Migraciones de retorno en España bajo el franquismo: políticas, percepciones y discursos, 1939-1975

Return migrations in Spain under Franco: policies, perceptions and discourses, 1939-1975

Migrações de retorno na Espanha sob Franco: políticas, percepções e discursos, 1939-1975

Carlos Sanz Díaz* carlos.sanz@ghis.ucm.es

Universidad Complutense de Madrid, España

Estudios de Historia de España

Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, Argentina

ISSN: 0328-0284

ISSN-e: 2469-0961

Periodicidad: Semestral

vol. 24, núm. 2, 2022

iheuca@uca.edu.ar

Recepción: 03 Junio 2021

Aprobación: 21 Agosto 2022

URL: http://portal.amelica.org/ameli/journal/799/7994038006/

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

El retorno de la emigración continúa siendo un aspecto insuficientemente conocido dentro del panorama, por otra parte cada vez más y mejor estudiado, del fenómeno migratorio durante el franquismo.[1] Ello no constituye una situación excepcional en el panorama internacional. Como señaló Russell King, “la migración de retorno es el capítulo más grande no escrito en la historia de la migración”.[2] En comparación con los flujos de salida, los retornos tuvieron un volumen menor, y metodológicamente se tendió a desgajarlos del análisis de las migraciones, como si se tratara de fenómenos independientes.[3] Además, la mayor parte de los emigrados que retornaron lo hizo de forma autónoma y sin recurrir a la mediación del Estado, lo que explica que hayan recibido una menor atención por parte de una historiografía que ha centrado su atención en el desarrollo del aparato normativo-institucional generado en torno a la emigración.[4] Ello a pesar de que los estudios sociológicos sobre la migración de retorno surgieran en España a los pocos años de iniciarse este ciclo migratorio, ya en los años sesenta.[5]

Bajo la dictadura de Franco, no obstante, la emigración de retorno adquirió un volumen y una significación considerablemente mayores que en etapas anteriores de la historia de España. Favoreció este hecho el propio deslizamiento que tuvo lugar a mediados de los años cincuenta entre el final del ciclo migratorio a América y el despliegue del ciclo migratorio a Europa. Así, si se estima que regresaron a España casi 400.000 de los más de 877.000 españoles que emprendieron la emigración transoceánica entre 1946 y 1970, es decir menos de la mitad, [6] entre los cerca de dos millones de españoles que emigraron a Europa entre 1960 y 1975 retornarían aproximadamente un millón y medio, es decir alrededor de tres cuartas partes.[7] Junto con las migraciones interiores que, con cifras mucho mayores, se produjeron en estos mismos años, y teniendo en cuenta que los retornados del extranjero no siempre regresaban a sus lugares de origen sino que a menudo engrosaban la población de los núcleos urbanos en plena expansión, podemos afirmar sin duda que el retorno de la emigración fue un factor fundamental en la gigantesca transformación que experimentó la sociedad española durante el franquismo.[8]

En este trabajo nos proponemos contribuir al conocimiento de este fenómeno mediante el análisis de las políticas, las percepciones y los discursos generados alrededor de la emigración de retorno en la dictadura franquista. Para la reconstrucción de nuestro objeto de estudio nos basaremos en la legislación y las normas derivadas, en los debates vehiculados en las Cortes y en el Instituto Español de Emigración (IEE), en la prensa generalista y en la dirigida específicamente a los emigrantes, en la documentación de archivo del Ministerio de Trabajo y del propio IEE, en los estudios sobre migraciones producidos en estos años, y en algunas creaciones culturales que contribuyeron a crear y recrear discursos públicos en torno a la emigración de retorno.[9]

Las primeras formulaciones sobre el retorno de la emigración surgieron, en la España franquista, en el contexto de la Guerra Civil y la inmediata posguerra. Pretendiendo demostrar la superioridad de la política social dirigida por Falange, y atender las acuciantes necesidades de reconstrucción del país, la dictadura trató de articular una política de repatriaciones de nuevo cuño. Se trataba de ir más allá del asistencialismo de la etapa anterior, cuando bajo el régimen de la Restauración y durante la Segunda República el Estado se había limitado a organizar y sufragar el retorno de aquellos españoles que se encontraran en situación de necesidad.[10] Bajo el nuevo régimen, las autoridades vieron en la práctica de las repatriaciones una herramienta al servicio de su política de población de corte natalista, justificada como paliativo a los estragos de la sangría demográfica provocada por la guerra y el exilio,[11] y a las necesidades de la política económica autárquica. El objetivo de repoblar España para restaurar su vitalidad interna y su presencia internacional subsumió la política de repatriaciones en una obra más amplia de reconstrucción nacional. La Presidencia del Gobierno en su Decreto sobre Repatriación de agosto de 1941 lo expresaba con claridad: el Estado no tenía que ocuparse de regular las corrientes de emigración, “sino más bien de arbitrar fórmulas para el reintegro a la Patria de sus hijos que, lejos de ella, ansían su colaboración en la hora difícil y feliz de su engrandecimiento”.[12]

Este objetivo era congruente con el conjunto de la política migratoria del primer franquismo. La dictadura mantuvo vigente sobre el papel la Ley de emigración de 1924, que se basaba en la libertad de emigrar, pero socavó el espíritu de la norma con medidas excepcionales que sustituían la visión social de la emigración, en vigor hasta la Segunda República, por un enfoque policial de nuevo cuño. De este modo, se establecieron por vía administrativa una serie de estrictas limitaciones a la emigración.[13] Ya durante la Guerra Civil, los generales sublevados habían impuesto severas restricciones de salida y entrada en el territorio que controlaban, lo que, unido a la profunda alteración del tráfico marítimo de pasajeros, resultó en una práctica paralización de la salida de población desde la España controlada por los militares sublevados entre 1936 y 1939.[14]

