La recuperación del espacio educativo por parte de la Iglesia católica durante el período 1930-1946

The recovery of the educational space by the Catholic Church during the period 1930-1946

Jorge Luis Fabian jorgelfabian@hotmail.com

Universidad del Salvador, Argentina

Universidad de San Isidro, Argentina

Temas de historia argentina y americana

Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, Argentina

ISSN-e: 2618-1924

Periodicidad: Semestral

vol. 2, núm. 31, 2023

revistaredesign@ifma.edu.br

Recepción: 17 Septiembre 2023

Aprobación: 24 Noviembre 2023

URL: http://portal.amelica.org/ameli/journal/810/8104725004/

DOI: https://doi.org/10.46553/THAA.31.2.2023.p51-66

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La necesidad de restaurar formalmente la presencia del catolicismo en el espacio escolar público fue una lucha que encaró la Iglesia desde el momento que la obligatoriedad de la enseñanza de la religión católica no fue establecida en 1884 por la Ley de Educación Común 1420 creando una escuela neutra debido a que si bien podrían impartirse clases de religión –cualquiera fuera- sólo podrían ser dictadas antes o después de las horas de clases. Si bien existe un consenso en que esta normativa significó el comienzo de un proyecto educativo nacional laicista, Laura Graciela Rodríguez¹ plantea que este proceso fue lento y dispar debido a que luego de la promulgación de la ley nacional, las provincias establecieron nuevas leyes de educación donde se observa la tendencia de las autoridades provinciales a ejercer su derecho de autonomía respecto de nación y ninguna jurisdicción dispuso la enseñanza religiosa fuera del horario escolar.

A pesar de que desde un primer momento la Iglesia quiso recuperar ese espacio, el hecho de que la educación primaria no se haya vuelto laica “le permitió continuar con su presencia en la escuela pública en el propio discurso escolar, que incluyó elementos religiosos en los libros de texto, en los discursos de las Conferencias Pedagógicas, en disertaciones de los funcionarios y en la palabra cotidiana de muchos maestros”². A la vez, la existencia y proliferación de instituciones educativas católicas, sumado al proceso de secularización de finales del siglo XIX que impactó en distintos ámbitos, pudo haber provocado que para la jerarquía eclesiástica la lucha por su inmediato restablecimiento no fuera prioridad.

En los últimos años, han aparecido numerosos estudios sobre la historia de la Iglesia Argentina que abordan el período comprendido entre fines del siglo XIX y el XX³ que brindan nuevos elementos para observar la participación del catolicismo en el espacio educativo. Con respecto a la década de 1930 esta ha sido caracterizada como un período de renacimiento del catolicismo y la construcción definitiva del “mito de la nación católica”. Sin embargo, algunos autores discuten el concepto de renacimiento a partir de la necesidad de revisar la conformación del mito de un pasado liberal y laico durante el período de 1880-1930, el cual le resultó altamente funcional al integrismo católico de los años treinta, dado que identificó en él su enemigo a combatir y a partir de ello la Iglesia proclamó que estaba atravesando un verdadero "renacimiento católico"⁴.

Esta mirada parece coincidir con un catolicismo que no desapareció del espacio educativo público, sino que estuvo invisibilizado y que durante la década de 1930 reapareció a través de funcionarios que lo proclamaron abiertamente y de nuevas reglamentaciones. Como plantea José Zanca⁵, este período fue testigo de la efervescencia de un movimiento orientado a la restauración de un orden cristiano que se creía perdido propiciado desde el nacionalismo católico el cual enfatiza los derechos de la Iglesia en la sociedad.

El marco temporal que abordaremos en este trabajo abarca, desde la mirada de la historia política, el período neoconservador (1930-1943) y la “Revolución del ́43” (1943-1946). Sin embargo, planteamos que desde la mirada de la historia de la educación este es un único proceso e intentaremos observar cómo la Iglesia buscó la recuperación del espacio educativo a partir de la participación de representantes del nacionalismo católico en diferentes áreas estratégicas, lo cual fue favorecido por la alianza establecida entre los gobiernos -democráticos y de facto- con ella para conseguir legitimidad.

