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03062021
21082022
Universidad de Sevilla, España
Resumen: La gran depresión de los años treinta devolvió a España a miles de emigrantes establecidos en diversas latitudes de América Latina. Los gobiernos de la Segunda República se vieron por vez primera ante la necesidad de legislar no tanto las salidas a la emigración exterior sino los retornos masivos. El problema de la disminución de la emigración masiva se discutió en las sesiones de Cortes y originó paralelamente un debate público en la prensa, especialmente en lo que se refería a la intervención asistencial estatal en la repatriación de españoles afectados por la crisis económica internacional a través de la gestión y financiación de pasajes para aquellos cuya situación se veía insostenible. Sin embargo, más allá de la discusión concreta sobre dicha contingencia, las intervenciones de los diputados respondían a las distintas opiniones que circulaban en aquel tiempo acerca del papel económico de los y las emigrantes y las consecuencias que su retorno tendría para el país. En este estudio se analiza la mirada hacia el declive del fenómeno migratorio español a través del órgano legislativo republicano y la prensa regional y nacional.
Palabras clave: Crisis económica,Retorno de la emigración,Repatriación,Segunda República Española,Congreso de los Diputados.
Abstract: The Great Depression of the 1930s brought back to Spain thousands of emigrants who had settled in different regions of Latin America. The governments of the Second Republic were faced for the first time with the need to legislate not so much on outward emigration as on mass returns. The problem of reducing mass emigration was discussed in the Cortes sessions and gave rise to a parallel public debate in the press, especially with regard to state intervention in the repatriation of Spaniards affected by the crisis and the management and financing of the passages of those whose situation was unsustainable. However, beyond the specific discussion of this contingency, the interventions of the deputies responded to the different opinions that were circulating at the time about the economic role of emigrants and the consequences that their return would have for the country. This study analyses the view of the decline of the Spanish migratory phenomenon through the republican legislature and the regional and national press.
Keywords: Economic crisis, Return migration, Repatriation, Second Spanish Republic, Congress of Deputies.
Resumo: A Grande Depressão dos anos 30 trouxe de volta para Espanha milhares de emigrantes estabelecidos em várias partes da América Latina. Os governos da Segunda República viram-se pela primeira vez confrontados com a necessidade de legislar não tanto sobre a emigração de saída como sobre os regressos em massa. O problema da redução da emigração foi discutido nas sessões das Cortes e deu origem a um debate público paralelo na imprensa, especialmente no que diz respeito à intervenção da assistência estatal no repatriamento dos espanhóis afectados pela crise e à gestão e financiamento das passagens daqueles cuja situação era insustentável. Contudo, para além da discussão específica sobre esta contingência, as intervenções dos deputados responderam às diferentes opiniões que circulavam nessa altura sobre o papel económico dos emigrantes e as consequências que o seu regresso teria para o país. Este estudo analisa o ponto de vista do declínio do fenómeno migratório espanhol através da legislatura republicana e da imprensa regional e nacional.
Palavras-chave: Crise económica, Regresso dos emigrantes, Repatriamento, Segunda República Espanhola, Congresso dos Deputados.
Dossier
El fin de la emigración masiva en los debates de las cortes de la Segunda República Española
The end of mass emigration in the debates of the “cortes” of the Second Spanish republic
O fim da emigração massiva nos debates das “cortes” da Segunda República espanhola
Recepción: 03 Junio 2021
Aprobación: 21 Agosto 2022
La gran depresión de los años treinta devolvió a España a miles de emigrantes establecidos en diversas latitudes de América Latina originando durante varios años una inversión del flujo migratorio característico de las décadas previas. Los gobiernos de la Segunda República se vieron por vez primera ante la necesidad de legislar no tanto las salidas a la emigración exterior sino los retornos masivos. Los problemas derivados de este radical cambio de tendencia en los desplazamientos migratorios españoles se discutieron en las sesiones de Cortes y originaron un debate público con presencia en la prensa, especialmente en lo que se refería a la intervención asistencial estatal en la repatriación de españoles afectados por la crisis a través de la gestión y financiación de los pasajes de aquellos cuya situación se veía insostenible. Sin embargo, más allá de la discusión concreta sobre dicha contingencia, las intervenciones de los diputados respondían a las distintas opiniones que circulaban en aquel tiempo acerca del papel económico de los emigrantes y las consecuencias que su retorno tendría para el país. En este estudio se analiza la mirada hacia el declive del fenómeno migratorio español en el órgano legislativo republicano y su reflejo en la prensa local y nacional.
De la ingente labor política y legislativa de los gobiernos de la Segunda República son testimonio los Diarios de Sesiones de Cortes, que recogen su actuación y principales decisiones. A partir de ellos se ha realizado esta investigación. El Congreso fue un espacio privilegiado de la vida política española, probablemente su institución clave, en tanto se configuró como la suprema representación de la soberanía popular en aquella “República democrática de trabajadores de todas las clases”, tal y como fue definida en la Constitución de diciembre de 1931.[1] La pren sa española recogió en sus páginas los principales debates parlamentarios sobre el declive migratorio y las llegadas masivas de retornados, al tiempo que reflejaba las opiniones vertidas al respecto tanto en España como en las Repúblicas americanas con presencia de inmigración española. Ambos espacios colaboraron en la creación y recreación de una opinión pública que no pudo dejar de lado el fenómeno del retorno masivo de emigrantes.
Aun así, la cuestión migratoria no formó parte de las preocupaciones centrales de la historia política de la Segunda República, como la reforma agraria, la laboral o la militar, el problema regional o el religioso. La discusión acerca de las repatriaciones en la Cámara no generó tampoco enfrentamientos enconados entre los diversos grupos parlamentarios o entre las heterogéneas ideologías políticas que se dieron cita en ella.[2] Sin embargo, la hipótesis a partir de la cual se construye este estudio es que la emigración constituyó un tema transversal al que se le atribuyó una gran importancia en buena parte de las discusiones sobre las grandes reformas, un argumento al que unos y otros acudieron con el fin de comprender la crisis económica que afectaba al país, el paro obrero, la situación del comercio internacional o el déficit de la balanza de pagos. Y esa transversalidad es la que se rastrea en este estudio.