Junto con este cerrojazo a la emigración, los gobiernos de Franco reanudaron una política de repatriaciones, ya en curso desde las leyes migratorias de 1907 y 1924, que buscaba atraer a los españoles establecidos en América. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, la dictadura promovió el retorno de quienes debieran cumplir sus obligaciones militares, de los que se encontraran en dificultades o en la indigencia, de los náufragos y de los menores de edad.[15] Por motivos políticos e ideológicos, la dictadura orientó su acción tuitiva de modo preferente a las comunidades españolas en el continente americano, desplegando una acción protectora que discurrió sobre dos ejes: la política de repatriaciones, y el fomento de los lazos con la Madre Patria a través del Ministerio de Asuntos Exteriores[16] y del Servicio Exterior de Falange.[17] Paralelamente, a partir de 1946 el gobierno relajó la prohibición de emigrar e inició una liberalización de las salidas de población, lo que permitió que se experimentara un último ciclo migratorio con destino al continente americano, en especial a Argentina.[18] Como resultado, entre 1946 y 1950 emigraron a América 135.487 españoles y retornaron 25.477, según las estadísticas del IEE, cifras que entre 1951 y 1955 fueron de 272.782 y 67.701 respectivamente.[19]

La modestia de los resultados alcanzados con la política de repatriaciones, en especial las ultramarinas,[20] no debe hacer olvidar que su puesta en práctica supuso una intervención amplia por parte del Estado, ejercida a través de los cónsules de España en el extranjero. Estos empleaban en pagar los pasajes de repatriados los recursos del fondo de hospitalizaciones, socorro y repatriaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y lo que se obtenía por un sistema de bonos expedidos por las compañías navieras que transportaban emigrantes.[21] Se estaban poniendo de este modo los fundamentos institucionales de un sistema asistencial e intervencionista que cristalizaría en una organización mucho más completa en la etapa siguiente. En paralelo, el régimen franquista organizó –y explotó propagandísticamente– desde los años de la Guerra Civil hasta la década de los cincuenta la repatriación de exiliados y evacuados por las autoridades republicanas durante la contienda –muchos de ellos mujeres y niños–, incluyendo a parte de los “niños de la guerra” acogidos en la Unión Soviética, así como veteranos de la División Azul y otros prisioneros procedentes de la URSS, mientras dejaba en el desamparo a los cerca de 300.000 exiliados que quedaron en Francia, México y otros países.[22]

De forma congruente con estas prácticas y concepciones oficiales, surgió un discurso acerca del retorno como repatriación, que tendía a centrarse en los aspectos dramáticos del fenómeno. Esta visión es palpable en publicaciones técnicas, escritas por especialistas como Mariano González-Rothvoss, abogado e inspector general de trabajo. En su estudio de 1949 Los problemas actuales de la emigración, este autor dedicaba un capítulo a “Los problemas de la repatriación”, en el que solo se contemplaban como motivos para regresar una serie de factores negativos –tales como desempleo, crisis económicas, perturbaciones políticas o enfermedades–, siendo el retornado a costa del Estado, es decir el repatriado, un individuo al que había que tutelar y proteger en su penoso proceso de readaptación a España.[23]

Otro especialista, Vicente Borregón Rives, inspector técnico de trabajo encargado de emigración en el puerto de Vigo, distinguía en 1952 entre quienes regresaban a España “vencedores” y por tanto no necesitados de asistencia estatal, y los “repatriados”, que no podían costearse su regreso y precisaban la tutela del Estado. Estos, sobre cuyas necesidades y problemática se explayaba el autor, eran descritos en términos dramáticos:

“(…) después de gastar toda su vida ¡una vida humana! en tierras americanas, regresan a la Patria con el alma destrozada por un sinnúmero de circunstancias desgraciadas, coronadas por la certeza absoluta del fracaso de su aventura migratoria y con el cuerpo marchito por la vejez prematura y enfermedades mentales y de todo orden, que muchas veces les hace tomar aspectos infrahumanos”.[24]

La visión catastrófica del retorno comenzó a corregirse a mediados de la década de los cincuenta, cuando la emigración dejó de concebirse como una calamidad demográfica y pasó a verse como una oportunidad de desarrollo, tal y como expresó en 1955 Carlos Martí Bufill en su influyente ensayo Nuevas soluciones al problema migratorio. No especialmente sensible al retorno –tema al que apenas presta atención–, Martí Bufill abogaba por “una emigración orgánica dirigida, garantizada y concordada en cada uno de sus puntos” mediante convenios bilaterales y, subsidiariamente, convenios generales internacionales.[25] Para este fin, Bufill propugnaba que el Estado creara un Instituto Español de Emigración, entre cuyos fines y numerosas funciones no se menciona en ningún momento asistir, canalizar o fomentar el retorno.[26]

El cambio que se estaba operando en la concepción y los discursos sobre la emigración y el retorno se tradujo en la creación en 1956 del Instituto Español de Emigración (IEE) y en el ingreso de España en el Comité Internacional para las Migraciones Europeas (CIME), la organización que desde 1951 asistía la emigración y el reasentamiento de los desplazados y refugiados europeos hacia países de Ultramar.[27] Con su presencia en el CIME, la España de Franco aminoraba su aislamiento internacional a la vez que instrumentalizaba la emigración transatlántica, bajo la forma de programas de reagrupación familiar y otras operaciones migratorias, al servicio de sus objetivos socio laborales, económicos e ideológicos.[28] Al mismo tiempo, con la creación del IEE el gobierno se dotó de un instrumento fundamental para canalizar y controlar la emigración, bajo esquemas de intervención estatal, dando lugar al desarrollo de la “emigración asistida”. Con ello, tras años de pugnas burocráticas por el control de la emigración entre Presidencia del Gobierno, el Sindicato vertical, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Trabajo, se impuso la primacía de este último y su concepción socioeconómica de la emigración como herramienta de regulación laboral al servicio del desarrollo económico español.[29]