Aunque existen pocas investigaciones que trabajan este período problematizando la relación entre el catolicismo y la educación, es importante destacar que en los últimos años se fue descentralizando el análisis de las políticas públicas observándose investigaciones como las de Alejandro Herrero y María Dolores Béjar para la provincia de Buenos Aires⁶ y las de Diego Mauro y Juan Cruz Giménez para la provincia de Santa Fe⁷, entre otras. Si bien el denominador común es la implementación de la enseñanza religiosa, creemos que es importante observar la inserción de los actores en los distintos espacios educativos porque nos permite vislumbrar una propuesta católica que trasciende el establecimiento de una normativa específica.

A la largo del trabajo utilizaremos distintas fuentes destacándose los documentos del Episcopado, que nos ofrecen la postura de la Iglesia Argentina, y el Monitor de la Educación Común que no representaba únicamente la opinión oficial de las autoridades nacionales, sino que, debido a su distribución gratuita entre los maestros de las escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educación, servía como instrumento de adoctrinamiento y de homogeneización de los contenidos educativos⁸.

En la década de 1920, comenzó a consolidarse una intelectualidad católica que promovió la creación de distintas instituciones con el objetivo de educar a la juventud en la cultura católica. Como sostiene éstos pertenecían a una generación que se proponía remediar las deficiencias de las precedentes en la educación de las élites católicas⁹. En sus inicios contaron con el apoyo de la jerarquía eclesiástica para la conformación de nuevos espacios de formación, pero con el tiempo ésta los fue desplazando y colocó las iniciativas bajo su órbita. Algunos ejemplos fueron los Cursos de Cultura Católica (CCC) y el Ateneo de la Juventud. Estas iniciativas se fueron consolidando en de la década de 1930 a partir de la promulgación de la encíclica de Pio XI Divini Illius Magistri en 1929, la cual tenía como eje la problemática de la educación cristiana de la juventud, remarcando la importancia de la misión de la familia, de la Iglesia, y del Estado para la formación de un hombre pleno, a la vez que afirmaba que la única completa y perfecta educación era la cristiana.

Por otra parte, el contexto político argentino se modificó el 6 de septiembre de 1930, cuando se produjo el golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático de Hipólito Yrigoyen (1928-1930). Este fue encabezado por el general José Félix Uriburu quien intentó imponer un proyecto político autoritario de carácter corporativista el cual fracasó rápidamente debiendo convocar a elecciones donde triunfó la fórmula conservadora integrada por Agustín P. Justo y Julio Argentino Roca (h). Debido a las denuncias de fraude y a la proscripción de algunos integrantes de la Unión Cívica Radical para participar de los comicios, el nuevo gobierno carecía de la legitimidad necesaria para consolidarse. Por este motivo, el nuevo presidente decidió cultivar el apoyo del ejército y de la Iglesia celebrando el catolicismo de la nación ante las multitudes lo cual le brindó un impulso adicional al mito antiliberal¹⁰. Esto se vio reflejado en el ámbito educativo a partir de las designaciones de Manuel María de Iriondo como ministro de Justicia e Instrucción Pública y Octavio S. Pico -miembro fundador de los CCC- como presidente del Consejo Nacional de Educación (CNE), entre otros.

Paralelamente, fue designado como nuevo arzobispo de Buenos Aires, y primado de la Argentina, Santiago Luis Copello para quien el catolicismo y nacionalidad no solo tenían que ser sinónimos declarados, sino que deberían observarse en la práctica cotidiana. Para lograr esto, debía reformularse la relación con el Estado. No se trataba de encontrar un modus vivendi, sino que era necesario ir más allá: el Estado debía ser el mediador entre la Iglesia y la sociedad¹¹. Esta postura se ajustaba a los intereses y/o necesidades del gobierno a la vez que anunciaba formalmente el comienzo de una nueva etapa en la relación Iglesia-Estado.

En 1931 el Episcopado fundó la Acción Católica Argentina (ACA), con el objetivo de impulsar la presencia social del catolicismo, así como también difundir la idea de unidad entre el catolicismo y la identidad nacional. Esta le permitía, a través del laicado, llevar la misión de la Iglesia a aquellos espacios sociales donde el clero no podía actuar. Entre los organismos creados para complementar su misión en 1933, por iniciativa de Copello, se fundó el Instituto de Cultura Religiosa Superior (ICRS) para la formación de la rama femenina de la ACA¹². En él se estableció el profesorado de Religión y Moral cuyo plan de estudios estaba dividido en tres años y al finalizar se les entregaba a las egresadas el diploma de Profesoras de Religión y Moral. Este título estaba oficializado por el Arzobispado de Buenos Aires, y las habilitaba para dictar dichas materias en instituciones educativas católicas. En 1936, se produjo la fundación de la “Federación de Maestros y Profesores Católicos” que fusionó al “Sindicato Católico de Maestras”, creado en 1932 por el sacerdote Miguel De Andrea¹³ –obispo de Temnos y promotor del Ateneo de la Juventud, entre otros proyectos-, y al “Sindicato Católico de Maestros” establecido en 1933 por Roberto José Tavella -futuro obispo de Salta y fundador de la universidad católica de esa ciudad (UCASAL) en 1962.

