El retorno de inmigrantes españoles en Europa durante la Transición

The return of Spanish emigrants in Europe during the Transition to democracy

O regresso de emigrantes espanhóis na Europa durante a Transição à democracia

Luís Manuel Calvo Salgado* lcalvo@khist.uzh.ch

Universidad de Zúrich, Suiza

Concha Langa Nuño** clanga@us.es

Universidad de Sevilla, España

Moisés Prieto López*** moises.prieto@hist.unibe.ch

Universität Bern, Suiza

Estudios de Historia de España

Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, Argentina

ISSN: 0328-0284

ISSN-e: 2469-0961

Periodicidad: Semestral

vol. 24, núm. 2, 2022

iheuca@uca.edu.ar

Recepción: 03 Junio 2021

Aprobación: 21 Agosto 2022

URL: http://portal.amelica.org/ameli/journal/799/7994038008/

DOI: https://doi.org/10.46553/EHE.24.2.2022.p157-175

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La emigración no fue un asunto primordial para la opinión pública española durante la Transición. Aun así, en aquellos años se dio un debate sobre la política migratoria y la emigración de retorno se convirtió en su tema central. En las ciencias sociales el retorno despertó también un cierto interés que se vio reflejado en la aparición de importantes estudios de sociología, economía, geografía y antropología.[1] Algunos de ellos se publicaron ya en aquellos años y otros siguieron analizando sus repercusiones en momentos posteriores. En la mayor parte de los casos, sus autores se preguntaban por la mejora de la cualificación profesional de los retornados, por su acceso al mercado laboral español, por su papel dinamizador desde el punto de vista económico y social, por los reajustes vitales que tenían que realizar para integrarse de nuevo en su país y por el tipo de inversiones que realizaban al volver.[2] En la década de los noventa y en los últimos años el tema ha sido abordado con otras perspectivas y desde puntos de vista que van de las historias de vida de los retornados a los efectos demográficos y económicos del retorno.[3]

Uno de los aspectos más discutidos ha sido la valoración de las estadísticas sobre el retorno. Aun no siendo posible contar con cifras exactas, sí conviene tener en cuenta las tendencias que ofrecen las estadísticas oficiales y que muestran una mayor concentración de los retornos entre 1974 y 1977. Se debe considerar, a este respecto, “que la disminución de los retornos a partir de 1980 se debe a que desde este año se computan como tales sólo las bajas consulares remitidas al IEE (Instituto Español de Emigración); antes, de 1974 a 1979, el IEE estimaba los retornos en función de los stocks de residentes españoles”.[4] Sí hay acuerdo sobre el hecho de que la emigración a Europa era la que retornaba en aquellos años y no la transoceánica (Gráfico 1).

Gráfico 1
Movimiento migratorio español hacia y desde Europa (1975-1982)
Fuente: datos extraídos de NICOLAU, 2005, 140-141.

En las páginas que siguen nos ocuparemos del análisis de la percepción y de la interpretación del retorno durante la Transición desde las esferas políticas españolas, desde las instituciones administrativas encargadas de gestionar la política migratoria y desde los medios de comunicación. Este enfoque múltiple nos permitirá entender mejor cómo y en qué fases se desarrolló una nueva visión del fenómeno de la emigración y del retorno en este período de la historia española reciente. Para ello nos ocuparemos, en primer lugar, de las decisiones políticas y administrativas que canalizaron el retorno, tratando de averiguar en qué medida resultaron efectivas, pero también prestando atención a los principios ideológicos y jurídicos que las orientaban. En segundo lugar, nos centraremos en los medios de comunicación escritos españoles, que recogieron tanto este fenómeno social como los debates políticos que suscitó. Para obtener una perspectiva cruzada pretendemos ocuparnos, por un lado, de los medios de comunicación escritos en general y, por otro, de los pensados específicamente para los emigrantes. Para abordar el tema en la prensa española recogeremos diversos textos de ABC, El País, Mundo Obrero y La Vanguardia. Entre los medios escritos pensados para los emigrantes se encuentra, por un lado, Carta de España, que representa la opinión oficial y cercana al IEE y, por otro, la prensa de las asociaciones de emigrantes críticas con el gobierno. Todos ellos han sido trabajados utilizando como técnica de investigación el análisis de contenido cualitativo.

En un texto publicado en 1983 Jordi Solé Tura se preguntaba en relación a la emigración “¿hasta qué punto lo que se proclama en la Constitución es realidad?”. Para el jurista, la superación de la dicotomía entre los derechos formales y los derechos reales es especialmente difícil en el caso de la emigración, porque todo depende “de que existan las condiciones materiales para que esos derechos se puedan ejercer”. Los derechos y libertades de los emigrantes se ejercen en condiciones muy especiales porque viven fuera del ámbito territorial de España. Solé Tura criticaba a los que pensaban que “las libertades de un Estado que sigue obedeciendo a un sistema económico capitalista son libertades formales o libertades burguesas”, porque decir eso era, simplemente, “escurrir el bulto”.[5]

Especialmente importante es su reflexión sobre el artículo 42 de la Constitución, pues aborda el dilema de la política migratoria española ante el retorno durante la Transición. El artículo dice: “El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno”. A Solé Tura le parecía “un programa magnífico”, que no sería eficaz, sin embargo, mientras no existiera una legislación positiva en este ámbito. Su artículo se basa en una ponencia de agosto de 1982 que se publicó en 1983, sobre la todavía pendiente Ley de Emigración. Sin ella, reconoce el autor, el artículo 42 sería “en buena parte, papel mojado”. Esa Ley de Emigración de la democracia, como veremos, no llegó a promulgarse nunca, pero el debate giró durante toda la Transición en torno a su conveniencia y a los aspectos mencionados por Solé Tura.[6] La aplicación del artículo 42 se centró durante la etapa del gobierno socialista en las prestaciones de desempleo de los emigrantes retornados, es decir, en conexión con el artículo 41:

“Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en casos de desempleo”.[7]

La Constitución supuso también una fijación terminológica al elegirse la palabra “retorno” y no otra para el artículo 42. Este artículo no figuraba en el anteproyecto de la Constitución y fue introducido por una serie de enmiendas de varios diputados como nuevo artículo 38 en el Informe de la ponencia:

“El estado procurará especialmente la salvaguarda de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero, mediante acuerdos con los países en que se encuentren, todo ello sin perjuicio de orientar su política hacia el reingreso y reinserción de los trabajadores españoles emigrados”.