El IEE no incluyó entre sus fines la perspectiva del retorno sino bajo la forma de repatriación. Reflejaba así su concepción –ya indicada– de instrumento para canalizar la emigración y dirigirla en función de las necesidades del mercado laboral español, en un momento en que todavía se pensaba en que este flujo de población se dirigiría a América Latina y produciría un asentamiento permanente en el país de destino del emigrante e, idealmente, también de su familia. El Instituto –así lo establecía la Ley de 1956 que lo creó–, únicamente debía ayudar a regresar a España, bajo la tutela del Estado, a aquellos emigrantes –por regla general radicados en América– que no contaran con medios económicos suficientes para sufragarse su retorno. Estas “repatriaciones extraordinarias”, siguiendo la práctica heredada de la etapa anterior, se financiarían con los bonos de repatriación que debían satisfacer las compañías navieras extranjeras, bonos que constituían una importante fuente de financiación del Instituto.[30]

La Ley de Bases de Ordenación de la Emigración de 1960 y la Ley de Ordenación de la Emigración de 1962 contemplaban igualmente el retorno de los emigrantes desde la óptica implícita de la repatriación desde el continente americano.[31] En el debate que surgió en el franquismo en torno a estas novedades normativas, el retorno apenas recibió atención.[32] En el contexto desarrollista en el que lo que interesaba era fomentar la emigración, y no el regreso de los emigrantes, se eximía al IEE de articular una auténtica política de retorno, como observaban ya entonces los expertos.[33]

En realidad, las dinámicas económicas y sociales acabarían marcando el paso de la legislación y las políticas de los gobiernos, afectando directamente a las prácticas y representaciones del retorno.[34] En los años cincuenta el ciclo de la emigración ultramarina se cerró por las dificultades impuestas por los países de destino a la llegada de nuevos emigrantes. Al mismo tiempo, la emigración española había dejado de dirigirse a América para encaminarse hacia los países de Europa occidental y central que demandaban mano de obra para su desarrollo económico y ofrecían altos salarios y amplias facilidades a la entrada de trabajadores extranjeros. Los españoles que se integraron de este modo en el sistema europeo de “trabajadores invitados” (guestworker system) de los Treinta Gloriosos (1945-1975) eran portadores de un proyecto migratorio muy diferente del de quienes cruzaban el océano años atrás. Su proyecto incorporaba desde el inicio la perspectiva del retorno: el objetivo no era asentarse definitivamente en el extranjero, sino maximizar el ahorro mediante el trabajo intensivo y retornar a España en uno o pocos años con una mejor situación económica y laboral, un objetivo facilitado además por la proximidad geográfica y el abaratamiento de los transportes.[35] La diferencia de lengua y cultura con los países de destino y el diseño de las políticas migratorias eran otros factores que favorecían la orientación al retorno de la emigración europea.

Dentro de este cambio de ciclo migratorio, el retorno quedó integrado en el esquema de “emigración asistida” que el Estado encauzó a través del IEE, de las leyes de emigración y su normativa de desarrollo, y de los acuerdos bilaterales con los países de destino, como Bélgica (1957), Suiza y la República Federal de Alemania (1960), Francia (1961) o los Países Bajos (1963), acuerdos que solían recoger alguna mención al retorno. Por ejemplo, el acuerdo hispano-alemán de marzo de 1960 indicaba que el empresario alemán y el trabajador español podrían acordar el abono de los gastos de viaje de regreso de este último –aunque no obligaba a ello– (art. 13.3), y garantizaba que los españoles que regresaran de la República Federal de Alemania serían readmitidos “en todo momento, sin formalidades” por el gobierno español (art. 18.8). Los contratos de trabajo eran de duración limitada, generalmente a un año, aunque podían renovarse sucesivamente. En cualquier caso todas las partes –gobiernos, trabajadores y empresarios– concebían la emigración como un fenómeno temporal que se completaría con la reintegración del emigrante a su país de origen.

Ya en la reunión del Consejo del IEE del 29 de enero de 1958, Javier Martín Artajo, vocal de este organismo, distinguió entre la emigración definitiva que se dirigía a América y la que se dirigía Europa, “más remuneradora” y caracterizada por que “con ella no se pierde definitivamente al trabajador que sale de nuestra Patria”.[36] Un hecho que, si era cierto para el trabajador de sectores como la industria, se aplicaba con mucha más justicia al importante número de trabajadores que cada año migraban entre Francia y Suiza para desempeñar actividades estacionales en sectores como la agricultura o la construcción bajo el estatuto de temporeros o en operaciones de migración de campaña.