Por otra parte, en 1934 se celebró en Buenos Aires el “XXXII Congreso Eucarístico Internacional” el cual fue un suceso significativo para el catolicismo argentino. Según Miranda Lida¹⁴, su importancia estuvo en el hecho de haber trascendido lo específicamente religioso siendo más que la celebración de la Eucaristía para transformarse en un multitudinario evento digno de un país moderno como era la Argentina de los años treinta. En este contexto, y con motivo de cumplirse los cincuenta años de la sanción de la Ley 1420 el presidente del CNE, Octavio S. Pico, escribió un artículo para el Monitor de la Educación Común donde sostuvo que la intención de los legisladores que sancionaron aquella ley no fue despojar a la educación del sentimiento religioso, ni se quiso fundar una escuela atea. Él advertía “en la enseñanza de la escuela pública un movimiento que nadie podrá detener: la resurrección del espíritu, que da vida a todas las acciones humanas y sin el cual el hombre no puede cumplir con dignidad su misión en la tierra”¹⁵.

En concordancia con la postura de Pico sobre la enseñanza religiosa, al producirse la reforma de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en 1934 se estableció que “la educación Común tendrá, entre sus fines principales, el de formar el carácter de los niños en el culto de las instituciones patrias y en los principios de la moral cristiana, respetando la libertad de conciencia” (art. 190, inc.2). Con este antecedente, el gobernador de la provincia, Manuel A. Fresco (1936-1940), firmó un decreto en 1936 donde impuso su obligatoriedad, a la vez que en una carta enviada al director de la Dirección General de Escuelas de la provincia afirmaba que escuela liberal no podía perpetuarse en una comunidad donde la mayoría profesa el catolicismo y, por lo tanto, “tiene el derecho de exigir que la Escuela oficial, mantenida con sus contribuciones, a la que están obligados a concurrir, a la que están obligados luego a enviar a sus hijos, les proporcione los beneficios de la educación moral y religiosa”¹⁶. Tres años más tarde, el decreto fue convertido en ley estableciendo que esta se “impartirá de acuerdo con la autoridad eclesiástica y respetando la libertad de conciencia” (Ley 4.775)¹⁷.

Otra de las manifestaciones del intento de establecer la enseñanza religiosa en las escuelas durante este período, fue la decisión del CNE de permitir que los sacerdotes, auxiliados por las catequistas, puedan dictar la doctrina cristiana fuera de las horas de clase como lo establecía el artículo 8° de la Ley 1.420. A modo de reconocimiento de esta medida la Federación de Maestros y Profesores Católicos, después de asistir a un servicio religioso en la Iglesia del Salvador, se congregó frente al edificio del CNE para presentar a las autoridades un testimonio de aplauso por el espíritu que se infundió en las escuelas públicas a la educación moral y al culto de las tradiciones nacionales¹⁸. Según el presidente del Consejo, la asamblea de maestros católicos se reunió con el propósito de rendir un homenaje especial al CNE por haber aplicado la Ley de Educación Común con su auténtico espíritu ya que “los hombres que defendieron la ley tal como fue sancionada ha quedado demostrado que no estuvo en su mente privar al niño de la enseñanza y práctica de la moral y que ésta es inseparable de la religión”¹⁹.

Por otra parte, aunque tuvo una breve vigencia, debemos mencionar la Ley de Educación sancionada en la provincia de Santa Fe en 1934 (Ley 2.369) que en oposición a la alianza entre el Estado y la Iglesia propuso un programa reformista liberal contra la tradición conservadora y nacionalista católica. Sin embargo, con la intervención de la provincia dispuesta por el gobierno nacional en 1935, en la cual tuvieron una importante participación intelectuales y dirigentes católicos, se restableció la ley sancionada en 1886 que incluía la enseñanza de la religión. La jerarquía eclesiástica provincial definió rápidamente el texto a utilizar –“Lecciones de Religión” del presbítero Segundo Carpano- y aprobó un programa para las escuelas primarias de la provincia dividido en lecciones. A la vez, el CNE también le solicitó al arzobispo de Santa Fe y al obispo de Rosario la nómina de sacerdotes y personas autorizadas para impartir la materia. El proyecto educativo del catolicismo terminó de consolidarse con la llegada fraudulenta del exministro de Justicia e Instrucción Pública, Manuel María de Iriondo, a la gobernación en abril de 1937²⁰.