En la Comisión del Congreso y luego en el Senado se transformó en el artículo 42 y se modificó hasta llegar al texto definitivo, primero sustituyendo, entre otras cosas, “reingreso y reinserción” por “repatriación y reintegración”, para utilizar al final en la Comisión Mixta Congreso Senado sólo el término “retorno”.[8]

El IEE, creado en 1956, siguió siendo durante la Transición el organismo encargado de gestionar la política migratoria española y, por cierto, utilizaba en sus documentos casi siempre la palabra “retorno” y no otras.[9] Su evolución ha sido objeto de estudio, pero conviene detenerse en las opiniones de sus directores generales sobre el retorno durante los años que van de la muerte de Franco a la llegada al poder del PSOE. Los cambios de gobierno de la época, y en especial los que afectaban al Ministerio de Trabajo, marcaron sus fases e influyeron en la formulación de una nueva política migratoria por parte del IEE, aunque sólo muy lentamente empezaron a reconocer la importancia creciente del retorno y la necesidad de concebir la política migratoria de acuerdo con los principios establecidos en la Constitución.

La primera etapa de la política del IEE respecto al retorno durante la Transición estuvo marcada por la continuidad, encarnada en la persona de Jorge Jordana de Pozas, que ocupó el cargo de director general de octubre de 1974 a febrero de 1977.[10] Se advierte en este período la inercia de las políticas del IEE heredadas del franquismo, a pesar de la situación de crisis económica desencadenada por la crisis energética de 1973 y a pesar del cambio político posterior a la muerte del dictador.

Los informes aportan, por un lado, una visión de la situación migratoria sometida a los cambios propios de la crisis, pero sin mostrar una capacidad de reacción real por parte del IEE ante el aumento del número de retornados, salvo en casos muy contados y con actuaciones parciales concretas. En el informe sobre 1974, con fecha de comienzos de 1975 se reconocía ya la tendencia clara a un incremento del retorno, pero insistiendo en que no se trataba de un flujo masivo. Se especifican, además, los problemas de la cuantificación, explicando que no se pueden conocer “valores exactos y únicamente pueden establecerse estimaciones al respecto”. Los datos aportados se basan en el “número de bajas producidas en los Consulados españoles, ubicados en los principales países europeos receptores de nuestra mano de obra” y al valorarlos conviene tener en cuenta:

“(…) que, en el caso de algunos consulados, no se dispone del total del año sino, solamente, del segundo semestre; que una baja se concede al cabeza de familia y, por consiguiente, puede afectar a más de una persona; y, por último, que muchos de nuestros emigrantes no solicitan la baja consular, si no la necesitan obligatoriamente”.[11]

Un año más tarde Jordana de Pozas reconocía que el flujo migratorio español había sido uno de los más afectados por las medidas restrictivas de los países receptores de emigración en Europa y subrayaba la desventaja que suponía la no pertenencia de España a la CEE frente a otros países, cuyos trabajadores gozaban de más derechos que los españoles. Insistía en que aun encontrándose el proceso de retorno “dentro de una trayectoria similar y suavemente creciente” no se habían planteado problemas “graves o irresolubles al respecto”.[12]

Las medidas que enumera el informe son las referidas al programa de ayudas a la formación profesional, útil tanto para la integración como para el retorno, el establecimiento de exenciones aduaneras y fiscales para los enseres familiares y la ayuda a los retornados en situación de paro “consistente en el 75% del salario mínimo interprofesional, más las cuotas de la Seguridad Social, durante un período de seis meses”.[13]

En el Informe de 1976 se mantenía como un punto importante “La necesidad de seguir acudiendo a la emigración un cierto número de años, por haberse convertido esta en un factor estructural de nuestro modelo de desarrollo”.[14] Y se insistía en la pretensión de seguir abriendo “nuevas áreas de emigración o ampliando las actuales”.[15] A pesar de la política restrictiva de los países de acogida europeos y de su apoyo al retorno, aún no se aceptaba la necesidad de un cambio fundamental de la política migratoria española. Se reconocía, sin embargo, que “la cifra de retorno fue relativamente alta en 1975, (como se sabe estuvo entre los 60.000 a 70.000 trabajadores retornados)”.[16]

De hecho, la medida más importante explicada en este informe era la propuesta de mejora de la Cuenta de Ahorro Emigrante, justificada por el fuerte retroceso tanto de las remesas como de las transferencias. Las remesas recogían “los envíos de dinero habituales, procedentes del trabajo y realizados durante períodos cortos”. Su límite máximo estaba establecido en 45.000 pesetas. Las transferencias estaban constituidas por “ahorros acumulados individualmente”, cuyo importe superaba las 50.000 pesetas. Las remesas se canalizaban por el giro postal institucional, mientras que las transferencias se realizaban a través de la banca.[17]