De hecho, en la emigración intraeuropea en la que participaba España, los contornos del retorno se volvían más fluidos de lo que había sido habitual en la emigración transatlántica, lo que generaba taxonomías muy diversas. Además de los regresos estacionales por vacaciones, había emigrantes que, tras reinstalarse en España unos meses o años, emprendían la reemigración al mismo país europeo del que regresaron, o bien emprendían una nueva emigración a un país distinto, dándose también migraciones circulares, o de sucesivas idas y vueltas, que incluían siempre más de un retorno.[37]

El retorno fue así una realidad constante que acompañó a la salida de los cerca de dos millones de españoles que fueron a trabajar a Europa entre 1956 y 1975. Significativamente, en las Guías del emigrante que el IEE publicaba para ayudar a los españoles con los aspectos legales, laborales, logísticos y culturales de la emigración, no se ofrecía ningún tipo de información específica o consejo sobre la planificación del regreso a España.[38] Sin embargo, la voluntad de retorno era casi universal: según una encuesta del IEE, en 1966 el 99,3% de los emigrantes españoles en Europa deseaba regresar a España; el 46,7% no tenía intención de permanecer emigrado más de un año, el 24,2% no deseaba superar los dos años, y solo un 6,3% declaraba que deseaba pasar más de cinco años en el extranjero.[39] Y de hecho, cumplían su objetivo de regresar en pocos años en la mayoría de los casos. Una investigación mostró que el 80% de los españoles emigrados a Europa entre 1959 y 1970 había regresado a España al tercer año o antes, “sin perjuicio de volver a marcharse después”.[40] Según el estudio de José Castillo, entre 1960 y 1969 regresó a España el 29% de los emigrados a Europa; entre 1970 y 1974 otro 35%; y entre 1975 y 1978 un 33% adicional.[41] Incluso entre los que emigraban al continente americano se registraba ahora una tendencia al retorno mucho mayor que en el pasado, lo que hacía que un 45% emprendiera el regreso a España en estos años.[42]

El discurso público no tardó mucho tiempo en reflejar la realidad del nuevo tipo de emigración y del retorno que conllevaba.[43] Desde el IEE y otras instancias públicas del Estado con atribuciones en materia de emigración se fraguó un discurso pragmático que afirmaba la libertad de emigrar y sostenía que el Estado no fomentaba, sino que canalizaba los flujos migratorios, velando por extender su protección sobre el español en el extranjero en todas las fases de la emigración. Los congresos organizados por el IEE en 1959 y 1965 para tratar la problemática en torno a la emigración siguieron denominándose, ciertamente, “Congreso de la Emigración Española a Ultramar” (II y III, respectivamente), y abordaron las repatriaciones, dejando en un llamativo silencio el retorno que no se ajustaba a esta figura y que era mayoritario. Sin embargo, en ambas citas la emigración a Europa afloró con frecuencia en los debates.[44] De hecho, si en 1959 el subdirector del IEE, Florentino Díaz-Reig, pronunció una conferencia sobre “Ventajas e inconvenientes de la emigración” sin mencionar en ningún momento la perspectiva del retorno, y enfocando la emigración como un fenómeno de traslado definitivo de poblaciones a América, en pocos años la situación fue muy diferente. En una mesa redonda celebrada en verano de 1964 en el Centro de Estudios Sociales de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, los ponentes José Serrano Carvajal y Alfredo Montoya Melgar, al tiempo que constataban el declive de la emigración ultramarina, auguraron para los siguientes cuatro o cinco años un “esperado retorno masivo” de los emigrados a Europa, por razones económicas y demográficas. Esta perspectiva no provocaba especial preocupación a ambos autores porque estimaban que para entonces estaría en pleno funcionamiento el Plan de Desarrollo, iniciado en 1964, y el mercado laboral español sería capaz de absorber a todos los retornados.[45]

El propio general Franco asumió este tipo de discurso en sus mensajes de fin de año retransmitido por Radio Nacional y Radio Televisión Española, al aludir al retorno desde una lógica laboral, presentándolo como un objetivo deseable, pero subordinado a la capacidad de la economía española de crear puestos de trabajo. En 1964 afirmó: “Nosotros aspiramos a que el desarrollo español absorba pronto a esa mano de obra que hoy se desplaza en favor de la economía de otros países”.[46] Entre tanto, el Estado español respetaba, diría en 1965, “el derecho de nuestros hombres a la libertad del traslado” a la vez que se empleaba en llegar “a la meta deseada de que ningún español necesite buscar oportunidades laborales fuera de nuestras fronteras”.[47]

Este mismo año de 1965 el director del IEE, Álvaro Rengifo Calderón afirmaba en el III Congreso de la Emigración a Ultramar: “Las emigraciones demográficas han sido sustituidas por las emigraciones económicas de mano de obra (…) Es un trabajador que sale para regresar”.[48] La nueva emigración, en la visión de Rengifo, era un factor esencial para el crecimiento económico español y para el cumplimiento del Plan de Desarrollo, un desarrollo al que el emigrante contribuía con su marcha pero ─y esto era novedoso─ también con su retorno, si este se producía a su tiempo debido: cuando la economía española pudiera reabsorber la mano de obra emigrada. En 1965 Rengifo estimaba que esta inversión de la tendencia migratoria se produciría en unos años, pasándose de saldos migratorios positivos a saldos negativos, y que en unos quince años se habría producido “la absorción de prácticamente todo el censo laboral español”, es decir, el retorno de todos los emigrantes desde Europa.[49]

Para el gobierno español y los responsables del IEE lo importante era que el retorno tuviera lugar de forma escalonada, controlada y ajustada a las necesidades del mercado laboral español. La “válvula de escape” para el mercado laboral en que se había convertido la emigración de centenares de miles de españoles permitía, en palabras de Álvaro Rengifo, que el desarrollo económico español se realizara “sin fricciones sociales y sin desajustes entre los costes de producción”.[50] Pero ya en 1967 y en un foro como el Consejo Provincial de Trabajadores de Barcelona se suscitó, en un encuentro con el ministro de Trabajo, la “inquietud” por el retorno. En un momento en que un millón de españoles trabajaban fuera de España surgía la pregunta: “¿Qué haremos, por lo tanto, en el supuesto de su regreso a este país?”. El gobierno español lo fiaba todo a la carta del futuro “pleno empleo”, un pleno empleo comprometido por la invisibilidad estadística de la gran cantidad de emigrados.[51]