A pesar de este tipo de intervenciones del gobierno nacional a favor de la educación católica, en el mes de mayo de 1936 el Episcopado emitió una pastoral colectiva donde afirmaba que lo ideal y justo era que la doctrina cristiana se impartiera en las escuelas juntamente con las demás materias porque así lo exigían Dios y la inmensa mayoría de los habitantes de la patria. Esto era necesario debido a la ignorancia de la fe en los jóvenes cuya principal causa radicaba en que las escuelas han sido alejadas de la verdad de Cristo²¹. En relación con la enseñanza en las escuelas y colegios católicos de todo el país, y enmarcado en un proceso de homogeneización doctrinal, en 1937 el Episcopado publicó un auto pastoral estableciendo que sólo se podía utilizar el catecismo de la doctrina cristiana “Primeras Nociones” y “Perseverancia”; remarcando la existencia de sanciones para quienes incumplieran con lo establecido²². Para complementar esta decisión, dos años después se creó el Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC) -tuvo un primer intento fallido en 1925- y en 1941 se estableció el programa de enseñanza religiosa que debían seguir todas las instituciones educativas católicas²³.

Aunque no ha sido estudiada en profundidad es pertinente mencionar la fundación en mayo de 1943 de la Universidad Católica Femenina que dependía del ICRS y cuya regencia y administración estaba a cargo de la Compañía del Divino Maestro. Si bien comenzó a funcionar formalmente en abril de 1947, su propuesta siempre fue la formación en Historia, Filosofía, Letras y Pedagogía; lo cual muestra una clara intención de continuar con su inserción de la mujer en el ámbito educativo.

Para finalizar esta breve descripción de la intención de la jerarquía eclesiástica de volver a ocupar un lugar importante en el espacio educativo en la década de 1930, en junio de 1940 el Episcopado emitió una Pastoral Colectiva sobre la educación cristiana, reafirmando el derecho inalienable de los niños a recibir la enseñanza de la religión y la moral porque la primera le señala el fin último y supremo de sus actividades y la segunda le enseña las normas y los motivos de obrar²⁴.

El 4 de junio de 1943 se produjo una nueva interrupción del proceso democrático en la Argentina a partir de la toma del poder por parte de una logia militar integrada por oficiales de las Fuerzas Armadas que se caracterizó por su impronta nacionalista, católica y anticomunista. El nuevo gobierno de facto decidió intervenir fuertemente en el ámbito educativo intentando modificar el modelo liberal impuesto durante el “período conservador” (1880-1916) mediante el restablecimiento de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas y de la concepción hispano-católica de la cultura.

Este proyecto, se realizó con los apoyos de la jerarquía eclesiástica y del laicado vinculado al nacionalismo católico, manifestado por ejemplo en las designaciones de Gustavo Martínez Zuviría como ministro de Justicia e Instrucción Pública²⁵ y Rómulo Amadeo²⁶ como director general de enseñanza. El 31 de diciembre de 1943 se firmó el Decreto ley 18.411 que estableció la obligatoriedad de la enseñanza de la religión católica en todas las escuelas públicas de enseñanza primaria, post-primaria, secundaria y especial como materia ordinaria en los planes de estudio. Este aclaraba que quedaban excluidos aquellos estudiantes cuyos padres manifestaran expresa oposición por pertenecer a otra religión por lo cual recibirán clases de instrucción moral. Según las consideraciones del decreto ley, la necesidad de esta normativa se debía a que sin el conocimiento de la religión se educaba a los niños en el ateísmo que provocaba la negación de la existencia de Dios y de sus leyes que eran el “único fundamento válido de toda moral privada y pública y, para nosotros los argentinos, la destrucción de uno de los más fuertes vínculos de unidad nacional”.²⁷ A la vez, y en consonancia con la visión de la Ley 1.420 propuesta por los sectores católicos en la década de 1930, en los considerandos afirmaba que esta no abolió la enseñanza religiosa en las escuelas, pero al fijarla en un horario inconveniente la hizo imposible y dio lugar a interpretaciones tendenciosas que promovieron una escuela atea.