El análisis se ha dividido en dos partes. En primer lugar, se aludirá a la percepción que se tuvo en el Parlamento respecto a la repatriación de indigentes, cuestión que se circunscribe aproximadamente al período de sesiones de las Cortes Constituyentes, de forma paralela a la mayor incidencia de la crisis en las comunidades emigradas a ultramar. Posteriormente, se examinarán los distintos problemas abordados en la Cámara en los cuales la emigración devino en una variable explicativa de importancia a lo largo de todo el período de sesiones parlamentarias hasta 1936. Antes de comenzar se aludirá al estado de los conocimientos sobre los procesos migratorios españoles de retorno durante la oleada migratoria de principios del siglo XX y sobre todo en la década de 1930.
Como es sabido, desde las dos últimas décadas del siglo XIX y, especialmente entre los años 1905 y 1914, la emigración española se caracterizó por una importante corriente de salidas, dirigida sobre todo a América Latina y en menor medida Argelia y Francia. El trasvase de población española encaja en las tendencias europeas del período: primero, porque al igual que en el resto de los países afectó de manera desigual a las distintas regiones y, además, porque lo protagonizaron hombres jóvenes que solían viajar solos y presentaban una baja cualificación profesional.
Estas características reflejan, asimismo, las oportunidades que se abrían en el Nuevo Mundo: la escasez de mano de obra y, por tanto, una elevada demanda de trabajo, la abundancia de recursos naturales y el rápido crecimiento económico derivado de su inserción en la economía mundial y de su capacidad de atracción de capitales y mano de obra del exterior. Los países de destino no solo no pusieron trabas legales a la entrada de trabajadores extranjeros, sino que muchos de ellos llevaron a cabo políticas activas de atracción de mano de obra, como Brasil, Panamá y Argentina.[3] El que la mayoría de los emigrantes europeos dejaran atrás sus familias comportó dos fenómenos bien estudiados en esta época: el retorno y el envío de remesas.
La emigración de retorno se convirtió, efectivamente, en una pauta de acción habitual para buen número de los emigrantes europeos. En las primeras décadas del siglo XX, los retornos a Europa alcanzaron un volumen sin precedentes debido a las mejoras en los medios de transporte —que permitían travesías más cortas, rápidas y seguras— y al carácter temporal que adquirió la propia decisión de emigrar. Según Dudley Baines, entre 1860 y 1930 casi el 40% de los ingleses y galeses retornaron. Las estimaciones de James Gould revelan que aproximadamente la mitad de los italianos volvió a su país. Por lo que respecta a España, la tendencia general en la investigación histórica consiste en destacar la existencia de altas tasas de retorno para los emigrantes españoles antes de 1930, que se estiman alrededor de un 50% de las salidas. Según César Yáñez el país cedió a América 1,8 millones de habitantes entre 1882 y 1959, pero al menos 4,7 millones habían llegado al continente en ese lapso.[4]
Desde el punto de vista de los países de destino, Argentina lideró, como sabemos, junto a Cuba, Brasil y Uruguay, la lista de los principales mercados de trabajo americanos hacia donde se dirigió la corriente migratoria española en los años de la emigración masiva.[5] Las estadísticas migratorias argentinas entre 1861 y 1920 confirman que algo menos de la mitad de los emigrantes retornó a su lugar de origen, según Fernando Devoto, mientras que, en el caso brasileño, Elda González calcula que volvió un 44,5% del total de emigrados entre 1908 y 1927.[6]
La intensificación de la movilidad de retorno a lo largo de la primera década del novecientos entronca, según Carina Frid, con una gradual reducción del ciclo de expatriación y la baja especialización laboral de sus protagonistas.[7] César Yáñez habla de los retornos como una “contracorriente” algo más suave que el flujo de salidas “y desplazada en el tiempo unos cinco años”, de manera que los emigrantes eran entre cinco y diez años más jóvenes que los retornados y el máximo de retornos se efectuaba después de que las salidas consiguieran su máxima intensidad. En muchos casos estos emigrantes realizaban varios movimientos migratorios a lo largo de su vida laboral. En el primer tercio del siglo XX, dos períodos presentaron cifras de retornos especialmente altas: durante la I Guerra Mundial y en los primeros años de la década de 1930, cuando la crisis afectó de lleno a los países americanos que habían recibido población española.[8]
El impacto de la crisis internacional llevó a una fuerte contracción de los mercados americanos y al hundimiento de los precios de sus principales productos de exportación, así como al desempleo masivo, especialmente en aquellos lugares más dependientes de la economía agroexportadora.[9] La crisis provocó el cierre de las fronteras a la emigración por lo que la salida de emigrantes desde Europa se frenó abruptamente, mientras que amplios sectores de inmigrantes decidieron regresar a sus lugares de origen. Cuando no fueron los efectos directos de la crisis sobre el empleo fueron las medidas restrictivas de los gobiernos para combatirla los que afectaron a los inmigrantes, especialmente a los asalariados.[10]
En 1930, España contaba con veintitrés millones y medio de habitantes, según el Censo nacional de ese año, y una densidad de 47 habitantes por km2 —menor a la del resto de Europa—, lo que reflejaba la debilidad demográfica del país tanto como el impacto de la emigración exterior. En efecto, los primeros treinta años del siglo fueron de intensa emigración neta (Gráfico 1), pero la tendencia cambió a partir de 1931 y hasta 1935 el saldo migratorio fue favorable al retorno, debido sobre todo a la gran depresión.[11]
La crisis mundial de 1929 golpeó tres flancos cruciales de la frágil estructura económica española con la que finalizó la dictadura de Miguel Primo de Rivera: las exportaciones, las entradas de capital y las salidas de emigrantes. El cambio de signo del movimiento migratorio supuso la reducción de las remesas de emigrantes y un incremento de la presión demográfica y de la oferta de mano de obra en el reducido y escasamente receptivo mercado de trabajo interior.[12]
Según Jordi Maluquer de Motes, “los españoles alcanzaron en estos años, junto a los británicos, las más elevadas tasas de retorno del mundo”. El estudio de este autor sobre la incidencia de la gran depresión y la guerra civil en el crecimiento demográfico español concluye que un cuantioso retorno de emigrantes desde el exterior compensó en parte el impacto negativo del conflicto civil en la población, motivado por la sobremortalidad, la reducción de la natalidad y el exilio republicano.[13]