El significado del retorno en este esquema de desarrollo se evidenció precisamente cuando en 1966-1967 una breve crisis económica en Alemania y la supresión del trabajo en horas extraordinarias en varios países europeos provocó que cincuenta mil españoles no vieran renovados sus contratos y debieran regresar a España. En este país se extendió un clima de alarma sintetizado en titulares de prensa como: “El retorno de los emigrantes plantea graves problemas”.[52] La situación se debatió ampliamente en el Consejo del IEE, donde se contra argumentó que en realidad las perspectivas de la economía europea eran buenas y la demanda de mano de obra española se recuperaría pronto.[53] El gobierno español se movilizó, no tanto para facilitar el regreso a España de los emigrantes afectados, como para asegurarse de que no habría retornos masivos y de que Alemania seguiría demandando más trabajadores españoles cuando superara la crisis.[54] La recuperación de la economía alemana, que volvió a necesitar grandes cantidades de mano de obra extranjera entre 1968 y 1973, disipó las preocupaciones a corto plazo, pero demostró la fragilidad de uno de los pilares de la prosperidad española, amenazado por el retorno de los emigrantes a gran escala.

De esta forma se estaba formulando una visión ambigua del retorno, que lo asociaba, y lo condicionaba de hecho, al futuro desarrollo económico de España, y en particular a la expansión del mercado laboral. Había otras connotaciones positivas que se adhirieron a la imagen del retorno en estos años, contribuyendo a hacer aceptable la misma idea de la emigración. Por una parte, en especial el Sindicato vertical y el Ministerio de Trabajo pusieron en circulación la tesis de que, al retornar, los españoles podrían aprovechar la capacitación técnica y profesional adquirida en Europa para progresar laboralmente en España.[55] Por otra parte, se formularon esperanzas más o menos vagas de que los retornados contribuyeran a construir una España mejor. Así en 1966 Álvaro Rengifo expresaba la tesis de que “la aventura humana de los emigrantes cuando regresen” de Europa había de ser “un factor importante y beneficioso” para la construcción de una sociedad “pluralista y no excluyente” y de “una nueva posibilidad de convivencia”, gracias a los valores y experiencias adquiridos en el exterior.[56]

Ciertamente, tampoco faltaron voces que vieron efectos ambivalentes en el retorno de los emigrantes, como mostraron varios estudios sociológicos y económicos en estos años.[57] En el plano laboral, estos retornados —se exponía— aumentaban la presión sobre el mercado de trabajo, especialmente si volvían en coyunturas con alto desempleo. Económicamente, el retorno suponía la interrupción de una fuente de divisas para la economía nacional, al cesar el flujo de remesas que los emigrantes enviaban a sus familias en España. Por otra parte, estudios de la OCDE de estos años ponían en duda la capacidad de los retornados para invertir productivamente sus ahorros y contribuir al desarrollo de sus países de origen.[58] En el plano social y político, esos trabajadores, se afirmaba, tras pasar por la experiencia europea, eran susceptibles de constituirse en vectores de crítica social, movilización laboral y antifranquismo político. Como explicaba en 1965 Enrique Couceiro Muñoz, subdirector de emigración de Caritas Nacional, los primeros retornados de la emigración a Europa comenzaban “a pesar con notable significación” en la sociedad española tras tres o cinco años fuera: eran “(…) unos hombres que han probado la eficacia de la organización empresarial moderna y no están dispuestos a permitir que sobre ellos recaiga la ineficiencia de una baja productividad debida (…) a una mala organización de la propia empresa”.[59] Según un estudio del mismo autor publicado en 1966, los emigrantes retornados deseaban introducir en España, en este orden, “1. Disciplina y respeto; 2. Técnica; 3. Mejores condiciones técnicas de trabajo; 4. Distribución y organización del trabajo; 5. Salarios y oportunidades de trabajo; 6. Responsabilidad del empresario”.[60] Como analizaba la socióloga Ángels Pascual en su investigación de 1970 El retorno de los emigrantes, ¿conflicto o integración?, el cambio de opiniones y actitudes entre los emigrados en Europa afectaría a su retorno, al futuro del movimiento obrero en España, en un momento de conflictividad laboral en auge.[61]

Para el IEE y el Ministerio de Trabajo, la perspectiva del retorno generaba retos imprevistos. El más acuciante se enfocaba en el plano laboral y se condensaba en un interrogante que se planteaba recurrentemente: ¿estaba España en situación de reabsorber pronto la mano de obra emigrada?[62] A las autoridades les preocupaba además que los emigrantes pudieran retornar “impulsados por las circunstancias adversas, sin tener claro el programa, y encontrarse con muchas dificultades en nuestro país”.[63] Pero también había otras necesidades que atender: “Es preciso que los que regresan puedan encontrar información y asistencia adecuadas para su reincorporación al quehacer nacional, para encontrar empleo, para colocar sus ahorros, para evaluar proyectos económicos, para conseguir vivienda, etcétera”, enunciaba Rengifo en 1965.[64] Al igual que el IEE, el Sindicato vertical, siempre atento a orientar su discurso propagandístico en función de la coyuntura interna, también comenzó a reclamar una intensificación de las medidas que facilitaran el retorno de la emigración.[65]

Tratando de paliar las carencias señaladas, en la segunda mitad de los años sesenta el gobierno puso en marcha algunas medidas dirigidas a los retornados. Las Casas del Emigrante creadas por el IEE en Vigo (para la emigración de retorno desde América) y en Irún (para la de Europa) en 1966 debían contribuir a estos fines, a través de diversos programas de orientación y formación al trabajador que regresaba a España.[66] Además, el IEE impulsó la creación en 1970 de la Cuenta de Ahorro del Emigrante como instrumento para canalizar hacia España las remesas de los emigrantes y favorecer de este modo su retorno.[67]

