones a las que tuvo que enfrentarse la esfera política española en temas migratorios: la necesidad de alimentar un discurso que relacionaba la problemática migratoria –en su vertiente de regreso asistido pero también de salidas– con condiciones de pobreza, precariedad laboral, etc., y una realidad mucho más compleja en que los regresos (y las idas) no siempre se vinculaban con estados carenciales extremos, en la medida en que, tanto el emigrar como el regresar suponían para el emigrante un desembolso relativamente importante.

Solamente al final del periodo aquí analizado empezó cuestionarse esta asimilación entre repatriación e indigencia, empezándose a evocar desde la esfera político-administrativa la posibilidad de que hubiese “emigrados que sin ser indigentes quieran repatriarse a mitad de precio”.^[77]

4. A modo de conclusión

A pesar de que el retorno constituía la culminación lógica del proyecto migratorio para miles de españoles, la cuestión estuvo relativamente ausente de la opinión pública durante estos años de la llamada emigración masiva. Obsesionada por los efectos nefastos que esta corriente migratoria podría acarrear a una debilitada España, la opinión pública consideró prioritario canalizar la acción estatal hacia todas aquellas medidas tendentes a disminuir la “sangría migratoria”. Del mismo modo, si el fenómeno del retorno estuvo en gran medida ausente de los debates, esto fue en parte debido a la atribución de un carácter definitivo a esta emigración. A ojos de la opinión pública, el regreso del emigrante era algo excepcional, y obedecía a dos polos opuestos: la vuelta minoritaria de los enriquecidos indianos y el regreso más numeroso de aquellos emigrantes repatriados por el Estado español.

Obviando la existencia de toda una multitud de variantes de retorno que iban de la emigración golondrina al vaivén y la re-emigración de muchos individuos, los debates públicos se centraron, pues, en dirimir los casos en que se justificaba el regreso asistido de españoles desde el extranjero, decretándose que solamente los españoles víctimas de catástrofes y calamidades (guerras, revoluciones, catástrofes naturales o accidentes) podían legítimamente aspirar a una repatriación asistida. El tono dramático con que se describían las llegadas de repatriados a los puertos españoles servía de este modo para ilustrar ante la opinión pública las consecuencias de la “aventura migratoria”.

Claramente unida y dependiente de los discursos difundidos desde el ámbito mediático, la esfera político-administrativa no cuestionó esta visión del regreso. A pesar de que la legislación fue dando una importancia cada vez mayor al papel tutela del Estado en su relación con los emigrantes, y pese a que esa tutela fue poco a poco extendiéndose a la estancia y posible regreso de estos, pocas fueron las acciones destinadas a tal efecto, y las pocas repatriaciones de contingentes se hicieron por lo general a partir de la crítica creciente proveniente de la opinión pública. Aludiéndose continuamente a su coste económico exorbitado y temiendo que una acción generosa diese lugar a una demanda masiva de repatriaciones, los agentes estatales competentes optaron por una política de asistencia al regreso modesta que acabó dejando fuera a la mayor parte de los españoles que durante estos años solicitaron su regreso a España.

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Notas

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