A pesar de la envergadura del fenómeno, los movimientos migratorios en el período crítico de los años treinta no han sido estudiados de forma exhaustiva. Tradicionalmente, el año 1930 ha constituido el límite final de la mayor parte de los análisis sobre las migraciones trasatlánticas durante la gran oleada de la segunda mitad del siglo XIX, análisis que se han centrado mucho más en su momento de apogeo que en el declive. Sin embargo, como expuso Julio Aróstegui, la cesura real del ciclo migratorio masivo español a América no fue 1930 sino 1936.[14]
Los escasos estudios existentes acerca del retorno de españoles en la década de 1930 han abordado las consecuencias de la crisis mundial en las comunidades migratorias establecidas en diferentes latitudes americanas, especialmente en Cuba, Brasil y Argentina. Así, un breve artículo de Julio Hernández describe las dificultades que enfrentaron miles de españoles en Argentina en los primeros años de la recesión.[15] El estudio de Consuelo Naranjo y José Moreno, así como los posteriores de Julio Yanes Mesa y Francisco Macías sobre los canarios, plantean similares argumentos para los emigrantes residentes en Cuba en dos momentos de crisis, 1920-1921 y 1929-1935,[16] y Elda González hace lo propio en el caso brasileño.[17] Por otra parte, Nuria Tabanera ha analizado la situación migratoria de los años treinta a partir de las medidas que tomaron los gobiernos republicanos. En su estudio sobre la política exterior de la Segunda República hacia Hispanoamérica, la autora destaca las diatribas en las que se vieron inmersos los primeros gabinetes a la hora de afrontar el retorno de inmigrantes.[18] Finalmente, la investigación de Alicia Gil Lázaro retomó el argumento de Tabanera acerca de la asistencia estatal al retorno como una incipiente y restringida política pública, ─todavía sin programas definidos ni bien estructurados─ para extender el análisis al conjunto del período que se abre con la aprobación de la Ley de Emigración española de 1907 y finaliza con la Guerra Civil, centrando la atención en las repatriaciones efectuadas desde México.[19]
Desde los primeros meses de 1930 la prensa nacional y regional se hizo eco de los problemas que atravesaban los emigrantes de ultramar ante la falta de trabajo en las Repúblicas americanas, así como de las decisiones que el gobierno de Berenguer estaba tomando para afrontar la crisis migratoria. En la primera comparecencia del ministro de Trabajo del nuevo ejecutivo, en febrero de 1930, se alertaba del aumento del número de indigentes sin empleo ni recursos, que se apostaban ante los consulados españoles en las principales ciudades americanas en espera de ayuda; se explicaban también las medidas de urgencia para efectuar repatriaciones por parte del Estado a través de “un fondo sobrante de lo que se recauda por el Seguro del Emigrante, mediante la cuota que satisfacen las Compañías navieras”. Y, finalmente, se avisaba de que, dado el alto número de solicitudes, la repatriación sería restringida y no debería tener “repercusión alguna en el mercado nacional del Trabajo”, a pesar de que, en España, según el ministro, no se sufrieran aún “las consecuencias del paro forzoso”. De esta manera, comenzarían con el retorno de cien emigrantes del Brasil, país que presentaba en aquel momento el mayor número de peticiones.[20] En los meses siguientes, las cifras de solicitantes de repatriación no hicieron sino crecer, no solo desde Brasil, sino también desde Argentina, Cuba, Uruguay y México. El gobierno anunció entonces las primeras medidas para limitar la emigración y favorecer la asistencia al retorno.[21] Desde las regiones tradicionalmente expulsoras las críticas en la prensa no se hicieron esperar: “Las recientes disposiciones del Ministerio de Trabajo restringiendo la emigración a Cuba, a pretexto de proteger al emigrante, no encierran en el fondo otra finalidad que precaver al Estado contra el riesgo de la repatriación gratuita”, expresaba El pueblo gallego en octubre de 1930.[22]
Al final de ese mismo año, la prensa dibujaba un panorama cada vez más sombrío: “El ministro de Estado dio cuenta de los últimos telegramas recibidos de nuestros representantes en el extranjero, dedicando especial interés a los que se refieren a la repatriación de españoles residentes en Cuba, Argentina y el Brasil, donde la situación de nuestros emigrados se hace insostenible por haberse agudizado en aquellos países la crisis de trabajo”.[23] El diario La Voz en octubre enfatizaba el drama de las llegadas y pedía enérgicamente que se prohibieran nuevos embarques de emigrantes:
“El domingo y el lunes llegaron a Madrid los primeros repatriados españoles procedentes de las capitales y de las haciendas brasileñas, las primeras víctimas de la paralización de la industria de aquel país. Vienen enfermos, tuberculosos, esqueléticos. Vivieron muchas semanas acogidos al socorro diario de nuestro Consulado (…) muchos mueren en la calle y en los hospitales”.[24]
Por su parte, los gobiernos de algunos países americanos con mayor presencia migratoria iniciaron sus propias campañas de repatriación de inmigrantes.[25] El ABC informaba en febrero de que “más de mil emigrantes” habían embarcado desde Buenos Aires rumbo a Europa, con pasajes sufragados por las autoridades argentinas, y ya estaba preparada otra expedición similar para los días siguientes. Pero ante el anuncio de esta oferta, la avalancha de solicitantes fue tal que el gobierno argentino se vio obligado a suspender temporalmente el sistema de abono gratuito de los pasajes.[26]
Las repatriaciones no quedaron únicamente en manos de gobiernos y agentes diplomáticos. Desde la iniciativa privada, las Compañías navieras en primer lugar, por ser directamente concernidas en los traslados, y también las asociaciones de emigrantes y sus entidades benéficas y mutualistas ofrecieron su ayuda y cooperación.[27] La prensa reflejó asimismo diversas iniciativas de cooperación local en las regiones más afectadas, como Canarias, a través de suscripciones populares para efectuar repatriaciones.[28]
A pesar de ello, la ayuda se ejerció muy limitadamente, de modo que no se pudo evitar el estallido de motines protagonizados por inmigrantes que esperaban su turno para ser repatriados: “Habana. Setecientos españoles indigentes se amotinaron en el Consulado de España, donde arrojaron los muebles por las ventanas y causaron destrozos de importancia. Luego intentaron recorrer las calles en manifestación, pero se logró calmar los ánimos”.[29]
El 14 de julio de 1931 tuvo lugar la apertura de las Cortes constituyentes de la Segunda República, cuya principal tarea en los meses siguientes sería la elaboración de la Constitución, aprobada en diciembre de ese año. Estas mismas Cortes se reunirían de manera ininterrumpida hasta el 9 de octubre de 1933, con el fin de dotar de estabilidad y continuidad al órgano legislativo.[30] El Parlamento pasó a ser el centro de la vida política del país. La actividad legislativa y reformadora tuvo una amplia repercusión en la opinión pública, que experimentó una creciente politización y fue en este marco en el que se desarrollaron las principales discusiones en torno a la repatriación de emigrantes.