Junto con estas medidas, el IEE veló principalmente por cultivar los vínculos afectivos de los emigrantes con España, al objeto de mantener vivo en ellos el anhelo del retorno, contribuyendo así a lo que se ha denominado “ideología del retorno”[68] o, incluso, “mito de retorno”.[69] El medio más importante fue el fomento y subvención, en colaboración con el Instituto de Cultura Hispánica creado en 1941, de Centros y asociaciones españolas en el extranjero. A esta política le siguió desde 1971 la creación, bajo la dependencia directa del IEE, de una serie de Casas de España, inicialmente en Alemania, Francia, Holanda, Suiza y Bélgica, así como en Australia.[70] A estos centros se enviaba prensa, libros, discos y subvenciones con el objeto de mantener su existencia como centros de referencia de las comunidades españolas en el exterior. Igualmente la política de publicaciones del IEE, con el envío de la revista Carta de España, y de emisiones radiofónicas y televisivas para los emigrantes, contribuía al fin de mantener vivos los lazos del emigrante con España.[71] También debía contribuir a fomentar el retorno la atención educativa a los hijos de emigrantes, para evitar que una formación insuficiente en el extranjero perjudicara las perspectivas académicas de la segunda generación y cercenara sus posibilidades de volver a España.[72] El IEE se apoyó también en los capellanes de emigración y las religiosas enviadas desde España por la Comisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal para mantener los vínculos entre los emigrantes y la “madre patria”. Por último, el gobierno veló por el mantenimiento de la nacionalidad de los españoles y sus descendientes, especialmente de los radicados en los países del continente americano con los que había acuerdo de doble nacionalidad.

Entre las acciones oficiales que cultivaban el horizonte del retorno destacaron por su resonancia mediática las “operaciones retorno”, dirigidas a los emigrantes en América, y organizadas por asociaciones de españoles, ayuntamientos, el propio IEE y otras instancias, para facilitar viajes y excursiones a España de compatriotas que llevaran mucho tiempo sin volver a su país, o de sus hijos. Se celebraron expediciones de este tipo bajo diversos nombres como la muy publicitada “Operación España” del IEE que benefició a mil trescientos emigrantes que llevaban más de veinticinco años en América,[73] “Romería a España” o “Embajada Blanca”, entre otros.[74]

Las propias producciones culturales de estos años representaron también el fenómeno del retorno, reproduciendo sus modulaciones y contribuyendo a su construcción social, así como a la de su “mito”. Si en Diario de un emigrante (1958) el novelista Miguel Delibes seguía a su protagonista, Lorenzo, en su emigración a Chile y su retorno final a España, Francisco Ayala comenzaba su novela corta El rapto (1965) con el regreso de su protagonista a España tras tres años de trabajo en Alemania. Novelas de Ángel María de Lera como Hemos perdido el sol . Con la maleta al hombro, arquetípicas de la literatura de emigración, subrayaban la voluntad de retorno de los emigrantes a Europa.[75] También el cine producido bajo el franquismo frecuentó el tema de la emigración a América y cultivó el arquetipo del indiano que se marchó pobre y regresó rico.[76] Esta figura, empero, cedió paso en los años setenta a los relatos de retorno, despojados de toda aura mítica, en las películas consideradas centrales de la emigración española a Europa: Vente a Alemania, Pepe (dirigida por Pedro Lazaga en 1970), en la que los protagonistas regresan al pueblo al final de la película transmitiendo el mensaje de que en ningún sitio se está mejor que en España, y Españolas en París (dirigida por Pedro Bodegas en 1971), donde se escenifica el retorno como derrota de una de las protagonistas, Francisca, que regresa a España entre la añoranza y el desgarro interior.[77]

Al comenzar la década de los años setenta, como hemos visto, el modelo económico del desarrollismo franquista había integrado la continuidad de la emigración como uno de los factores básicos para el crecimiento de la economía española, gracias a su función de aporte de divisas y de exportación de mano de obra, y así se recogía en el III Plan de Desarrollo Económico y Social para los años 1972-1975.[78] Por otra parte, el modelo de emigración predominante, que concluía con el retorno del emigrante, se amoldaba mal en las normas e instrumentos existentes, lo que suscitó un debate en ámbitos del Ministerio de Trabajo y el IEE sobre la necesidad de superar las leyes de 1960 y 1962. En este contexto el IEE elaboró en 1970 un informe que, bajo el título “Planteamiento de la política migratoria”, partía del principio de que el emigrante salía de España no como colonizador, sino buscando salarios más altos para ahorrar y facilitar su reinserción en la sociedad española. Esto exigía comprender que el hecho migratorio no se cerraba hasta el retorno del emigrante. De este hecho se derivaba la exigencia de desarrollar una serie de instrumentos que pusieran el foco en favorecer el retorno de los mismos en las mejores condiciones.[79]

Este informe sirvió de base para la nueva Ley de Emigración que se debatió y aprobó en las Cortes franquistas en julio de 1971. En la presentación del proyecto de ley ante las Cortes, el ministro de Trabajo, Licinio de la Fuente, partió de la constatación de que “nuestros trabajadores salen para volver; nuestros trabajadores vuelven tras un promedio de tres o cuatro años de permanencia en el extranjero”. En consecuencia, se hizo del retorno uno de los objetivos principales de la nueva Ley, retorno que debía ser “preparado, esperado y deseado desde que la emigración se produce”. En el debate parlamentario que se desarrolló los días 8, 9 y 13 de julio de 1971 los artículos de la Ley más relacionados con el retorno se aprobaron sin grandes modificaciones y solo fueron objeto de enmiendas de carácter técnico.[80]