El “descenso de los envíos de ahorros” se explicaba con la crisis económica, pero también con “la acción captadora del ahorro inmigrante desarrollada en estos países por sus entidades de crédito”. El IEE estudió por ello una nueva regulación de la Cuenta de Ahorro Emigrante basada en un aumento del tipo de interés para sus saldos, de la posibilidad de mantener “el ahorro en moneda extranjera para eliminar el peligro de las devaluaciones de la peseta”; de la “disminución a un año del tiempo necesario para optar a los correspondientes créditos”; y del “establecimiento de un tipo de cambio preferencial para los ahorros destinados a esta Cuenta”.[18]

La actitud, el análisis de la realidad económica en general y migratoria en particular y los juicios sobre las propias medidas de ayuda cambiaron con la llegada de Francisco de Asís Condomines Pereña como nuevo director general en 1977, que ocupó el cargo hasta el 25 de marzo de 1978.[19] Condomines, diplomático de carrera, había mantenido una posición muy crítica con numerosos aspectos de las políticas del IEE. No es casualidad su llegada a la Dirección General tras las elecciones de junio de 1977, que abrieron una nueva etapa en la Transición con el período constituyente y también en la evolución de la UCD. El informe sobre el año 1977 replantea los objetivos de la política migratoria española ante la importancia de las medidas restrictivas de los países de acogida europeos y de la tendencia al retorno. En relación a la cooperación con estos países en el ámbito del retorno se afirmaba: “No obstante todas estas declaraciones no han pasado, en la mayoría de los casos, de las buenas intenciones”. Se partía de la idea de que “parece claro, que, en el futuro, no se volverá al anterior sistema de inmigración de mano de obra”.[20] A pesar de esta situación en Europa, el informe consideraba que sería necesario cierto tiempo para cambiar el modelo de la política migratoria española:

“(…) dado que la irracional estructura socioeconómica española, que ha sido el factor determinante de nuestra emigración, necesitará de un amplio margen de tiempo para adoptar un nuevo modelo de desarrollo”.[21]

En realidad, exigía “una reestructuración del empleo mucho más racional y moderna, que permita absorber (a los niveles retributivos europeos) las distorsiones y los numerosos desfases de nuestro mercado de trabajo”. Pero como un objetivo así era difícil de alcanzar a corto plazo, vaticinaba que “la emigración seguirá constituyendo un factor estructural de nuestra realidad social y económica, por lo menos hasta finales de la década de los ochenta.” De ello se deducía que “a largo plazo, el objetivo ineludible de la política emigratoria española debería basarse en la completa desaparición de la emigración”. El informe reconocía que ello:

“Implicaría medidas de gran alcance sobre la inversión social generadora de puestos de trabajo, sobre la clasificación y reestructuración del mercado de empleo, sobre la política demográfica, sobre la educación y formación profesional, sobre otros muchos aspectos de la política económica general que deben estar adecuadamente coordinados”.[22]

Ante el retorno se subrayaba que la realidad no lo permitía “con unas cifras de paro crecientes y cercanas a los 800.000 parados”, que imposibilitaban encontrar empleo a los retornados con facilidad.[23]

José Antonio Escudero López ocupó el cargo de director general del IEE entre 1978 y 1980. El informe sobre el año 1978 hacía hincapié en la necesidad de democratizar las estructuras del IEE y en la elaboración de un proyecto de Ley de la Emigración que abordara también el tema del retorno. El informe sostenía que “el proceso de retorno de nuestros emigrantes, especialmente los residentes en Europa, ha proseguido dentro de la trayectoria creciente”, pero “menos acelerada” y descartaba a corto plazo “el problema del retorno masivo”. Aun así, puntualizaba que “los miles de emigrantes que han retornado y retornan cada año se encuentran con graves problemas de desempleo, seguridad social, convalidación de estudios, vivienda, etc.”, ante lo cual el Estado no podía “hacer frente de forma unitaria por no existir una política de retorno que coordine este conjunto de servicios y ayudas posibles” y necesarias para “la reinserción socio-laboral, en la sociedad española”. Por ello, el IEE había preparado un proyecto de ley, que pretendía “establecer un tratamiento unitario de los problemas” que afectaban a los emigrantes retornados.[24]

La enumeración de las actividades concretas realizadas por el IEE en 1978 muestra lo limitado de este tipo de actuaciones: “se contestaron 2.804 consultas, por escrito y personalmente” relativas al retorno; “1.041 peticiones” solicitando puestos de trabajo, de ellas “29 solicitudes formuladas en el impreso establecido”; “4.952 escritos” con solicitudes de vivienda social en España para trabajadores emigrantes; “3.274 solicitudes de calificación subjetiva de beneficiario de vivienda social” efectuando el Ministerio “52 adjudicaciones”; se distribuía información a través de la Hoja Informativa del IEE; se daban cursos de Formación Profesional en Ourense con 279 alumnos y en Vigo con 196; así como “3.046 peticiones de ayudas al desempleo a los Servicios correspondientes del INEM y 795 solicitudes de una primera prórroga”.[25]

La realización del I Congreso Democrático de Asociaciones de Trabajadores Españoles Emigrantes en Europa en Palma de Mallorca en 1982 constituyó la culminación del proceso de acercamiento del IEE a las reivindicaciones de los emigrantes. El objetivo seguía siendo, en este sentido, la elaboración y aprobación de una Ley de la Emigración y el Retorno capaz de recoger muchas de las demandas formuladas desde el asociacionismo español en Europa. Se realizaron propuestas concretas para la ley con el ánimo de garantizar el subsidio de paro a los retornados; ayudas para la compensación de gastos de viaje; una información completa y eficiente sobre todos los aspectos del retorno; beneficios aduaneros en relación a la importación de distintas pertenencias; el acceso a viviendas sociales; facilidades para obtener préstamos; numerosos aspectos relacionados con la asistencia sanitaria gratuita y las pensiones, así como ayudas especiales para las familias con “minusválidos”.[26]

La Transición recuperaría gradualmente el derecho a la información y la libertad de prensa. Por tanto, el desafío político que supuso el retorno de los emigrantes residentes en el extranjero se reflejó también en los periódicos que, haciéndose eco de las discusiones en el ámbito legislativo, deliberaban, discutían y cuestionaban este problema en sus páginas. El “parlamento de papel”, metáfora acuñada para describir el nuevo rol de los periódicos durante la Transición,[27] supondría un nuevo foro de debate del que participarían tanto diarios con una larga tradición, como rotativos más recientes.