El Reglamento provisional de las Cortes Constituyentes establecía como una de sus principales funciones el control político del gobierno y este se efectuaba, de manera ordinaria, a través de ruegos, preguntas e interpelaciones.[31] Este fue el principal canal de comunicación de los diputados para solicitar al gobierno su actuación ante el problema de las repatriaciones.[32] Por norma general, las intervenciones más significativas estuvieron a cargo de diputados provenientes de las regiones tradicionalmente expulsoras de población, sobre todo Canarias y Galicia.[33] Estos hombres conocían bien el fenómeno migratorio, que conectaba de forma estrecha la realidad de sus poblaciones locales con la de las comunidades emigradas.[34]
Una de las primeras medidas del Gobierno provisional ante la emergencia migratoria fue trasladar la Inspección General de Emigración —principal dependencia gubernamental encargada de los asuntos migratorios del país desde 1924—, de su anterior ubicación dentro del Ministerio de Trabajo y Previsión al Ministerio de Estado, con la idea, según Nuria Tabanera, “de mantener la protección del emigrante durante todo el tiempo que durara su expatriación” y cuando las condiciones hicieran necesaria la intervención de los representantes del Estado en el exterior.[35] De este modo, los ruegos y preguntas se dirigieron primero al Ministro de Trabajo y, tras el cambio, al de Estado. Los titulares de Fomento o Hacienda también fueron interpelados. En 1935, el saldo migratorio volvió a ser positivo y las competencias migratorias fueron devueltas al Ministerio de Trabajo.[36]
El diputado socialista madrileño Tomás Álvarez Angulo daba una primera descripción de la situación de los inmigrantes afectados por la crisis a principios de septiembre de 1931.[37] En su intervención se hacía eco de varias cartas recibidas desde Argentina y de varios editoriales de prensa de distintos lugares de América, en los cuales se ponía de manifiesto “la situación angustiosa” en la que se encontraba un buen número de inmigrantes españoles:
“(…) Hay 600 que viven de la caridad pública y que ni siquiera tienen sitio donde pernoctar, habiéndoseles tenido que habilitar galpones en el puerto —en esta época que allí es la invernal— en los cuales han contraído enfermedades diversas (…) Pertenecientes a las familias de emigrantes que allí se encuentran hay innumerables niños que de no ser atendidos morirán seguramente, ya que, como digo, carecen de los elementos indispensables para hacer frente a las necesidades de la vida”.[38]
De la intervención de Álvarez Angulo destacan varias ideas importantes, que pueden considerarse constantes discursivas en las menciones posteriores en la Cámara. La primera se refería a la necesidad ineludible de que el Estado acudiera en ayuda de estos compatriotas, argumento que se transformó en exigencia unánime por parte de los parlamentarios. En la segunda el diputado parecía adelantarse a una objeción más que probable dada la situación de crisis y paro obrero en que se encontraba España. Era de esperar, según Álvarez Angulo, que los que lograran un pasaje subvencionado por el Estado vinieran “a engrosar, en número considerable, el de parados que hay en España”, pero, aun así, la República no podía abandonarlos a su suerte en un país extraño. Convenía, además, que esta situación recibiera la mayor publicidad posible, con el fin de evitar que otros trabajadores españoles pretendieran ir al exterior en busca de trabajo. Finalmente, Álvarez Angulo solicitaba al ministro de Trabajo que desde la Inspección de Emigración se aprobara el proyecto que ya estaba en curso, para que no pudiera salir ningún trabajador “sin tener garantido [sic], por un año el pasaje de vuelta”.[39] La firme decisión de frenar las salidas venía del período anterior, como se vio, de modo que el primer gobierno republicano no hizo sino continuarla.
Un mes después, José Díaz Fernández, diputado por Asturias en las filas del Partido Republicano Radical Socialista, dirigía un ruego por escrito al Ministro de Trabajo en el que exponía en similares términos la situación de cientos de españoles que se encontraban en Cuba en precarias condiciones sin poder regresar al país por la falta de trabajo y de medios económicos.[40] Díaz Fernández pedía que se estudiara “la manera de resolver el problema de estos emigrados forzosos, muchos de los cuales aguardan en los muelles de La Habana la intervención de su gobierno” a la vez que denunciaba la pasividad de las autoridades diplomáticas y consulares en la isla a la hora de auxiliarlos y proponía que el Estado arreglara con la Compañía Trasatlántica Española y con las entidades asociativas españolas el pago del mayor número posible de pasajes.[41]
Ramón Suárez Picallo volvió a mencionar el asunto, a principios de diciembre de 1931, en una discusión del presupuesto. Unas supuestas declaraciones del Gobierno provisional de la República, en el sentido de que los obreros en paro residentes en el exterior serían repatriados, habían provocado un éxodo masivo de inmigrantes desde las comunidades migratorias del interior de Argentina hacia la capital. La coincidencia temporal entre el advenimiento de la República y el estallido de la crisis económica mundial, según este diputado, había alimentado las esperanzas de muchos trabajadores “de que podrían reincorporarse a su patria nativa (…) para aunar su esfuerzo a aquella corriente creadora que hacía suponer que el cambio de régimen abriría nuevas posibilidades económicas a las gentes que trabajan”. En Buenos Aires esperaron a que el Consulado les diera una respuesta, pero esta tardaba en llegar y se habían producido ya varios altercados frente a las oficinas diplomáticas. Suárez Picallo solicitaba un apoyo enérgico del gobierno que se reflejara en los presupuestos de forma permanente, para repatriar no solo a los emigrados de Cuba o Buenos Aires sino de otros países de Sudamérica:
“Deseamos que en el próximo Presupuesto figure, si es posible, una partida destinada a las víctimas de la crisis obrera de América. (…) Esa crisis de trabajo no tiende a disminuir, sino que, por el contrario, tiende a aumentar, y con repatriar 100 o 150 de momento, no se resolverá nada (…)”.[42]
Las afirmaciones del diputado gallego se hallaban inscritas en la tradición poblacionista finisecular que consideraba la pérdida de los trabajadores como un factor negativo para el país.[43] Sus argumentos se repitieron días y meses después tanto en sus alocuciones al Congreso como en boca de otros congresistas. Además, para Suárez Picallo, la solución a este problema comprometía el prestigio de la Segunda República frente a los países de ultramar, ya que se asentaba en la protección efectiva que el nuevo Estado pudiera ejercer sobre sus connacionales expatriados a través del cuerpo consular. Por ello, el diputado pedía al gobierno que incorporara al país a “la preciosa riqueza humana de esfuerzo y de trabajo que representan estos hombres”, los cuáles se habían sentido compelidos a marcharse “(…) huyendo de la injusticia y de la estrechez de sus hogares por el viejo y doloroso camino de la emigración, una de las mayores angustias de España, y especialmente de Galicia, que tiene en la otra banda la mitad de sus hijos”.