Respecto a las normas anteriores, la Ley de Emigración de 1971 aportaba la obligación de que el Estado facilitara el retorno mediante el despliegue de una serie de medidas de carácter informativo, laboral (cursos de readaptación y formación profesional, y reconocimiento del derecho a prestaciones de Seguridad Social), educativo (reconocimiento o convalidación de estudios cursados en el extranjero), crediticio (concesión de créditos o ayudas de financiación a cooperativas de emigrantes para la construcción de viviendas en España, a empresas asociativas y a individuos) y de vivienda (viviendas de protección oficial y de carácter social).[81] Junto con esta ley, el gobierno trató de garantizar, por medio de acuerdos bilaterales sobre Seguridad Social y Seguro de Desempleo –ya firmados desde la década anterior– que los retornados disfrutaran de las pensiones y ayudas a las que tuvieran derecho al extinguirse su actividad en el extranjero, estableciendo el principio de que debía pagar esas pensiones y ayudas el país adonde hubieran emigrado los trabajadores. Además desde 1971 el IEE pasó a ser una Entidad Gestora de la Seguridad Social, encaminada a proteger la totalidad del proceso migratorio, lo que indicaba una superación del “talante economicista de la política migratoria desarrollada a partir de 1956”, según señala José María Luxán.[82]

Sin embargo, la Ley de 1971 presentaba dos limitaciones importantes en relación con el retorno: en primer lugar, extinguía la acción protectora del Estado sobre el emigrante en el momento en que aquel regresara definitivamente a España; por otra parte, no obligaba al Estado a desarrollar una política activa de fomento del retorno. El propio Ministerio de Trabajo no creó hasta 1974 una sección para la asistencia a los retornados. La limitación de recursos económicos destinados a hacer realidad lo enunciado por las normas, la maraña de la burocracia española y los problemas de competencias hicieron el resto. Los observadores contemporáneos concluyeron que las medidas de apoyo al retorno eran insuficientes y que de hecho no existía, ni con la Ley de 1971, una política de retorno que mereciera tal nombre, al no existir un dispositivo legal y organizativo que, desde los poderes públicos, apoyara activa y eficazmente a los españoles emigrantes que desearan regresar a su país.[83]

Con las limitaciones señaladas, las disposiciones adoptadas conformaban una estructura de apoyo al retorno que podía sostenerse en tanto en cuanto este se mantuviera en cifras moderadas. Pero a partir de 1970-1974 el largo ciclo de crecimiento económico de las economías de Europa occidental dio paso a una deceleración y, después, a una prolongada recesión, que impactó de lleno sobre el guestworker system. En estos años, los principales países receptores de inmigración –Suiza, Alemania Occidental, Francia, etc.– congelaron, uno tras otro, la contratación de trabajadores extranjeros y adoptaron medidas más o menos explícitamente orientadas a fomentar la estabilización de la población extranjera o, incluso, a fomentar su retorno, en lo que constituyó un fenómeno auténticamente transnacional de cierre a la inmigración.[84]

La nueva coyuntura tiñó de nuevos significados el fenómeno del retorno en la España del franquismo terminal. Para el Estado, el retorno, sin dejar de ser el correlato lógico de la libertad de emigrar, se convirtió en un reto ambivalente. Por una parte debía ayudar a retornar a quien hubiera elegido esta opción; por otro, actuó ante los países de destino para tratar de mitigar, en lo posible, el impacto de las medidas de restricción a la emigración. Dos principios orientaban esta acción: en primer lugar, desde una lógica social, preservar la situación en la que el retorno fuera una posibilidad, y no una obligación para el emigrante; en segundo lugar, desde una lógica de la política de empleo, tratar de que los retornos se produjeran de forma escalonada, evitando las tensiones sobre el mercado de trabajo.[85] Para quienes regresaban el Estado aprobó medidas en el ámbito del empleo y del disfrute de las prestaciones por desempleo de los retornados,[86] además de velar por que “los españoles no fueran discriminados y gozaran de los derechos (…) asegurados por los acuerdos bilaterales”, como explicó el director general del IEE, Fernando Suárez.[87]

Para la sociedad española, el retorno de la emigración generaba ansiedades especialmente acuciantes cuando, a partir de 1975, los efectos de la crisis se hicieron sentir también en el país y se tradujeron en un aumento del paro. La perspectiva del regreso de los más de tres millones de emigrantes dibujaba un escenario de nefastas consecuencias para España. Bajo la relativa liberalización instaurada por la Ley de Prensa de 1966, los medios de comunicación informaron con amplitud sobre la nueva coyuntura, en especial a partir de la cancelación de la llegada de nuevos trabajadores extranjeros por Alemania en noviembre de 1973. Si en 1971 el semanario Triunfo dedicaba su portada a “La emigración española” con el titular “Una válvula de seguridad, un chorro de divisas”, meses después la prensa hablaba del “problema del retorno”.[88] En el IV Congreso Mundial de la Emigración Española (descartada ya la etiqueta de “a Ultramar”) celebrado en Oviedo en 1971, una de las seis ponencias estaba dedicaba a la problemática a este movimiento de retorno.[89] Por primera vez, el regreso de los emigrantes se convertía en noticia de actualidad de forma sostenida.[90]

Para muchos emigrantes, los propios protagonistas del fenómeno, el retorno pasó de ser una posibilidad voluntaria a convertirse en un destino impuesto por otros. En pleno final del ciclo migratorio europeo, muchos trabajadores extranjeros, españoles y de otros países –italianos, griegos, yugoslavos, portugueses o turcos– eludieron regresar sus países, donde les esperaba una situación económica y laboral aún más frágil que en el extranjero; un número importante aceleró la reagrupación con sus familiares en el país de destino, por temor a mayores restricciones en el futuro.[91] Simultáneamente, el retorno comenzó a ser conceptualizado en los ámbitos asociativos emigrantes más combativos cada vez más como un “derecho” cuyo ejercicio exigía organización y reivindicación ante una sociedad de origen, la española, indiferente u hostil, y un gobierno, el español, cuyas medidas de apoyo se revelaban escasas e insuficientes.[92]