En este apartado la aproximación al retorno y a la nueva Ley de Emigración se hará a partir de los diarios ABC, calificable de “neofranquista”, La Vanguardia Española, de tendencias monárquicas, El País, fundado en las postrimeras del franquismo, progresista y más tarde con afinidades claramente socialdemócratas,[28] y Mundo Obrero, semanario y órgano oficial del Partido Comunista de España desde los años treinta.

Ya en su primer número del año 1976, Mundo Obrero tematizaba el retorno de los emigrantes tachando las palabras del gobierno Arias-Fraga de “falsas promesas” e insistiendo en la necesidad de producir “condiciones de acogida en el país de origen: empleo, vivienda y seguridad social”.[29] El mismo tono crítico se reflejaba en un artículo sobre el viaje a Bonn del ministro de Asuntos Exteriores, José María de Areilza, en el cual se entrevistó con representantes de la emigración española en la República Federal Alemana, quienes hicieron hincapié en las remesas enviadas a España a cambio de las cuales se exigía que parte de esos beneficios se invirtieran en un programa que asegurase “una vuelta digna”.[30]

El 1 de febrero de 1976, el diario ABC publicó un artículo acusando la bajada del flujo migratorio español hacia los países de la Comunidad Económica Europea como consecuencia de la crisis de 1973.[31] La caída de la emigración había repercutido en la balanza de pagos, al menguar tanto las remesas de emigrantes como las transferencias de capital respecto al año 1974. Abordaba también el tema del retorno y de las medidas previstas para aliviar la condición del emigrante en el extranjero o retornado y, en su parte final, hablaba de una reunión de emigrantes españoles residentes en Europa celebrada en Luxemburgo para discutir sobre los desafíos de la emigración. En el mismo sentido, La Vanguardia Española dedicó un extenso artículo al problema de la emigración y aludiendo también explícitamente al retorno.[32]

El semanario Blanco y Negro retomaría este tema en un reportaje de Eliseo Bayo,[33] en el que se centra en la emigración hacia la RFA sin escatimar en críticas hacia las empresas alemanas y cuestionando las razones del retorno.[34] El reportaje acaba comparando la situación en 1967, cuando los emigrantes eran recibidos con los brazos abiertos, con la actual, en la que se puede percibir un régimen muy hostil para los trabajadores extranjeros.

La atención a la problemática en la RFA se convirtió en un hilo conductor a lo largo del debate sobre emigración y retorno. El 7 de julio de 1976, Mundo Obrero informaba sobre el considerable “reflujo de emigrantes” del año anterior. Según ciertas estimaciones, entre sesenta y setenta mil trabajadores retornaron a España, de los cuales más de veintiún mil procedían de la RFA.[35] También la condición de los emigrantes en Francia y sus reivindicaciones jugaron un papel importante dentro de la cobertura del retorno. Pocos días antes del referéndum sobre el Proyecto de Ley para la Reforma Política, el órgano de prensa del PCE reproducía los puntos fundamentales que la Federación de Españoles Emigrantes en Francia (FAEEF) había transmitido a Juan Carlos I durante su viaje por Francia. Entre estos, se expresaba claramente la necesidad de legislar para acabar con el desamparo de los emigrantes retornados: “Se hizo una ley de Emigración cuando todos estábamos fuera; no habrá que esperar a que todos volvamos para preparar la ley del retorno”.[36]

Tras la legalización del PCE y el comienzo de la campaña electoral en 1977 el problema del retorno tomó mayor consideración dentro del programa de reivindicaciones del partido. En su número del 2 de mayo, Mundo Obrero publicaba cinco reivindicaciones de los emigrantes, siendo la cuarta aquella destinada al amparo del retornado a través de exenciones de tasas y derechos de aduana, mantenimiento de los derechos de seguridad social, homologaciones de calificaciones adquiridas en el extranjero, exención del servicio militar y protección del ahorro del emigrante.[37]

El viaje oficial de los Reyes de España a Bonn, en abril de 1977,[38] sirvió de pretexto para que ABC subrayara las dificultades de los compatriotas en Alemania a raíz de las políticas restrictivas desde 1973. El texto, con su tono pesimista y la referencia al total de parados en España, acababa con un llamamiento a los emigrantes: “Tanto si la cifra es exacta como si resulta corta, el único consejo sensato que podemos transmitir a nuestros emigrantes es que no precipiten el retorno ni se asusten ante las dificultades burocráticas que les plantean los funcionarios alemanes”.[39] Este texto muestra como ningún otro la falta de “elasticidad social” que se vivía en esa época.[40]

Poco después de las primeras elecciones de la Transición se aprecia cómo la discusión alrededor de la emigración y del retorno vino acompañada paulatinamente por siglas de partidos y sindicatos. Como informaba La Vanguardia Española en agosto de 1977, PSOE y UGT visitaron el IEE, reunión en la que plantearon diferentes cuestiones de política migratoria. Una de estas reclamaba el mismo derecho al seguro de desempleo para trabajadores residentes y emigrantes “sin prejuicio de la necesidad de promulgar cuanto antes una ley que elimine todas las circunstancias desfavorables provocadas y que solucione las consecuencias del retorno en orden al desempleo, escolarización, vivienda y cotizaciones efectuadas durante el tiempo de permanencia en el exterior”.[41]