Otro de los tópicos citados por Suárez Picallo dentro de ese pensamiento pesimista que había atravesado la mirada a la emigración en el siglo anterior, fue la escasa preparación de un proletariado “inapto, sin oficio ni beneficio”, que marchaba a la emigración sin cualidades para competir en los mercados de trabajo con otros grupos migratorios, ante lo cual se unía a otras voces que en ese momento crítico urgían a los trabajadores españoles en paro a que no emigraran a América “porque van seguramente al fracaso y a la miseria en tierras donde la crisis inutiliza el espíritu de hospitalidad”. En el mismo sentido se expresaba, tiempo después, el diputado Joaquín Fanjul Goñi:
“Cuando el emigrante marcha, como lo hace en la mayor parte de los casos, sin competencia alguna, sin más fuerza que la de sus brazos y sin que su inteligencia esté preparada para altos empeños, se da ese triste espectáculo que, ciertamente, no honra a España, de que todos los menesteres más bajos estén desempeñados, en la mayor parte de las poblaciones americanas, por españoles”.[44]
Una queja recurrente de los parlamentarios fue que las repatriaciones habían seguido un ritmo lento en los primeros meses de la República. La prensa nacional así lo reflejaba: “Es evidente que el Gobierno español ha procedido con toda mesura y no ha facilitado, sino parva y lentamente, la repatriación de nuestros emigrados”.[45] La escasez presupuestaria y el miedo a que una mayor contundencia en la acción estatal influyera en la elevación de los retornos y colapsara el ya precario mercado de trabajo español desalentó las iniciativas del gobierno. A fines de 1931 el Gobierno acordó sufragar la repatriación de dos mil emigrantes indigentes residentes en Cuba, llegando a un acuerdo con la Trasatlántica para reducir el precio del pasaje desde La Habana a 27 dólares, algo que las asociaciones benéficas españolas de ultramar reclamaban desde hacía meses.[46]
A lo largo de 1932, las circunstancias de los inmigrantes empeoraron, de modo que nuevos exhortos se sumaron a los que ya se habían planteado en el hemiciclo. El 6 de enero, Rafael Guerra del Río se dirigía al ministro de Estado, Luis de Zulueta, para llamar la atención una vez más sobre la difícil situación de los canarios en Cuba.[47] La Asociación Canaria de La Habana había enviado reiterados telegramas al diputado donde pintaban escenas “en que ya los más pobres, los más faltos de recursos, recorren las calles de La Habana (…) implorando limosna, buscando la manera de volver a Canarias” y las autoridades de la isla habían tomado ciertas medidas como “prohibir la mendicidad a esta verdadera invasión de isleños hambrientos”.[48] Tanto los particulares como las corporaciones canarias habían repatriado hasta el momento a un número considerable de inmigrantes, pero esto era a todas luces insuficiente: “Lo que pedimos al Gobierno es que reúna su esfuerzo, en cierto modo, con el que Canarias está dispuesta a realizar para lograr la repatriación de estos isleños”.
Por otro lado, Guerra del Río aludía también a la situación crítica que atravesaba en esos momentos la Compañía Trasatlántica Española. Los graves desacuerdos con la naviera conducirían finalmente al gobierno de Azaña a rescindir el contrato que los sucesivos marqueses de Comillas habían firmado con el Estado español desde principios del siglo XX, el cual confería a la naviera una situación monopólica en el negocio ultramarino español.[49] Por eso era menester obligar a esta empresa “casi propiedad del Estado español”, a que efectuara el mayor número de repatriaciones posible.
Zulueta respondió en varias ocasiones a las interpelaciones. En la misma sesión en que intervino Guerra del Río, el titular de la cartera de Estado adujo que estaban ante un problema “extraordinariamente delicado y hasta doloroso”, pero que, por fortuna, no suscitaba divergencias de ideas o partidos que dividieran a la Cámara, sino que, por el contrario, concitaba un acuerdo unánime en cuanto a la búsqueda de remedio a “la situación en que se encuentran numerosos compatriotas nuestros emigrados a América”.[50] Justamente ese era el principal problema, el número creciente y disperso de españoles que se encontraban en paro y sin recursos:
“(…) Si ahora anunciásemos, no algunas repatriaciones de especial urgencia, sino la vuelta en masa a la Península con carácter benéfico, de centenares de emigrados canarios, sería inevitable que, no ya centenares, sino millares de hijos de Galicia, de hijos de Asturias, de hijos de todas las regiones españolas (…) exigieran una medida semejante”.[51]
El presupuesto del Estado dedicado a la emigración no estaba en condiciones de hacer frente al enorme gasto que supondría costear los pasajes que se preveían necesarios. El Consulado en Buenos Aires calculaba del orden de diez a quince mil pasajes gratuitos o semi gratuitos, por el número de solicitudes urgentes recibidas hasta aquel momento; en São Paulo, seis meses atrás, el último informe consular informaba de que necesitaban repatriar en torno a los diez mil individuos, aunque poco después el Ministro de la Legación expresó que tal cifra era exigua y habría que pensar “hasta en un centenar de millares de pasajes para satisfacer a todos aquellos (…) en situación de verdadera angustia”.[52] Lo mismo ocurría en otras naciones donde no se habían efectuado repatriaciones hasta aquel momento, como Chile, Perú y Colombia.