Para una mejor comprensión del contexto educativo nacional es importante recordar que al momento de producirse el golpe de Estado, además de en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe, la enseñanza religiosa se encontraba establecida legalmente en Catamarca, Córdoba y Salta. En este marco, el decreto ley tuvo la función de establecer a nivel nacional, la enseñanza católica fomentado la construcción del mito de la nación católica lo cual equivalía a ostentar el monopolio de la nacionalidad y a erigirse como custodio del ser nacional²⁸. A la vez, este tuvo la particularidad de no estar firmado únicamente por el presidente y el ministro del área de competencia, como era habitual, sino que fue refrendado por todo el gabinete²⁹ lo cual mostraba la trascendencia del decreto ley y una postura unánime dentro del gobierno con lo dispuesto.

Luego del establecimiento de la obligatoriedad de la enseñanza religiosa, el Episcopado emitió una Pastoral Colectiva donde sostuvo que servía para fortalecer la unidad espiritual de la patria y destacaba la posición espiritual católica en que los próceres y constituyentes argentinos colocaron en la Nación. Sostenía que “la hora actual, encuentra a la República fiel consigo misma y su tradición católica, nunca negada ni abandonada en los hechos más trascendentales de su historia”³⁰. Para poder poner en funcionamiento el establecimiento de la enseñanza religiosa se creó la Dirección General de Instrucción Religiosa para que la organice, y la Inspección General de Instrucción religiosa para que fiscalice el dictado de la materia³¹. Debemos destacar que tanto los programas como los textos para la enseñanza de la religión católica debían ser avalados por las autoridades eclesiásticas antes de ser aprobados por el gobierno.

En lo que respecta al CNE el Poder Ejecutivo designó como interventor al nacionalista católico José I. Olmedo quien al ser puesto en funciones sostuvo:

La escuela se identifica con el hogar cristiano y, sin lesionar ninguna conciencia y antes, por el contrario, en perfecta armonía con la conciencia argentina, proporciona al niño el conocimiento indispensable a todo ciudadano que no reniega de su estirpe y aspira a adquirir la idoneidad que lo habilita al desempeño de la función pública³².

En relación con los libros de texto que se utilizaron, Olmedo propuso la obra Domingo F. Sarmiento “Vida de Nuestro Señor Jesucristo”³³ afirmando que fue escrita para llevar a la escuela el conocimiento de Cristo y el evangelio, y además creía que los maestros, que veían a Sarmiento como fuente de inspiración, estarían emocionados ya que esto significa constituir a dicho pedagogo como el maestro de Religión de la escuela argentina³⁴. A la vez, se dispuso la impresión de un manual auxiliar que un solo volumen contuviera los libros “Instrucción Religiosa”, del presbítero Galo Moret y “Cien lecciones de Historia Sagrada”, del padre Juan Scavia³⁵. En este punto es significativa la decisión del Poder Ejecutivo de no utilizar los textos impuestos por el Episcopado para los colegios católicos -a los que nos referimos anteriormente- lo cual era una forma de tomar distancia de la jerarquía y empezar a conformar una enseñanza de la religión católica a partir de sus propias consideraciones.

En cuanto a quienes impartieron las clases de enseñanza religiosa y de moral, en la instrucción primaria se dispuso que las maestras dictarán los contenidos de ambas materias; pero para el nivel secundario se recurrió a distintos mecanismos. Por ejemplo, en la Capital Federal se convocó a las graduadas del ICRS, al cual hemos hecho referencia, y a su vez se comenzó a dictar la Especialización en Filosofía que las habilitaba para su enseñanza en el nivel secundario. Cabe destacar que los establecimientos educativos católicos, incorporados a la enseñanza primaria, secundaria y especial fueron exceptuados de dictar la materia de religión con el programa oficial pudiendo hacerlo de acuerdo con lo impuesto por el Episcopado³⁶.

Aunque los índices de concurrencia a las clases de religión fueron muy altos³⁷ , esto no fue necesariamente por una convicción de las familias de que sus hijos debían asistir. Según Mariano Plotkin³⁸ hay que considerar dos factores: en primer lugar, lo complejo de los trámites que debían realizar las familias para que sus hijos concurrieran a las clases de moral y por otro lado que no asistir a las clases de religión podría exponer a los niños a la discriminación de las autoridades escolares excesivamente celosas. Por otra parte, es importante remarcar que la designación de los profesores para la enseñanza de “Moral” era realizada por el Estado con previa anuencia de las autoridades eclesiásticas por lo cual, a pesar de estar concebida para estudiantes no católicos, estaba en manos de la Iglesia.