Por su parte, el discurso de la clase política franquista se orientó a tratar de tranquilizar a la opinión pública española acerca de los efectos del retorno de la emigración. El director del IEE, Fernando Suárez, viajó en febrero de 1974 a Alemania, país que representaba “el peligro más grave para nuestros brazos emigrados”; a su regreso, declaró a la prensa española que “la situación actual no es muy grave” y que se estaba “en condiciones de resolver el problema coyuntural para mantener la situación como hasta ahora”. Carta de España reprodujo en grandes titulares esta fórmula tranquilizadora en su número de abril de 1974, cuya portada llevaba el título “Sobre el retorno y la esperanza”.[93] Un año más tarde el nuevo director del IEE, Jordana de Pozas, afirmaba que había una “psicosis de retorno” injustificada y que el “problema del retorno” de los emigrantes se había “desorbitado”.[94] Los mensajes que se transmitían buscaban restar dramatismo. Por una parte, se trataba de mostrar que la situación del mercado de trabajo en los países europeos de destino no era tan negativa, y que las restricciones a la emigración eran una cuestión pasajera.[95] Con el tiempo, no obstante, la realidad se impuso: a comienzos de 1975 se podían leer titulares como “Las puertas de Europa se han cerrado a la inmigración”.[96] Por otra parte se exhibían cifras y datos para mostrar que las cifras de retorno se mantenían en niveles normales[97] y que no se estaba produciendo un “retorno masivo” de trabajadores, mientras se insistía en que no se preveían “situaciones catastróficas”.[98]

El retorno fue utilizado, por lo demás, por el gobierno para publicitar las medidas asistenciales adoptadas a favor de los retornados, transmitiendo la idea de un Estado protector que no abandonaba a sus hijos. “Donde ellos [los emigrantes] estén España está con ellos”, expresaba el ministro Trabajo en la clausura de las jornadas de delegados del IEE en 1970. “Por ello es importante”, continuaba, “que la comunidad nacional no se desvincule, que estreche su contacto y su presencia, que les acompañe hasta la hora feliz y venturosa del definitivo retorno”.[99] Haciendo de la necesidad virtud, algún medio como Carta de España calificó incluso en septiembre de 1974 al IV Plan de Desarrollo, que se estaba preparando para aplicarlo los años 1976-1980, como “una gigantesca ‘Operación Retorno’” que conseguiría, gracias al empleo creado, poner fin a la emigración.[100]

6. Conclusiones

El ciclo histórico que comprende la dictadura franquista vio evolucionar las políticas, percepciones y discursos en torno a la emigración de retorno en España, en un proceso que estuvo vinculado directamente a las propias transformaciones experimentadas por el fenómeno migratorio español. En un inicio identificado exclusivamente con la repatriación excepcional a cargo del Estado del emigrante en situación de necesidad, el retorno fue ampliando a partir de los años cincuenta su significado y su papel en las políticas migratorias del Estado, a la vez que se modificaba su consideración social. Al hilo del desplazamiento del ciclo migratorio americano por el europeo, el retorno pasó a convertirse en la etapa final de una experiencia migratoria voluntariamente limitada en el tiempo bajo los esquemas del “guestworker system” surgido en la Europa de posguerra.

El Estado español articuló de forma paralela alrededor del retorno una variedad de políticas y discursos que reflejaban las modificaciones de este fenómeno tanto como la evolución de los objetivos y prioridades de la dictadura. Durante la Guerra Civil y el primer franquismo se puso en práctica una política de repatriaciones orientada por objetivos demográficos, ideológicos y de prestigio al servicio de la reconstrucción nacional. A partir de los años cincuenta el retorno fue integrado en los esquemas de emigración asistida que se orientaba a los países europeos más desarrollados, sin que se articularan todavía políticas de retorno merecedoras de tal nombre. El retorno perdió su consideración asistencial y pasó a concebirse desde una óptica económica y laboral que conectaba con los objetivos desarrollistas del segundo franquismo. La toma de conciencia de la realidad de una emigración de retorno que ya no era excepcional se expresó en la construcción social de una cierta ideología del retorno y en una práctica espontánea de regreso de la emigración, acompañada desde el Estado por acciones declarativas y por la vigilancia de que este retorno tuviera lugar de manera regulada, escalonada y armónica con la situación del mercado de trabajo interno.

El agotamiento del ciclo migratorio europeo y la crisis económica de los años setenta planteó, sin embargo, de la forma más acuciante la necesidad de una auténtica política de retorno, desatendida hasta entonces, al tiempo que el fenómeno adquiría unos rasgos novedosos en su articulación pública, como una potencial amenaza desestabilizadora del orden laboral y social interno. A este potencial desestabilizador se añadieron los efectos de las repatriaciones derivadas de los procesos de descolonización de Marruecos, Guinea y el Sáhara Occidental, cuyo impacto sobre la situación social en España fue en cualquier caso menor que el planteado por los procesos coetáneos de descolonización experimentados por vecinos como Portugal y Francia.[101] Centrado en la gestión de la mucho más numerosa corriente de retorno que fluía desde Europa, el Estado se vio en todo caso atrapado en cierta contradicción planteada por el mantenimiento de un orden normativo y un régimen declarativo que fomentaba el retorno, y por el despliegue simultáneo de políticas orientadas a la limitación del flujo de regreso de la emigración así como por la limitada envergadura de las medidas efectivas dirigidas a los retornados.