A finales de 1977, La Vanguardia Española informaba sobre un mitin de Felipe González en Francia, celebrado con el apoyo del Partido Socialista francés y la presencia del entonces secretario nacional François Mitterrand. El líder del PSOE habría tildado el problema del retorno de “difícil, muy difícil”. Del mismo modo se comprometió a luchar contra la discriminación de los emigrantes españoles frente a los obreros nacionales en los distintos países de acogida.[42] También El País trató este mismo acontecimiento, hablando de una “ofensiva socialista” contra los problemas de la emigración.[43]

Por su lado, el gobierno de UCD se vio obligado a legislar a través de una serie de medidas de ayuda a los emigrantes retornados. Entre estas, figura nuevamente la preferencia a la hora de conseguir una vivienda y una protección de las cuentas de ahorro. El artículo está flanqueado por la información sobre el aumento del paro en España en noviembre del año anterior.[44] La voluntad de proteger a los emigrantes retornados es, además, expresada con motivo del reajuste ministerial de marzo de 1978 por el ministro de Asuntos Exteriores Marcelino Oreja.[45]

Un tono similar de desencanto era compartido por El País, que en un artículo descartaba la entrada de España en la CEE para reanudar el flujo migratorio, abogando, en cambio, por una emigración ultramarina destinada a Canadá, Australia o Venezuela.[46] Este cambio de rumbo se refleja también en una entrevista entre Mary Mérida de La Vanguardia y el entonces director general del IEE José Antonio Escudero.[47]

Días antes de la aprobación de la Constitución, La Vanguardia publicaba un artículo con claros tintes pesimistas dedicado a la “segunda generación de emigrantes”. El texto retrataba una situación desoladora, condicionada por las dificultades de los jóvenes emigrantes a la hora de encontrar trabajo en el extranjero, a pesar de lo cual la vuelta a España tampoco era considerada una solución viable.[48]

A partir de 1980, las medidas del gobierno para paliar la situación de los emigrantes tomarían formas más o menos nítidas a través del proyecto de Ley de Emigración, cuyo tratamiento en las Cortes estaba previsto para febrero de aquel año.[49]La Vanguardia del 8 de marzo informaba sobre la constitución del Consejo del IEE, presidido por el ministro de Trabajo y con representación de los principales sindicatos, y sobre el trabajo de la recién fundada Comisión de Emigración, dentro del Congreso de los Diputados.[50]El País del siguiente día informaba sobre las preguntas de los grupos parlamentarios Socialista y Socialistas de Cataluña en el Congreso relacionadas con el prolongado retraso en la puesta en marcha del proyecto de Ley de Emigración por parte del gobierno.[51] Salvador Sánchez-Terán, ministro de Trabajo tras la remodelación ministerial de mayo de 1980, subrayaba en una entrevista la importancia de sacar adelante la ley.[52]

ABC publicó un extenso reportaje, de la pluma de Mercedes Contreras, en el que criticaba ampliamente la xenofobia, las trabas y las dificultades en los principales países de acogida. La administración española tampoco se libraba de reproches ante la falta de información.[53] Citando a José María Nieto, portavoz de la Asociación Nacional de Españoles Retornados, “el marco jurídico-administrativo que contempla la ayuda al retornado es deficiente y discriminatorio para el trabajador”, escribe Contreras.

En diciembre de 1980, la Ley de Emigración recobraría protagonismo en un artículo sobre el viaje de una delegación del Congreso para conocer los problemas de la emigración. El texto se centra en una visita en Ginebra, en la que habían participado diputados de UCD, PSOE, Minoría Catalana y del Grupo Mixto. El autor expresa algo de recelo sobre la idoneidad de la Ley de Emigración.[54]

El País de marzo de 1981 publicó un bosquejo histórico de la emigración escrito por Pablo López Blanco, funcionario del Cuerpo Técnico del IEE. La crítica al titubeante avance del gobierno se expresaba de la siguiente forma:

“Sin embargo, se echa de menos el instrumento legal –una ley de emigración actualizada– que armonice y otorgue coherencia a una normativa tan dispersa y disgregada, al tiempo que desarrolle los principios rectores de la nueva política emigratoria. El anteproyecto elaborado por el Gobierno, que debe ser discutido y aprobado, en su caso, por las Cortes, se está demorando demasiado.”[55]

López Blanco consideraba “absurdo y hasta suicida, por consiguiente, que la Administración se lanzase a fomentar y promover abiertamente el retorno masivo de los emigrantes”, para finalmente retomar los anteriores discursos en torno a los gravámenes de la emigración y abogar reiteradamente por una Ley de Emigración que englobase todas las medidas legislativas llevadas a cabo desde 1973.

Con motivo del referéndum en Suiza sobre la iniciativa Ser solidarios, que pretendía mejorar la situación de los emigrantes en el país helvético, Manuel Jiménez de Parga, embajador de España ante la Organización Internacional del Trabajo, hizo referencia al proyecto de Ley de Emigración que supuestamente se debatiría “algún día” en el Congreso.[56] Del borrador de dicha ley informaría ABC en julio de 1981:

“No es paternalista y se basa en la obligación del Estado de proporcionar la igualdad de los españoles fuera o dentro de las fronteras, así como en la filosofía de que el Gobierno debe determinar la política de emigración, el Ministerio de Trabajo desarrollarla y el IEE gestionarla y ejecutarla”.[57]

La discriminación del emigrante temporero en el borrador, el cual no era considerado retornado y, por ende, no podía beneficiarse de las mismas ventajas que los demás emigrantes, fue el origen de una carta al director de un emigrante español.[58]