En este contexto, se produjeron fuertes tensiones entre el gobierno de facto y las universidades nacionales vinculadas con la participación de la Iglesia en el plano educativo. Durante su intervención, se puede apreciar la designación como rectores a representantes del nacionalismo católico: Tomás Casares en la Universidad de Buenos Aires (UBA), Lisandro Novillo Saravia en la Universidad Nacional de Córdoba, Alfredo Lobougle en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y Jordán Bruno Genta en la Universidad Nacional del Litoral. Este último, luego fue nombrado por un breve período rector del Instituto Nacional del Profesorado Secundario de la Capital Federal donde estableció la cátedra de “Política” -obligatoria para todos los alumnos de cuarto año- con el objetivo de fortalecer “la formación moral de los futuros profesores argentinos, en identidad con las tradiciones espirituales más antiguas de la Patria, aquellas que lo determinan esencialmente como un país católico e hispánico”³⁹.

Un caso emblemático que vinculó al nivel medio y al universitario fue el del Colegio Nacional Buenos Aires -dependía de la UBA desde 1911- donde no sólo se impartió enseñanza religiosa sino que su nombre fue modificado por el de Colegio San Carlos -una clara referencia al Colegio Real San Carlos⁴⁰- y fue nombrado como rector el presbítero Juan Ramón Sepich.

Finalmente, la tradición laica de la universidad argentina, reivindicada por la “Reforma Universitaria de 1918”, también fue interpelada a partir del reconocimiento del título de doctor en Teología como habilitante para enseñar filosofía, psicología, moral y latín en las universidades. Además, se produjo la inserción de miembros del clero como docentes, como por ejemplo el ya mencionado Juan R. Sepich, quien en 1943 ingresó en la Universidad Nacional de Cuyo y luego en la UBA y Octavio N. Derisi quien ese mismo año obtuvo por concurso el cargo de profesor adjunto en la cátedra de Tomás Casares, para dar Filosofía Medieval en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y que luego tendría una importante participación en la UNLP. Al mismo tiempo, ambos colaboraban en la revista Sol y Luna donde se difundieron ideas del nacionalismo católico de derecha entre 1938 y 1943.

A pesar de los cambios que sucedieron en el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública a lo largo de gobierno de la “Revolución del ´43”, esta propuesta educativa de orientación nacionalista católica fue constante ya que luego de la renuncia de Martínez Zuviría ocuparon el cargo Alberto Baladrich y Rómulo Ectcheverry Boneo. El llamado a elecciones por parte del gobierno de facto para el 24 de febrero de 1946 marcó un impasse en la política educativa y su continuación, o no, dependía del nuevo gobierno democrático. Por este motivo, el apoyo de los sectores católicos a los candidatos estuvo relacionado, entre otras cosas, con su postura frente a la enseñanza religiosa. El ex secretario de Trabajo y Previsión Social del gobierno de la “Revolución del ’43”, Juan Domingo Perón⁴¹, fue el candidato del Partido Laborista y tuvo un discurso que mostraba la influencia de la doctrina social de la Iglesia en sus ideas, pero durante su campaña electoral no hizo ninguna alusión explícita a la enseñanza religiosa y, a pesar de que sus discursos “católicos” fueron elocuentes, no manifestó grandes promesas⁴².

La oposición fue representada a través de la Unión Democrática⁴³, la cual manifestó una postura laicista en materia educativa mediante el retorno a la Ley 1420. En este marco político, el Episcopado decidió apoyar la candidatura de Perón y lo manifestó abiertamente a través de una Pastoral Colectiva donde sostuvo que ningún católico debía votar a candidatos que inscriban en sus programas la separación de la Iglesia y del Estado y la supresión de las disposiciones legales que reconocen los derechos de la religión, el laicismo escolar y el divorcio⁴⁴.

