(untitled) (Forum, 2021)
La prescripcioín de la accioín de la Administracioín Puíblica para revisar, revocar, modificar o sustituir los actos que ella misma dicta no reconoce una regulacioín expresa en el ordenamiento juriídico positivo. La buísqueda de una definicioín al respecto se encuentra interferida por una infinidad de otros problemas hermeneíuticos de equiparable complejidad y trascendencia. La solucioín predominante acerca de si el caraícter prescriptible de aquella accioín puede tener cabida cuando estaí referida a un acto administrativo afectado de nulidad absoluta y, en su caso, acerca del plazo de esa prescripcioín, procede principalmente de antiguos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nacioín. Se extrae de ellos la afirmacioín contundente en cuanto a que una accioín de esa clase no puede prescribir. Como ha advertido una parte considerable de la doctrina de los autores, los fundamentos en los cuales reposa aquella conclusioín son de difiícil conciliacioín con las normas positivas maís afines a la cuestioín y con la jurisprudencia del propio tribunal relativa, por un lado, a las reglas de uso corriente para la interpretacioín de la ley –tanto generales como especiíficas del Derecho Puíblico– y, por otro, a la funcioín social que cumple la prescripcioín, inclusive en causas en las que el Estado es parte. La solidez y el poder convictivo de las opiniones vertidas en sentido contrario a la jurisprudencia prevaleciente hacen suponer que la solucioín dada por la Corte a esta encrucijada obedecioí a razones que trascienden lo estrictamente juriídico. Aunque cambios legislativos y jurisprudenciales recientes parecieran renovar la fuerza de aquella solucioín especialmente amparada en el Derecho Civil, se mantiene el interrogante acerca de si la misma puede ser trasladada sin maís al campo de accioín de la potestad revocatoria de la Administracioín Puíblica o, en todo caso, si resulta ello conveniente.