En marzo del año 1982, ABC retomaría el tema de la emigración en un reportaje engarzado con una entrevista con el director del IEE, Eduardo Ameijide. La “segunda generación” de emigrantes y su educación, al igual que la agrupación familiar, continúan manteniendo un papel importante en la política migratoria. El autor afirmaba que el volumen de retornados habría disminuido en los últimos años ante lo cual, añadía: “Es evidente que debemos ser realistas. Hoy no es factible una política de retorno masivo porque sería catastrófico”.[59]

Con motivo del viaje de los Reyes a Aquisgrán, la urgente promulgación de la ley fue reivindicada por una representación de trabajadores españoles residentes en Alemania.[60] El siguiente mes, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Santiago Rodríguez-Miranda, prometía remitir el proyecto de ley al Congreso a finales de junio,[61] dejando entrever una aceleración condicionada por el año electoral. Justamente, el 29 de junio de aquel año se celebraba en Palma de Mallorca el ya citado I Congreso democrático de asociaciones de trabajadores emigrantes en Europa.[62] Un artículo de opinión publicado en ABC retoma la cuestión del retorno, señalando con el dedo al gobierno por tal procrastinación de la ley.[63]

Tras la victoria socialista en octubre de 1982, el debate sobre la Ley de Emigración mantuvo todavía cierta importancia. Felipe González anunciaba poco después de su investidura que su aprobación estaba prevista para 1984 o 1985.[64] En febrero de 1983, Joaquín Almunia, nuevo ministro de Trabajo y Seguridad Social, incluía la Ley de Emigración entre las medidas legislativas urgentes.[65] La ley, como sabemos, no llegó a ser aprobada.

Para conocer cómo vivieron los emigrantes el problema del retorno nos hemos acercado a la prensa escrita por y para emigrantes. Se ha seleccionado la revista Chispa, boletín de la Asociación de Trabajadores Emigrantes Españoles en Suiza (ATEES), por ser una de las publicaciones más dinámicas y completas, además de cubrir todos los años estudiados. Chispa tenía carácter bimensual y se realizaba bajo los auspicios de la ATEES del cantón de Vaud. El boletín fue primeramente publicado en Lausana desde 1973 y en 1983 se convirtió en la revista de toda la ATEES suiza, hasta que desapareció en 1996. También se ha consultado el periódico Unidad, del Centro Socio Cultural Miguel Hernández de Utrecht, mucho más incompleto y de una periodicidad más accidentada, pues empezó a publicarse en 1981 y tiró pocos números.[66]

Por último, y más relevante, hemos examinado la revista que el IEE publicó para los emigrantes: Carta de España. Se trata de una publicación de enorme interés que surgió en enero de 1960 y que sigue viva en la actualidad en versión online[67]. A lo largo de su trayectoria ha pasado por diversas etapas dependientes de la evolución política de España.[68] Si en sus primeros años los cambios fueron mínimos,[69] a partir de la transición los vertiginosos cambios en la política española tuvieron un claro reflejo en sus páginas. Efectivamente, desde octubre de 1977, que pasó a denominarse Carta de España con el subtítulo Emigración, se insertó más información política y de la emigración que pasó a tener un protagonismo claro con noticias detalladas y realistas, a veces críticas con la política del IEE. De hecho, en el editorial que abría este número se afirmaba que el IEE:

“(…) abandona cualquier paternalismo para enfrentarse a los verdaderos problemas de los hombres que tuvieron que abandonar su patria porque no les ofrecieron, no ya un proyecto sugestivo de vida común, sino ni siquiera una subsistencia tolerable”.[70]

En esos años estuvo dirigida por Ernesto Pérez de Lama y Adolfo Rivas.[71] En 1978 se amplió la información sobre la emigración con los suplementos América y Europa en las páginas centrales de la revista. Es aquí donde encontramos la mayor parte de la numerosa información sobre las consecuencias del retorno en estos años.

Si seguimos el hilo cronológico de los hechos, entre 1977 y 1982, podemos comprobar que el problema del retorno tuvo un claro reflejo en los medios, evidenciando la preocupación de los emigrantes. El problema se enfocó desde varios puntos convergentes. En primer lugar, numerosos textos abordaron la cuestión de la crisis económica en los distintos países europeos y en especial en España. De la última se subrayaba el problema del desempleo creciente. De los países europeos fueron muy numerosas las informaciones sobre las leyes que dificultaban la llegada de emigrantes o incluso intentaban su marcha. Por último, encontramos un tercer número cuantioso de textos sobre los problemas de los españoles retornados.

Si comenzamos por 1977 comprobamos que ya se habían dado los primeros pasos para organizar el gran congreso sobre emigración en el que depositaron sus esperanzas las asociaciones de emigrantes españoles en Europa y que finalmente tuvo lugar en junio de 1982. Con motivo del congreso fueron frecuentes las jornadas o reuniones de trabajo. Chispa recoge un resumen de lo ocurrido en las Jornadas de Estudio sobre los problemas de la emigración que tuvieron lugar en Madrid el 26 de septiembre entre los representantes del Movimiento Asociativo de Emigrantes Españoles en Europa (Bélgica, Holanda, Francia, Luxemburgo, Suiza, Inglaterra, Alemania y Suecia) con delegados del IEE y de la administración pública española. De los cinco temas presentados el quinto abordó el retorno. La ponencia, presentada por Juan Rincón, director de la Federación de Asociaciones de Españoles Emigrantes en Francia, pidió urgentemente un plan general de ayuda al retornado y solicitó que la Seguridad Social española cubriese las distintas prestaciones hasta su reinserción total. También indicaba que los convenios bilaterales debían incluir una cláusula que garantizase la transferencia del subsidio de paro a los emigrantes que retornasen a España. Aquí están ya definidos todos los asuntos que surgen reiteradamente en las peticiones de los retornados y de los partidos políticos en el espectro de la izquierda, como vamos a comprobar.