Igualmente, hay que mencionar que un sector del clero y el laicado de orientación liberal no veían a Perón como un genuino representante de los intereses de la Iglesia, sino como “la reproducción y la continuidad de una dictadura fascista que aspiraba a perpetuarse en el poder a través de una ya probada mecánica demagógica”⁴⁵, y que había encendido la lucha de clases y ampliado el aparato burocrático estatal. Debido a esto, desobedecieron las directivas de la jerarquía, apoyando la fórmula de la Unión Democrática. Este grupo se manifestó, por ejemplo, a través de la revista de orientación católica Orden Cristiano⁴⁶ -sostenía una propuesta democrática, católica, antifascista, anti totalitaria y liberal- donde se observaban las fisuras que existían dentro del catolicismo en relación con el peronismo. Por ejemplo, a pesar de que la revista llegó a ser prohibida en ciertas diócesis y no contaba con el apoyo de la jerarquía, uno de sus asiduos participantes fue el ya mencionado sacerdote Miguel De Andrea.

El triunfo de Perón en las elecciones planteó un nuevo escenario ya que ahora el mito de la nación católica saldría de los cuarteles y sacristías para imponerse sobre la base de un orden de profundas raíces populares⁴⁷. Si bien la legalización de la enseñanza religiosa (Ley 12.978/47) por parte del nuevo gobierno constitucional tardía más de lo previsto por la Iglesia, durante los primeros años se observa una continuidad en la política educativa que se fue desligando de la propuesta de la Iglesia principalmente con la asunción de Amado Méndez de San Martín como ministro de Educación en junio de 1950.

Si bien el sistema educativo nacional conformado luego de la sanción de la Ley 1.420 continuó, estando en mayor o menor medida vinculado al catolicismo, a lo largo del período revisado se produjo la recuperación formal del espacio del cual la Iglesia fue marginada. Durante la década de 1930 hemos observado distintas manifestaciones de la penetración de la propuesta educativa promovida por la Iglesia católica. Estas no se produjeron de manera abrupta, sino que poco a poco fue emergiendo a partir de un contexto sociopolítico, y también religioso, que favoreció la inserción de representantes del nacionalismo católico en distintas áreas gubernamentales. Una importante demostración de que la sociedad estaba dispuesta a aceptar cambios en el ámbito educativo que dieran un mayor protagonismo a la tradición católica fue sin duda su masiva participación en el “XXXII Congreso Eucarístico Internacional”.

Es interesante apreciar cómo en distintas provincias se observan manifestaciones a favor de la presencia del catolicismo en las escuelas -sea manteniendo las legislaciones vigentes o creando nuevas- y cómo la jerarquía eclesiástica fue formando organizaciones, con mayor o menor autonomía, para consolidar sus estructuras de formación. La ACA, el ICRS y los CCC fueron algunos ejemplos de esto. Asimismo, fue notable el apoyo del Estado a la enseñanza católica, como lo demuestra su accionar en el caso de la provincia de Santa Fe, lo cual nos convoca a indagar en los aspectos regionales para no caer en una homogeneización que no se condice con la realidad federal de la Argentina.

Por otra parte, es importante considerar que el establecimiento de la enseñanza religiosa en las escuelas se logró mediante un decreto ley firmado durante un gobierno de facto, lo cual nos hace preguntarnos hasta qué punto la sociedad estaba dispuesta a consolidar el proyecto educativo católico a nivel nacional. Si bien pareciera que con el tiempo este proceso hubiese podido concluir de la misma forma debido a la gran cantidad de provincias donde esta se dictaba, la decisión del gobierno de la “Revolución del ´43” estuvo vinculada a la necesidad de buscar legitimar su poder a partir de continuar contando con el apoyo de la Iglesia como lo habían hecho los gobiernos de la década anterior. Seguramente la permanencia de Santiago Copello al frente del Episcopado a lo largo de la época revisada fue una variable importante para poder mantener una política educativa favorable al catolicismo. A la vez, la inclusión de docentes vinculados al nacionalismo católico -sean laicos o clérigos- dentro de las estructuras educativas en este período tuvo importantes repercusiones en la posterior construcción del proyecto educativo peronista, el cual ha sido estudiado con mayor profundidad que el abordado en este trabajo.

Finalmente, se observó cómo la visión anticatólica de la Ley 1.420 promovida por la Iglesia luego de su sanción en 1884, fue reinterpretada en la década de 1930, no entendiéndose como una norma atea, sino pensando que esta desplazó a un segundo plano a la religión católica pero no la suprimió. Esta nueva estrategia, sumada a un contexto político y social favorable, le permitió recuperar el lugar que, al menos en apariencia, había perdido.