Un riesgo que parecía inevitable, según el ministro, era que individuos que no habían podido regresar en todo el período de su expatriación por no haber tenido nunca recursos suficientes para ello, trataran de hacerlo ahora cargando el peso económico sobre el Estado “sin perjuicio de que muchos de ellos vuelvan otra vez a continuar su labor en América”. Zulueta acusaba a la Dictadura de haber intentado repatriar de forma irresponsable a millares de personas por lo que se habían dado “toda suerte de abusos”.[53]
A principios de 1932, la Inspección General de Emigración disponía de cincuenta mil pesetas anuales “producto del canon sobre los billetes y de las patentes de emigración”, mientras que el presupuesto del Ministerio de Estado preveía un máximo de ciento cincuenta mil pesetas destinadas al “socorro de españoles desvalidos, estancias en los hospitales y repatriación de indigentes,[54] por lo cual, según Zulueta, las consignaciones eran verdaderamente escasas. Gracias a la concurrencia privada de entidades benéficas e individuos en los lugares de destino, se habían efectuado varios miles de repatriaciones en el año anterior, atendiendo, en primer lugar, “a los que están en circunstancias extremas”. Urgía intensificar dicha labor, aunque una repatriación masiva era algo impensable a menos que se arbitraran recursos extraordinarios “con un crédito especial (…) que no podría bajar de 10 ó 12 millones de pesetas”.[55]
Junto a la exigencia de protección a los connacionales, un último elemento recurrente en los ruegos que los diputados presentaron ante la Cámara remitía a una preocupación por la imagen de España que daban estos individuos que imploraban la caridad en las calles: “(…) miles de obreros actualmente en un estado calamitoso, faltos de todo recurso, dando un espectáculo realmente vergonzoso y en un completo abandono”.[56] En estas circunstancias, decía el diputado Luis Fábrega Coello, la República debía evitar ese “bochornoso espectáculo” que ensombrecía la labor exterior del gobierno.
La situación de los inmigrantes, como se vio, había desembocado en protestas ante las oficinas consulares y aunque en su mayoría habían sido pacíficas, en más de una ocasión se transformaron en problemas de orden público que habían requerido la intervención de las autoridades locales.[57] En octubre de 1932, Eduardo Ortega y Gasset recriminaba al gobierno su inacción mientras “en Buenos Aires, La Habana y Argel son asaltados los consulados por los emigrantes sin trabajo y a los cuales no se puede repatriar”.[58] Problemas de orden público se originaron también entre los obreros repatriados que llegaban a los puertos españoles a menudo sin recursos para efectuar el viaje hasta sus lugares de origen.
La prensa de las regiones de origen, por otro lado, mostraba con fuertes tintes de patetismo la situación de miseria de los repatriados tras el desembarco, la dependencia de instituciones de caridad y la ausencia de cooperación de las autoridades: “Se nos ponen los pelos de punta leyendo las referencias sobre el espectáculo que ofrecieron en La Coruña los emigrantes indigentes de Cuba al llegar en una noche de invierno en el trasatlántico que los repatriaba y eran lanzados sobre los muelles con esa prisa con que se deja una carga que hay impaciencia por abandonarla”.[59] El periodista Luis Bello comparaba estas circunstancias con el desembarco de soldados tras el desastre del 98.[60]
La Inspección General de Emigración se ocupó en diversas ocasiones de desmentir o atenuar las noticias aparecidas en los diarios sobre las condiciones de los repatriados en el viaje y en la llegada a España.[61] Una de las quejas constantes de las autoridades de los puertos era la falta de medios para trasladar a los repatriados a sus lugares de origen. Aludiendo las alusiones de la prensa, en diciembre de 1932, Juan Negrín solicitaba al Ministerio de Estado que se destinaran asignaciones específicas con las que los gobernadores civiles pudieran enviar a los individuos a los puntos de destino final.[62]
A partir de 1933, la repatriación de los emigrantes españoles se diluyó poco a poco en las discusiones parlamentarias, sin que por ello desapareciera el problema en los puertos americanos. En los años siguientes los consulados españoles siguieron efectuando repatriaciones, aunque no alcanzarían ya la repercusión política y diplomática de los tres primeros años de la década.[63] Todavía a fines de 1935, el diputado gallego Augusto Barcía Trelles interpelaba a la Cámara en estos términos:[64]
“¿No se dan cuenta (…) de la importancia excepcionalísima que tiene el hecho de que en los tres últimos años sea superior la cifra de la inmigración a la de la emigración (…) y que tenemos una porción de compatriotas en distintos pueblos de América viviendo de la caridad pública en tanto que desde aquí paulatinamente se arbitran medios para realizar toda la labor de protección?”.[65]
Como se sabe, los debates decisivos en la Cámara giraron en torno a los principales problemas económicos y sociales por los que atravesaba el país, para los cuales la República trató de llevar a cabo importantes reformas, como el problema agrario o el aumento del desempleo, entre otros. Ante las dificultades monetarias, comerciales y financieras, sin embargo, los gobiernos republicanos fueron moderados y continuistas en sus acciones.[66]
En la década de 1930, España no había dejado de ser un país de emigración a pesar del freno de la crisis económica mundial a los movimientos internacionales de población, de modo que la presencia en estos debates de la cuestión migratoria fue constante, como una parte insoslayable de la estructura económica y poblacional española, así como de su identidad nacional: “España es un poderoso país emigrante”, expresaba el diputado Antonio Jaén Morente.[67]
Paralelamente, a la altura de 1930 la economía española seguía pivotando sobre la agricultura. Las enormes diferencias regionales en la propiedad y la tenencia de la tierra constituyeron uno de los ejes esenciales en las discusiones parlamentarias sobre el campo español. Así, por ejemplo, en el debate sobre el proyecto de ley de arrendamientos de fincas rústicas, a mediados de 1933, Ubaldo de Azpiazu presentó una enmienda con la que defendía la postura de las provincias minifundistas.[68] Frente al absentismo de los “señoritos rentistas”, que vivían cómodamente de sus rentas sobre todo en el centro y sur del país —y cuya influencia se quería erradicar con dicha legislación—, en regiones como Galicia o Asturias, por el contrario, “casi siempre el arrendatario es labrador”, por lo cual, el arrendamiento era absolutamente indispensable. El régimen de pequeña propiedad, característico del norte, se hallaba en enormes dificultades, no solo por la caída de los precios y el aumento de la competencia (en la ganadería, sobre todo), sino también por la dependencia tradicional de los recursos económicos que los emigrantes enviaban de ultramar, con los que compensaban los escasos frutos que las familias campesinas recogían de la tierra:
“¿De dónde obtenían los gallegos el resto que les era necesario para poder vivir? (…) de los 300 millones de pesetas que anualmente mandaban los padres, los hermanos, los tíos que estaban en América (…) ahora estos hombres se encuentran sin el auxilio que recibían de sus parientes”.[69]
A esto se añadía que muchos campesinos que habían comprado las tierras que arrendaban, habían emigrado a América (o a otras regiones) para reunir dinero y pagarlas, pues claramente no podían hacerlo con el producto de la tierra, y, mientras, dejaban a su vez en arriendo las tierras que habían adquirido.[70]
Como es sabido, la agricultura en estas regiones se había descapitalizado al cortarse las remesas. Hasta entonces, canarios, asturianos o gallegos habían compensado la falta de labor en el campo con el recurso a la emigración, cuestión que ahora se revelaba inviable.[71] Los diputados de estas zonas interpelaron repetidas veces al gobierno para que acudiera en su ayuda a través de la concesión de créditos agrícolas. Guerra del Río se quejaba en mayo de 1935 por el hecho de que a las islas Canarias no les estuviera llegando “ni una sola peseta de ayuda” en concepto del préstamo que habían solicitado al Estado y que era consciente de que sí se apoyaba a las zonas cerealeras o vitivinícolas.[72]
Sin embargo, a mediados de la década de 1930, la producción española de trigo se presentaba insuficiente para alimentar a una población en aumento incesante. A esta conclusión llegaba José María Lamamié de Clairac, abogado y terrateniente salmantino, en su apoyo al proyecto de ley que finiquitaba la reforma agraria del bienio progresista. Aunque la producción triguera se hubiera elevado, el consumo lo había hecho aún más, debido a la supresión de la emigración “por el mayor contingente de individuos adultos que antes marchaban a América y hoy permanecen en España”, así como por la vuelta masiva de emigrantes de ultramar.[73] Los parlamentarios percibían los graves problemas que conllevaba el aumento de la población española y, sobre todo, de la población activa. Según Basilio Álvarez, sacerdote impulsor del movimiento agrario gallego, a un intenso crecimiento natural en todo el territorio, se había sumado la disminución de medio millón de emigrantes “retenidos forzosamente en España” y el retorno de 250 mil inmigrantes a las zonas emigratorias por excelencia.[74]
Por otro lado, la crisis en España era interpretada como una “crisis de trabajo”, que se alimentaba del contingente de retornados asumidos como desempleados: “Esta crisis es precisamente eso: que en vez de llegar de América el 50 por 100 de la circulación monetaria de Galicia, vienen barcos cargados de desocupados, derrotados, que aumentan el número de nuestros obreros sin trabajo”,[75] aseguraba Suárez Picallo. Para José López Varela ese regreso masivo tenía una gran importancia en “el envilecimiento del mercado de trabajo y en el fomento del paro”. Además, la mayoría de los que habían regresado de los países receptores de inmigración “habían dejado en ellos, por rentas de trabajo, grandes cantidades de riqueza”. Opiniones como estas perpetuaban la visión negativa sobre la emigración prevaleciente en España, trasladándola ahora al fenómeno del retorno y sus efectos en el excedente de mano de obra.[76]
Sergio Espuelas afirma que el desempleo en España se convirtió en un problema político justo después de la I Guerra Mundial cuando tuvo una gran influencia en la explosión de conflictividad social de los años 1917-1923. Después de la parálisis que la dictadura de Primo de Rivera supuso para el desarrollo de reformas sociales, en la Segunda República el problema del desempleo volvió a cobrar gran protagonismo. Pablo Martín Aceña estima que el número de parados aumentó de los 389.000 a principios de 1932 hasta los casi 675.000 en diciembre de 1935.[77] El paro en la agricultura siguió captando la mayor parte de la atención política. Ramón Tamames asegura que “de las cifras máximas de paro, 796.000 personas en el primer semestre de 1936, unas 522.000 eran imputables a la agricultura”.[78]
De entonces es la aprobación del seguro voluntario de desempleo y un sistema estatal de oficinas de colocación. Sin embargo, desde principios de siglo la principal respuesta de los gobiernos ante el desempleo había sido destinar recursos a la promoción de obras públicas.[79] Estas continuaron durante la Segunda República, pues a pesar de la introducción del seguro los mayores esfuerzos en la lucha contra el paro se concentraron una vez más en ellas.[80] Un ambicioso plan de creación y mejora de infraestructuras trató, pues, de reducir el creciente desempleo, sobre todo a través de las obras hidráulicas.[81]
Rafael Guerra del Río intervenía en septiembre de 1931 en una discusión sobre la adjudicación del presupuesto de obras públicas a las provincias más afectadas por el paro obrero, manifestando su malestar por la exclusión canaria. Los problemas de desempleo en Canarias, según el parlamentario, se explicaban por la disminución de la actividad de sus dos puertos principales, debido al freno en el comercio internacional y la vuelta de sus emigrados: “En los grandes puertos la gente tiene que formar cola esperando trabajo, hay verdadera hambre”.[82] Las islas no tenían ninguna obra adjudicada por lo que el diputado pedía su inclusión en el programa, que finalmente le fue denegada. Cuatro años después, Basilio Álvarez pedía con urgencia “un plan de pequeñas obras públicas” en las comarcas gallegas más afectadas por el paro obrero debido a “la inflación de brazos, por la constante emigración de obreros que de todas partes (…) vienen repatriados en avalanchas verdaderamente importantes (…) que nadie sino el Estado tiene el deber de remediar”.[83] En julio de 1936, Suárez Picallo solicitaba una vez más que el Estado proveyera de nuevas fuentes de riqueza y de industrialización para el país con el fin de atajar el problema del paro campesino que “es más vivo, es más profundo en aquellas zonas donde la gente emigraba más”.[84]
En otro orden de cosas, el 28 de abril de 1931 se aprobó el decreto conocido como de Términos Municipales, que obligaba a los patronos, a la hora de efectuar contratos agrícolas, a contratar a aquellos braceros que fuesen vecinos del municipio en que dichos contratos se realizaban y que pretendía evitar la costumbre caciquil de traer a otros braceros de fuera que aceptaban condiciones económicas inferiores.[85] Este decreto provocó la disminución de la productividad, por la entrada de mano de obra no agrícola al mercado laboral, y chocó de lleno no solo con el rechazo de los propietarios sino con la protesta de las provincias con mayor tradición emigratoria, sobre todo a gallegos y andaluces, que solían dirigirse a la meseta en épocas de siega.