Otra de las cuestiones reiteradas era el empeoramiento de la situación de los trabajadores en Europa. Un extenso reportaje de Publio Mondéjar publicado en Carta de España en octubre de 1977 se mostraba bastante negativo en su análisis de la situación de los trabajadores extracomunitarios, más del 70% de los emigrantes en aquellos años en el Mercado Común. Además de hablar de iniciativas para conseguir una mejora de la situación de los emigrantes en distintos países, apuntaba al retorno forzoso de muchos por la crisis económica y lo respaldaba con datos del aumento del paro. La entrada en la CEE no sería la solución, aducía, pues los trabajadores italianos e irlandeses también habían tenido que retornar. Además, el canciller alemán Helmut Schmidt había anunciado que quedaban en suspenso las medidas comunitarias de libre circulación de trabajadores en su país. En ese contexto el Estatuto del Trabajador emigrante, que se estaba discutiendo en distintos parlamentos comunitarios, tampoco resolvería el problema.[72] En otro texto sobre medidas contra la emigración, en este caso en Francia, Teresa Sánchez reproducía una frase del primer ministro Chirac muy comentada en aquellos años: “Un país que tiene un millón de parados y dos millones de trabajadores inmigrantes, no es un país que no tenga solución para el problema del empleo”.[73]

El asunto cada vez ocupa mayor presencia en Carta de España. En diciembre de 1977 un artículo informaba acerca del Congreso sobre retorno que se había celebrado en Granada, como continuación del celebrado en Catania, Italia, un año antes, en el que se habían congregado profesionales de distintas áreas, como psicólogos, antropólogos, sociólogos, economistas y otros, tanto de los países receptores como emisores de emigración, con el fin de estudiar su problemática. El encuentro contó con veintiuna ponencias, de las que el artículo comentó algunos datos como la constancia del retorno masivo desde 1973 y la enorme dificultad de integración de los retornados en sus regiones de origen por la dificultad de encontrar trabajo. Luis Borreguero, representante del IEE, expuso la nueva línea emprendida por el organismo, basada en organizar a las fuerzas sociales de la emigración y la participación de estas en los órganos colegiados del Instituto. Se pretendía también solicitar una ampliación del seguro de desempleo hasta los dieciocho meses para los que regresaban, promocionar la Cuenta de Ahorro Emigrante y la Vivienda Social para el Emigrante, con determinados beneficios, y, por último, mejorar la asistencia al emigrante en el extranjero.[74]

A comienzos de 1978 la actividad del IEE, recogida en Carta de España, fue muy relevante. El 29 de enero se reunían representantes de distintos partidos en la redacción de la revista en una mesa redonda sobre la emigración.[75] Los temas tratados fueron las relaciones internacionales, los derechos políticos y ciudadanos, el retorno y la administración y representación de los emigrantes. Sobre el retorno el secretario general técnico del IEE, Ricardo Peidró Conde, presentó una ponencia en la que confirmaba que había habido setenta y cinco mil retornados en 1975 y que habían ascendido a cien mil en 1976. Reconoció los problemas de integración en Europa y expuso los principios del IEE, que exigía un retorno voluntario y no forzado. Comenzaba afirmando que el principal problema de los retornados era el desempleo, por lo que el IEE exigía que se equiparase al retornado con el parado, debiendo ser las prestaciones iguales al salario mínimo. Proponía, además, otorgarles asistencia sanitaria con cargo a la Seguridad Social, dar prioridad a los niños retornados en la educación y preferencia de los retornados en el acceso a las viviendas sociales. En cuanto al tema de las cuentas de ahorro, el autor reconocía que la reciente devaluación de la peseta había supuesto una merma de quince mil millones de pesetas sobre unos depósitos de setenta y cinco mil millones, por ello se contemplaba la propuesta de poder realizar las remesas en la moneda del país en que se remitiera. Además de flexibilizar el sistema del servicio militar, aceptaban las reivindicaciones de exonerar los derechos de aduana y fiscales de las pertenencias que traían consigo.[76]

Efectivamente, en el número de Carta de España de octubre de 1978 se informaba de una medida que proporcionaba ayuda a los emigrantes retornados y se explicaba cómo conseguirla, aseverando que tendrían prioridad los que en su día salieron con el IEE. Sobre la situación de los retornados, una de las aportaciones más solventes en Carta de España fue la del demógrafo José Aranda Aznar, con fecha de marzo de 1980 y bajo el título “El difícil retorno de los emigrantes”.[77] El autor tachaba de injusto el hecho de que las cuantiosas cuentas de ahorro emigrante no beneficiasen a las regiones de procedencia de estos, por lo general las más pobres de España. Se certificaba que la mayoría no regresaba con una situación desahogada, pues casi la totalidad desempeñaba a su vuelta trabajos asalariados.

Si el número de diciembre de 1978 anunciaba la aprobación de la Constitución con la reproducción de muchos de sus artículos, se incluía en el “Suplemento Europa” un artículo sobre la propuesta de Ley del PSOE sobre retorno. La necesidad de información llevó a Chispa a insertar en casi todos sus números la sección “Consejos jurídicos” desde 1979 y a Carta de España a incluir unas fichas sobre legislación desde agosto de 1981. Por su parte Unidad incluyó en su número 2/3 de otoño de 1981 siete páginas sobre “Derechos del retornado”.

En 1980 la actividad del gobierno y la oposición respecto a la emigración fue muy intensa. Carta de España recogió la aprobación por parte del gobierno de las ayudas a la emigración por 1.870 millones de los cuales ochocientos corresponderían a ayudas a retornados, que irían al pago del seguro del desempleo y a las cuotas a la Seguridad Social. Y si en enero el presidente de la Comisión de Emigración del Congreso, Enrique Monsonís, expresaba su convencimiento de la necesidad urgente de una nueva ley de emigración, en agosto de 1980 se confirmaba que el ministro Sánchez-Terán la pondría a discusión ante el Senado. Un año después, se celebraba el II Congreso de la UCD y Carta de España difundió lo dicho en la ponencia sobre “Reconocimiento de los derechos políticos y ciudadanos de los emigrantes”. El partido respaldaba la celebración del Congreso Democrático de la Emigración y se pronunciaba por la necesidad de garantizar el derecho al retorno, potenciando la iniciativa de crear nuevos puestos de trabajo y respaldando la fundación de cooperativas, así como la generalización del subsidio de desempleo al retornado.[78] Sobre el anteproyecto de Ley de Emigración de UCD la emigración se mostró muy crítica. Como consecuencia de su presentación a finales de 1981 en la sede del IEE Chispa escribió el siguiente editorial:

“el gobierno de su majesta [sic] el rey nos ha ofrecido un proyecto de Ley de Emigración que nada tiene que envidiar a la ley franquista de emigración del 71. ¿Será que el franquismo sigue vivo hoy en España bajo el régimen monárquico? La inseguridad e indefensión de los emigrantes sigue”.[79]

El partido más comprometido con la emigración fue el PCE. Carta de España de marzo de 1980 explicó las Jornadas sobre migración trabajadora en el siglo XX organizado con asistencia de representantes del IEE. En esas jornadas el PCE presentó su política sobre retorno que se resumía en tres criterios:

“(…) igualdad de trato con el resto de los trabajadores de España; máximo de facilidades para la tramitación legal de sus documentos en materia de inscripciones en el registro civil, convalidaciones, acceso a viviendas sociales, exención de tasas fiscales y aduaneras, asistencia sanitaria gratuita a los jubilados y transferencias de pensiones de invalidez y viudedad. Igualmente aboga por la regionalización del ahorro y las inversiones y la obtención de préstamos destinados a viviendas cooperativas”.[80]

De ahí salió una proposición de principios básicos para la elaboración de una Ley de Emigración e Inmigración para que fuera discutida en la comisión Especial para Asuntos de Emigración del Congreso.[81] Y si en esos meses acordó coordinarse con el PSOE, en septiembre, en su fiesta anual, Messeguer denunció la pasividad del gobierno de UCD.[82]

Además de la actitud de los distintos partidos, también comenzaba a plantearse la situación de los emigrantes ante una posible entrada en la CEE. Un extenso reportaje en Carta de España de abril de 1981 habló de las instituciones comunitarias y del posible cambio de la situación de los emigrantes españoles tras la entrada en el Mercado Común.

Para estas fechas, las iniciativas sobre el retorno ya no dependían exclusivamente del IEE y del gobierno. En el número de enero de 1982 se comentó el estudio que Moisés Cayetano dirigía en Extremadura sobre el posible retorno de los emigrantes extremeños respaldado por la Junta. Más tarde, en 1984, Chispa explicó el acuerdo entre el IEE y la Xunta para facilitar el retorno financiando conjuntamente los gastos.[83]

El PSOE llegó al poder en octubre de 1982 y las grandes expectativas creadas, especialmente por el congreso Democrático de Asociaciones de Emigrantes, se fueron enfriando en los medios de la emigración. Más cuando la ansiada ley de emigración nunca llegó. Los duros artículos y editoriales de Chispa en los siguientes años son buena muestra de ello.

A pesar de que el tema de la emigración y del retorno no figura entre las narrativas maestras de la Transición, la vuelta de los trabajadores españoles del extranjero tuvo cierta relevancia en las discusiones políticas y en la prensa en unos años marcados por la crisis económica y sus repercusiones sociales. Los debates sobre la tan anhelada Ley de Emigración se articularon dentro de un doble discurso antagónico: por un lado, por la necesidad de tutelar los derechos de los trabajadores emigrados a través de un marco legal que permitiese su retorno, su integración social y los equiparase al trabajador español residente y, por el otro, por el temor a un retorno masivo y sus consecuencias nefastas para la ya difícil situación económica en España, caracterizada por el desempleo y la falta de inversión extranjera. Estos debates pasaron por dos fases fundamentales: la situación anterior a la Constitución y la posterior. El artículo 42 de la Constitución define una línea divisoria porque orienta la política migratoria, en teoría, al retorno y plantea así la cuestión de su plasmación legislativa en un futuro próximo. Los propósitos de conciliar la salvaguardia de la economía con la mejora de la condición de los emigrantes retornados se convirtieron, de todos modos, en la cuadratura del círculo con la que en realidad no supieron lidiar ni los gobiernos de UCD, ni tampoco los del PSOE una vez que ganaron las elecciones, a pesar de haber reivindicado este en reiteradas ocasiones la necesidad de legislar en apoyo de los emigrantes españoles y de su retorno.

Las ayudas sociales y económicas, la homologación de estudios escolares y de formación profesional en el extranjero y el abandono del ademán paternalista, tan típico del régimen autoritario, fueron las grandes líneas de una ley que prometía mucho. La prensa mostró en el tratamiento de este tema un amplio consenso a la hora de denunciar las precarias condiciones de la diáspora española en Europa, de subrayar la necesidad de esa nueva ley y de criticar la pasividad del gobierno, que prefirió “remendar” la vieja Ley de Emigración de 1971 con diferentes decretos de ley. El eco de la emigración, plasmado en los diarios a través de noticias, reportajes, opiniones y cartas a la redacción se convirtió en una “crónica de una ley no aprobada” sobre la emigración y el retorno, desarrollada en forma de un relato tenso, dramático, pesimista y, finalmente, decepcionante.