En marzo de 1934, Barcía Trelles hacía una interpelación al gobierno con relación a la situación de Almería. Entre los muchos problemas que atravesaba la región se encontraba el hecho de que la citada ley restringía una de las tradicionales soluciones al paro de los jornaleros almerienses, pues “por la falta de campo para las labores, sus trabajadores emigraban a otras provincias en los períodos de siega, recolección y siembra, y ahora se encuentran imposibilitados de acudir a ese sustituto de que antes disponían”. Con la clausura de la emigración exterior —a Orán, Argelia, Francia o América— su situación laboral se había hecho insostenible y había llevado incluso al desplazamiento de pueblos completos.[86]
El colapso de la bolsa de Nueva York de octubre de 1929 afectó en primer término a la industria, pero acabó extendiéndose a todos los sectores y a todo tipo de economías, desarrolladas y atrasadas. El relativo aislamiento de la economía española ayudó a amortiguar los efectos más dramáticos de la recesión internacional, pero no evitó que el país se sumergiera en la parálisis productiva y que el PIB de 1935 fuera similar al de 1929. España participó, al mismo tiempo, de la corriente proteccionista instalada en las naciones industriales, que llevó a una fuerte contracción del comercio mundial y de la actividad económica.[87] El derrumbe del comercio exterior español fue “la vía a través de la cual se coló la depresión internacional en la economía española”.[88]
A partir de noviembre de 1932 y a lo largo del año siguiente, ciertas disposiciones del Ministerio de Hacienda, destinadas a frenar la salida de metálico al exterior y evitar la fuga de capitales, provocaron una respuesta similar en naciones como Argentina y Uruguay, cuyos gobiernos decretaron bloqueos comerciales y monetarios —con la congelación de los créditos españoles— lo que impidió la salida temporal de capitales hacia España, de los cuales los más significativos eran los ahorros de los inmigrantes.[89] Este hecho relacionaba de nuevo íntimamente la situación económica de crisis con el fenómeno migratorio. En los días siguientes, la medida provocó la protesta de los congresistas más sensibilizados con los problemas de las regiones migratorias: “son muchos millares de familias las que han quedado privadas de todo recurso, porque esos millones de pesetas que mensualmente recibían ya no pueden salir del territorio argentino para venir a España”, expresaba Basilio Álvarez.[90]
A raíz de este problema, Augusto Barcía explicaba que, a pesar del alto déficit de la balanza comercial española, el país saldaba su balanza de pagos con unas cifras moderadamente deficitarias. El problema se resolvía, según este diputado, con las exportaciones invisibles, que en el caso español se reducían a “la exportación de brazos, la actividad de nuestros emigrantes, los máximos productores de divisas extranjeras”.[91] Dichas exportaciones se habían reducido a una décima parte desde 1931, hasta que el bloqueo comercial terminó por impedir totalmente la exportación en el caso argentino y uruguayo, dando paso a una intensa especulación usuraria en los giros.
En Cuba era especialmente visible cómo la disminución de las remesas había llevado incluso a la inversión del flujo de capitales. Barcía Trelles exponía esta situación aludiendo a los modos tradicionales de actuación migratoria: “Una de las primeras aspiraciones de estos emigrantes (…) era constituir un pequeño patrimonio en España. Cuantos emigran aspiran ante todo a hacer suya la casa o el solar donde han nacido”. En las provincias galaicas, así como en todo el Norte peninsular y en buena parte de Navarra, predominaba una “enorme propiedad urbana y territorial que era de los emigrantes”. En los tiempos difíciles que corrían, para sostener los negocios establecidos en América, los emigrantes habían llegado a liquidar sus propiedades en España, lo que explicaba que “en algún instante los giros de España a Cuba representen más que los hechos desde Cuba a España”. Lo mismo sucedía, en menor cuantía, con otras naciones como El Perú, Chile o Brasil. Basilio Álvarez también concluía de forma similar su análisis:
“(…) La atonía del Gobierno para resolver el problema de la falta de Tratados Comerciales con los países americanos ha llevado a toda Galicia y a otras regiones a la situación de miseria en que se encuentra, por el bloqueo de la Argentina y otras Repúblicas al dinero de los emigrados y de los exportadores españoles”.[92]
La gran crisis del sistema económico mundial que estalló en 1929 significó una ruptura de una tendencia a largo plazo en la emigración exterior europea, ruptura que cristalizó en el agotamiento temporal de los desplazamientos de mano de obra hacia América. En el caso español —cuya oleada migratoria fue tardía respecto a las principales naciones expulsoras—, la nueva trayectoria de las migraciones estuvo estrechamente relacionada con el inicio de la Guerra Civil.
La emigración de retorno constituye, en palabras de Xosé Manoel Núñez Seixas, uno de los aspectos menos investigados dentro del multidimensional fenómeno migratorio, tanto desde la historia como desde otras ciencias sociales.[93] En estas páginas se ha ofrecido una síntesis de los efectos del fin de la emigración trasatlántica en España en los años treinta a través de la reflexión política y las discusiones de los diputados españoles en las Cortes republicanas acerca de la vuelta de los emigrantes y la repatriación de indigentes así como de la mirada de la prensa. Las restricciones a la emigración que se impusieron en dicho decenio o el retorno masivo desde América constituyeron temas recurrentes en buena parte de los debates sobre asuntos de tipo económico y social que se dieron en la Cámara, así no se llevara a cabo una política emigratoria propiamente dicha o una reforma de la ley vigente, como había sido el caso en el régimen anterior.
Las interpelaciones de los congresistas en cuanto al problema de la repatriación de indigentes no tuvieron una incidencia decisiva en las medidas llevadas a cabo por el Ministerio de Trabajo, primero, y el de Estado después, puesto que el problema fundamental, la falta de recursos para subvencionar los pasajes, así como la presión poblacional sobre el mercado de trabajo, pesaron más que el sentido tutelar de la ley migratoria o la responsabilidad del gobierno sobre sus connacionales en el exterior. Las alusiones contribuyeron, sin embargo, a dar visibilidad política a un problema que, finalmente, afectaba a millares de individuos, y esto en un marco verdaderamente privilegiado de la arena política republicana como fue el Congreso. La emigración, como aquí se muestra, formó parte de los discursos parlamentarios, puesto que en ellos se debatió intensamente la situación española y España era todavía, en la primera mitad de los años treinta, un país emigrante.
Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, Serie histórica:
Legislatura de 1931-1933. Cortes Constituyentes.
Legislatura de 1933-1935.
Legislatura de 1936.
Inspección General de Emigración, Compilación de las disposiciones dictadas sobre emigración, Madrid, 1933.
ABC, 1930-1934.
Crisol, 1930-1931.
El Heraldo de Madrid, 1930-1934.
El Imparcial, 1931.
El Siglo Futuro, 1930-1931.
El Sol, 1930-1933.
La Época, 1930-1933.
La Nación, 1935.
La Voz, 1930.
Este texto forma parte del proyecto: Asistir al emigrante es proteger la nación. Políticas públicas y asistencialismo privado en la diáspora española hacia América, 1907-1960 (Argentina, Brasil, Chile y México) (PID2021-127839OB-I00).
